CE - Sentencia 11001031500020260715400 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260715400 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-07154-00
Demandante: YAZMÍN CECILIA MONTES DE OCA LONDOÑO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Temas:
Tutela contra acto administrativo y de fondo . Derecho fundamental de petición. Declara improcedente y ampara el derecho de petición. Convocatoria 28 de la Rama Judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 333 de 2021, 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
La señora Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño , actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
La señora Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño , actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo, de acceso a cargos públicos, al mérito, a la buena fe y a la confianza legítima.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la Resolución CJ R26-0497 del 3 de agosto de 2026, proferida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se dispuso, entre otros, el rechazo de la aspirante al cargo de juez civil municipal, código 17800 para el cual se inscribió.
1 Índice 002 de Samai. Acción de tutela radicada el 4 de septiembre de 2026 a la que se le asignó la secuencia interna número 11370.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07154-00
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2 1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
www.consejodeestado.gov.co
2 1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] SEGUNDA. Que se DEJE SIN EFECTOS, exclusivamente respecto de YAZMÍN CECILIA MONTES DE OCA LONDOÑO la decisión contenida en la Resolución CJR26-0497 de 03 de agosto de 2026 y su Anexo 1, mediante la cual fui rechazada de la Convocatoria 28 por la causal relativa a la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades..
TERCERA. Que se ORDENE al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial incluirme dentro del proceso de selección y permitirme continuar en las etapas subsiguientes de la Convocatoria 28 para el cargo de JUEZ CIVIL MUNICIPAL, siempre que no exista una causal diferente de rechazo legalmente establecida y debidamente acreditada.
CUARTA. Que, en caso de considerarse necesario para garantizar la protección efectiva de mis derechos fundamentales, se INAPLIQUE para mi caso concreto, con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política, la disposición del Acuerdo PCSJA25-12348 que convierte la falta de presentación del archivo PDF específico de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades en causal autónoma de exclusión en esta etapa del concurso.
QUINTA. Que se ordenen todas las demás actuaciones que el juez constitucional considere necesarias para restablecer integralmente los derechos fundamentales vulnerados y garantizar mi participación efectiva en condiciones de igualdad2.
Como medida provisional solicitó lo siguiente:
QUINTA. Que se ordenen todas las demás actuaciones que el juez constitucional considere necesarias para restablecer integralmente los derechos fundamentales vulnerados y garantizar mi participación efectiva en condiciones de igualdad2.
Como medida provisional solicitó lo siguiente:
[…] que se suspendan provisionalmente, únicamente respecto de YAZMIÍN CECILIA MONTES DE OCA LONDOÑO identificada con cédula No.43.737.274, los efectos de la decisión mediante la cual fui incluida como rechazada por la causal 5 en la Resolución CJR26 -0497 d e 03 de agosto de 2026 y su Anexo 1, y que, mientras se decide la presente tutela, la Unidad de Administración de Carrera Judicial me permita participar provisionalmente en las etapas posteriores que llegaren a programarse.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
Mediante el Acuerdo PCSJA25 -12348 de 13 de noviembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y convocó al concurso de méritos para la provisión de cargos
2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07154-00
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-07154-00
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3 de funcionarios de la Rama Judicial, destinado a la conformación de los correspondientes Registros Nacionales de Elegibles.
El 1.° de diciembre de 2025, la señora Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño se inscribió para el cargo de juez civil municipal, código 17800. Explicó que realizó el procedimiento establecido en la aplicación y que registró los documentos correspondientes.
Sin embargo, en la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, proferida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se indicó que había sido rechazad a del concurso por la causal 5, esto es, por no adjuntar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, escaneada y firmada en formato PDF.
La actora reconoció que, pese a que no cargó dentro del término de inscripción el mencionado archivo, aquella omisión no equivale a la ausencia de la manifestación de inhabilidades e incompatibilidades , puesto que con la declaración general dispuesta en el numeral 2.2. de la inscripción se suplió dicho requisito.
Finalmente, indicó que, si bien el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 estableció que contra la decisión de rechazo no procedían recursos en sede administrativa, sí se previó que «los aspirantes rechazados podrían pedir la verificación de su documentación mediante escrito tramitado únicamente en el software
contra la decisión de rechazo no procedían recursos en sede administrativa, sí se previó que «los aspirantes rechazados podrían pedir la verificación de su documentación mediante escrito tramitado únicamente en el software CARJUDAPP», dentro de los 3 días siguientes a la notificación de las resoluciones expedidas.
La tutelante refirió que radicó la solicitud de verificación el 8 de agosto de 2026, por tanto, dentro del término oportuno.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La accionante señaló que el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 2018, que reguló la Convocatoria 27 para funcionarios de la Rama Judicial, incorporó igualmente la obligación de presentar una declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. No obstante, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia de tutela STP5284 -2023 calificó como un exceso ritual manifiesto la exigencia de un documento adicional puesto que la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades se había manifestado por otros medios.
Posteriormente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 22 de mayo de 2025 declaró la nulidad parcial del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 en lo referente a la exigencia de la declaración juramentada en la etapa de inscri pción al concurso, pues esta se requiere al momento de la posesión en el cargo.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07154-00
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07154-00
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4 Sin embargo, en la Convocatoria 28 se exigió nuevamente la declaración juramentada y se estableció que ante la falta de aquella se excluiría del concurso al participante. En su caso, este requisito la excluyó del proceso de selección, lo que le impide participar, en condiciones de igualdad, con los demás aspirantes.
Expuso que si bien reconocía que los actos administrativos expedidos dentro de un concurso de méritos podían ser controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también la jurisprudencia constitucional en la sentencia SU-067 de 2022 indicó que la tutela era procedente excepcionalmente en materia de concursos cuando el acto cuestionado definía una situación especial, y sustancial dentro del procedimiento y existe una vulneración de los derechos fundamentales de los concursantes, como es su caso. Además, cuando el medio ordinario no resultara idóneo o eficaz, o cuando existiera un riesgo de perjuicio irremediable.
Por consiguiente, adujo que cumplía con las circunstancias particulares de procedencia, en tanto: (i) su exclusión le impedía continuar en el concurso, (ii) el apartamiento se había producido en etapa inicial, por lo que su reincorporación en fases posteriores podía ser más difícil; (iii) la decisión administrativa no tenía recursos; (iv) ejerció el mecanismo de verificación, (v) existía un pronunciamiento
apartamiento se había producido en etapa inicial, por lo que su reincorporación en fases posteriores podía ser más difícil; (iii) la decisión administrativa no tenía recursos; (iv) ejerció el mecanismo de verificación, (v) existía un pronunciamiento del Consejo de Estado en que había declarado nula una exigencia sustancialmente equivalente en la Convocatoria 27 ; y (vi) la actuación cuestionada configura un exceso ritual manifiesto y (vi i) la controversia comprometía los derechos fundamentales de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, la igualdad y el mérito y desconocía los principios de buena fe y confianza legítima.
Finalmente, cuestionó que hasta la fecha de la interposición del mecanismo tutelar, no había recibido respuesta alguna por parte de la autoridad accionada acerca de la verificación solicitada.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 15 de septiembre de 2026 se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar a la parte accionante3 y, como accionadas, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Unidad de Administración de Carrera Judicial4.
Asimismo, dispuso la vinculación como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso de las personas que se inscribieron al concurso de méritos para el cargo de juez civil municipal5.
Además, negó la medida provisional solicitada por la actora por cuanto no encontró
3 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: montesdeoca.abogada@gmail.com. 4 Índice 007 de Samai. Notificación realizada a: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
3 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: montesdeoca.abogada@gmail.com. 4 Índice 007 de Samai. Notificación realizada a: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.co y carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co. 5 Índice 008 de Samai. La notificación se realizó mediante aviso a la comunidad.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07154-00
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5 acreditados los presupuestos de necesidad, urgencia y eficacia que justifi caran su adopción al no evidenciar una amenaza actual e inminente que hiciera indispensable una intervención inmediata del juez constitucional.
Por otra parte, e l 1.° de octubre del año en curso, se expidió un auto que ordenó vincular como tercero con interés en el resultado del proceso a la Universidad Libre6, en atención a que adelantó la verificación de los requisitos exigidos para participar en el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura7
Por medio de informe rendido el 17 de septiembre de 2026, la directora (E) de la
1.6. Intervenciones
1.6.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura7
Por medio de informe rendido el 17 de septiembre de 2026, la directora (E) de la dependencia solicitó que se n egaran las pretensiones de la acción de tutela del asunto, toda vez que, contrario a lo aseverado por la parte actora, la autoridad no había incurrido en acción u omisión constitutiva de vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Asimismo, explicó que la exigencia de anexar el documento contentivo de la declaración de no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo, no es un requisito caprichoso o arbitrario que se haya incluido en el Acuerdo PCSJA25 -12348 de 2025, sino que, este tiene fundamento legal en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.
Además, debe recordarse que las reglas de la Convocatoria 28 resultan vinculantes para los participantes, quienes, al formalizar su inscripción, aceptaron las condiciones, requisitos, causales de rechazo y procedimientos establecidos para cada una de las etapas del concurso, por lo que la aplicación de los requisitos a llí establecidos garantizan la prevalencia de los principios del mérito, de acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones, de buena fe, y de transparencia, entre otros.
En cuanto al caso concreto de la señora Yazmín Cecilia Montes explicó que fue rechazada al amparo de la causal 5, referente a la no presentación de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el
En cuanto al caso concreto de la señora Yazmín Cecilia Montes explicó que fue rechazada al amparo de la causal 5, referente a la no presentación de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF.
6 Índice 015 de Samai. Notificación realizada a: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 7 Índice 009 de Samai.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
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6 Aunado a lo anterior, puso de presente que si bien la parte actora había incorporado el documento faltante de forma posterior al cierre de la inscripción, ello no desvirtuaba la causal que había dado lugar a su rechazo, puesto que el mecanismo de verificación tenía como fin la revisión de documentación cargada a tiempo.
Explicó que, la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026 , mediante la cual rechazó a los participantes del concurso se publicó mediante aviso fijado el 4 de agosto de 2026 por el término de 5 días, por lo que, su notificación se surtió el 11 del mismo mes y año, pudiendo elevar la solicitud de verificación del 12 al 14 de agosto de esta anualidad, mecanismo que fue ejercido por la accionante dentro del lapso oportuno.
del mismo mes y año, pudiendo elevar la solicitud de verificación del 12 al 14 de agosto de esta anualidad, mecanismo que fue ejercido por la accionante dentro del lapso oportuno.
Por otro lado, señaló que, pese a que la actora citó jurisprudencia proferida en el marco de la Convocatoria 27, lo cierto es que sus efectos no se pueden trasladar a la Convocatoria 28 de forma automática, pues en cada una existen circunstancias particulares que no se pueden equiparar de forma genérica.
Finalmente, en cuanto a la naturaleza del acto administrativo en cita, frente a la situación concreta y particular de la accionante, constituye un acto administrativo de carácter particular, el cual goza de presunción de legalidad y es susceptible de ser reprochado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento d el derecho con la posibilidad de pedir la adopción de medidas cautelares.
1.6.2. Universidad Libre8
El ente universitario solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela o que, subsidiariamente esta fuera declarada improcedente, tras considerar que no había vulnerado derecho fundamental alguno dentro de la Convocatoria 28.
Como punto de partida, la universidad explicó que su actuación se limitó a desarrollar la fase de verificación de requisitos del concurso, conforme a los lineamientos definidos en el Acuerdo PCSJA25 -12348 de 2025 y a los criterios técnicos establecidos por la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Señaló que la verificación de requisitos correspondía a la primera etapa eliminatoria del proceso de selección y ten ía por objeto comprobar que los aspirantes
técnicos establecidos por la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Señaló que la verificación de requisitos correspondía a la primera etapa eliminatoria del proceso de selección y ten ía por objeto comprobar que los aspirantes acreditaran los requisitos generales y específicos exigidos para el cargo. Conforme a las reglas de la convocatoria, quienes result aran rechazados p odían presentar una solicitud de verificación de la documentación, mecanismo destinado exclusivamente a revisar los documentos aportados oportunamente, sin que constituyera un recurso administrativo ni permit iera adicionar o corregir documentación de manera extemporánea.
8 Índice 016 de Samai.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
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7
Respecto del caso concreto, inform ó que la accionante se inscribió para el cargo de magistrado de juez civil municipal , en modalidad de ingreso, y fue reportad a como no admitida. Sin embargo, reconoció que la actora presentó oportunamente solicitud de revisión documental y que dicha solicitud aún se encontraba en trámite. Por esta razón, sostuvo que la tutela era improcedente, pues el propio mecanismo previsto por la convocatoria no ha bía culminado y, por ende, no se ha bía agotado la vía ordinaria dispuesta para controvertir la decisión cuestionada.
Por esta razón, sostuvo que la tutela era improcedente, pues el propio mecanismo previsto por la convocatoria no ha bía culminado y, por ende, no se ha bía agotado la vía ordinaria dispuesta para controvertir la decisión cuestionada.
Asimismo, enfatizó que todas las actuaciones y notificaciones del concurso se habían efectuado conforme a las reglas previamente definidas en la convocatoria, las cuales fueron publicadas y conocidas por los participantes. En ese sentido, sostuvo que permitir formas distintas de impugnación o revisión por fuera de los mecanismos previstos implica ría desconocer las reglas del concurso y alterar las condiciones de igualdad entre los aspirantes.
Adicionalmente, acerca de la sentencia STP5284 -2023 de la Corte Suprema de Justicia, adujo que dicha decisión correspondió a la Convocatoria 27, bajo circunstancias normativas y fácticas distintas, pues en aquel caso existían manifestaciones juramentadas equivalentes realizadas por los aspirantes dentro del mismo proceso, situación que no ocurrió en la Convocatoria 28. Además, señaló que la exigencia cuestionada en esta ocasión provenía directamente de la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, lo que imp edía trasladar automáticamente las conclusiones de aquel precedente.
Finalmente, afirmó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la intervención inmediata del juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado, Sección Quinta, es competente para conocer de la solicitud de amparo presentada por la señora Yazmin Cecilia Montes de Oca Londoño contra
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado, Sección Quinta, es competente para conocer de la solicitud de amparo presentada por la señora Yazmin Cecilia Montes de Oca Londoño contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, y el numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Cuestión previa
Previo a examinar el fondo del asunto resulta necesario precisar que, si bien la accionante no invocó expresamente la transgresión de su derecho fundamental de petición, el estudio del caso también se abordará frente a esta garantíaDemandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
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8 constitucional, pues la accionante narró que aún no se ha resuelto la solicitud de verificación dispuesta en el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025; así que, en esencia, a obtener la protección de dicha garantía constitucional.
2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala analizar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
así que, en esencia, a obtener la protección de dicha garantía constitucional.
2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala analizar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño : (i) con ocasión de la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026, en la que fue rechazada del concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial al amparo de la causal 5, esto es, debido a que no adjuntó en un documento explícito la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades y (ii) por cuanto no ha resuelto la solicitud de verificación documental que presentó luego de ser excluida de la mentada Convocatoria.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo ; (iii) el derecho de petición y (iv) análisis del caso concreto. 2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos precisos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos precisos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.
2.5. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo
9 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
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9 El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa j udicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto Ley 2591 de 1991.
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa j udicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto Ley 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acci ón de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia10.
El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad.
Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a
Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201111.
10 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 11 La posición contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016 -00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 1300123-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001 -23-33000-2016-00293-01.Demandante: Yazmín Cecilia Montes de Oca Londoño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura,
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10 Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que, pese a encon trarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna procedente y desplaz a al mecanismo principal para conjurar la afectación de las garantías superiores.
Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurr
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