CE - Sentencia 11001031500020260772000 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260772000 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Tema: Tutela contra acto administrativo y de fondo – Declara improcedencia y ampara el derecho fundamental de peticiónSolicitud de verificación de documentación - Convocatoria 28.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada po r la señora Dolly Alexandra Lozano Hurtado contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Dolly Alexandra Lozano Hurtado, en nombre propio, el 18 de septiembre de 2026 instauró acción de tutela contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, de acceso a cargos públicos, al mérito, a la buena fe y el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas.

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, de acceso a cargos públicos, al mérito, a la buena fe y el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas.

La vulneración de las referidas garantías constitu cionales fue atribuida a la resolución CJR26 -0497 de 3 de agosto de 2026, mediante la cual la Unidad de Administración de la Carrera Judicial excluyó a la accionante del concurso de méritos correspondiente a la «Convocatoria 28: Funcionarios de Carrera de la Rama Judicial».

1.2. Pretensiones

La parte actora presentó las siguientes:

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-07720-00

Demandante: DOLLY ALEXANDRA LOZANO HURTADO

Demandados: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DE LA CARRERA JUDICIALDemandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Amparar mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL

TRABAJO, IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, EL MERITO, BUENA FÉ

www.consejodeestado.gov.co

1. Amparar mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL

TRABAJO, IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, EL MERITO, BUENA FÉ

y PREVALENCIA DE DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS.

2. Revocar de manera parcial la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, en lo que respecta a DOLLY ALEXANDRA LOZANO HURTADO, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 52.267.748, en el sentido de excluirla de la lista de rechazados y vincularla en la lista de admitidos para continuar en el concurso de la convocatoria 28, para JUEZ PENAL DEL CIRCUITO, CÓDIGO DEL CARGO 177000.

3. Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que me incluya nuevamente en la lista de admitidos en el concurso mencionado y que se me permita continuar en concurso.2

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre de 2025 mediante el cual convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

La señora Dolly Alexandra Lozano Hurtado se inscribió al mencionado concurso para el cargo de juez penal del circuito (código del cargo 177000). Para tal efecto,

provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

La señora Dolly Alexandra Lozano Hurtado se inscribió al mencionado concurso para el cargo de juez penal del circuito (código del cargo 177000). Para tal efecto, cargó en el aplicativo CARJUD los documentos con los que pretendía acreditar que cumplía con todos los requisitos exigidos.

Por su parte, mediante la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial decidió sobre la admisión y rechazo de los aspirantes al concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA2512348 de 13 de noviembre de 2025.

En el anexo 2 de la mencionada resolución se enlistaron las personas que fueron rechazadas, junto con su respectiva causal. Para el caso particular, se indicó lo siguiente:

CAUSALES DE RECHAZO

1 No acreditar la condición de colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 2 No acreditar el requisito mínimo de formación. 3 Para Consejero Seccional de la Judicatura, exclusivamente, para los abogados no acreditar el título de especialista en alguna de las áreas relacionadas en el numeral 1.2 de esta convocatoria. 4 No acreditar el requisito mínimo de experiencia. 5 No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF. 6 Inscripción extemporánea. 7 Haber llegado a la edad de retiro forzoso. 8 El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, la ley y los reglamentos: Se rechaza por estar participando en el concurso de ascenso.

7 Haber llegado a la edad de retiro forzoso. 8 El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, la ley y los reglamentos: Se rechaza por estar participando en el concurso de ascenso.

2 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.Demandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […]

LISTADO DE ASPIRANTES RECHAZADAS Y RECHAZADOS

Cédula Nombre Completo Cargo Causal de inadmisión

52267748 DOLLY ALEXANDRA

LOZANO HURTADO

JUEZ PENAL DEL

CIRCUITO

8.

En resumen, la señora Dolly Alexandra Lozano Hurtado fue rechazada del mencionado concurso de méritos, por la causal 8, esto es, por «El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, la ley y los reglamentos: Se rechaza por estar participando en el concurso de ascenso».

Por consiguiente, el 6 de agosto de 2026, la accionante presentó reclamación administrativa por medio del aplicativo «CARJUD APP», en la solicitó la revisión de sus documentos, específicamente de su hoja de vida y de los anexos.

Sin embargo, a la fecha de radicación de esta acción constitucional no había obtenido una respuesta.

1.4. Fundamentos de la solicitud

sus documentos, específicamente de su hoja de vida y de los anexos.

Sin embargo, a la fecha de radicación de esta acción constitucional no había obtenido una respuesta.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión a la decisión adoptada en la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, a través de la cual la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura rechazó su inscripción en la Convocatoria 28.

Indicó que en el presente caso «se atribuye como causal de exclusión la presunta inscripción dual, pero la suscrita sólo realizó un pago como demostré y sólo adelante un proceso de inscripción, para en caso en la modalidad de INGRESO, toca vez que la suscrita no hace parte del personal de la Rama Judicial, para aplicar a la modalidad de ASCENSO».

Expuso que «la exclusión del proceso por esta única circunstancia constituye una medida particularmente gravosa, pues impide continuar en el concurso pese a que la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades corresponde a una situación objetiva susceptible de verificación por la propia administración».

Adicionalmente, adujo que la exclusión afecta directamente el derecho de acceso a cargos públicos y el principio constitucional del mérito, toda vez que se me impide participar en las pruebas y etapas destinadas precisamente a evaluar los conocimientos, competencias y aptitudes para el cargo al que aspiré.

Finalmente, indicó que el 6 de agosto de 2026, radicó reclamación administrativa a través del aplicativo «CARJUD APP», en la solicitó la revisión de sus documentos,

conocimientos, competencias y aptitudes para el cargo al que aspiré.

Finalmente, indicó que el 6 de agosto de 2026, radicó reclamación administrativa a través del aplicativo «CARJUD APP», en la solicitó la revisión de sus documentos, específicamente de su hoja de vida y de los anexos, no obstante, a la fecha de presentación de esta tutela no había obtenido una respuesta.Demandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Con auto de 22 de septiembre de 2026, el magistrado ponente de esta decisión admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en calidad de parte accionada.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, vinculó como terceros con interés a las demás personas que hacen parte del concurso de méritos adelantado en virtud de la Convocatoria 28 por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, que aspiraron al cargo de Juez Penal del Circuito, código «177000», para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente asunto.

de Administración de Carrera Judicial, que aspiraron al cargo de Juez Penal del Circuito, código «177000», para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente asunto.

1.5.2. Por medio de providencia de 2 de octubre de 2026, el magistrado ponente ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Universidad Libre, institución educativa que en la Convocatoria 28 de la Rama Judicial, cumplió la función de apoyar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial en la Fase I del concurso, encargándose de la revisión, verificación y análisis de los documentos y solicitudes presentadas por los aspirantes.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Universidad Libre

La representante legal de la entidad solicitó que se nieguen las pretensiones de la parte actora o que, de manera subsidiaria, se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que los derechos fundamentales del actor no han sido vulnerados.

Informó que en cumplimiento del contrato de prestación de servicios 249 de 2025, suscrito entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Libre, adelantó la etapa de verificación de requisitos conforme a lo establecido en el acuerdo de la convocatoria y a los criterios definidos por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

Reiteró que de conformidad con el numeral 4.1. del artículo 6 del Acuerdo PCSJA2512348 de 13 de noviembre de 2025, la convocatoria constituye la norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por lo que es de p erentorio cumplimiento

Reiteró que de conformidad con el numeral 4.1. del artículo 6 del Acuerdo PCSJA2512348 de 13 de noviembre de 2025, la convocatoria constituye la norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por lo que es de p erentorio cumplimiento para la administración, el operador y los participantes, estos últimos quienes con su inscripción aceptaron las condiciones y términos establecidos en la convocatoria.

Precisó que en esa misma disposición se reglamentó la fase I del proceso de selección y allí se estableció que, aunque contra la decisión de rechazo no se admitían recursos, sí procedía la solicitud de verificación como el mecanismo idóneo para que los aspirantes rechazados pidieran la revisión objetiva de la documentación allegada.Demandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que, por consiguiente, toda vez que este mecanismo no ostenta la naturaleza de un recurso en sede administrativa, ni habilita una instancia procesal para aportar, sustituir o complementar documentos de manera extemporánea; se circunscribe de manera exclusiva y excluyente a efectuar la verificación objetiva de la documentación allegada en su debida oportunidad frente a las causales de rechazo configuradas, siendo improcedente cualquier argumento que desborde dicha órbita normativa.

Así las cosas, anotó que desp ués de consultar «la base de datos de registro de

documentación allegada en su debida oportunidad frente a las causales de rechazo configuradas, siendo improcedente cualquier argumento que desborde dicha órbita normativa.

Así las cosas, anotó que desp ués de consultar «la base de datos de registro de aspirantes al Proceso de Selección, se constató que la señora DOLLY ALEXANDRA LOZANO HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52267748, se inscribió a la Convocatoria con ID CC979692 -E2A3-44D7-8287-08DE23CB282B, para el empleo denominado JUEZ CIRCUITO - JUEZ PENAL DEL CIRCUITO, Código 172, ofertado en la modalidad de Ascenso, en la Convocatoria 28Funcionarios de Carrera de la Rama Judicial, en el cual su estado fue de NO

ADMITIDO».

Por ende, se tiene que la accionante presentó solicitud de revisión documental dentro de los términos indicados previamente, la cual se encuentra en fase de atención; motivo por el cual la presente acción de tutela se torna improcedente por incumplimiento de los requisitos de residualidad y subsidiariedad.

1.6.2. Unidad de Administración de la Carrera Judicial

La directora (E) de la unidad solicitó que se niegue el amparo deprecado, toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales de la actora.

Indicó que la señora Lozano Hurtado se inscribió en la Convocatoria 28, en la modalidad de ingreso público y abierto, para aspirar al cargo de Juez Penal del Circuito, código 177000 . Señaló que el 1.º de diciembre de 2025 realizó la inscripción a través de la plataforma CARJUD -APP y cargó los documentos

modalidad de ingreso público y abierto, para aspirar al cargo de Juez Penal del Circuito, código 177000 . Señaló que el 1.º de diciembre de 2025 realizó la inscripción a través de la plataforma CARJUD -APP y cargó los documentos relacionados con su formación académica y experiencia.

Indicó que la actora adujo que el 13 de enero de 2026 encontró su nombre en el listado de aspirantes inscritos en la modalidad de ingreso, en el folio 253. Sin embargo, manifestó que el 4 de agosto de 2026, cuando se le notificó la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de ese año, advirtió que había sido incluida en el listado de aspirantes rechazados por la causal 8, consistente en participar en el concurso de ascenso.

Por ende, expuso que la tutelante cuestiona esa decisión, pues sostiene que se inscribió únicamente en la modalidad de ingreso y que esta era la única a la que podía aspirar, dado que no es empleada de carrera de la Rama Judicial ni está escalafonada en ella. Además, añadió que labora en la Fiscalía General de la Nación desde 2010 y que efectuó únicamente el pago correspondiente a la inscripción en la modalidad de ingreso.

Por consiguiente, solicitó la reclamación correspondiente, pero que a la fecha de radicación de la acción constitucional no había obtenido respuesta.Demandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

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Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –

Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente al punto, destacó que los derechos fundamentales de la accionante no se han transgredido, dado que la accionante presentó el 6 de agosto de 2026, dentro del término de notificación y a través de CARJUD -APP, una solicitud en la que señaló que se había inscrito en la modalidad de ingreso para aspirar al cargo de Juez Penal del Circuito, código 17 7000. Expuso su inconformidad porque, pese a ello, la Resolución CJR26 -0497 de 2026 la incluyó entre las personas rechazadas por la causal 8, al registrarse que participaba en el concurso de ascenso, y pidió que se revisara su situación.

La Unidad recibió la solicitud y le dio el trámite correspondiente. Por tanto, resolverá de fondo los argumentos planteados, de conformidad con las reglas de la convocatoria y con la información que obra en el registro de inscripción de la aspirante.

Finalmente manifestó que en este caso no se desconoce el derecho al mérito y de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos de la señora Lozano Hurtado, puesto que el hecho de que «la accionante haya sido incluida en el listado de aspirantes rechazados no comporta, por sí mismo, una vulneración del principio del mérito ni del derecho de acceso al desempeño de cargos públicos. La admisión al

puesto que el hecho de que «la accionante haya sido incluida en el listado de aspirantes rechazados no comporta, por sí mismo, una vulneración del principio del mérito ni del derecho de acceso al desempeño de cargos públicos. La admisión al concurso se encuentra condicionada a la acreditación de los requisitos generales, específicos y especiales previstos para la modalidad de ascenso, cuya verificación constituye una fase previa y eliminatoria del proceso de selección».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por la señora Dolly Alexandra Lozano Hurtado contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales de la señora Lozano Hurtado por parte de la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial al rechazar su inscripción en el concurso de méritos convocado para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial a través del Acuerdo PCSJA25 -12348 de 13 de noviembre de 2025, por la causal 8, esto es, por «el incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, la ley y los reglamentos: Se rechaza por estar participando

8, esto es, por «el incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la presente convocatoria, la ley y los reglamentos: Se rechaza por estar participando en el concurso de ascenso».

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos : (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela; (iii) derecho de petición y (iv) análisis del caso concreto.Demandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

2.4. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del ar tículo 6.º del Decreto Ley 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerado s, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia4.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de

ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia4.

El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado exc lusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad.

3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 4 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el ar tículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”Demandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

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Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –

Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20115.

Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que, pese a encontrarse protegida por la pr esunción de legalidad, esta resulte absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal p ara conjurar la afectación de las garantías superiores.

Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran

Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el daño sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio; (ii) el perjuicio sea grave, esto impli ca que la afectación sea de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz por inoportuna.

2.5. Derecho de petición

Al tenor de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución, este derecho se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta. Cabe resaltar que la autoridad requerida en la contestación no está obligada a acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa.

Así, esta garantía constitucional que se concreta en la formulación de una solicitud se hace efectiva a través de la respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización resulta independiente del carácter favorable o desfavorabl e de la misma. En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la respuesta debe:

materialización resulta independiente del carácter favorable o desfavorabl e de la misma. En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la respuesta debe:

  1. Versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitant e entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera eficaz para su debida materialización.

5 La posición contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016 -00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 1300123-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33000-2016-00293-01.Demandante: Dolly Alexandra Lozano Hurtado Demandados: La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2026-07720-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Caso concreto

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6. Caso concreto

2.6.1. A partir del escrito de tutela que presentó la señora Dolly Alexandra Lozano Hurtado y de los medios de convicción arrimados al trámite tutelar, esta Sala de Decisión pone de presente que frente a la pretensión relacionada con la decisión adoptada en la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 2026, a través de la cual la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura rechazó su inscripción en la Convocatoria 28, se declarará la improcedencia dado que no se supera el requisito de subsidiariedad.

En ese sentido, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca

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