CE - Sentencia 11001031500020260758300 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260758300 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de

Administración de Carrera Judicial Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Inscripción Convocatoria 28

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Berna Paola Rojas Roa contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de septiembre de 2026, la señora Berna Paola Rojas Roa interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, a la confianza legítima y a la

tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, a la confianza legítima y a la prevalencia del derecho sustancial . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«(…) PRIMERA: Dejar sin efecto la decisión de no admisión o rechazo contenida en la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026 (Anexo 1) proferida en mi contra dentro de la Convocatoria 28 de la Rama Judicial para el cargo de JUEZ PROMISCUO

MUNICIPAL.

SEGUNDA: Aplicar el precedente judicial vinculante fijado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STP5284 -2023, declarando que la manifestación de voluntad efectuada en la plataforma suple la exigencia sustancial de ausencia de inhabilidades.

TERCERA: Ordenar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, revoque la Causal 5 aplicada a mi postulación y proceda a decretar mi admisión formal en la Convocatoria 28 para continuar en igualdad de condiciones en las siguientes etapas del concurso de méritos.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

De la Convocatoria 28 en relación con la tutelanteRadicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

2

De la Convocatoria 28 en relación con la tutelanteRadicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA25 -12348 del 13 de noviembre de 2025 (Convocatoria 28), mediante el cual convocó al concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Afirmó la demandante que, dentro del término establecido para ello, se inscribió a través de la plataforma CARJUD APP, en la modalidad de ingreso, para el cargo de juez promiscuo municipal. Indicó que durante la inscripción aportó los documentos relativos a su identificación, formación académica, título de abogada, tarjeta profesional y experiencia laboral.

El 3 de agosto de 2026, mediante la Resolución núm. CJR26 -0497, la entidad demandada publicó el listado de aspirantes admitidos y rechazados en el concurso de méritos, y en su artículo 2 rechazó del concurso a los aspirantes que se encontraban registrados en el anexo 2, donde se incluyó a la tutelante por la causal núm. 5, esto es, « No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF».

Asimismo, en el artículo 3 del referido acto, se dispuso que los aspirantes rechazados

es, « No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF».

Asimismo, en el artículo 3 del referido acto, se dispuso que los aspirantes rechazados podrían solicitar la verificación de documentación dentro de los 3 días siguientes a la notificación de esa decisión.

Con el escrito de tutela, la accionante aportó una declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por ella, fechada el 19 de noviembre de 2025.

Según la contestación de la entidad demandada, la accionante solicitó oportunamente, a través de CARJUD APP, la verificación de la documentación aportada al momento de la inscripción, solicitud que, para el momento de la presentación de la acción de tutela (16 de septiembre de 2026) y de la contestación (28 de septiembre de 2026), se encontraba pendiente de decisión.

La señora Rojas Roa también promovió acción de tutela contra la misma entidad, radicada bajo el número 11001-02-30-000-2026-01475-00, la cual fue admitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 22 de septiembre de 2026 y contestada por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial con el Oficio CJO26-4957 del 23 de septiembre de 2026.

3. Argumentos de la acción de tutela

La accionante sostuvo que la decisión de rechazo incurrió en un exceso ritual manifiesto, al privilegiar el cumplimiento de una exigencia formal sobre la finalidad sustancial de acreditar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el

La accionante sostuvo que la decisión de rechazo incurrió en un exceso ritual manifiesto, al privilegiar el cumplimiento de una exigencia formal sobre la finalidad sustancial de acreditar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo. En su criterio, la aplicación de las reglas de la convocatoria debía atender a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho sustancial, sin sacrificar injustificadamente sus garantías fundamentales.

Afirmó que la aceptación de la declaración juramentada general incorporada en el aplicativo CARJUD -APP constituía una manifestación de voluntad orientada a satisfacer la finalidad sustancial del requisito, por lo que consideró desproporcionado derivar su e xclusión definitiva de la falta de visualización o presentación del archivo PDF independiente.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

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Asimismo, invocó la Sentencia STP5284 -2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al estimar que dicho pronunciamiento examinó una situación análoga en el marco de un concurso de méritos de la Rama Judicial y reconoció la posible con figuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En consecuencia, solicitó la aplicación de ese precedente a su caso, en garantía de los principios de igualdad y confianza legítima.

Finalmente, alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,

manifiesto. En consecuencia, solicitó la aplicación de ese precedente a su caso, en garantía de los principios de igualdad y confianza legítima.

Finalmente, alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, así como el desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial. Por consiguiente, pidió dejar sin efectos la decisión de rechazo, revocar la causal aplicada a su postulación y ordenar su admisión en la Convocatoria 28.

4. Trámite previo

Mediante auto del 18 de septiembre de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la demandante; al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en condición de demandado, y a los aspirantes al cargo de juez promiscuo municipal relacionados en la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026, expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial en el marco de la Convocatoria 28, en calidad de terceros con interés. La entidad demandada informó que, ante restricciones técnicas en las cuentas de correo electrónico dispuestas para el efecto, publicó la presente acción de tutela en el portal web de la Rama Judicial, en el espacio dispuesto para la Convocatoria 28.

5. Oposición

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por conducto de su directora encargada, mediante el Oficio CJO26-5117 del 28 de septiembre de 2026, solicitó negar el amparo invocado, al considerar que no se habían vu lnerado los derechos fundamentales de la accionante. Señaló que la

28 de septiembre de 2026, solicitó negar el amparo invocado, al considerar que no se habían vu lnerado los derechos fundamentales de la accionante. Señaló que la obligación de anexar la declaración de no hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad no constituye una exigencia creada discrecionalmente por la Unidad, sino que proviene del numeral 3 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024, y fue desarrollada en el artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, que exige aportar la declaración suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF, y prevé su omisión como causal de rechazo. En ese sentido, afirmó que el rechazo de la accionante por la causal 5 obedeció al incumplimiento de un requisito legal y reglamentario exigible por igual a todos los participantes, y que la aceptación de las condiciones generales en CARJUD APP no suplía la presentación específica de dicha declaración.

Explicó que la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026 fue fijada el 4 de agosto de 2026 durante 5 días hábiles, de modo que el término de tres días para solicitar la verificación documental transcurrió los días 12, 13 y 14 de agosto de 2026. Indicó que la accionante solicitó oportunamente, a través del software CARJUD APP, la verificación de la documentación aportada al momento de la inscripción, trámite que se encontraba en curso y dentro del término para ser resuelto, razón por la cual, en su criterio, no existía acción u omisión atribuible a la Unidad ni se configuraba un

la verificación de la documentación aportada al momento de la inscripción, trámite que se encontraba en curso y dentro del término para ser resuelto, razón por la cual, en su criterio, no existía acción u omisión atribuible a la Unidad ni se configuraba un perjuicio irremediable, y la inconformidad de la actora debía ser examinada dentro de ese procedimiento.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

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Frente al precedente invocado por la accionante, correspondiente a la sentencia STP5284-2023 de la Corte Suprema de Justicia, señaló que las circunstancias fácticas y normativas de la Convocatoria 27 diferían de las de la Convocatoria 28. Explicó que, en a quella oportunidad, la Corte constató que los aspirantes habían efectuado manifestaciones específicas bajo la gravedad del juramento dentro del mismo proceso de selección (al crear el usuario en el aplicativo Kactus o en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y conocimientos), mientras que, en CARJUD APP, la aceptación inicial se refería a los términos del servicio, la política de tratamiento de datos y la confirmación general del perfil, y la verificación de requi sitos constituye ahora la primera fase eliminatoria, anterior a la prueba. Agregó que la obligación documental cuenta hoy con fundamento expreso en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, y que la participación en el concurso no generaba

primera fase eliminatoria, anterior a la prueba. Agregó que la obligación documental cuenta hoy con fundamento expreso en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, y que la participación en el concurso no generaba un derecho adquirido a permanecer en el proceso, sino una expectativa sujeta al cumplimiento de sus reglas.

Alegó, además, que la acción no satisface el requisito de subsidiariedad, pues la accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, junto con la posibilidad de solicitar medidas cautelares conforme a los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. Citó, en ese sentido, la sentencia STC17412-2026 de la Sala de Casación Civil, Familia y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la tutela de otro aspirante rechazado por la misma causal cuya solicitud de verificación documental se encontraba pendiente de decisión.

Finalmente, informó que la presente acción recae sobre los mismos hechos, derechos y pretensiones de otra tutela promovida por la accionante, radicada bajo el número 11001-02-30-000-2026-01475-00 ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Just icia, admitida mediante auto del 22 de septiembre de 2026 y contestada por la Unidad con el Oficio CJO26 -4957 del 23 de septiembre de 2026, para que el juez constitucional valorara la presunta temeridad de la accionante. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto,

para que el juez constitucional valorara la presunta temeridad de la accionante. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

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Problema jurídico

Corresponde determinar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial vulneró los derechos fundamentales de la señora Berna Paola Rojas Roa al excluirla del concurso de méritos para la provisión de cargos

Corresponde determinar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial vulneró los derechos fundamentales de la señora Berna Paola Rojas Roa al excluirla del concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial , con fundamento en la causal 5 prevista en el numeral 3 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025.

La Sala anticipa que, en el presente caso, se declarará la improcedencia del amparo de los derechos fundamentales invocados por cuanto existe otro medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, máxime cuando la solicitud de verificación documental que la propia actora presentó se encontraba pendiente de decisión, por las razones que se pasan a explicar.

Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela en los concursos de méritos; y ii) el análisis del caso concreto.

(i) Procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones que se profieren en desarrollo de un concurso de méritos

Según el numeral 1.° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo de defensa, según reiterada jurisprud encia constitucional, debe ser eficaz, pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos fundamentales.

Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para

serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos fundamentales.

Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los cuales no proceden los recursos en sede administrativa ni las acciones contencioso administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 1 y de esta Sección 2, que en aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante la carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso del aspirante afectado con la decisión.

En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos, como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas que se someten a un concurso de méritos 3, pues se trata de un acto administrativo definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el puntaje.

1 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.

2 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de 2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia López Díaz. 3 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expedientes 2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

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Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.

Sobre este último punto, la Corte Constitucional, en sentencia SU -263 de 2015, precisó que, bajo ciertas circunstancias, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela puede llegar a tener algunas excepciones, específicamente en los siguientes eventos:

«(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela».

Finalmente, es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el mecanismo idóneo para que el Estado, dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad, pueda valorar las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos cargos con el fin de escoger a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y, dentro de ese marco, definir las reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la naturaleza del empleo y los objetivos que se persigan por la entidad que cuenta con las vacantes a proveer.

(ii) Del caso concreto

La señora Rojas Roa sostuvo que fue excluida de la Convocatoria 28 para el cargo de juez promiscuo municipal por no haber cargado en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, pese a que reunía los requisitos sustanciales del cargo y a que, al registrarse en CARJUD APP, aceptó una declaración general de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que, en su criterio, satisfacía la finalidad sustancial del requisito. Añadió que la exclusión definitiva derivad a de esa omisión formal o falla de visualización configuró, en su

declaración general de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades que, en su criterio, satisfacía la finalidad sustancial del requisito. Añadió que la exclusión definitiva derivad a de esa omisión formal o falla de visualización configuró, en su criterio, un exceso ritual manifiesto que hizo prevalecer la forma sobre el derecho sustancial.

Para empezar, es necesario resaltar que, mediante el Acuerdo PCSJA25 -12348 del 13 de noviembre de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial y, por ello, dio apertura a la Convocatoria 28.

De modo que dicho acuerdo es la norma que reglamenta el marco del concurso. Al respecto, el artículo 6 de esa norma establece que «La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los participantes, quienes, con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo».Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

Demandante: Berna Paola Rojas Roa

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En el mismo sentido, la Corte Constitucional4 ha sostenido que la convocatoria es la norma del concurso de méritos y que sus reglas vinculan por igual a la administración y a los aspirantes. De modo que el proceso de selección es una actuación estrictamente reglada.

norma del concurso de méritos y que sus reglas vinculan por igual a la administración y a los aspirantes. De modo que el proceso de selección es una actuación estrictamente reglada.

Ahora bien, la Sala encuentra que, en ese acuerdo, en el numeral 1.1.3 del artículo 6 se exigió a los aspirantes, dentro del término de inscripción, acreditar no estar incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad, «lo cual deberá acreditarse con una declaración juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF» . Asimismo, el numeral 3 del mismo artículo 6 previó como causal de rechazo «no presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF».

En desarrollo de lo previsto en el numeral 4.1 del artículo 6 del Acuerdo de Convocatoria (conforme al cual la verificación de requisitos se decide mediante resoluciones sobre la admisión o rechazo de los aspirantes, con indicación de la causal o causales correspondientes), la Unidad de Administración de la Carrera Judicial expidió la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026.

En el artículo 2 de dicha resolución se rechazó a los aspirantes relacionados en el Anexo 2, por la causal o causales allí indicadas. Dicha decisión, según lo afirma ese acto, se adoptó con fundamento en la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, realizada con base en la documentación aportada oportunamente por los aspirantes dentro del término de inscripciones y registrada en el software CARJUD APP.

Para efectos de identificación, las causales de rechazo previstas en el numeral 3 del

oportunamente por los aspirantes dentro del término de inscripciones y registrada en el software CARJUD APP.

Para efectos de identificación, las causales de rechazo previstas en el numeral 3 del artículo 6 del Acuerdo fueron numeradas en el mismo orden de su consagración, de modo que el numeral 5 corresponde a la falta de presentación de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

El artículo 4 de la resolución dispuso que contra ella no proceden recursos en sede administrativa, en cumplimiento del numeral 3 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.

No obstante, el artículo 3 ibidem habilitó un mecanismo de verificación, consistente en que los aspirantes rechazados podían, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la decisión, solicitar la «verificación» de su documentación mediante escrito tramitado mediante CARJUD, bajo el tipo de solicitud «Verificación de documentos aspirantes rechazados».

Finalmente, conforme al artículo 5 y al numeral 5.3 del artículo 6 del referido Acuerdo, la resolución se notificó mediante fijación durante el término de 5 días hábiles en el Consejo Superior de la Judicatura y su publicación en la página web de la Rama Judicial. En el Anexo 2 (Rechazados) de dicho acto administrativo figura la accionante, a quien se atribuyó la causal 5 de rechazo respecto del cargo de juez promiscuo municipal.

Ahora bien, la propia accionante señaló en el escrito de tutela que no pretendía controvertir el cargue del archivo PDF separado y que la controversia se concentra

municipal.

Ahora bien, la propia accionante señaló en el escrito de tutela que no pretendía controvertir el cargue del archivo PDF separado y que la controversia se concentra exclusivamente en la ausencia de ese archivo.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07583-00

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En ese sentido, la actora no discute que omitió cargar el documento exigido por el Acuerdo de Convocatoria dentro del término de inscripción, y su reproche se dirige a sostener que esa exigencia era innecesaria frente a la manifestación efectuada en el formulario de inscripción.

Por lo anterior, dadas las circunstancias particulares que aduce la tutelante , la Sala pasa a verificar si la acción de tutela de la referencia procede como mecanismo transitorio o si, por el contrario, no se cumple con el requisito general de subsidiariedad.

La Sala advierte que la presente acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, porque la señora Rojas Roa cuenta con un mecanismo judicial idóneo para controvertir el rechazo de su inscripción.

Sobre el particular, la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026 es, respecto de la tutelante, un acto administrativo de contenido particular y concreto que dispuso su rechazo de la Convocatoria 28. De ahí que lo que la accionante pretende es que se deje sin efectos esa decisión, se tenga por cumplido el requisito y se ordene su admisión.

su rechazo de la Convocatoria 28. De ahí que lo que la accionante pretende es que se deje sin efectos esa decisión, se tenga por cumplido el requisito y se ordene su admisión.

De modo que dicha decisión puede ser cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

Dicho mecanismo no solo permite cuestionar de fondo la validez de la resolución cuestionada, sino que habilita a la actora para solicitar , desde el momento de presentación de la demanda, medidas cautelares, incluida la suspensión provisional del acto, mientras se resuelve el fondo del asunto, conforme a los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Con ello, la demandante cuenta con una protección judicial oportuna y efectiva que hace innecesaria la intervención del juez constitucional.

En estos escenarios, el juez constitucional no puede desplazar los procedimientos ordinarios ni convertir la tutela en una vía paralela para resolver controversias sobre el cumplimiento de los requisitos de admisión a la Convocatoria 28, que exigen un debate probatorio y de legalidad propio del proceso ordinario.

Al respecto, recuérdese que de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados, sin que, en el presente caso, se acredite la vulneración cierta o amenaza de los derechos invocados por la parte actora, si se tiene en cuenta que, justamente,

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados, sin que, en el presente caso, se acredite la vulneración cierta o amenaza de los derechos invocados por la parte actora, si se tiene en cuenta que, justamente, se cuenta con otro mecanismo de defensa previsto por el legislador para cuestionar la legalidad de actos administrativos.

Además, se resalta que en la sentencia T-008 de 2026, la Corte Constitucional precisó que la celeridad propia de los concursos de méritos no se traduce por sí sola en la configuración de un perjuicio irremediable, pues su constatación depende de la acreditación de criterios objetivos y verificables, y que no basta afirmar que las etap

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