CE - Sentencia 11001031500020260648800 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260648800 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-06488-00
Accionante: DIEGO RAFAEL SALDARRIAGA VIEIRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
OCTAVA DE DECISIÓN Y JUZGADO VEINTISIETE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Temas: Tutela contra providencia judicial . Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con pretensión de nulidad de acto administrativo que declaró omisión de afiliación y aportes al sistema de seguridad social. Defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Diego Rafael Saldarriaga Vieira , quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
de apoderado judicial, contra la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de agosto de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad , supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, a la defensa y a la prueba del señor Diego Rafael Saldarriaga Vieira, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo d e Antioquia y ordenar a dicha Corporación proferir una nueva sentencia en la que, conforme a los argumentos esbozados en este escrito, declare la falsa motivación de los actos administrativos demandados de la UGPP y, en consecuencia, acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Petición subsidiaria
2. En subsidio de la pretensión anterior, de encontrarse acreditados de manera plena e indiscutible los defectos alegados y no existir necesidad de práctica probatoria adicional, proferir sentencia de reemplazo que acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, declarando la nulidad de los actos administrativos demandados de la UGPP”.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
Accionante: Diego Rafael Saldarriaga Vieira
demandados de la UGPP”.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
Accionante: Diego Rafael Saldarriaga Vieira
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2. Hechos
El demandante relató que es residente en la ciudad de Orlando, Estados Unidos desde 1997 y que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), mediante liquidación oficial núm. RDO-2017-02819 de 16 de agosto de 2017, determinó que el señor Diego Rafael Saldarriaga Vieira omitió la afiliación y/o vinculación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los subsistemas de salud y pensiones, correspondientes a los períodos de enero a diciembre de 2014.
Sostuvo que interpuso recurso de reconsideración, sin embargo, la UGPP en Resolución núm. RDC -2018-01059 de 13 de septiembre de 2018 , confirmó la liquidación oficial al considerar que no cumplió con la carga de probar que es residente fiscal en el exterior.
Indicó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se anulara la liquidación oficial núm. RDO-2017-02819 de 16 de agosto de 2017 y la Resolución núm. RDC-2018-01059 de 13 de septiembre de 2018 , porque no estaba obligado a afiliarse ni efectuar aportes al Sistema General de Seguridad Social para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
de 2018 , porque no estaba obligado a afiliarse ni efectuar aportes al Sistema General de Seguridad Social para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Afirmó que el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia de 2 de noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el actor no cumplió con la carga de probar su residencia fiscal en el exterior durante el año 2014 , para lo cual solo aportó los pasaportes estadounidense y colombiano, una certificación de Migración Colombia sobre sus movimientos migratorios y una certificación expedida por el Consulado de Colombia en Orlando, elementos que no desvirt uaban el requerimiento estableci do en el parágrafo del artículo 10 del Estatuto Tributario , más aún cuando este presentó declaración de renta para dicho periodo.
Finalmente, manifestó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, por la indebida aplicación del artículo 10 del Estatuto Tributario, además que se le impuso una tarifa legal probatoria. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión mediante sentencia de 17 de febrero de 2026 la confirmó íntegramente, al considerar que la prueba idónea para acreditar la residencia en el exterior es la certificación de residencia fiscal o algún documento equivalente expedido por la autoridad competente del país o jurisdicción en la que el contribuyente haya adquirido dicha condición.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que cuenta con los requisitos generales de procedencia , pues i) ostenta legitimación en la causa por activa, ii) goza de relevancia
contribuyente haya adquirido dicha condición.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que cuenta con los requisitos generales de procedencia , pues i) ostenta legitimación en la causa por activa, ii) goza de relevancia constitucional, toda vez que al valorar las pruebas se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, iii) la solicitud de amparo se presentó en un término razonable y, por último, iv) no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial.
Por otra parte, indicó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, toda vez que “replica los errores presentados en el trámite administrativo y en la sentencia deRadicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
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3 primera instancia, es la no valoración de las pruebas aportadas en su conjunto, en especial, el Tribunal no valoró dos medios probatorios: la certificación expedida en 2018 por el Consulado de Colombia en Orlando, en la que se indicaba que el demandante residía en esa ciudad desde 1997 y el indicio que se deriva de esta y las demás pruebas”.
Aseguró que si se hubiesen valorado de manera racional las pruebas, la conclusión sería que el demandante es residente en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, no en Colombia, razón por la cual no estaba obligado a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social.
De otro lado, afirmó que incurrió en defecto sustantivo, porque desde el procedimiento administrativo hasta la sentencia objetada se aplicó
en Colombia, razón por la cual no estaba obligado a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social.
De otro lado, afirmó que incurrió en defecto sustantivo, porque desde el procedimiento administrativo hasta la sentencia objetada se aplicó irrazonablemente una norma inaplicable, esto es, el artículo 10 del Estatuto Tributario, y se dejó de aplicar el principio de libertad probatoria como garantía directa del derecho fundamental a la prueba.
Agregó que al aplicarse el artículo 10 del Estatuto Tributario se limitó el principio de libertad probatoria, lo que vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
Por último, manifestó que se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto “la Administración, y luego los jueces de instancia, exigieron una única forma documental (el certificado previsto en el parágrafo 1º del artículo 10 del ET) para acreditar un hecho, la residencia del señor Diego en el exterior, que se encontraba ya demost rado mediante otros medios de prueba igualmente idóneos y, en algunos casos, expedidos por autoridades públicas competentes: (i) los sellos de entrada y salida en los pasaportes colombiano y estadounidense del señor Diego durante el año fiscalizado; (ii) el certificado de Migración Colombia, que acreditaba una permanencia de apenas 9 días en el territorio nacional durante 2014; y (iii) el certificado expedido por el Consulado de Colombia en Orlando, que daba cuenta de su residencia en esa ciudad desde 1997”.
4. Trámite procesal
Por auto de 22 de septiembre de 202 6, el magistrado sustanciador admitió la demanda y se ordenó la notificación a las autoridades judiciales accionadas. De
4. Trámite procesal
Por auto de 22 de septiembre de 202 6, el magistrado sustanciador admitió la demanda y se ordenó la notificación a las autoridades judiciales accionadas. De igual modo, se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 176956, 177200 a 177202 de 25 de septiembre de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de l Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión
La magistrada ponente de la sentencia objetada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela , toda vez que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
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4 Afirmó que la sentencia de 17 de febrero de 2026 fue proferida con estricto fundamento en los elementos de juicio que obraban en el expediente al momento de adoptar la decisión , además que los argumentos expuestos en la acción de tutela pretenden revivir un debate probatorio e interpretativo ya agotado en la jurisdicción contencios o administrativa, convirtiéndola en una tercera instancia judicial.
tutela pretenden revivir un debate probatorio e interpretativo ya agotado en la jurisdicción contencios o administrativa, convirtiéndola en una tercera instancia judicial.
5.2. Respuesta del Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín
El titular del despacho realizó un relato de las diferentes actuaciones desarrolladas en el curso del proceso ordinario , para finalmente solicitar que se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, en tanto no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el demandante.
5.3. Respuesta de la UGPP
La subdirectora general encargada pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues el actor utiliza la solicitud de amparo como una instancia adicional, además de que lo que plantea es su inconformidad con el sentido de las decisiones del juez natural del asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la Sala Octava de Decisión d el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la Sala Octava de Decisión d el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad del accionante al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
En la sentencia C -590 de 2005 1, acogida por esta Corporación en sentencia del 5 de agosto de 2014 2, se precisaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: (i) Que la cuestión que se
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M. P. Jaime Córdoba Triviño.
2 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
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5 discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
También se precisaron los requisitos específicos de procedencia, así: (i) defecto orgánico3; (ii) defecto procedimental absoluto 4; (iii) defecto fáctico 5; (iv) defecto material o sustantivo 6; (v) error inducido 7; (vi) decisión sin motivación 8; (vii) desconocimiento del precedente judicial 9 y (viii) Violación directa de la Constitución10.
Con todo, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 17 de febrero de 2026 de la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se confirmó la decisión de negar las pretensiones tendientes a anular los actos administrativos que le determinaron la obligación de afiliación o realizar aportes al Sistema de Seguridad Social , se limitó el contenido, alcance y goce de los d erechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad del accionante.
3 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 4 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 5 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 6 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 7 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 8 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
de una decisión que afecta derechos fundamentales. 8 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 9 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 10 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU -114 de 2023 y SU -061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
Accionante: Diego Rafael Saldarriaga Vieira
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6 En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión económica o legal ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que sustentan la solicitud se encaminan a demostrar la supuesta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto , por parte de la autoridad judicial accionada. Aunado a lo anterior, se evidencia que si bien las decisiones en las dos instancias del proceso ordinario s e dictaron en el mismo sentido, lo cierto es que los reparos que plantean en la solicitud de amparo se
de la autoridad judicial accionada. Aunado a lo anterior, se evidencia que si bien las decisiones en las dos instancias del proceso ordinario s e dictaron en el mismo sentido, lo cierto es que los reparos que plantean en la solicitud de amparo se refieren a una indebida valoración probatoria y una supuesta omisión del ad quem, que puede ser determinante en el sentido del fallo.
Por otra parte, ii) la decisión objetada se dictó al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante del proceso ordinario, por lo que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni en los sup uestos normativos de procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia consagrados en el artículo 257 de la misma normatividad, iii ) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses 11 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 12; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico alegado 13
La parte actora sostiene que la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, en tanto considera que incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, al negar las pretensiones de la demanda de nulidad
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, en tanto considera que incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho tendientes a desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que le determinaron la obligación de afiliación y/o vinculación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los subsistemas de salud y pensiones, correspondientes a los períodos de enero a diciembre de 2014.
La Sala precisa que circunscribirá el análisis a la decisión de segunda instancia que confirmó la que negó las pretensiones de la demanda ordinaria y la que resolvió de manera definitiva la controversia puesta a consideración del juez natural. Con el fin de contextualizar el estudio de fondo del asunto bajo examen, se realizará un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario, así:
El señor Diego Rafael Saldarriaga Vieira presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con la pretensión de que se anulara la liquidación oficial núm. RDO -2017-02819 de 16 de agosto de 2017 y la
11 La providencia objetada es de 17 de febrero de 2026, notificada por medios electrónicos el 19 de febrero de 2026 y la acción de tutela se instauró el 18 de agosto de 2026, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses. 12
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
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Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T -619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo. 13 En razón a la similitud en los fundamentos de los defectos invocados, estos serán abordados de manera conjunta, pero bajo la caracterización del defecto fáctico.Radicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
Accionante: Diego Rafael Saldarriaga Vieira
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7 Resolución núm. RDC-2018-01059 de 13 de septiembre de 2018, por medio de las cuales dicha entidad resolvió que para los periodos de enero a diciembre de 2014 tenía la obligación de afiliación y/o vinculación, así como el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.
Lo anterior, con sustento en que los actos administrativos estaban viciados de falsa motivación, porque se omitió valorar las pruebas documentales aportadas durante el trámite administrativo, como la copia de l os pasaportes y la certificación de entradas y salidas del país expedida por Migración Colombia , los que, a su juicio, acreditaban que no ostentaba la condición de residente en Colombia.
El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia de 2 de
entradas y salidas del país expedida por Migración Colombia , los que, a su juicio, acreditaban que no ostentaba la condición de residente en Colombia.
El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia de 2 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el actor no cumplió con la carga de probar su residencia fiscal en el exterior durante el año 2014 . Al respecto, sostuvo que solo aportó los pasaportes estadounidense y colombiano, una certificación de Migración Colombia sobre sus movimientos migratorios y una certificación expedida por el Consulado de Colombia en Orlando, en la que se indicaba que el accionante residía en esa c iudad desde 1997, elementos que no desvirtuaban el requerimiento establecido en el parágrafo del artículo 10 del Estatuto Tributario , más aún cuando presentó declaración de renta para dicho periodo.
Agregó que si bien suministró copia del pasaporte expedido por los Estados Unidos de América, documento que, a pesar de ser un certificado expedido por un país o nación extranjera, únicamente certifica la nacionalidad americana, la cual ostenta el actor, más no así que ese país sea su lugar de residencia fiscal.
El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior determinación en el que alegó que la UGPP es una entidad diferente a la D IAN, y por lo tanto la tarifa probatoria contenida en el parágrafo del artículo 10 del Estatuto Tributario es de aplicación restrictiva y que se reserva para aquellos casos en los cuales se deba acreditar la calidad de residente en el exterior ante la DIAN.
Afirmó que la UGPP y el a quo desconocieron el principio de libertad probatoria que
aplicación restrictiva y que se reserva para aquellos casos en los cuales se deba acreditar la calidad de residente en el exterior ante la DIAN.
Afirmó que la UGPP y el a quo desconocieron el principio de libertad probatoria que rige en el ordenamiento jurídico colombiano y se encuentra consagrado en el artículo 211 del CPACA y en el artículo 165 del Código General del Proceso.
Señaló que el documento indicado en el parágrafo del artículo 10º del Estatuto Tributario solo fue exigido como prueba al resolver el recurso de reconsideración , no dentro del trámite de la investigación administrativa.
La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 17 de febrero de 2026 confirmó el fallo de primera instancia . Esa decisión se refirió al material probatorio del cual evidenció que mediante el Requerimiento de Información núm. 788 de 13 de septiembre de 2016, la UGPP solicitó al señor Diego Rafael Saldarriaga Vieira que aportara los documentos que acreditaban su afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 , así como la información relacionada con i) su eventual calidad de pensionado o de afiliado a un régimen exceptuado , ii) la actividad económica desarrollada, iii) la tarifa de riesgos laborales aplicable y iv) copia de los documentosRadicado: 11001-03-15-000-2026-06488-00
Accionante: Diego Rafael Saldarriaga Vieira
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8 que acreditaran las fechas de ingreso y salida del país, en caso de haber permanecido fuera del territorio nacional durante el período objeto de fiscalización y v) la certificación expedida por la autoridad competente del país de residencia que demostrara su condición de residente en el exterior.
Luego, constató que el 30 de noviembre de 2016, la UGPP profirió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir núm. RCD-2016-02063, en el que se le otorgó al actor la oportunidad de formular objeciones, aportar pruebas o aceptar total o parcialmente los hechos planteados, adjuntando los soportes de los pagos efectuados.
Posteriormente, mediante la Liquidación Oficial núm. RDO-2017-02819 de 16 de agosto de 2017, la UGPP determinó que el señor Diego Rafael Saldarriaga Vieira incurrió en omisión en la afiliación y en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante el año 2014, fijando un valor de $56.364.00 0 por concepto de aportes y una sanción de $112.728.000 , lo cual sustentó en los ingresos declarados por el obligado en el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2014, información suministrada por la D IAN y calculó el ingreso base de cotización con fundamento en el ingreso bruto mensualizado, al no haberse acreditado deducciones procedentes.
gravable 2014, información suministrada por la D IAN y calculó el ingreso base de cotización con fundamento en el ingreso bruto mensualizado, al no haberse acreditado deducciones procedentes.
Asimismo, verificó que el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial y que este fue resuelto por la UGPP mediante Resolución núm. RDC-2018-01059 de 13 de septiembre de 2018, en la que reiteró que no se acreditó la residencia en el exterior durante el periodo de fiscalización , pues la declaración extrajuicio y el certificado migratorio aportados con el recurso no constituían prueba idónea de la residencia en el extranjero, al no haber sido expedidos por la autoridad competente del país en el que se afirmaba residir.
Adicionalmente, el Tribunal constató que el accionante aportó los pasaportes de los Estados Unidos de América y de Colombia, además del certificado de 28 de agosto de 2017 expedido por Migración Colombia en el que consta n los movimientos de ingreso y salida del país.
Luego, explicó que, para efectos del Sistema General de Seguridad Social, la categoría de trabajador independiente comprende a quienes, aun en ausencia de un vínculo laboral, legal o reglamentario, perciben ingresos de manera autónoma y cuentan con capacidad económica para co ntribuir al financiamiento del sistema. Aunado al hecho de que la exoneración de la obligación de afiliarse y cotizar por razón de la residencia en el exterior no opera de pleno derecho ni se presume, sino que exige su acreditación plena, idónea, suficiente y oportuna por parte de quien la invoca.
Posteriormente, advirtió que el pasaporte de los Estados Unidos de América
que exige su acreditación plena, idónea, suficiente y oportuna por parte de quien la invoca.
Posteriormente, advirtió que el pasaporte de los Estados Unidos de América acreditaba su nacionalidad, mas no su residencia efectiva en ese país durante el periodo fiscal, pues “el pasaporte carece de idoneidad para demostrar la permanencia real y continua del actor en el exterior durante el año 2014, máxime cuando su expedición es anterior y de su contenido no se infiere, de m
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