CE - Sentencia 11001031500020260744500 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260744500 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.

Parte actora: Douglas Alexander Pacheco Rojas.

Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00.

Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de l os documentos obrantes en el expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Douglas Alexander Pacheco Rojas en ejercicio del medio de control de reparación directa promovió demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Municipio de Tuluá, con el fin de que se les declarara administrativa y extracontractualmente responsables por los

Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Municipio de Tuluá, con el fin de que se les declarara administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales causados por las condiciones de hacinamiento sufridas durante su reclusión en la Estación de Policía Aguaclara del Municipio de Tuluá.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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1.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Buga , mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control al considerar que, si bien el demandante fue detenido el 20 de febrero de 2020 y tenía plazo para presentar la demanda hasta el 21 de febrero de 2022, dicho término se extendió hasta el 7 de junio de 2022 con ocasión de la emergencia sanitaria. No obstante, la demanda fue presentada el 7 de junio de 2024.

1.3. Inconforme con la decisión anterior el accionante presentó recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 27 de marzo de 2026, revocó la decisión de primera instancia al estimar que no operó la caducidad del medio de control, dado que el término comenzó a correr desde que el demandante salió de la estación

de 27 de marzo de 2026, revocó la decisión de primera instancia al estimar que no operó la caducidad del medio de control, dado que el término comenzó a correr desde que el demandante salió de la estación de policía, momento en el cual existió certeza sobre los atributos del daño alegado. Asimismo, negó las pretensiones de la demanda al considerar que “[…] no se probó el carácter cierto y personal del daño y no es posible hacer un juicio de imputación […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico, al considerar que no realizó una debida valoración probatoria, en tanto desconoció los informes que presentó la demandada en cuan to al porcentaje de hacinamiento que sufrió el accionante.

Precisó que incurrió en desconocimiento del precedente vertical, dado que “[…] no se tuvieron en cuenta los criterios jurisprudenciales definidos por el Consejo de Estado y respaldados por la Corte Constitucional conforme a los cuales; (i) la situación de altas tasas de hacinamiento implica directamente una vulneración a un amplio ab anico de derechos fundamentales derivados de la dignidad humana y que pueden ser objeto de declaración de responsabilidad del Estado y (ii) puesto que las personas privadas de la libertad se encuentranNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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en una situación de especial sujeción administrativa respecto de las

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en una situación de especial sujeción administrativa respecto de las autoridades públicas no tienen a su disposición la información necesaria para la acreditación del daño antijurídico, razón por la cual, los jueces administrativos tienen la obligación de aplicar estándares de flexibilidad probatoria y distribución de la carga dinámica de la prueba […]”.

Afirmó que “[…] Resulta de gran importancia tener en cuenta la relación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad y la consecuente flexibilización de las reglas probatorias, debido a que los reclusos se encuentran bajo el control total del Estado, siendo extremadamente limitada su capacidad para recolectar y presentar pruebas […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 4 Administrativo de Buga el 30 de septiembre de 2025, y la sentencia prof erida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 27 de marzo de 2026, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de DOUGLAS ALEXANDER PACHECO ROJAS, radicado No. 76111 -33-33-004-2024-00090-00, así como también las actuaciones posteriores a la providenc ia, proferidas por el Juzgado 4 Administrativo de Buga.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir decisión

también las actuaciones posteriores a la providenc ia, proferidas por el Juzgado 4 Administrativo de Buga.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir decisión de reemplazo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 22 de septiembre de 2026, se admitió la presente acción de tutela y se vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de ServiciosNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al Departamento del Valle del Cauca y al Municipio de Tuluá, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Municipio de Tuluá solicitó la desvinculación de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia en las decisiones adoptadas dentro del proceso objeto de controversia, cuya competencia corresponde a la Rama Judicial.

considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia en las decisiones adoptadas dentro del proceso objeto de controversia, cuya competencia corresponde a la Rama Judicial.

2. El Departamento del Valle del Cauca solicitó la desvinculación de la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva, por la falta de conexión entre la parte demandada y la situación fáctica constitutiva del litigio.

3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que, de acuerdo con las competencias que le han sido conferidas, no le corresponde dejar sin efectos decisiones proferidas dentro de proces os judiciales y, en consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite de amparo.

4. La Fiscalía General de la Nación solicitó la desvinculación de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no existe relación de causalidad entre las actuaciones de la entidad y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasión de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. Asimismo, mencionó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, en tanto los reproches del accionante están dirigidos a reabrir un debate legal ya decidido por el juez natural.

5. El INPEC solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el accionante pretende eludir por esta vía constitucional los procedimientos e instancias que aplican al caso.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

que el accionante pretende eludir por esta vía constitucional los procedimientos e instancias que aplican al caso.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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6. La Policía Nacional solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se vislumbra la existencia de vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca presentó un informe de las actuaciones surtidas dentro del proceso de reparación directa e indicó que la providencia cuestionada se encuentra suficientemente motivada y sustentada en una valoración integral del acervo probatorio y en el marco legal y constitucional aplicable al caso “[…] de allí que estableciera que el fenómeno de la caducidad no se configuró; sin embargo, no encontró acreditada la responsabilidad endilgada a las llamadas a juicio […]”. En virtud de lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

8. La USPEC solicitó la desvinculación de la acción de tutela al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, en razón de que no se evidencia acción u omisión atribuible a la entidad que haya generado la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de

vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

2. Cuestión previa

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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La Sala advierte que el Municipio de Tuluá , el Departamento del Valle del Cauca, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , la Fiscalía General de la Nación y la USPEC solicitaron su desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que comoquiera que el Municipio de Tuluá, el Departamento del Valle del Cauca, l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , la Fiscalía General de la Nación y la USPEC fungieron como parte procesal dentro del proceso objeto de estudio identificado con el radicado núm. 7611133-33-004-2024-00090-00/01, le s asiste interés directo en la decisión de la

Fiscalía General de la Nación y la USPEC fungieron como parte procesal dentro del proceso objeto de estudio identificado con el radicado núm. 7611133-33-004-2024-00090-00/01, le s asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se negará n las solicitudes de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciada s vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutelaNúmero único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional 2 como del Consejo de Estado 3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces5.

En sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de

afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se

2 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras. 3 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras. 4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C -590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D -5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente

de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas el 30 de septiembre de 2025 y 27 de marzo de 2026 en el marco del medio de control de reparación directa con radicación núm . 76111-33-33-004-202400090-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se

00090-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada a que las autoridades accionadas negaron las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó el elemento del daño, por cuanto omitieron valorar adecuadamente los documentos e informes allegados al proceso sobre las condiciones de reclusión y desconocieron las reglas de flexibilización probatoria aplicables a las personas privadas de la libertad, circunstancia que se traduce en la reapertura de un proceso que fue resuelto por el juez natural del asunto.

Lo anterior en razón a que el Tribunal accionado en la providencia acusada expuso de manera razonada, coherente y fundamentada las razones jurídicas por las cuales concluyó que no se probó el daño atribuido a las demandadas, dado que con las pruebas allegadas no se demostró de manera concreta la existencia de una sobrepoblación ni que las condiciones de reclusión hubieran

por las cuales concluyó que no se probó el daño atribuido a las demandadas, dado que con las pruebas allegadas no se demostró de manera concreta la existencia de una sobrepoblación ni que las condiciones de reclusión hubieran vulnerado la dignidad del accionante o afectado su salud física o mental. Tampoco se demostró la negación de atención médica, deficiencias alimentarias, afectaciones sanitarias o limitaciones para acceder a programas de resocialización o redención de pena.

Además, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios de libre valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana crítica.

De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana crítica. En esta oportunidad lo p erseguido por el extremo accionante es controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso , lo que claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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En ese orden de ideas, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra una inconformidad con la s decisiones adoptadas por la s autoridades accionadas, como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentada s por el Municipio de Tuluá , el Departamento del Valle del Cauca, l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , la Fiscalía General de la Nación y la USPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

USPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que est e fallo no sea impugnad o y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-07445-00

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Consejero de Estado Presidente

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera de Estado

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