CE - Sentencia 11001031500020260721100 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260721100 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-07211-00
Accionante: Luis Carlos Moncada Henao
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura1
Tema: Tutela contra acto administrativo proferido en concurso de méritos
Decisión: Se declara improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Carlos Moncada Henao, quien actúa en nombre propio, contra la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Adminis tración de Carrera Judicial, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la buena fe, a la confianza legítima, al trabajo y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, con ocasión de la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, mediante la cual fue rechazado de la Convocatoria 28 de la Rama Judicial.
II. ANTECEDENTES
de funciones y cargos públicos, con ocasión de la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, mediante la cual fue rechazado de la Convocatoria 28 de la Rama Judicial.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela 2 y del expediente se colige que el señor Luis Carlos Moncada Henao se inscribió, dentro del término comprendido entre el 18 de noviembre y el 1.º de diciembre de 2025, en la modalidad de ingreso de la Convocatoria 28, regulada por el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, para aspirar al cargo de Juez Administrativo del Circuito.
3. El accionante expuso que, p ara efectuar la inscripción, atendió las instrucciones del aplicativo CARJUD APP y de la guía oficial dispuesta para los aspirantes. Según afirmó, esta identificaba con asterisco los campos obligatorios y
1 Unidad de Administración de Carrera Judicial 2 Presentado el 7 de septiembre de 2026Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
Accionante: Luis Carlos Moncada Henao
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2 señalaba que su omisión impedía continuar el procedimiento.
4. El actor afirmó que completó la inscripción al 100 %, aunque no adjuntó la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita, escaneada y cargada en formato PDF, documento previsto en el Acuerdo de convocatoria.
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita, escaneada y cargada en formato PDF, documento previsto en el Acuerdo de convocatoria.
5. Mediante la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, publicada el 4
de agosto siguiente, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial incluyó al señor Moncada Henao en el listado de rechazados por la causal 5, correspondiente a la falta de presentación de aquella declaración.
6. El accionante cuestionó la decisión porque el instructivo y el aplicativo, desde su entendimiento , no informaron de forma clara, expresa e inequívoca que la omisión del documento produciría su exclusión automática, pese a que el sistema le permitió culminar el trámite.
2.2. Fundamento jurídico
7. El accionante invocó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la buena fe, a la confianza legítima, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y al trabajo que estimó que fueron vulnerados porque la Administración lo excluyó con fundamento en una exigencia cuya obligatoriedad y consecuencia eliminatoria no habrían sido comunicadas con claridad.
8. Afirmó que cumplió las instrucciones oficiales y completó la inscripción en CARJUD APP. Expuso que, en su sentir, el funcionamiento del sistema le generó la confianza de haber satisfecho las cargas necesarias, pues los campos obligatorios aparecían identificados con asterisco y su omisión impedía avanzar.
9. Sostuvo que la declaración juramentada figuraba entre las categorías documentales, pero el aplicativo no advirtió que su falta de presentación
aparecían identificados con asterisco y su omisión impedía avanzar.
9. Sostuvo que la declaración juramentada figuraba entre las categorías documentales, pero el aplicativo no advirtió que su falta de presentación determinaría automáticamente el rechazo. Por ello, atribuyó su exclusión a una deficiencia informativa de las herramientas dispuestas por la Administración.
10. Agregó que la causal aplicada no cuestionó su idoneidad profesional, formación jurídica o experiencia para el cargo. Desde su perspectiva, consideró que se trató de una exigencia formal que no podía prevalecer sobre su derecho a participar en el concurso en condiciones de igualdad.
11. También adujo que el concurso continuaba desarrollándose y que cada etapa surtida sin su participación profundizaba el perjuicio. En su criterio, una decisión judicial posterior podría resultar insuficiente y ninguna reparación económica sustituiría la oportunidad de competir en igualdad de condiciones.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, la parte accionante solicitó:Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
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«[…] PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, buena fe, confianza legítima, acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y trabajo.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS, respecto de mi situación particular, la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026, en cuanto
al desempeño de funciones y cargos públicos y trabajo.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS, respecto de mi situación particular, la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026, en cuanto determinó mi rechazo de la Convocatoria 28 para el cargo de Juez Administrativo de Circuito, por la causal 5.
TERCERA: ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que proceda a reincorporarme al concurso de méritos de la Convocatoria 28 y me permita continuar en las etapas subsiguientes en condiciones de igualdad con los demás aspirantes.
CUARTA: ORDENAR a la entidad accionada adoptar las medidas necesarias para garantizar mi participación efectiva en las etapas que se hayan desarrollado durante el trámite de esta acción, disponiendo, si fuere necesario, fechas, mecanismos o pruebas alterna s que permitan preservar materialmente mi derecho a participar.
QUINTA: En subsidio, si se considera que existe otro medio de defensa judicial, CONCEDER el amparo como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, de conformidad con el artículo 8.º del Decreto 2591 de 1991. […]» [sic en toda la cita].
2.4. Intervenciones
13. Mediante auto de 6 de octubre de 2026 3 se admitió la acción 4 y se ordenó notificar a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial, en calidad de autoridad accionada y se vinculó a los interesados en el trámite administrativo, en particular a los aspirantes al cargo de Juez Administrativo del Circuito y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
de Administración de Carrera Judicial, en calidad de autoridad accionada y se vinculó a los interesados en el trámite administrativo, en particular a los aspirantes al cargo de Juez Administrativo del Circuito y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Asimismo, se negó la medida provisional solicitada por el accionante.
14. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.4.1. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial 5 solicitó negar el amparo pues sostuvo que la declaración juramentada constituye una exigencia del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024, desarrollada expresamente por el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025.
15. Señaló que el actor no aportó el documento ni solicitó oportunamente la verificación prevista en la convocatoria . Agregó además que el accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
3 Índice 4 del aplicativo SAMAI 4 Antes de resolver sobre la admisión de la acción, el Despacho sustanciador adelantó las actuaciones procesales previas relacionadas con su remisión para eventual acumulación, conforme consta en el auto del 8 de septiembre de 2026. No obstante, la Sección C uarta de esta Corporación negó la solicitud, por lo que regresó nuevamente para su trámite correspondiente. Índices 4 y 10 del aplicativo SAMAI, respectivamente. 5 Índice 22 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
correspondiente. Índices 4 y 10 del aplicativo SAMAI, respectivamente. 5 Índice 22 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
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4 posibilidad de pedir medidas cautelares, y que no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
2.4.2. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 6 solicitó su desvinculación pues indicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva o, subsidiariamente, negar el amparo respecto de esa Unidad. Precisó que no intervino en la verificación documental ni en la expedición de la Resolución CJR26 -0497 de 2026, pues su competencia se circunscribe al Curso de Formación Judicial Inicial.
2.4.3. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 del 2019 7 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
17. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó ser desvinculada al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, se
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
17. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó ser desvinculada al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, se negará esa petición, pues fue convocada como tercera con interés y su permanencia garantiza el ejercicio de su derecho de defensa.
3.2.2. De la delimitación de la controversia
18. La controversia se circunscribe a la exclusión del accionante de la Convocatoria 28 por no presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades en las condiciones previstas por el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025.
19. Así las cosas, el reparo no recae sobre la formación, experiencia o idoneidad profesional del actor, sino sobre la claridad con la que el instructivo y CARJUD APP informaron la obligatoriedad del documento y la consecuencia de omitirlo.
3.3. Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela instaurada por el
señor Luis Carlos Moncada Henao contra la Unidad de Administración de la Carrera Judicial satisface el requisito de subsidiariedad para controvertir la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, mediante la cual fue rechazado de la
6 Índice 21 del aplicativo SAMAI 7 Reglamento interno del Consejo de Estado.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
Accionante: Luis Carlos Moncada Henao
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5 Convocatoria 28 para el cargo de Juez Administrativo del Circuito por la causal 5.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
22. El carácter subsidiario de la acción impide utilizarla como mecanismo alternativo o paralelo a los instrumentos ordinarios previstos para controvertir actuaciones administrativas, cuya idoneidad y eficacia deben valorarse en atención a las circunstancias concretas del asunto.
23. La existencia de otro medio de defensa no excluye de forma automática el amparo. Este procede excepcionalmente cuando aquel carece de idoneidad o eficacia para brindar protección o cuando la intervención urgente del juez constitucional resulta necesaria para evitar un perjuicio irremediable.
24. Por tanto, corresponde verificar si el actor contó con instrumentos aptos para plantear su inconformidad, si explicó las razones por las cuales no resultaban
constitucional resulta necesaria para evitar un perjuicio irremediable.
24. Por tanto, corresponde verificar si el actor contó con instrumentos aptos para plantear su inconformidad, si explicó las razones por las cuales no resultaban eficaces y si acreditó una afectación inminente, grave, urgente e impostergable que justificara desplazar al juez natural.
3.4.1. Del requisito de subsidiariedad
25. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» , precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
26. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
27. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia8.
8 En sentencia T -313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
competencia8.
8 En sentencia T -313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito deAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
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28. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados, momento en el cual la tut ela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.
3.4.2. Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos y decisiones dentro de un concurso de mérito9
29. La Corte Constitucional ha precisado que quien acude a la administración de justicia no puede desconocer los instrumentos previstos por el ordenamiento ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las de la autoridad competente.10
30. Como regla general, la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar la protección de derechos fundamentales
competente.10
30. Como regla general, la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar la protección de derechos fundamentales producto de la expedición de un acto administrativo, pues debe acudirse a la jurisdicción de lo con tencioso administrativo utilizando los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011, con la posibilidad de solicitar medidas cautelares conforme el artículo 229 del CPACA.
31. No obstante, cuando aquellos mecanismos resultan ineficaces o inadecuados para conjurar la afectación, el amparo puede tornarse procedente con el fin de asegurar la protección material de las garantías superiores.
32. Sin perjuicio de lo anterior, estableció tres excepciones a la regla general, cuando se trata específicamente de los concursos de mérito. Así lo expresó en la
sentencia SU-067 de 2022:
«Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo.»
33. Así, en desarrollo de un concurso de méritos como la Convocatoria 28, pueden proferirse actos administrativos definitivos y de trámite, que según la Corte
Constitucional encuentran sus diferencias en que:
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
pueden proferirse actos administrativos definitivos y de trámite, que según la Corte Constitucional encuentran sus diferencias en que:
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones». 9 Al respecto, esta Subsección realizó tales precisiones en la providencia del 24 de septiembre de 2026 (Radicado: 11001-0315-000-2026-07097-00), con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, las cuales se transcriben. 10 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las dis posiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
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Accionante: Luis Carlos Moncada Henao
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7 «los actos administrativos definitivos son aquellos que deciden “directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”, es decir, a través de estos actos la Administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Por su parte, los actos de trámite son aquellos en los que no existe una manifestación explícita de voluntad por parte de aquella, sino que se consideran como actuaciones preparatorias para una decisión futura.»11
34. También, en el marco de los concursos de mérito, se ha entendido que la mayoría de los actos administrativos que se profieren son de trámite, sin que esto signifique que en esos casos proceda de forma automática la tutela, pues solo lo
hace cuando:
«[L]a acción de tutela instaurada contra actos de trámite, aprobados con ocasión de un concurso de méritos, solo procede de manera excepcional, cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa”. Esto ocurre, por ejemplo, con el acto que modifica, altera o suprime la realización de una etapa o fase del concurso y que tiene efectos sobre la totalidad de los concursantes. En estos casos, la acción de tutela se erige como el mecanismo procedente, en la medida en que no existe un medio judicial ordinario.»
35. Específicamente, frente a los actos administrativos de trámite que excluyen
En estos casos, la acción de tutela se erige como el mecanismo procedente, en la medida en que no existe un medio judicial ordinario.»
35. Específicamente, frente a los actos administrativos de trámite que excluyen participantes del concurso, dijo que no resulta procedente la tutela, pues como resuelven una situación jurídica individual, el mecanismo idóneo es la nulidad y
restablecimiento del derecho:
«Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han manifestado que, en lo relativo a la discusión específica relacionada con los actos administrativos de trámite dictados en el marco de concursos públicos, —en particular, aquellos que definen sit uaciones jurídicas individuales, como sucede con la exclusión de un participante—, la acción idónea y eficaz para controvertirlos es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.»
36. Es por ello que, no basta la simple enunciación o descripción de presuntas vulneraciones, para adentrarse de fondo en el estudio de la acción, pues ante el carácter subsidiario de la tutela, debe verificarse que no existan mecanismos para demandar la protección del derec ho fundamental o que, de existir, se hayan agotado. Igualmente, que no se esté en presencia de un perjuicio irremediable.
37. Descendiendo al asunto sometido a consideración, la acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad , porque el accionante no utilizó la verificación documental prevista en la convocatoria.
38. El señor Luis Carlos Moncada Henao cuestiona la Resolución CJR26 -0497 de 3 de agosto de 2026, en cuanto dispuso su rechazo para el cargo de Juez
accionante no utilizó la verificación documental prevista en la convocatoria.
38. El señor Luis Carlos Moncada Henao cuestiona la Resolución CJR26 -0497 de 3 de agosto de 2026, en cuanto dispuso su rechazo para el cargo de Juez Administrativo del Circuito por no presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
39. Pretende dejar sin efectos esa determinación, obtener su reincorporación al
11 Corte Constitucional. Sentencia T-008 de 2026Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
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8 concurso, continuar en las etapas subsiguientes y, si fuere necesario, acceder a fechas, mecanismos o pruebas alternas. En subsidio, solicita el amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
40. El Acuerdo PCSJA25 -12348 de 2025 estableció un mecanismo específico para que los aspirantes rechazados solicitaran la verificación de la documentación aportada, mediante escrito presentado en CARJUD APP dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución.
41. Según informó la Unidad, la Resolución CJR26 -0497 quedó notificada el 11 de agosto de 2026, de modo que la oportunidad transcurrió los días 12, 13 y 14 siguientes. No obstante, el reporte del aplicativo no registra solicitud de verificación formulada por el actor.
de agosto de 2026, de modo que la oportunidad transcurrió los días 12, 13 y 14 siguientes. No obstante, el reporte del aplicativo no registra solicitud de verificación formulada por el actor.
42. Mediante ese trámite podía exponer ante la propia Administración que el diseño del aplicativo y las instrucciones suministradas no informaron con claridad la obligatoriedad y la consecuencia eliminatoria de la declaración. Pese a ello, dejó vencer la oportunidad establecida para obtener esa revisión.
43. Aunque la verificación no constituía un recurso administrativo ni permitía incorporar documentos nuevos, era la actuación específicamente prevista para revisar los archivos cargados y las inconformidades derivadas de la fase de requisitos.
44. La Sala no desconoce que el rechazo impide actualmente al actor continuar en la Convocatoria 28. Sin embargo, esa consecuencia deriva de la decisión cuestionada y no demuestra, por sí sola, un perjuicio irremediable que haga indispensable la intervención inmediata del juez constitucional.
45. En particular, el señor Moncada Henao no acreditó un daño inminente, grave, urgente e impostergable, ni explicó por qué los medios ordinarios resultarían inidóneos o ineficaces. Así las cosas, l a celeridad y el carácter sucesivo del concurso no satisfacen por sí solos esa carga.
46. Tampoco se advierte un problema constitucional autónomo que desborde la competencia del juez natural, considerando que e l debate se contrae a establecer si la información suministrada por el instructivo y CARJUD APP afectó la aplicación de la causal de rechazo, controversia susceptible de plantearse mediante el medio de control correspondiente.
competencia del juez natural, considerando que e l debate se contrae a establecer si la información suministrada por el instructivo y CARJUD APP afectó la aplicación de la causal de rechazo, controversia susceptible de plantearse mediante el medio de control correspondiente.
47. Adicionalmente, ese cuestionamiento pudo plantearse inicialmente ante la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial mediante la solicitud de verificación documental. Al abstenerse de hacerlo, el actor privó a la autoridad competente de examinar oportunamente la inconformidad que ahora traslada al juez de tutela.
48. En consecuencia, como el accionante no utilizó el mecanismo específico dispuesto para solicitar la verificación documental, no demostró la falta de idoneidad o eficacia del medio judicial ordinario y tampoco acreditó circunstanciasAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07211-00
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9 excepcionales o un perjuicio irremediable, la solicitud de amparo no satisface el requisito de subsidiariedad y será declarada improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones expuestas en el numeral 3.2.1. de esta providencia.
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones expuestas en el numeral 3.2.1. de esta providencia.
Segundo: Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Carlos Moncada Henao, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la presente decisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.