CE - Sentencia 11001031500020260740600 de 2026

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260740600 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., Veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-07406-00

Demandante: JAVIER FLÓREZ SALAZAR

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA

SÉPTIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Javier Flórez Salazar, actuando a través de apoderado2, instauró acción de tutela3 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como de los principios de prevalencia del derecho sustancial y pro homine.

Las anteriores garantías constitucionales las estimó transgredidas con ocasión de

a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como de los principios de prevalencia del derecho sustancial y pro homine.

Las anteriores garantías constitucionales las estimó transgredidas con ocasión de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2026 por la autoridad judicial accionada mediante la cual revocó la providencia dictada el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Distrito de Medellín, identificado con radicado 05001-33-33-039-2024-00031-00/01.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Dicha calidad se acreditó con poder obrante en el índice 002 de Samai. 3 Radicada el 11 de septiembre de 2026 con secuencia: 11734, por medio de la ventanilla virtual. La misma fue asignada al magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

[…] 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

[…] 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la parte accionante, y (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantias a favor de los docentes del Fomag.4

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Javier Flórez Salazar, en su calidad de docente, solicitó a través de la plataforma «Humano en Línea» el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. La Secretaría de Educación del distrito de Medellín las reconoció mediante la Resolución No. MEDELV2023000323 del 22 de agosto de 2023, y la Fiduprevisora S.A. desembolsó los recursos el 5 de septiembre de 2023.

El 9 de febrero de 2024, el docente pidió la cancelación de la sanción moratoria prevista en las leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019. La solicitud se negó mediante el Oficio No. 202430094796 del 12 de marzo de 2024. Contra ese acto, el

prevista en las leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019. La solicitud se negó mediante el Oficio No. 202430094796 del 12 de marzo de 2024. Contra ese acto, el accionante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y del distrito de Medellín. El proceso le correspondió por reparto, en primera instancia, al Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2025, el juzgado declaró la nulidad del acto acusado y condenó al distrito de Medellín a pagar la sanción moratoria causada entre el 7 de septiembre de 2022 y el 4 de septiembre de 2023, es decir, 363 días.

Con base en el registro de actuaciones de la plataforma «Humano en Línea», tomó el 24 de abril de 2022 como fecha de radicación de la solicitud de cesantías. Consideró que la entidad territorial incumplió el término de 10 días hábiles que prevé el parágrafo del artículo 4.º de la Ley 1071 de 2006 para requerir al peticionario, porque solo el 3 de julio de 2023 hizo la primera devolución de la documentación.

Precisó además que la mora se generó en la etapa de estudio y reconocimiento a cargo del distrito de Medellín, y que el Fomag pagó dentro del término legal.

Apelada la decisión por el distrito de Medellín, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, en sentencia del 20 de marzo de 2026, la revocó y negó 4 Transcripción del texto original con posibles errores._______________________________________________________________

Antioquia, Sala Séptima, en sentencia del 20 de marzo de 2026, la revocó y negó 4 Transcripción del texto original con posibles errores._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

las pretensiones. Con fundamento en el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 942 de 2022, sostuvo que el conteo de los términos solo inicia cuando la solicitud está completa, situación que certifica la entidad territorial.

Al analizar el documento de trazabilidad de la plataforma «Humano en Línea», concluyó que las actuaciones de abril de 2022 correspondían a la solicitud y entrega de un certificado laboral, y no a la petición de pago de las cesantías. Esta, según el Tribunal, se presentó el 3 de julio de 2023, fue devuelta en dos oportunidades para su corrección y quedó radicada con toda la documentación requerida el 25 de julio de 2023.

A partir de esa fecha, estimó que la entidad territorial tenía hasta el 15 de agosto de 2023 para expedir el acto de reconocimiento y que lo hizo de manera extemporánea. Sin embargo, al sumar los 10 días de ejecutoria y los 45 días hábiles para el pago, el plazo máximo para el desembolso vencía el 2 de noviembre de 2023. Como el

Sin embargo, al sumar los 10 días de ejecutoria y los 45 días hábiles para el pago, el plazo máximo para el desembolso vencía el 2 de noviembre de 2023. Como el pago se efectuó el 5 de septiembre de 2023, concluyó que no se configuró la mora.

El proveído anterior se notificó a las partes por correo electrónico el 20 de marzo de 20265.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al revocar la condena por sanción moratoria, incurrió en defecto fáctico y en defecto sustantivo.

Frente al defecto fáctico, cuestionó que la corporación omitió valorar de manera objetiva la constancia de trazabilidad generada por la plataforma «Humano en Línea».

Según el accionante, ese documento muestra que la documentación para el reconocimiento de las cesantías se cargó por primera vez el 24 de abril de 2022. También muestra que la Secretaría de Educación del distrito de Medellín solo adelantó la validación y la devolución de la solicitud el 3 de julio de 2023, es decir, más de un año después.

A su juicio, esa demora no le es atribuible, pues subsanó las inconsistencias tan pronto le fueron informadas. Añadió que la entidad territorial no acreditó en el proceso ninguna circunstancia que justificara el incumplimiento del término para requerirlo. Ante la falta de comunicación oportuna, tenía razones válidas para entender que su trámite avanzaba con normalidad. En su criterio, el Tribunal desconoció elementos de juicio que no fueron controvertidos por la contraparte y

requerirlo. Ante la falta de comunicación oportuna, tenía razones válidas para entender que su trámite avanzaba con normalidad. En su criterio, el Tribunal desconoció elementos de juicio que no fueron controvertidos por la contraparte y que eran determinantes para la resolución del litigio. Con ello, se apartó de las reglas de la sana crítica.

En cuanto al defecto sustantivo, adujo que la sala concluyó que el trámite 5 Índice 12 del expediente 05001-33-33-039-2024-00031-01 de Samai._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

administrativo se ajustó a la normativa aplicable al reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente, pese a que el artículo 4.º de la Ley 1071 de 2006 fija reglas claras. Según esa norma, si la solicitud está completa, la entidad debe resolverla dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Si está incompleta, debe requerir al peticionario dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recibo, señalando los documentos o requisitos faltantes. Solo en ese evento el término para resolver se cuenta desde que se aportan.

Sostuvo que la entidad territorial no podía trasladar al peticionario las consecuencias de la demora derivada de su propia falta de requerimiento oportuno. Por ello, la

término para resolver se cuenta desde que se aportan.

Sostuvo que la entidad territorial no podía trasladar al peticionario las consecuencias de la demora derivada de su propia falta de requerimiento oportuno. Por ello, la interpretación según la cual el trámite se surtió conforme a la normativa vigente, contradice lo dispuesto en esa disposición. Finalmente, invocó la prevalencia del derecho sustancial y el principio pro homine, y pidió que se garantice una valoración probatoria ajustada a la realidad fáctica del caso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 14 de septiembre de 2026, el Magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez admitió la acción de tutela, ordenó notificar en calidad de accionados a los magistrados que integran la Sala Séptima del Tribunal Administrativo de Antioquia6.

Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo, al juez Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín7 [a quo del proceso contencioso], a la ministra de Educación Nacional8, al alcalde de Medellín9, al gerente del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio [Fomag]10 y al representante legal de la Fiduprevisora S.A.11 [extremos pasivos del proceso ordinario].

El 8 de octubre de 2026, el consejero sometió a consideración de la Sala proyecto de sentencia de primera instancia; sin embargo, aquel no obtuvo la mayoría para su aprobación.

En virtud de lo anterior, mediante providencia de la misma fecha12, se ordenó la remisión del expediente al despacho que preside la consejera Gloría María Gómez Montoya.

aprobación.

En virtud de lo anterior, mediante providencia de la misma fecha12, se ordenó la remisión del expediente al despacho que preside la consejera Gloría María Gómez Montoya.

El expediente ingresó al despacho el 13 del mismo mes y año13.

6 Notificada a: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co; recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co; 7 Notificada a: adm39med@cendoj.ramajudicial.gov.co 8 notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 9 Federico.gutierrez@medellin.gov.co; notimedellin.oralidad@medellin.gov.co; atención.ciudadana@medellin.gov.co 10 Tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co 11 Notificada a: notjudicial@fiduprevisora.com.co 12 Índice 27 de Samai. 13 Índice 32 de Samai._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Distrito de Medellín14

Se opuso al amparo. Sostuvo que el trámite de reconocimiento de las cesantías se

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Distrito de Medellín14

Se opuso al amparo. Sostuvo que el trámite de reconocimiento de las cesantías se adelantó dentro de los términos legales. Explicó que, aunque en el sistema «Humano en Línea» aparecen actuaciones previas, la solicitud solo quedó formalmente radicada el 10 de agosto de 2023. En ese momento la plataforma generó automáticamente el número de radicado y habilitó a la Secretaría de Educación para iniciar su gestión.

Precisó que la entidad territorial no administra ni controla ese sistema y solo puede intervenir cuando el usuario lo habilita, lo que ocurre cuando el docente culmina la actuación necesaria para radicar la solicitud. Afirmó que actuó oportunamente, pues el acto administrativo se generó el 15 de agosto de 2023 y se notificó el 22 de agosto siguiente, fecha en que el trámite fue remitido al Fomag para el pago.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima15

La magistrada Ana Lucía Bermúdez López, integrante de la Sala, pidió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que los argumentos del accionante se centran en reprochar la interpretación de los hechos y la valoración judicial de la prueba con base en las cuales se negaron las pretensiones de la demanda.

Citó la sentencia de tutela de esta Corporación del 26 de febrero de 2026 [radicado 11001-03-15-000-2025-06074-01]. Según el informe, en ese caso se alegó un

Citó la sentencia de tutela de esta Corporación del 26 de febrero de 2026 [radicado 11001-03-15-000-2025-06074-01]. Según el informe, en ese caso se alegó un defecto fáctico por no valorar la constancia de radicación de una solicitud de cesantías, y se concluyó que la controversia se circunscribía a una discrepancia con la valoración de las pruebas, por lo que carecía de relevancia constitucional.

Negó que la Sala hubiera omitido valorar el documento de trazabilidad de la plataforma «Humano en Línea». Explicó que la sentencia lo examinó expresamente y, a partir de las actuaciones allí registradas, estableció que el 21 de abril de 2022 el demandante solicitó una certificación laboral. Esa certificación fue aprobada y enviada por un funcionario de la entidad territorial el 24 de abril siguiente, de modo que esta última fecha no correspondía a la presentación de la solicitud de cesantías.

Esta, según la sentencia, se presentó el 3 de julio de 2023, fue devuelta para corrección el 13 y el 18 de julio de 2023, y se completó el 25 de julio de ese año. A partir de esa fecha se hizo el cómputo de los términos y se concluyó que no se causó la sanción moratoria. 14 Índice 9 de Samai. 15 Índice 10 de Samai._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

6

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Agregó que en la tutela el accionante no afirma, y mucho menos prueba, que con la actuación del 24 de abril de 2022 hubiera entregado la documentación completa. Se limita a manifestar que la prueba no fue valorada.

Finalmente, descartó el defecto sustantivo. Explicó que el reproche por la indebida aplicación del artículo 4.º de la Ley 1071 de 2006 se construye sobre un supuesto fáctico que la Sala no acogió, pues en la sentencia quedó determinada la fecha en que la solicitud se radicó con toda la documentación requerida. Concluyó que la providencia es expresión de la autonomía judicial y que no incurrió en ninguna arbitrariedad.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional16

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió desvincular a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que no tiene injerencia en las decisiones de la autoridad judicial accionada y que sus funciones no comprenden la definición de situaciones particulares atribuidas a las entidades territoriales certificadas en educación.

1.6.4. Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín17

Mediante el Oficio No. 116 del 18 de septiembre de 2026, la secretaria del despacho

certificadas en educación.

1.6.4. Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín17

Mediante el Oficio No. 116 del 18 de septiembre de 2026, la secretaria del despacho remitió los enlaces de acceso a los expedientes digitales de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 0500133-33-039-2024-00031-00/01. Así dio cumplimiento al requerimiento hecho en el auto admisorio. No se pronunció sobre el fondo de la controversia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 201918 de la Sala Plena de esta Corporación, por cuanto se dirige contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima.

2.2. Cuestión previa El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación del presente asunto por carecer de legitimación en la causa por pasiva, petición que será denegada ya que la vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas del 16 Índice 13 de Samai. 17 Índice 14 de Samai. 18 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

presente caso, dado que integró la parte demandada en el proceso dentro del cual se profirió la sentencia de la cual el actor alega vulneración.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado y la s intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

  • ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

  • ¿ El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasión de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2026, mediante la cual se revocó la providencia de primera instancia dictada el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se promovió contra el Distrito de Medellín, identificado con radicado 05001-33-33-039-2024-00031-00/01.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el c aso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 20 y declaró su procedencia.21

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia»._______________________________________________________________

reseñado. 21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia»._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202222.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima Radicado: 11001-03-15-000-2026-07406-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal23 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto

acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal23 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional25 […]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales27”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental […]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar

dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental […]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal29. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

El accionante sostuvo que la sentencia del 20 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho referenciado previamente. 23 Sentencia SU-573 de 2019. 24 Sentencia SU-103 de 2022. 25 Sentencia SU-103 de 2022. 26 Sentencia SU-103 de 2022. 27 Sentencia SU-128 de 2021. 28 Sentencia SU-573 de 2019. 29 Ib._______________________________________________________________

Demandante: Javier Flórez Salazar

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...