CE - Sentencia 11001031500020260746600 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260746600 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: MARLENE TUNJANO MUÑOZ

Accionados: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ – SALA DE JUSTICIA Y PAZ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales a la igualdad material, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital / PREPENSIONADOS – Estabilidad laboral reforzada – Criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU -003 de 2018 / SUBSIDIARIEDAD – No se encuentra acreditada por no agotar todos los medios de defensa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada por la señora Marlene Tunjano Muñoz, en nombre propio, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 3 de junio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por la presunta

La demanda

1. El 3 de junio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad material, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital.

Hechos relevantes

2. Por medio de la Resolución núm. 040 del 1.° de diciembre de 2015, la señora Marlene Tunjano Muñoz fue nombrada en el cargo de contador grado 17 adscrito al Despacho 003 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Aduce que sus funciones consistían en la liquidación e indemnización a las víctimas.

3. El 4 de mayo de 2026 tomó posesión, en provisionalidad, una nueva magistrada como titular del Despacho 003. Señala que, al día siguiente, la funcionaria judicial le asignó la realización de las liquidaciones del proceso radicado núm. 2023-00161BCB7, asunto que involucra 82 postulados, aproximadamente 750 hechos y cerca de 950 víctimas directas e indirectas. Adicionalmente, refiere que el plazo para la

1 Que ingresó al despacho para fallo el 25 de septiembre de 2026.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2 entrega fue fijado en dos partes: el 50% el 1° de junio de 2026 y el remanente el 19 de junio de 2026.

Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2 entrega fue fijado en dos partes: el 50% el 1° de junio de 2026 y el remanente el 19 de junio de 2026.

4. Aduce que, por el incumplimiento de la labor encomendada, la magistrada le solicitó verbalmente la presentación de su carta de renuncia, sin exponerle motivación alguna.

5. Por lo anterior, radicó un escrito en el cual informó que contaba con 1.500 semanas cotizadas al sistema pensional, tenía 55 años de edad y estaba diagnosticada con hipotiroidismo en tratamiento permanente. En virtud de ello, pidió que se estudiara su situación a la luz de su condición de prepensionada.

6. Sin embargo, por medio de la Resolución núm. 012 del 21 de mayo de 2026, la magistrada titular declaró insubsistente su nombramiento, con efectos fiscales a partir de la misma fecha.

Pretensiones

7. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se

transcribe textualmente):

“[…] solicito respetuosamente al despacho judicial que ampare los derechos fundamentales a la igualdad material, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante, los cuales han sido vulnerados como consecuencia de la declaratoria de insubsistencia que desconoce su condición de prepensionado y la protección reforzada derivada del retén social; en consecuencia, se ordene a la entidad accionada reintegrar al accionante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad, garantizando el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, o

accionada reintegrar al accionante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad, garantizando el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, o en su defecto, adoptar las medidas necesarias que aseguren la continuidad en las cotizaciones al sistema de seguridad social hasta la consolidación efectiva del derecho pensional, evitando así la configuración de un perjuicio irremediable y garantizando la protección real y efectiva de sus derechos fundamentales”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte accionante sostiene que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la expedición de la Resolución núm. 012 del 21 de mayo de 2026, incurrió en una vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad material, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital, así como del reconocimiento que la Corte Constitucional ha efectuado del denominado retén social, el cual constituye un mecanismo de protección reforzada de origen constitucional, dirigido a garantizar la permanencia en el empleo de sujetos en condición de vulnerabilidad, con el fin de evitar la afectación de sus garantías laborales.

9. Al respecto, precisa que la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados constituye una garantía constitucional que limita el ejercicio de las potestades discrecionales de la administración, en tanto impone el deber de abstenerse de

2 Folios 9 y 10 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz

2 Folios 9 y 10 del escrito de tutela.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3 adoptar decisiones de desvinculación que afecten de manera desproporcionada el acceso efectivo a la pensión. Por ello, aduce que la declaratoria de insubsistencia de una persona próxima a pensionarse, que interrumpe sus cotizaciones y compromete su mínimo vital, configura una vulneración iusfundamental directa, supuesto que, a su juicio, hace procedente el amparo constitucional.

Trámite procesal

10. La acción de tutela de la referencia fue repartida inicialmente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, por medio de auto del 4 de junio de 20263, admitió la demanda y ordenó notificar a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como accionada, y vincular al señor Diego Fernando Monrroy Osorio como tercero con interés en el proceso.

11. Posteriormente, a través de sentencia del 18 de junio de 2026 4, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y no acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.

12. Inconforme con la decisión precitada, la parte actora presentó impugnación. El conocimiento del recurso de alzada correspondió a la Sala de Casación Civil,

de un perjuicio irremediable.

12. Inconforme con la decisión precitada, la parte actora presentó impugnación. El conocimiento del recurso de alzada correspondió a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia que, mediante auto del 9 de septiembre de 20265, dicha autoridad judicial declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio, sin perjuicio de las pruebas recaudadas, y ordenó remitir las diligencias al Consejo de Estado.

13. En cumplimiento de lo ordenado, el 14 de septiembre de 20266 la Secretaría de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia remitió el asunto a la Presidencia del Consejo de Estado, dependencia que, a su vez, remitió el proceso a la Secretaría General de esta Corporación.

14. Ese mismo día7, por conducto de la Secretaría General, el expediente ingresó a este despacho para resolver sobre la admisión del asunto.

15. Por medio de auto del 15 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, como entidad accionada, y al ciudadano Diego Fernando Monrroy Osorio o a quien ostentara el cargo que desempeñaba la accionante en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en calidad de tercero con interés en las resultas del

3 Obra en certificado 38ED78E2377411BC 3B3764ABC4DE136D 302EC26A58ACF824 99297553A8666B96, índice 2 de Samai.

3 Obra en certificado 38ED78E2377411BC 3B3764ABC4DE136D 302EC26A58ACF824 99297553A8666B96, índice 2 de Samai. 4 Obra en certificado 49A132E27AB780DE 59C4E7EB65BB88A5 0CF0F981DF652427 39DBFD8CBB6E9562, índice 2 de Samai. 5 Obra en certificado 973BEC9134BED824 211DF98688494568 5434D6D9F4611C1A 6FBECBD7DBFC9FB8, índice 2 de Samai. 6 Obra en certificado 7922327F50F4DD53 7025D44A543B17E5 19A149D554AA209D 20E593D1629DEDB5, índice 2 de Samai. 7 Índice 3 de Samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4 proceso. De igual modo, ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Intervenciones

16. El señor Diego Fernando Monrroy Osorio , en su calidad de contador liquidador de tribunal grado 17 del Despacho 003 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, informó que a la fecha de la presentación del memorial de contestación había logrado culminar el 100 % de las liquidaciones a su cargo dentro del término indicado. Asimismo, expuso que no

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, informó que a la fecha de la presentación del memorial de contestación había logrado culminar el 100 % de las liquidaciones a su cargo dentro del término indicado. Asimismo, expuso que no podía pronunciarse frente a los hechos expuestos en la presente acción de tutela, en la medida en que correspondían a situaciones ocurridas con anterioridad a su posesión.

17. Sin embargo, sostuvo que el mecanismo de amparo es improcedente, en la medida en que la accionante acudió directamente a la acción de tutela sin exponer una argumentación suficiente dirigida a demostrar por qué, en este caso concreto, la vía ordinaria ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo resultaría ineficaz o inidónea y, por esa razón, se habilitaría la intervención excepcional del juez constitucional.

18. Por tales razones, solicitó que se declare improcedente la tutela o, en caso de considerarla procedente, se niegue el amparo pretendido.

19. El magistrado Andrés Giovanni Rosas Calvo, como integrante de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, expuso que tomó posesión del cargo de titular del Despacho 003 el 14 de julio de 2026, según consta en el Acta núm. 52. Por tanto, dado que los hechos narrados por la accionante ocurrieron entre el 4 y el 21 de mayo de 2026, incluida la expedición de la Resolución nro. 012 de 2026, mediante la cual se declaró su insubsistencia, es decir, fueron anteriores a su nombramiento, no tuvo conocimiento directo de su ocurrencia.

la Resolución nro. 012 de 2026, mediante la cual se declaró su insubsistencia, es decir, fueron anteriores a su nombramiento, no tuvo conocimiento directo de su ocurrencia.

20. No obstante, señaló que existe un medio judicial ordinario idóneo para controvertir el acto de insubsistencia y solicitar, incluso, medidas cautelares. De igual modo, precisó que, si la accionante no acreditó una afectación actual o inminente de tal entidad que torne ineficaz ese mecanismo, no hay razón constitucional para desplazar la competencia del juez natural del asunto, por lo que la acción de tutela debe declararse improcedente.

21. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

5 Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la acción de tutela satisface el

5 Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad, pese a que la señora Marlene Tunjano Muñoz dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución núm. 012 del 21 de mayo de 2026, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento, y puede solicitar dentro de ese proceso las medidas cautelares previstas en el CPACA; o si, por el contrario, las circunstancias particulares que invoca —su condición de prepensionada, su estado de salud, la afectación de su mínimo vital y su calidad de madre de un menor de edad — permiten concluir que dichos mecanismos no resultan idóneos o eficaces, o que existe un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención excepcional del juez constitucional?

24. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a la igualdad material, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Marlene Tunjano Muñoz al declarar insubsistente, mediante la Resolución núm. 012 del 21 de mayo de 2026, su nombramiento como contadora grado 17, pese a que previamente informó contar con 1.500 semanas cotizadas, tener 55 años de edad y encontrarse próxima a cumplir el requisito etario para acceder a la pensión de vejez; y, en particular, si esas circunstancias le otorgaban

tener 55 años de edad y encontrarse próxima a cumplir el requisito etario para acceder a la pensión de vejez; y, en particular, si esas circunstancias le otorgaban la condición de prepensionada beneficiaria de estabilidad laboral reforzada en los términos de la jurisprudencia constitucional?

25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

26. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los particulares en los casos que señale la ley.

27. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que laRadicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz

Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que laRadicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

6 acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”8.

28. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por una acción o una omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la protección de los derechos fundamentales que considera conculcados, debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico susceptible de amparo.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’9(se destaca)10.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de tutela

mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’9(se destaca)10.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de tutela

29. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos de la jurisprudencia constitucional.

30. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;

(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del accionante.

31. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, cuando la persona que solicita el amparo se encuentra en una situación de especial protección constitucional, el examen del requisito de subsidiariedad debe efectuarse

accionante.

31. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, cuando la persona que solicita el amparo se encuentra en una situación de especial protección constitucional, el examen del requisito de subsidiariedad debe efectuarse atendiendo a sus circunstancias particulares, con el propósito de establecer si, en

8 Art. 5. Decreto 2591 de 1991. 9 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”. 10 T-346-10.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7 el caso concreto, el mecanismo judicial ordinario resulta efectivamente idóneo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales. Así, ha sostenido la Corte:

“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia transitoria.

47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de

mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del accionante”.11

Caso concreto

32. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.

33. En el caso bajo estudio, la parte accionante cuestiona la expedición de la Resolución núm. 012 del 21 de mayo de 2026, por medio de la cual la entonces titular del Despacho 003 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de contador grado 17. Con fundamento en ello, solicita que se ordene a la entidad accionada su reintegro al empleo que desempeñaba o uno de igual o superior categoría, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.

34. Al respecto, en primer lugar, se advierte que la legalidad de la Resolución núm. 012 del 21 de mayo de 2026 puede ser controvertida mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por tratarse de un acto administrativo que regula una situación jurídica particular y concreta. En dicho proceso, la accionante puede solicitar el reintegro, el reconocimiento de salarios y prestaciones dejados de percibir y, además, las medidas cautelares que estime necesarias para proteger

regula una situación jurídica particular y concreta. En dicho proceso, la accionante puede solicitar el reintegro, el reconocimiento de salarios y prestaciones dejados de percibir y, además, las medidas cautelares que estime necesarias para proteger provisionalmente sus derechos mientras se adopta una decisión definitiva. Por tanto, existe un mecanismo judicial ordinario, en principio idóneo, para resolver la controversia planteada, sin que la acción de tutela pueda utilizarse como instrumento alternativo o sustitutivo de aquel.

35. Ahora bien, en los argumentos que sustentan la petición de amparo, la actora alega una estabilidad laboral reforzada dada su situación de prepensionada, lo que habilitaría la procedencia de la acción de tutela. Esto, en atención a que, a la fecha de la presentación de la demanda, contaba con 1.500 semanas cotizadas al sistema pensional y con 55 años de edad.

11 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

8

36. En ese orden de ideas, esta Subsección considera necesario precisar lo

siguiente:

37. Para determinar si las circunstancias alegadas por la accionante afectan la idoneidad y la eficacia del medio ordinario de defensa o permiten advertir la existencia de un perjuicio irremediable, resulta pertinente recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-003 de 201812, unificó las reglas relativas a la

existencia de un perjuicio irremediable, resulta pertinente recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-003 de 201812, unificó las reglas relativas a la condición de prepensionado, la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran próximos a consolidar su derecho pensional y el alcance de dicha protección respecto de servidores que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción.

38. En esa providencia, la Corte precisó, entre otras reglas, que (i) los empleos de libre nombramiento y remoción, por las especiales condiciones de confianza que los caracterizan, no están sometidos, por regla general, a la estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de prepensionado; y (ii) cuando la persona ya acredita el número mínimo de semanas o el tiempo de servicios requerido para acceder a la pensión de vejez y únicamente le falta cumplir el requisito de edad, la terminación del vínculo laboral no frustra, por sí misma, la consolidación del derecho pensional, pues dicha exigencia puede cumplirse con o sin vinculación laboral vigente.

39. Sobre este último punto, la Corte precisó que el requisito faltante de edad podía ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente, y expuso

en relación:

“59. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito

dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez. Para fundamentar esta segunda regla de unificación jurisprudencial se hace referencia a la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado la figura y a su finalidad específica, en aras de determinar por qué, en el supuesto de unificación, no se frustra el acceso a la pensión de vejez.

60. Conforme a los pronunciamientos de las distintas Salas de Revisión de esta Corte, la figura de la ‘prepensión’ es diferente a la del denominado ‘retén social’, figura de origen legal, que opera en el contexto de la renovación, reestructuración o liquidación de entidades públicas. La ‘prepensión’, según la jurisprudencia de unificación de esta Corte, se ha

entendido en los siguientes términos:

‘[…] en la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas beneficiarias de la protección especial, es decir los prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez’.

12 Magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz

vejez’.

12 Magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido.Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07466-00

Accionante: Marlene Tunjano Muñoz Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Justicia y Paz Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

9

61. Así las cosas, en principio, acreditan la condición de ‘prepensionables’ las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de serviciorequerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión”13.

40. En el presente asunto, la señora Marlene Tunjano Muñoz afirma contar con 1.500 semanas cotizadas y tener 55 años, de manera que, según lo expuesto en la solicitud de amparo, únicamente se encontraría pendiente el cumplimiento del requisito etario para acceder a la pensión de vejez. Además, la Resolución núm. 012 del 21 de mayo de 2026 señala expresamente que se encontraba vinculada en un cargo de libre nombramiento y remoción. En esas condiciones, y únicamente para efectos del examen de subsidiariedad, la situación de la actora impi de reconocer la estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de prepensionada en este trámite, pues el único requisito pendiente sería el cumplimiento de la edad, de acuerdo con la sentencia SU -003 de 2018. Esta

reconocer la estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de prepensionada en este trámite, pues el único requisito pendiente sería el cumplimiento de la edad, de acuerdo con la sentencia SU -003 de 2018. Esta situación evidencia la improcedencia de la acción de tutela, dado que el medio idóneo de defensa judicial radica en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

41. Adicionalmente, si considera que su caso amerita una valoración de urgencia, puede ejercer las medidas cautelares contempladas en los artículos 229 a 241 del CPACA, las cuales facultan al juez para que decrete las órdenes necesarias para proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y los derechos y garantías procesales de la demandante.

42. Así las cosas, es

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