CE - Sentencia 11001031500020260738000 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260738000 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
Demandante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Temas: Tutela contra providencia judicial. Cuota de fiscalización – año
2021. Defectos sustantivo y fáctico. Niega
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por medio de apoderada, por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , de conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de septiembre de 2026, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
de Medellín interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Con el fin de garantizar y restablecer el derecho fundamental al debido proceso del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, y garantizar el principio de Legalidad Tributaria, respetuosamente solicito al Consejo de Estado tutelar los derechos fundamentales invocados, declarando que la Corporación Judicial accionada incurrió en defecto sustancial y defecto fáctico en la providencia objeto de reproche.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, solicito ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de De cisión, dejar sin efectos la Sentencia No. 151 del 30 de junio de 2026 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001333303620220017700, y emitir un nuevo pronunciamiento que consulte el marco normativo aplicable».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 26 de abril de 2021, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín solicitó a la Empresa de Energía del Quindío S. A. E.S.P. (en adelante, EDEQ S.A. E.S.P.) el reporte de los ingresos ejecutados al 31 de diciembre de 2020, con el fin de determinar la cuota de fiscalización correspondiente a la vigencia 2021. Ese mismo día, EDEQ
reporte de los ingresos ejecutados al 31 de diciembre de 2020, con el fin de determinar la cuota de fiscalización correspondiente a la vigencia 2021. Ese mismo día, EDEQ S.A. E.S.P. remitió la información solicitada. En el formato para cal cular la cuotaRadicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
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informó un monto de $326.386.595.437 y, después de descontar los recursos de crédito y la disponibilidad inicial, estableció una base de $250.958.764.775.
En las comunicaciones intercambiadas los días 26 y 27 de abril de 2021, la Secretaría de Hacienda señaló que el rubro « otros pasivos – cuentas por pagar » no podía descontarse de los ingresos ejecutados. EDEQ S.A. E.S.P. manifestó su desacuerdo y sostuvo que ese concepto correspondía a cuentas por pagar que no constituían ingresos y, por tanto, no debían integrar la base gravable de la cuota.
La administración contrastó la información suministrada por EDEQ S.A. E.S.P. con la reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (en adelante, CHIP) y encontró una diferencia de $41.824.368.589. Mientras que en este último se registraban $368.210.964.026, que la administración tomó como ingresos ejecutados, la empresa había informado $326.386.595.437 para calcular la cuota, luego de retirar el rubro «otros pasivos – cuentas por pagar».
registraban $368.210.964.026, que la administración tomó como ingresos ejecutados, la empresa había informado $326.386.595.437 para calcular la cuota, luego de retirar el rubro «otros pasivos – cuentas por pagar».
Mediante Resolución 202130258097 del 24 de junio de 2021, el subsecretario de ingresos del municipio de Medellín liquidó la cuota definitiva de fiscalización a cargo de EDEQ para la vigencia 2021 en $541.648.797. Para ello, tomó una ba se de $292.783.133.364 y aplicó una tarifa del 0,185 %. Admitió los descuentos de $35.427.830.662 por disponibilidad inicial y $40.000.000.000 por recursos de crédito, pero rechazó la exclusión de los $41.824.368.589, identificados en el acto como cuentas por pagar.
El 14 de julio de 2021 , EDEQ S.A. E.S.P. interpuso recurso de reconsideración. Sostuvo que el rubro discutido debía excluirse por corresponder a disponibilidad inicial o, alternativamente, a recursos de crédito de proveedores. Mediante Resoluci ón 202250004861 del 15 de febrero de 2022, la administración mantuvo la liquidación.
De la nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-0362022-00177-00/01
En consecuencia, EDEQ S.A. E.S.P. promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Medellín – Secretaría de Hacienda. Solicitó la nulidad parcial de los actos que liquidaron y confirmaron la cuota, al sostener que las cuentas por pagar integraban la disponibilidad inicial excluida por
restablecimiento del derecho contra el municipio de Medellín – Secretaría de Hacienda. Solicitó la nulidad parcial de los actos que liquidaron y confirmaron la cuota, al sostener que las cuentas por pagar integraban la disponibilidad inicial excluida por el numeral 5 del artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017. También argumentó que correspondían a endeudamiento con proveedores y debían tratarse como recursos de crédito.
A título de restablecimiento del derecho, pidió excluir de la base gravable los $41.824.368.589 discutidos, fijar la cuota de fiscalización en $464.273.715 y ordenar la devolución de $77.375.082 por el mayor valor pagado, con actualización e intereses legales.
El 22 de septiembre de 2023, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda, al considerar que EDEQ S.A. E.S.P. no desvirtuó la legalidad de los actos que determinaron la cuota de fiscalización de la vigencia 2021. Para resolver la controversia, acudió a las definiciones contables de las cuentas por cobrar y por pagar, así como al principio del devengo. Explicó que los ingresos se reconocen en el período en que se generan, sin que sea determinante si su cobro o pago se realiza en esa misma vigencia.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
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Con ese fundamento, concluyó que las cuentas por cobrar y por pagar formaban parte
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Con ese fundamento, concluyó que las cuentas por cobrar y por pagar formaban parte de los ingresos ejecutados y, por tanto, integraban la base gravable de la cuota de fiscalización del año en que se causaron o registraron, aunque su cobro o pago ocurriera posteriormente.
En consecuencia, mant uvo la liquidación efectuada por la administración sobre una base de $292.783.133.364, a la tarifa del 0,185 %, que arrojó una cuota de $541.648.797, y declaró probada la excepción de legalidad de los actos demandados.
EDEQ S.A. E.S.P. apeló la sentencia del 22 de septiembre de 2023, al considerar que el juzgado se equivocó al incluir las cuentas por pagar, registradas como « otros pasivos – cuentas por pagar», dentro de los ingresos ejecutados que conformaban la base gravable de la cuota de fiscalización.
Sostuvo que esas partidas correspondían a obligaciones pendientes de pago que se incorporaban al presupuesto del año siguiente como parte de la disponibilidad inicial, concepto expresamente excluido por el artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017. Añadió que no constituían ingresos de la vigencia gravada y que su inclusión suponía gravar nuevamente recursos de períodos anteriores, en perjuicio de los principios de justicia y equidad tributaria.
También afirmó que las cuentas por pagar provenían de créditos otorgados por proveedores, quienes concedían un plazo de treinta días para cancelar las facturas. Por ello, argumentó que debían excluirse como recursos de crédito, conforme al
También afirmó que las cuentas por pagar provenían de créditos otorgados por proveedores, quienes concedían un plazo de treinta días para cancelar las facturas. Por ello, argumentó que debían excluirse como recursos de crédito, conforme al artículo 11 de la Ley 617 de 2000 y al artículo 3 del Decreto 2681 de 1993.
El 30 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia. Consideró que el numeral 5 del artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017 excluía expresamente la disponibilidad inicial de la base gravable de la cuota de fiscalización, por lo que debía establecerse si los recursos aso ciados a las cuentas por pagar estaban comprendidos en ese concepto.
Al examinar los reportes presupuestales, advirtió que la diferencia entre los ingresos informados por EDEQ S.A. E.S.P. y los registrados en el CHIP correspondía a los $41.824.368.589 del rubro «otros pasivos – cuentas por pagar ». También valoró el procedimiento interno de la empresa, que establecía un plazo de treinta días para pagar a sus proveedores, y concluyó que se trataba de obligaciones derivadas de bienes o servicios recibidos que quedaban pendientes de pago al cierre de la vigencia.
Con apoyo en el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, la asesoría 032707 de 2015 del Ministerio de Hacienda y el concepto de la Contaduría General de la Nación, señaló que las obligaciones pendientes debían incorporarse al presupuesto del año siguiente como cuentas por pagar y que los ingresos destinados a respaldarlas integraban la disponibilidad inicial. Bajo ese entendimiento, encontró acreditado que los recursos
que las obligaciones pendientes debían incorporarse al presupuesto del año siguiente como cuentas por pagar y que los ingresos destinados a respaldarlas integraban la disponibilidad inicial. Bajo ese entendimiento, encontró acreditado que los recursos discutidos estaban comprendidos en la exclusión, aunque figuraran con una denominación contable distinta.
Por ello, estimó que la administración había excluido $35.427.830.662 por disponibilidad inicial, pero mantenido indebidamente los $41.824.368.589 asociados a las cuentas por pagar. Se apartó del razonamiento del juzgado basado en el principio del devengo, pues consideró que la controversia exigía un análisis presupuestal sobre la naturaleza de los recursos y las exclusiones aplicables, y no únicamente su clasificación contable.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
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En cambio, rechazó que las cuentas por pagar pudieran excluirse como recursos de crédito. Explicó que EDEQ S.A. E.S.P. había reportado separadamente ambos rubros y que la administración ya había descontado $40.000.000.000 por créditos. Añadió que la existencia de obligaciones comerciales con proveedores y plazos ordinarios de pago no demostraba, por sí sola, una operación de crédito público, ni se acreditó que las sumas discutidas provinieran de esa modalidad de financiación.
Por lo tanto , declaró la nulidad parci al de los actos demandados, fijó la base de
las sumas discutidas provinieran de esa modalidad de financiación.
Por lo tanto , declaró la nulidad parci al de los actos demandados, fijó la base de liquidación en $250.958.764.775 y determinó una cuota de $464.273.715, al aplicar la tarifa del 0,185 %. Ordenó devolver $77.375.082, previa verificación de su pago, actualizados desde cada desembolso hasta la ejecutoria de la sentencia.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante interpuso acción de tutela al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y desconocido el principio de legalidad tributaria, con ocasión de la sentencia del 30 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Sostuvo que el tribunal incurrió en defecto sustantivo al ordenar excluir de la base gravable de la cuota de fiscalización de 2021 el rubro « otros pasivos – cuentas por pagar», por $41.824.368.589. Afirmó que ese concepto no está expresamente excluido por las Leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010 ni por el Acuerdo 066 de 2017, de modo que la decisión extendió una exclusión a un supuesto no previsto y modificó un elemento esencial del tributo sin respaldo normativo.
Señaló que la administración liquidó la cuota con fundamento en los ingreso s ejecutados que la propia empresa reportó en el CHIP y en su ejecución presupuestal de 2020. Explicó que la base gravable debía establecerse a partir de la información presupuestal, por lo que podía comprender partidas que contablemente no representaran un incremento patrimonial, siempre que no estuvieran expresamente excluidas.
de 2020. Explicó que la base gravable debía establecerse a partir de la información presupuestal, por lo que podía comprender partidas que contablemente no representaran un incremento patrimonial, siempre que no estuvieran expresamente excluidas.
También cuestionó que el tribunal equiparara las cuentas por pagar con la disponibilidad inicial. Indicó que las primeras corresponden a obligaciones registradas en el presupuesto de gastos del año siguiente, mientras que la segunda representa los recursos disponibles al inicio de la vigencia. Añadió que las cuentas por pagar pueden financiarse con disponibilidad inicial o con nuevos ingresos, sin que ello permita confundir ambos conceptos.
En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que el tribunal interpretó equivocadamente la asesoría 032707 de 2015 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, al equiparar las cuentas por pagar con los ingresos que las respaldan y se incorporan al presupuesto siguiente como disponibilidad inicial. Añadió que las normas y los conceptos invocados en la sentencia no demostraban que los $41.824.368.589 discutidos integraran efectivamente esa disponibilidad, pues, a su juicio, no obraba prueba técnica, contable o presupuestal que acreditara esa circunstancia.
Precisó que la administración ya había excluido de la base gravable $35.427.830.662 por disponibilidad inicial y $40.000.000.000 por recursos de crédito. Por ello, sostuvo que descontar adicionalmente las cuentas por pagar suponía una doble exclusión que reducía indebidamente la base de liquidación. Agregó que la decisión afectaba la financiación de la Contraloría Distrital de Medellín y se apartaba de lo resuelto por el
reducía indebidamente la base de liquidación. Agregó que la decisión afectaba la financiación de la Contraloría Distrital de Medellín y se apartaba de lo resuelto por el mismo tribunal en asuntos que calificó como idénticos.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
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Finalmente, manifestó que la sentencia fue dictada en segunda instancia, que no procedían recursos ordinarios y que los reproches no encuadraban en las causales del recurso extraordinario de revisión. Con fundamento en lo anterior, solicitó amparar su derecho al debido proceso, dejar sin efectos la sentencia del 30 de junio de 2026 y ordenar al tribunal emitir una nueva decisión conforme al marco normativo aplicable.
4. Trámite previo
El 11 de septiembre de 2026 , el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad accionada, y vinculó como terceros con interés a la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., a la Contraloría Distrital de Medellín y al Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional. Sostuvo que el actor pretendía reabrir la discusión sobre la interpretación de las normas que regulan la base gravable de la cuota de
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional. Sostuvo que el actor pretendía reabrir la discusión sobre la interpretación de las normas que regulan la base gravable de la cuota de fiscalización y la valoración de las pruebas, sin demostrar una afectación del debido proceso que trascendiera el debate resuelto en el proceso ordinario.
Añadió que la invocación del principio de legalidad tributaria, las consecuencias económicas de la devolución y la posible incidencia en la financiación de la Contraloría Distrital de Medellín no acreditaban, por sí solas, esa relevancia. A su juicio, el distrito buscaba que el juez constitucional acogiera una interpretación distinta de las normas y del material probatorio, convirtiendo la tutela en una instancia adicional.
Frente al defecto sustantivo, explicó que no creó una exclusión autón oma para las cuentas por pagar. Lo que hizo fue determinar si los recursos asociados a ese rubro integraban la disponibilidad inicial, expresamente excluida por el artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017. Para ello, se apoyó en el artículo 13 del Decreto 115 de 1996 y en la asesoría 032707 de 2015 del Ministerio de Hacienda. Precisó que, en cambio, rechazó su exclusión como recursos de crédito, porque esa naturaleza no fue acreditada.
En cuanto al defecto fáctico, señaló que examinó conjuntamente la informaci ón reportada por EDEQ S.A. E.S.P., la ejecución presupuestal de ingresos de 2020 y los documentos sobre el tratamiento de las cuentas por pagar. Afirmó que también tuvo
reportada por EDEQ S.A. E.S.P., la ejecución presupuestal de ingresos de 2020 y los documentos sobre el tratamiento de las cuentas por pagar. Afirmó que también tuvo en cuenta el registro separado de la disponibilidad inicial, los recursos de crédito y los otros pasivos, por lo que el repa ro sobre una doble exclusión cuestionaba la conclusión alcanzada, sin demostrar una omisión probatoria.
Concluyó que la decisión tenía sustento jurídico y probatorio y que los argumentos del distrito expresaban su desacuerdo con lo resuelto. Por ello, solicitó que, si se encontraba superado el requisito de relevancia constitucional, se negara el amparo por no configurarse los defectos alegados.
El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín remitió el enlace de acceso al expediente 05001-33-33-036-2022-00177-00/01, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin hacer referencia a los hechos que dieron origen a la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
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6. Terceros con interés
EDEQ S.A. E .S.P. se opuso a la tutela al considerar que carecía de relevancia constitucional, pues el actor pretendía reabrir una controversia legal y económica sobre la base gravable de la cuota de fiscalización, ya resuelta por el juez competente.
constitucional, pues el actor pretendía reabrir una controversia legal y económica sobre la base gravable de la cuota de fiscalización, ya resuelta por el juez competente. Sostuvo que la tutela no podía utilizarse como una tercera instancia para controvertir una decisión desfavorable.
También cuestionó el cumplimiento del requisito de inmediatez. Señaló que la sentencia fue notificada el 1.º de julio de 2026 y que el distrito, como persona jurídica con capacidad para actuar oportunamente, no justificó la demora en acudir al amparo. En cambio, reconoció que se cumplía la subsidiariedad, porque el proceso había concluido en segunda instancia y los reproches no encuadraban en las causales del recurso extraordinario de revisión.
Frente al defecto fáctico, afirmó que el tribunal examinó cuidadosamente las pruebas documentales, incluida la información del CHIP que identificaba los $41.824.368.589 como « otros pasivos – cuentas por pagar ». Añadió que la parte actora tuvo oportunidad de controvertir esas pruebas durante el proceso y no las obje tó, por lo que no procedía reabrir su valoración mediante tutela.
Negó la configuración del defecto sustantivo, al sostener que las cuentas por pagar integraban la disponibilidad inicial expresamente excluida por el artículo 216 del Acuerdo 066 de 2017. Además, reiteró que correspondían a créditos de proveedores y, por ello, debían excluirse como recursos de crédito.
Finalmente, aseguró que se respetaron las garantías procesales y que el accionante no solicitó oportunamente la nulidad de la sentencia. Por estas razones, pidió negar
y, por ello, debían excluirse como recursos de crédito.
Finalmente, aseguró que se respetaron las garantías procesales y que el accionante no solicitó oportunamente la nulidad de la sentencia. Por estas razones, pidió negar el amparo, al estimar que no se acreditó la vulneración del debido proceso ni los requisitos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de l os particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si la sentencia del 30 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico alegados por el accionante, al excluir de la base gravable de la cuota de fiscalización de EDEQ para 2021 los $41.824.368.589 registrados como «otros pasivos – cuentas
alegados por el accionante, al excluir de la base gravable de la cuota de fiscalización de EDEQ para 2021 los $41.824.368.589 registrados como «otros pasivos – cuentas por pagar», por considerar que integraban la disponibilidad inicial.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
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La Sala anticipa que negará el amparo solicitado, al no encontrar configurados los defectos sustantivo y fáctico atribuidos a la sentencia del 30 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pues la exclusión de los recursos asociados a las cuentas por pagar se sustentó en su tratamiento como disponibilidad inicial y el acciona nte no justificó qué prueba adicional resultaba indispensable ni demostró un error manifiesto en la valoración probatoria.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso y (iii) el defecto sustantivo y el defecto fáctico en el caso concreto.
(i) La acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción de tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas3 de procedencia de la acción de tutela.
(ii) El cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso
La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque se invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera l egalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.
Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la protección del derecho que invoca vulnerado. En igual sentido, el (iii) requisito general de inmediatez se satisface. El ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia
algún otro medio de defensa idóneo para la protección del derecho que invoca vulnerado. En igual sentido, el (iii) requisito general de inmediatez se satisface. El ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la providencia que puso fin a la actuación se profirió el 30 de junio de 2026, se notificó el 1.º de julio
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatoria s de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07380-00
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de 2026, y el ejercicio de la acción de tutela se dio el 10 de septiembre de 2026, es decir, dentro del término de seis meses.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que genera un efecto determinante y afecta el derecho fundamental invocado; (v) identificó
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que genera un efecto determinante y afecta el derecho fundamental invocado; (v) identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y (vi) no se cuestionan sentencias de tutela.
Por lo tanto, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
(iii) El defecto sustantivo4 y el defecto fáctico5 en
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