CE - Sentencia 11001031500020260756700 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260756700 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-07567-00
Accionante: DORIS CECILIA PIMIENTO REMOLINA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con pretensión de reconocimiento y pago de prima especial de servicios y bonificación judicial. Noción de plazo razonable para decidir. Presunta mora judicial injustificada
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Doris Cecilia Pimiento Remolina , quien actúa en nombre propio, contra la Subsección B 1 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de septiembre de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, petición, dignidad humana y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada.
de sus derechos fundamentales al debido proceso , igualdad, petición, dignidad humana y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Que se me respete el debido proceso sin dilaciones injustificadas, el derecho de petición, mi dignidad humana como servidora judicial, mis derechos como mujer en condiciones de inferioridad e igualdad y se apliquen las normas que rigen el tema ya debatidas y aplicadas por esta respetable entidad, con prioridad, celeridad considerando el tiempo que se ha agotado en este trámite y la supervivencia que el ser humano tiene establecida en trabajo como el nuestro donde el stress, el agotamiento mental y condiciones físicas llevan a un alto grado de probabilidad de un mayor índice de deterioro por las secuelas mentales y físicas que se padece y, de las que soy víctima al haber laborado como juez ocho años en zonas de orden público (magdalena medio santandereano como juez). Derechos que están flagrantemente afectados por la mora en resolver el asunto sometido a consideración del Honorable Magistrado accionado. Anexo documentos que acreditan lo expuesto en esta acción”.
2. Hechos
De los procesos de tutela y ordinario se observan como hechos relevantes los siguientes: La parte actora afirmó que se encuentra vinculada laboralmente a la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bucaramanga, desde el 1.º de julio de 1991.
Relató que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 680012333000 -20171
Relató que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 680012333000 -20171 Despacho del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07567-00
Accionante: Doris Cecilia Pimiento Remolina
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2 00188-00, contra la Fiscalía General de la Nación, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces. Indicó que, mediante sentencia del 14 de marzo de 2025, esa autoridad judicial accedió a las pretensiones de la demanda y que la entidad accionada interpuso recurso de apelación contra dicha decisión.
Adujo que el proceso judicial ha presentado una prolongada demora en su resolución y que, para la fecha de presentación de la tutela, el recurso de apelación llevaba más de un año en el despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera 2 , sin que se hubiera proferido sentencia de segunda instancia. Agregó que otros servidores judiciales que promovieron reclamaciones similares ya obtuvieron decisiones favorables, cuyos efectos se han reflejado en el reconocimiento de primas, vacaciones y cesantías.
Expuso que desde 2016, su situación económica se ha deteriorado progresivamente, debido a las obligaciones familiares que tiene a su cargo. Afirmó que debe atender las necesidades de su padre, José Expedito Pimiento Velásquez,
Expuso que desde 2016, su situación económica se ha deteriorado progresivamente, debido a las obligaciones familiares que tiene a su cargo. Afirmó que debe atender las necesidades de su padre, José Expedito Pimiento Velásquez, de 90 años, quien padece alzh éimer; de su hermano, José de Jesús Pimiento Remolina, quien presenta problemas renales, hipertensión y niveles elevados de azúcar, y de su madre, Georgina Remolina de Pimiento, de 85 años, quien tiene prótesis en ambas rodillas, cáncer de médula, artritis y enfermedades reumáticas que le impiden valerse por sí misma.
Afirmó que el reconocimiento económico dispuesto en la sentencia de primera instancia le permitiría atender sus obligaciones y mejorar sus condiciones de vida, sin necesidad de acudir constantemente a créditos. Agregó que la falta de resolución del recurso de apelación ha impedido que pueda disponer de los recursos reconocidos judicialmente.
Refirió que mediante memorando del 10 de marzo de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impartió orientaciones relacionadas con el desistimiento de recursos de apelación en procesos de reconocimiento de derechos salariales y prestacionales. No obstante, indicó que la Fiscalía General de la Nación mantiene la impugnación formulada contra la sentencia favorable a sus intereses.
Para terminar, sostuvo que es una mujer cabeza de familia, próxima a una etapa de retiro laboral, y que la prolongación del trámite judicial agrava sus dificultades económicas y familiares. Por ello, solicitó que se otorgue prioridad a la resolución de su proceso, dadas las circunstancias personales y familiares que expuso.
3. Fundamentos de la acción
económicas y familiares. Por ello, solicitó que se otorgue prioridad a la resolución de su proceso, dadas las circunstancias personales y familiares que expuso.
3. Fundamentos de la acción
La Sala precisa que si bien el escrito de tutela no contiene un acápite específico de fundamentos jurídicos ni desarrolla jurisprudencia sobre la materia, de su lectura integral se advierte que la señora Doris Cecilia Pimiento Remolina promovió la acción c onstitucional al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas, de petición, a la igualdad , de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana, con ocasión de lo que considera una mora judicial injustificada en la resolución del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia que accedió a sus pretensiones dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discute el reconocimiento y pago de la bonificación judicial y la prima especial de servicios.
2 Se advierte en samai que el proceso fue repartido al magistrado accionado el 29 de abril de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07567-00
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3 Sostuvo que la administración de justicia debía actuar de manera pronta, cumplida y eficaz, por lo que estimó injustificado que su proceso permaneciera pendiente de decisión en segunda instancia, pese al tiempo transcurrido desde su presentación
3 Sostuvo que la administración de justicia debía actuar de manera pronta, cumplida y eficaz, por lo que estimó injustificado que su proceso permaneciera pendiente de decisión en segunda instancia, pese al tiempo transcurrido desde su presentación y a que el expediente llevaba más de un año al despacho del magistrado accionado, sin que se hubiera resuelto el recurso de apelación.
Alegó que también se había desconocido su derecho a la igualdad, pues otros servidores judiciales que promovieron reclamaciones similares ya habían obtenido decisiones favorables y el reconocimiento de sus derechos salariales y prestacionales, mientras que ella continuaba a la espera de una decisión definitiva que le permitiera acceder a los beneficios económicos reconocidos en primera instancia.
En cuanto al derecho de petición manifestó que había presentado solicitudes de impulso procesal ante el Consejo de Estado, pero las respuestas recibidas se limitaron a acusar recibo, sin ofrecer información concreta sobre el turno asignado a su proceso, las actuaciones adelantadas o las razones por las cuales no se había resuelto el recurso.
Por último, afirmó que la prolongación del trámite judicial afectaba su dignidad humana y agravaba su situación económica y familiar, debido a las obligaciones financieras que debía asumir y a las condiciones de salud de sus padres y de su hermano, quienes dependían de su apoyo.
Sobre el particular, señaló que adquirió una obligación crediticia con el Banco de Occidente por valor de $336.257.943,62, de la cual se descuenta mensualmente de su salario la suma de $6.847.915. Añadió que debe asumir un canon de arrendamiento de $2.500. 000, así como gastos de medicamentos, pañales,
de su salario la suma de $6.847.915. Añadió que debe asumir un canon de arrendamiento de $2.500. 000, así como gastos de medicamentos, pañales, enfermería, servicios domésticos, transporte, vestuario y un aporte adicional de $2.000.000 para el sostenimiento de su madre.
Por tales circunstancias, consideró necesario que se otorgara prioridad a su proceso y se resolviera con celeridad el recurso de apelación, a fin de obtener una decisión definitiva sobre los derechos económicos reconocidos en la sentencia de primera instancia.
4. Trámite procesal
Por auto de 18 de septiembre de 202 6, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó la notificación a los accionantes y a la autoridad judicial accionada. De igual modo, se vinculó como terceros interesados al Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Conjueces y a la Nación – Fiscalía General de la Nación. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios correspondientes el 22 de septiembre de 2026.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El consejero sustanciador del caso s e opuso a las pretensiones de la acción de tutela y sostuvo, con fundamento en la sentencia T -183 de 2024 de la Corte Constitucional, que el incumplimiento de los términos procesales no configura necesariamente una mora judicial injustificada, pues para ello resulta indispensable establecer si la tardanza obedece a la falta de diligencia de la autoridad judicial o si
Constitucional, que el incumplimiento de los términos procesales no configura necesariamente una mora judicial injustificada, pues para ello resulta indispensable establecer si la tardanza obedece a la falta de diligencia de la autoridad judicial o si existieron circunstancias razonables que la justificaron, como la complejidad delRadicado: 11001-03-15-000-2026-07567-00
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4 asunto, la congestión judicial o las deficiencias estructurales de la administración de justicia.
Explicó que el despacho a su cargo adelanta una gestión eficiente, pese a la elevada carga laboral. Al respecto, señaló que durante 2025 registró 1588 egresos efectivos, el mayor número de todo el Consejo de Estado, y que entre enero y junio de 2026 alcanzó 659 egresos efectivos. Agregó que cuenta con aproximadamente 907 procesos activos, de los cuales 807 correspondieron a asuntos ordinarios y 100 a constitucionales. Por tanto, considera necesario valorar los tiempos de resolución de los procesos a partir de las deficiencias estructurales de la Rama Judicial y de la situación particular de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que concentra la mayor asignación de procesos de la Corporación.
En cuanto al caso concreto, precisó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la accionante fue repartido a su despacho el 29 de abril de 2025, que mediante auto del 7 de julio siguiente se admitió el recurso de
En cuanto al caso concreto, precisó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la accionante fue repartido a su despacho el 29 de abril de 2025, que mediante auto del 7 de julio siguiente se admitió el recurso de apelación y que el expediente ingresó para fallo el 28 del mismo mes y año. Afirmó que tales actuaciones demuestran la celeridad del trámite y descartan la existencia de una mora judicial injustificada, pues la decisión pendiente queda sujeta al orden cronológico de ingreso de los procesos, conforme al artículo 63A de la Ley 270 de
1996. En consecuencia, solicitó negar el amparo constitucional, dado que el asunto ha recibido un trámite oportuno.
5.2. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander y la Fiscalía General de la Nación guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha incurrido en una mora judicial injustificada al resolver el recurso de apelación presentado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 680012333000 -2017-00188-00/03 que comporte una vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
recurso de apelación presentado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 680012333000 -2017-00188-00/03 que comporte una vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
3. De la mora judicial y la noción de plazo razonable
La mora judicial ha sido definida como la conducta dilatoria del juez que desconoce los términos legales para resolver un asunto, sin que exista una justificación probada y razonable, lo cual puede constituir un obstáculo para el acceso a la administración de justicia 3 . Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C -279 de 2013 4 , precisó que este derecho fundamental no se limita a la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales, sino que comprende la obtención de decisiones de fondo
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2012, exp. 2012-0005201(AC). 4 Corte Constitucional, sentencia C-279 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07567-00
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5 mediante procedimientos idóneos y efectivos, dentro de un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las deficiencias estructurales de la administración de justicia no eliminan la garantía de un debido
dilaciones injustificadas.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las deficiencias estructurales de la administración de justicia no eliminan la garantía de un debido proceso sin dilaciones injustificadas, por lo que, aun en tales circunstancias, corresponde acreditar que se agotaron los medios disponibles para evitar el retraso 5 . Asimismo, en la sentencia SU -394 de 2016 6 , reiterada en la sentencia T -186 de 2017 7 , estableció que la mora judicial injustificada se configura cuando concurren tres presupuestos: (i) el incumplimiento objetivo del término judicial, (ii) la ausencia de un motivo razonable que justifique la dilación y (iii) la imputabilidad de la tardanza a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial 8
Para determinar si el plazo resulta irrazonable, deben examinarse las circunstancias particulares del asunto, su complejidad, la conducta procesal de las partes, la actuación de la autoridad judicial, la valoración global del procedimiento y los intereses comprometidos. En consecuencia, el solo vencimiento de los términos legales no configura, por sí mismo, una mora judicial injustificada, pues resulta indispensable valorar los factores objetivos y subjetivos que expliquen la tardanza.
Finalmente, en la sentencia T -441 de 2020 9 , la Corte Constitucional reiteró que el derecho de acceso a la administración de justicia comprende la garantía de obtener una respuesta judicial efectiva y oportuna. Por tanto, cuando se acredite una mora judicial injustificada que vulnere derechos funda mentales, el juez de tutela podrá ordenar que se resuelva el asunto dentro de un término perentorio o con
una respuesta judicial efectiva y oportuna. Por tanto, cuando se acredite una mora judicial injustificada que vulnere derechos funda mentales, el juez de tutela podrá ordenar que se resuelva el asunto dentro de un término perentorio o con observancia de los plazos previstos en la ley.
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Doris Cecilia Pimiento Remolina , quien actúa en nombre propio, solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas, de petición, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana, que considera vulnerados por la presunta mora judicial injustificada en la que aduce ha incurri do la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001 -23-33-000-201700188-03. Sostuvo que, pese al t iempo transcurrido y a las solicitudes de impulso procesal que presentó, no ha obtenido una decisión definitiva, circunstancia que agrava su situación económica y familiar, debido a las obligaciones financieras que asumió y a las condiciones de salud de su s padres y de su hermano, quienes dependen de su apoyo.
Frente a lo anterior, el magistrado sustanciador del caso informó que el proceso fue repartido a su despacho el 29 de abril de 2025, que mediante auto del 7 de julio siguiente se admitió el recurso de apelación y que el expediente ingresó para fallo
repartido a su despacho el 29 de abril de 2025, que mediante auto del 7 de julio siguiente se admitió el recurso de apelación y que el expediente ingresó para fallo el 28 de julio de ese año. Sostuvo que no exist e mora judicial injustificada, pues el asunto ha recibido el impulso procesal correspondiente y su resolución queda sujeta al orden cronológico de turnos previsto en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996.
5 Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-394 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 7 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2017, M. P. María Victoria Calle Correa. 8 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 Corte Constitucional, sentencia T-441 de 2020, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07567-00
Accionante: Doris Cecilia Pimiento Remolina
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
6 Explicó que el despacho enfrenta una elevada carga laboral con aproximadamente 907 procesos activos, y destacó que durante 2025 registró 1588 egresos efectivos y entre enero y junio de 2026, otros 659. Por ello, consider a que la congestión estructural de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el volumen de asuntos
907 procesos activos, y destacó que durante 2025 registró 1588 egresos efectivos y entre enero y junio de 2026, otros 659. Por ello, consider a que la congestión estructural de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el volumen de asuntos a su cargo justifica n el tiempo transcurrido, razón por la cual solicitó negar el amparo.
En ese contexto, verificado el Sistema para la Gestión Judicial Samai, la Sala observa que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 68001-23-33-000-2017-00188-03 se registraron las siguientes actuaciones relevantes:
Fecha Actuación 25/04/2025 Ingresa el proceso al Consejo de Estado 29/04/2025 Se reparte el proceso al despacho accionado 07/07/2025 Se admite el recurso de apelación 11/07/2025 Se notifica el auto anterior 28/07/2025 Ingresa el proceso para sentencia 03/11/2025 Se presenta memorial de impulso procesal 10 29/01/2026 Se reitera memorial de impulso procesal 06/02/2026 Se presenta memorial de impulso procesal 11
Conforme a lo anterior, la Sala evidencia que una vez proferida la sentencia de primera instancia por la Sala de Conjueces d el Tribunal Administrativo de Santander, el proceso fue remitido al Consejo de Estado, donde se registró el 25 de abril de 2025 y se repartió al despacho del magistrado accionado el 29 de abril siguiente. Posteriormente, mediante auto del 7 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, providencia que se
siguiente. Posteriormente, mediante auto del 7 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, providencia que se notificó por estado el 11 de julio de ese año. El 28 de julio de 2025, el expediente ingresó al despacho para sentencia, estado en el que ha permanecido según las actuaciones consultadas.
Asimismo, se observa que la accionante presentó memoriales el 3 de noviembre de 2025, el 29 de enero y el 5 de febrero de 2026, sin que en el registro de actuaciones aportado se evidencie una decisión posterior sobre el recurso de apelación. No obstante, esta circunstancia, por sí sola, no permite concluir , aun cuando se haya superado el término legal para dictar sentencia de segunda instancia, que se configuró una mora judicial injustificada atribuible al magistrado sustanciador, pues resulta necesario valorar las condiciones particulares del trámite, la carga laboral del despacho y las razones que explican el tiempo transcurrido.
Sobre el particular, el magistrado accionado expuso que su despacho enfrenta una elevada congestión judicial derivada del volumen de procesos asignados a la Sección Segunda del Consejo de Estado. Como respaldo de esa afirmación, aportó información estadística sobre el número de procesos activos y los egresos efectivos registrados durante 2025 y el primer semestre de 2026, datos que refleja n una actividad jurisdiccional sostenida. Tales circunstancias constituyen elementos objetivos que deben valorarse al determinar si la demora obedec e a una conducta omisiva del funcionario judicial o a las dificultades estructurales que afecta n el funcionamiento del despacho.
objetivos que deben valorarse al determinar si la demora obedec e a una conducta omisiva del funcionario judicial o a las dificultades estructurales que afecta n el funcionamiento del despacho.
A lo anterior , se suma que el proceso se encuentra pendiente de sentencia de segunda instancia y que, según lo informado por el magistrado accionado, su resolución está sujeta al orden cronológico de turnos previsto en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996. Este mecanis mo procura garantizar la igualdad y la
10 Se revisa por la Sala el memorial y únicamente se solicita impulso procesal sin otra manifestación o solicitud. 11 En el memorial pone de presente que a otros compañeros ya se les resolvió el recurso de apelación.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07567-00
Accionante: Doris Cecilia Pimiento Remolina
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7 transparencia en la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales, de manera que su alteración exige una justificación objetiva que permita otorgar un tratamiento preferente a determinado asunto.
Así las cosas, la Sala no desconoce las circunstancias personales y familiares expuestas por la accionante, en particular las enfermedades que, según afirm a, padecen sus padres y su hermano, las obligaciones económicas que asumió para atender sus necesidades y las dificultades financieras que atribuyó a la falta de una decisión definitiva. Sin embargo, no permiten establecer, por sí solas, que la
padecen sus padres y su hermano, las obligaciones económicas que asumió para atender sus necesidades y las dificultades financieras que atribuyó a la falta de una decisión definitiva. Sin embargo, no permiten establecer, por sí solas, que la autoridad judicial accionada incurrió en mora judicial injustificada, pues la protección constitucional frente a las dilaciones judiciales exige verificar que el retraso carezca de una justificación razonable y resulte imputable a la falta de diligencia del funcionario encargado del proceso , en definitiva , que se desconozca la noción de plazo razonable.
De igual manera, el hecho de que otros servidores judiciales hayan obtenido decisiones favorables en procesos relacionados con el reconocimiento de derechos salariales y prestacionales no demuestra, por sí mismo, un desconocimiento de la igualdad, en tanto derecho relacional . Para ello resulta necesario acreditar que los asuntos invocados como referentes presentaron circunstancias procesales comparables y que recibieron un tratamiento diferente sin justificación objetiva, aspectos que no se desprenden de los elementos examinados.
En ese orden de ideas, a partir de las actuaciones registradas en el Sistema de para la Gestión Judicial Samai, las explicaciones ofrecidas por el magistrado sustanciador y las particularidades del caso, la Sala considera que no se acredit a una inactividad judicial arbitraria o atribuible a la falta de diligencia de la autoridad accionada. Por el contrario, se observa que el recurso de apelación ha recibido el trámite correspondiente y que la decisión pendiente se encuentra sujeta al sistema de turnos, en un contexto de elevada carga laboral respaldado por las estadísticas aportadas en la contestación.
Por consiguiente, no se configuran los presupuestos para establecer la existencia
trámite correspondiente y que la decisión pendiente se encuentra sujeta al sistema de turnos, en un contexto de elevada carga laboral respaldado por las estadísticas aportadas en la contestación.
Por consiguiente, no se configuran los presupuestos para establecer la existencia de mora judicial injustificada ni se advierte, por ese concepto, la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante, razón por la cual se negará el amparo solicitado.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima pertinente precisar que la señora Doris Cecilia Pimiento Remolina , si a bien lo tiene, podrá solicitar ante el despacho sustanciador la prelación de turno para fallo, para lo cual deberá aportar los elementos probatorios que acrediten las circunstancias excepcionales que, a su juicio, justifican un tratamiento preferente. Corresponderá a la autoridad judicial examinar dicha solicitud conforme a las disposiciones legales aplicables y a las particularidades del asunto.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la demanda de tutela promovida por la señora Doris Cecilia Pimiento Remolina, quien actúa en nombre propio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07567-00
Accionante: Doris Cecilia Pimiento Remolina
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Accionante: Doris Cecilia Pimiento Remolina
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8 Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.