CE - Sentencia 11001031500020260733300 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260733300 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-07333-00

Demandante: Julián David Bedoya Álvarez Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Caducidad.

Ausencia de los defectos invocados.

Decisión: Niega amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por el señor Julián David Bedoya Álvarez en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado 2 Administrativo de Pereira.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 9 de septiembre de 2026, el señor Julián David Bedoya Álvarez presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos el auto proferido el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda en el proceso ejecutivo con radicado 66001 -33-33-002-2008-00121-02, para, en su lugar,

el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda en el proceso ejecutivo con radicado 66001 -33-33-002-2008-00121-02, para, en su lugar, ordenarle a la autoridad judicial precitada dictar una nueva providencia , en la que se tenga en cuenta (i) el efecto que sobre el cómputo de la caducidad tiene el reconocimiento de la obligación hecho por la entidad ejecutada el 1 de octubre de 2024; (ii) el plazo de los 10 meses previsto en el artículo 192 del CPACA, para el momento de determinar la fecha de inicio del término de caducidad; (iii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

3. De forma subsidiaria, peticionó ordenar directamente que se libre mandamiento de pago en su favor, de acuerdo con lo expuesto en la demanda ejecutiva.

4. Como fundamentos fácticos, de la revisión del expediente, se observa que el señor Julián David Bedoya Álvarez presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se librara mandamiento de pago por los perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación, liquidados a través de incidente el 26 de marzo de 2014 por el Juzgado 5

Administrativo de Descongestión de Pereira, conforme a lo dispuesto en la sentencia proferida el 10 de mayo de 2012 por el Juzgado 2 Administrativo de eseRadicado: 11001-03-15-000-2026-07333-00

Demandante: Julián David Bedoya Álvarez

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Demandante: Julián David Bedoya Álvarez

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2 mismo circuito y confirmada el 14 de diciembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Risaralda en el proceso de reparación direct a, mediante la cual se condenó en abstracto a la entidad demandada.

5. El 13 de agosto de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Pereira se abstuvo de librar mandamiento de pago, con base en lo establecido en el literal k del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, respecto a que el término para incoar la acción ejecutiva es de 5 años y el juzgado mencionado liquidó los perjuicios (lucro cesante consolidad y futuro) tras solicitud elevada por el actor, trámite incidental que culminó con auto del 26 de marzo 2014 y que quedó ejecutoriado el 2 de abril de 2014.

6. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual señaló que la sentencia del 10 de mayo de 2012 condenó en abstracto a la entidad por los perjuicios materiales derivados de la pérdida de capacidad laboral, lo que hacía necesario promover un incidente de liquidación de perjuicios. En esa medida, indicó que dicho incidente fue presentado el 22 de marzo de 2013 y resuelto mediante auto del 26 de marzo de 2014; posteriormente, presentó cuenta de cobro en 2017 y la complementó en 2021.

7. Asimismo, indicó que solicitó en varias oportunidades el pago de la

de 2013 y resuelto mediante auto del 26 de marzo de 2014; posteriormente, presentó cuenta de cobro en 2017 y la complementó en 2021.

7. Asimismo, indicó que solicitó en varias oportunidades el pago de la indemnización, el cual fue inicialmente negado por el Ministerio de Defensa en 2022, con fundamento en la caducidad. Sin embargo, en 2024, la entidad reconsideró su posición, reconoció el cumplimiento de los requisitos y dispuso adelantar el trámite para la asignación del turno de pago. En ese sentido, sostuvo que no se configura dicho fenómeno, pues la co ndena en abstracto exigía promover un incidente, que fue debidamente instaurado y cuyo trámite, además, se habría interrumpido en 2024, cuando el Ministerio determinó que la solicitud de pago era oportuna y cumplía con los requisitos exigidos.

8. El 19 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión de primera instancia , al considerar que la providencia que resolvió el incidente de regulación de perjuicios quedó ejecutoriada el 2 de abril de 2014. Por tanto, señaló que la obligación se hizo exigible el 3 de abril de ese año y que, conforme al artículo 192 del CPACA, el término de caducidad de cinco años venció el 3 de abril de 2019; sin embargo, la demanda ejecutiva se presentó el 25 de abril de 2025, es decir, por fuera de su oportunidad legal.

9. Como fundamentos de vulneración, la parte accionante afirmó que el auto dictado el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo, al no determinar los efectos jurídicos propios del acto

9. Como fundamentos de vulneración, la parte accionante afirmó que el auto dictado el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo, al no determinar los efectos jurídicos propios del acto administrativo de reconocimiento de la obligación.

10. Sobre el particular, explicó que si bien es cierto que, en estricto sentido, la caducidad y la prescripción son instituciones jurídicas diferentes, el accionado omitió analizar el verdadero alcance de los hechos alegados, pues no se trataba de aplicar por analogía el artículo 2539 del Código Civil , sino de valorar que el propio Ministerio de Defensa , mediante acto administrativo del 1 de octubre de 2024, reconoció que la solicitud de pago cumplía los requisitos legales y procedió a asignar turno de pago, reconocimiento que constituye un acto propio vinculante para esa entidad y genera para el acreedor una confianza legítima, por lo que talRadicado: 11001-03-15-000-2026-07333-00

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3 circunstancia debió ser ponderada constitucionalmente como un elemento relevante para la solución del caso.

11. Adicionalmente, adujo que se configuró la causal mencionada, por haberse interpretado erróneamente el artículo 192 del CPACA , el cual dispone que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero deben ser cumplidas en un plazo máximo de 10 meses,

interpretado erróneamente el artículo 192 del CPACA , el cual dispone que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero deben ser cumplidas en un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia o del auto que resolvió el incidente de liquidación perjuicios, en la medida en que fue esa decisión la que concretó la condena en abstracto en una suma liquida, por lo que durante ese término no puede acudirse a la vía ejecutiva, pues la obligación aún no era exigible.

12. En consecuencia, señaló que el término de caducidad de los 5 años que prevé el literal K del numeral 2 del artículo 164 del CPACA solo puede empezar a correr una vez vencido el referido plazo de los 10 meses. Sin embargo, indicó que el Tribunal inició a contabilizar dicho término a partir del 3 de abril de 2014, día siguiente a la ejecutoria del auto que resolvió el incidente de liquidación, sin adicionar los 10 meses del plazo suspensivo que la propia norma reconoce a favor de la entidad pública para el pago voluntario.

13. Resaltó que ese yerro tiene incidencia directa y determinante en el sentido de la decisión, ya que de haberse computado correctamente se habría analizado adecuadamente la relación entre la condena en abstracto, la liquidación y su ejecutoria, la exigibilidad, el término de cumplimiento voluntario y la caducidad de la acción ejecutiva, para que se trasladara por lo menos el punto de partida de la caducidad al menos al 3 de febrero de 2015.

14. Además, indicó que la autoridad accionada omitió valorar en conjunto las

acción ejecutiva, para que se trasladara por lo menos el punto de partida de la caducidad al menos al 3 de febrero de 2015.

14. Además, indicó que la autoridad accionada omitió valorar en conjunto las actuaciones desplegadas por aquel, como la cuenta de cobro presentada en 2017, la solicitud de adición formulada en 2021 y las peticiones elevadas en 2022, actuaciones que si bien no interrumpen dicho fenómeno procesal en el sentido civilista de la expresión, si debieron ser tenidas en cuenta al momento de determinar si, real y materialmente existió por parte del ejecutante un abandono del derecho que justificara la aplicación de una s anción tan drástica como la caducidad de la acción.

15. Finalmente, manifestó que se incurrió en la causal de violación directa de la Constitución Política, al desconocerse el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal , pues no se sopesó que se trata de la ejecución de una condena judicial en firme proferida a favor de una persona que sufrió lesiones el 16 de diciembre de 2005 con ocasión del servicio, condena cuyo derecho sustancial fue reconocido por 2 instancias judiciales desde el año 2012 y ratificado por la propia entidad deudora en el año 2024.

16. Señaló que resulta contrario al principio referido, pues existiendo un reconocimiento expreso y posterior de la deuda por parte de la entidad el juez se limite a aplicar de manera mecánica y aislada las reglas de cómputo de la caducidad, sin armonizarlas con los demás principios constitucionales en juego, en

reconocimiento expreso y posterior de la deuda por parte de la entidad el juez se limite a aplicar de manera mecánica y aislada las reglas de cómputo de la caducidad, sin armonizarlas con los demás principios constitucionales en juego, en particular, la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07333-00

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4 Intervenciones1

17. El Tribunal Administrativo de Risaralda afirmó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido por la parte actora es reabrir un debate para que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre la declaratoria de caducidad, a pesar de que esto ya fue definido por los jueces naturales de la causa en el proceso de reparación directa.

18. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que no se configuró ninguna de las causales específicas invocadas, puesto que para proferir la providencia censurada estudió el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso, se respetaron las garantías constitucionales y legales, entre ellas, las del debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la justicia; y valoró el caudal probatorio, lo que demuestra que dicha decisión no fue arbitraria, caprichosa o carente de motivación. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo deprecado, ante la ausencia de vulneración de los

que dicha decisión no fue arbitraria, caprichosa o carente de motivación. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo deprecado, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

19. El Juzgado 2 Administrativo de Pereira y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional no rindieron el informe solicitado, a pesar de que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

21. Previo a plantear el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara que si bien la acción de tutela también se dirigió en contra de la decisión adoptada por el Juzgado 2 Administrativo de Pereira, el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al ser la autoridad judicial que puso fin al proceso ejecutivo, al confirmar la decisión de no librarse mandamiento de pago por haber operado el fenómeno de la caducidad.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar , una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, si el auto dictado el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales al

22. Corresponde a la Sala determinar , una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, si el auto dictado el 19 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales al

1 El 15 de septiembre de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda y del Juzgado 2 Administrativo de Pereira; se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional; y se negó la medida provisional solic itada por la parte actora, al concluir que esta guardaba similitud con las pretensiones de la tutela, por lo que su concesión implicaría anticipar la decisión definitiva del litigio y, además, no se acreditó una amenaza actual, grave y cierta que comprometiera d e forma irreversible los derechos fundamentales invocados.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07333-00

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5 debido proceso y acceso a la administración de justicia , al, presuntamente, incurrir en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución Política.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. La presente acción de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales previamente citados ; se argumentaron de forma adecuada los reparos, los cuales fueron encuadrados en las causales específicas de defecto

toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales previamente citados ; se argumentaron de forma adecuada los reparos, los cuales fueron encuadrados en las causales específicas de defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política; y no se trata de un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente económico ; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que el accionante es el titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y el Tribunal Administrativo de Risaralda fue la autoridad judicial que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 9 de septiembre de 2026 , es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la providencia del 19 de marzo de 2026 ; (5) no se alegó una irregularidad procesal; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

24. Así las cosas, al encontrarse satisfechos los requisitos antes mencionados, la Subsección procederá a efectuar un análisis de fondo frente a los reparos formulados por la parte demandante.

Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos

25. La Sala negará el amparo solicitado por la parte actora, al no haberse estructurado ninguna de las causales invocadas, conforme a los argumentos que a

continuación se exponen:

25. La Sala negará el amparo solicitado por la parte actora, al no haberse estructurado ninguna de las causales invocadas, conforme a los argumentos que a

continuación se exponen:

26. El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al expedir el auto proferido el 19 de marzo de 2026, puesto que, en su criterio, incurrió en defecto sustantivo, al interpretar erróneamente el artículo 192 del CPACA , debido a que contabilizó el término de caducidad de cinco años desde el día siguiente a la ejecutoria del auto que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, sin tener en cuenta el plazo de los 10 meses previsto para el cumplimiento voluntario de la condena.

27. Pues bien, para resolver el anterior desacuerdo, la Sala considera necesario analizar los argumentos en que se apoyó el Tribunal Administrativo de Risaralda para confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual no se libró mandamiento de pago por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Así, se observa que aquella autoridad expuso lo siguiente:

«[…] Finalmente, atendiendo que se insiste en el recurso de alzada que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de 5 años, previsto en el literal k) delRadicado: 11001-03-15-000-2026-07333-00

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6 artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a la Sala efectuar el conteo con base los lineamientos señalados anteriormente:

Comoquiera que la caducidad de la acción ejecutiva de la sentencia judicial inicia una vez ha transcurrido el término administrativo de exigibilidad de la condena, la exigibilidad de las obligaciones contenidas en una decisión judicial en contra del Estado, solo inician después de 18 meses (para procesos iniciados en vigencia del CCA) o 10 meses (para procesos iniciados en vigencia del CPACA), en cuanto las entidades públicas se someten a un principio de planeación, por lo que el legislador otorgó dicho plazo, con el fin que la entidad deudora realizara todas las actividades administrativas neces arias para proceder con el respectivo pago de la obligación.

Dentro del presente asunto, la sentencia de segunda instancia fue fijada por edicto el 15 de enero de 2013 y desfijada el 17 de enero de 2013, por lo tanto, la ejecutoria de la misma corrió los días 18, 21 y 22 de enero de 2013.

Posteriormente, el 09 de abril de 201311, la parte demandante interpuso incidente de regulación de perjuicios, el cual fue resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Pereira, donde se advirtió que fue radicado en tiempo oportuno, y decidido en providencia del 26 de marzo de 2014.

Descongestión del Circuito de Pereira, donde se advirtió que fue radicado en tiempo oportuno, y decidido en providencia del 26 de marzo de 2014.

Se evidencia que la providencia que resuelve el trámite incidental fue notificada por estado el 28 de marzo de 2014, y quedó ejecutoriada el 02 de abril de 2014.

Ahora, en el presente asunto no habría lugar a contabilizar los 10 meses para el pago después de la ejecutoria de la sentencia, toda vez que la firmeza y ejecución de la providencia tiene lugar una vez establecida la cantidad líquida mediante la liquidación incidental, es la firmeza de esa nueva decisión la que marca el momento en que comienza a contabilizarse el término de caducidad para la acción ejecutiva.

En ese sentido, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 192 del CPACA, dichas sumas deberán ser canceladas a partir de la ejecutoria del respectivo auto, por lo que la entidad debía realizar el pago o le era exigible desde el 03 de abril de 2014, fecha en que se inició el término de caducidad para la acción ejecutiva.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la fecha a partir de la cual debe contabilizarse el término de caducidad de 5 años, corresponde al día siguiente a la ejecutoria de la providencia que resuelve el trámite incidental de perjuicios, que es cuando se hace exigible la obligación, los 5 años de que disponía la parte ejecutante, de acuerdo con las subreglas jurisprudenciales descritas y con el literal k) del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, corrieron desde el 03 de abril de 2014 hasta el 03 abril de 2019 , y como la demanda ejecutiva fue

jurisprudenciales descritas y con el literal k) del artículo 164 de la ley 1437 de 2011, corrieron desde el 03 de abril de 2014 hasta el 03 abril de 2019 , y como la demanda ejecutiva fue radicada el 25 de abril de 2025, la presentación de la misma ante la jurisdicción, tuvo lugar cuando el término que la ley prevé para el efecto, ya había precluido […]».

28. De la anterior transcripción, se desprende que el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó el rechazo de la demanda , al considerar que la obligación contenida en el título ejecutivo se hizo exigible el 3 de abril de 2014, día siguiente a la ejecutoria del auto que resolvió el incidente de liquidación de perjuicios. En ese sentido, concluyó que el término de caducidad de cinco años, previsto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, venció el 3 de abril de 2019 ; sin embargo, la demanda ejecutiva se había presentado el 25 de abril de 2025, es decir, por fuera de su oportunidad legal.

29. Analizado el reparo del actor de cara a la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, la Sala considera que de acogerse su interpretación y, en esa medida, contabilizar los diez meses que prevé el artículo 192 del CPACA para el cumplimiento por parte de la entidad de la condena impuesta en el proceso de reparación directa, a partir de la ejecutoria del auto que liquidó los perjuicios, el término de caducidad habría vencido en febrero de 2020, de m anera que la demanda ejecutiva presentada el 25 abril de 2025 continuaría siendo

término de caducidad habría vencido en febrero de 2020, de m anera que la demanda ejecutiva presentada el 25 abril de 2025 continuaría siendo extemporánea.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07333-00

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30. Así las cosas, aunque el accionante cuestiona el punto de partida fijado por la autoridad accionada para contabilizar el término de caducidad, lo cierto es que la modificación pretendida no alteraría la conclusión a la que llegó dicha autoridad , pues no desvirtúa la configuración de ese fenómeno procesal . Por tanto, como el reparo planteado no demuestra que la autoridad judicial hubiese omitido una norma determinante o adoptado una interpretación que condujera a una decisión diferente de la que correspondía conforme al término legal para ejercer la acción ejecutiva, la sala considera que el yerro alegado no tiene la entidad suficiente que configure el defecto sustantivo invocado.

31. Ahora, la Sala repara en que las actuaciones adelantadas por el Ministerio de Defensa para gestionar el pago de la condena, incluido el acto administrativo del 1 de octubre de 2024, mediante el cual reconoció el cumplimiento de los requisitos para el pago y asignó un turno, no relevaban a l ejecutante de la carga procesal de acudir oportunamente a la jurisdicción para reclamar el cumplimiento de la obligación que pretendía. Lo anterior, comoquiera que ante el incumplimiento de la

para el pago y asignó un turno, no relevaban a l ejecutante de la carga procesal de acudir oportunamente a la jurisdicción para reclamar el cumplimiento de la obligación que pretendía. Lo anterior, comoquiera que ante el incumplimiento de la entidad, al momento en que se hizo exigible la obligación, el interesado contaba con la posibilidad de promover la acción ejecutiva correspondiente, cuyo ejercicio debía sujetarse al término de caducidad establecido en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

32. En ese sentido, las gestiones administrativas dirigidas a obtener el pago de la condena no tenían la virtualidad de interrumpir la caducidad de la acción ejecutiva ni de restablecer un término que ya había vencido. Por tanto, no era exigible que el Tribunal les atribuyera un efecto jurídico que el ordenamiento no contempla para dicho fenómeno procesal. En consecuencia, la decisión de declarar la caducidad no resulta arbitraria.

33. Finalmente, en relación con la causal de violación directa de la Constitución Política, por el presunto desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial, la Sala considera que dicho reproche tampoco está llamado a prosperar, pues la aplicación del término de caducidad no constituye, por sí misma, un desconocimiento de esa garantía constitucional , pues si bien las autoridades judiciales deben procurar la efectividad de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, ello no las exime de observar las reglas procesales que regulan el ejercicio oportuno de las acciones judiciales.

34. Así, se observa que, en el presente asunto, la autoridad accionada no aplicó de manera automática o irreflexiva el término de caducidad, sino que examinó las

regulan el ejercicio oportuno de las acciones judiciales.

34. Así, se observa que, en el presente asunto, la autoridad accionada no aplicó de manera automática o irreflexiva el término de caducidad, sino que examinó las circunstancias particulares del caso, especialmente , las relacionadas con la exigibilidad de la obligación, las disposiciones que regulan la oportunidad para ejercer la acción ejecutiva y los argumentos expuestos por la parte demandante, y, a partir de ese análisis, concluyó que la demanda se presentó de manera tardía.

35. Además, se resalta que los reparos formulados por el accionante en sede de tutela no permiten establecer que la autoridad judicial hubie se privilegiado injustificadamente las formas procesales sobre el derecho sustancial, toda vez que la decisión cuestionada respondió a la aplicación de una regla procesal de orden público, cuya observancia responde, entre otras finalidades, a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y evitar que las controversias permanezcan indefinidamente abiertas.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07333-00

Demandante: Julián David Bedoya Álvarez

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36. Por tanto, no se advierte que el proveído censurado hubiese incurrido en un rigorismo formal incompatible con el artículo 228 constitucional y que diera lugar a predicar la configuración de la causal aquí examinada , pues la prevalencia del derecho sustancial no implica desconocer los términos procesales legalmente establecidos ni habilita al juez para prescindir de ellos cuando, luego de examinar

predicar la configuración de la causal aquí examinada , pues la prevalencia del derecho sustancial no implica desconocer los términos procesales legalmente establecidos ni habilita al juez para prescindir de ellos cuando, luego de examinar las particularidades del asunto, encuentra configurada la caducidad.

37. En ese orden de ideas, al no haberse estructurado ninguno de los defectos invocados, la Sala negará el amparo solicitado por el señor Julián David Bedoya Álvarez, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal

Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Julián David Bedoya Álvarez, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Magistrado Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Magistrado Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Magistrado Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del

Magistrado Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Magistrado Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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