CE - Sentencia 11001031500020260789700 de 2026

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260789700 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: JORGE ENRIQUE RAMÍREZ MONSALVE

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN “A” Y OTRO

TEMA: Tutela contra providencia judicial - Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Jorge Enrique Ramírez Monsalve, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la sentencia de 11 de junio de 2026, dictad a por la Subsección A de la Sección

al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la sentencia de 11 de junio de 2026, dictad a por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó el fallo de primer a instancia proferido el 15 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra el Distrito Especial de Barrancabermeja, identificado con el radicado 68001-23-33-000-2017-01226-00/01.

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:

Primero. Que el H. Consejo de Estado DISPONGA, que en la sentencia de segunda instancia, del 11 de junio de 2026, expedida por la Sección Segunda Subsección A del CONSEJO DE ESTADO y en parte la sentencia del 15 de noviembre 2022 del TRIBUNAL ADMINISTRATIV O DE SANTANDER, proferidas en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por el Contador Público JORGE ENRIQUE RAMIREZ MONSALVE, contra el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, se incurrió en el defecto fáctico de haber omitido el análisis Integral de los4 testimonios recaudadas y la valoración del Acta #01 y del oficio remisorio del 23 de octubre de 2013 de la Jefatura de Control Interno y de los Oficios expedidos por el Jefe de laRadicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

la Jefatura de Control Interno y de los Oficios expedidos por el Jefe de laRadicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Oficina Jurídica y la Secretaría General de la Alcaldía del mism o Distrito de Barrancabermeja en los cuales se acepta que las actividades específicas del demandante, correspondían a las de un empleado de planta; y por el error judicial, ocurrido en el proceso, consistente en no haber dado aplicación a las normas Consti tucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la naturaleza de los empleos. contables, expuestas en la parte motiva de este fallo; cuya omisión, estudio y Valoración integral eran obligatorias para una adecuada administración de justicia.

Segundo. Consecuencia de la anterior determinación, amparar los derechos supra legales del accionante Ramírez Monsalve, al debido proceso, y de acceso a la administración de justicia, por lo cual se declare sin efectos, la sentencia de segunda instancia y se orden a proferir la que en derecho corresponda.

Tercero. Disponer que en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, la Subsección A de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, procederá al completo análisis de las Actas, oficios e informes expedidos por la Oficina de Control Interno, el

partir de la notificación de esta providencia, la Subsección A de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, procederá al completo análisis de las Actas, oficios e informes expedidos por la Oficina de Control Interno, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaria General del Distrito de Barrancabermeja ya mencionados y en su conjunto con todos los testimonios rendidos en e l proceso por las ex contratistas y la empleada de planta declarantes, se profiera nueva sentencia con fundamento en las consideraciones expuestas por la Corporación en sede de tutela.

Cuarto. Comunicar por Secretaría a los componentes de la Sección Segunda Subsección A, del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Santander y al Alcalde de Barrancabermeja, la determinación anterior.

Quinto. En la forma contemplada por el Decreto 2591 de 1991, exhortar a la Sección Segunda Subsección A, para que n o se vuelva a incurrir en el desconocimiento de las normas Superiores de la Carta, mencionadas en la presente Acción de Tutela.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. El señor Jorge Enrique Ramírez Monsalve adujo que celebró múltiples contratos de prestación de servicios con el municipio de Barrancabermeja – Fondo Rotatorio de Fomento, Capacitación y Crédito para la Generación de Empresas y Empleo (FORCAP), entre el 13 de enero de 2003 y el 30 de diciembre de 2015.

Rotatorio de Fomento, Capacitación y Crédito para la Generación de Empresas y Empleo (FORCAP), entre el 13 de enero de 2003 y el 30 de diciembre de 2015.

1.3.2. Bajo ese contexto radicó medio de control de nulidad y re stablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad del oficio número GRLEXS20172292 de 30 de mayo de 2017, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de una relación laboral.

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A título de restablecimiento del derecho, el actor solicitó: i) declarar la existencia de una relación laboral entre las partes durante el período comprendido entre el 13 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2015, sin solución de continuidad; ii ) reconocer y pagar las prestaciones sociales causadas en el referido período; iii) reintegrar los valores descontados por estampillas, retención en la fuente y aportes al sistema de seguridad social; iv) indexar las sumas reconocidas; y v) condenar en costas a la entidad demandada.

1.3.3. En primera instancia, el proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de

al sistema de seguridad social; iv) indexar las sumas reconocidas; y v) condenar en costas a la entidad demandada.

1.3.3. En primera instancia, el proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, que en sentencia de 15 de noviembre de 2022 declaró la nulidad del acto administrativo reprochado, y por consiguiente concluyó que «se configuró la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, al encontrar acreditados los elementos de prestación personal del servicio, remuneración y continuada subordinación».

Específicamente consideró demostrado el elemento de subo rdinación porque el actor desempeñó durante aproximadamente doce (12) años funciones asociadas al área contable del Fondo Rotatorio de Fomento, Capacitación y Crédito para la Generación de Empresas y Empleo (FORCAP), circunstancia que, unida a las demás pr uebas recaudadas, evidenciaba la ausencia de la autonomía e independencia propias del contratista.

Adujo que las actividades desarrolladas correspondían al giro ordinario de la entidad. En efecto, el demandante administraba el sistema contable y expedía registros y certificados de disponibilidad presupuestal, funciones esenciales para su funcionamiento.

De modo que, de los medios de convicción arrimados al proceso se concluyó que «existía una situación de desigualdad, dado que, pese a desempeñar funciones equivalentes a las de servidores vinculados formalmente a la administración, el demandante carecía de una vinculación semejante […]».

1.3.4. Inconforme con la sentencia del tribunal, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, que fue conocida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,

demandante carecía de una vinculación semejante […]».

1.3.4. Inconforme con la sentencia del tribunal, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, que fue conocida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que en fallo de 11 de junio de 2026 revocó la decisión del a quo, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda c on fundamento en que no acreditó la continua subordinación, dado que, no se demostró la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios que celebró el actor con la parte accionada.

Después de estudiar los medios de convicción, documental y testimonial, allegados al proceso ordinario, la autoridad judicial accionada concluyó que «el demandante ejecutó personalmente actividades relacionadas con labores contables en el FORCAP. Asimismo, se encuentra acreditado que percibió una remu neración periódica como contraprestación por dichos servicios. En consecuencia, los elementos de prestación personal del servicio y remuneración se encuentran debidamente probados».Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que, «de acuerdo con una interpretación armónica de los artícu los 3, 4 — numerales 1 y 4—, 5 —numeral 2— y 14 de la Ley 80 de 1993, y de los artículos 83

Indicó que, «de acuerdo con una interpretación armónica de los artícu los 3, 4 — numerales 1 y 4—, 5 —numeral 2— y 14 de la Ley 80 de 1993, y de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, entre los contratistas y las entidades públicas debe existir una relación de coordinación y entendimiento orientada a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. Esa coordinación comporta, para aquellos, el deber de acatar las directrices impartidas por la entidad contratante en desarrollo del contrato y de colaborar para que lo convenido se cumpla adecuadamente; para estas, el deber de ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución, exigir la correcta realización del objeto pactado y adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, a fin de verificar su calidad y oportunidad», pero que ello no significaba que se evidenciara el elemento de subordinación.

Indicó que del interrogatorio de parte que se le tomó al accionante quedó probado que:

[…] el demandante ejercía funciones sumamente especializadas dentro del Fondo y contaba con un margen relevante de autonomía técnica para desarrollar las labores encomendadas. La elaboración de información financiera, la proyección presupuestal, el manejo contable y la atención de requerimientos de organismos de control son actividades que exigen co nocimiento profesional y criterio técnico; no tareas puramente operativas sometidas, por su naturaleza, a instrucciones permanentes sobre el modo de ejecución.

El ad quem expuso que si bien podía confundirse la continuidad o importancia de la función contable con la continuada subordinación , l a prolongada vinculación del

sobre el modo de ejecución.

El ad quem expuso que si bien podía confundirse la continuidad o importancia de la función contable con la continuada subordinación , l a prolongada vinculación del actor y la relevancia de las tareas desarrolladas pueden evidenciar una necesidad institucional sostenida, e incluso la conveniencia administrativa de proveer un empleo de planta, lo cierto es que esos elementos no sustituyen la prueba del poder jurídico permanente de dirección, pues la necesidad del servicio y la subordinación son categorías distintas: la primera explica por qué la entidad acude a una prestación profesional; la segunda exige demos trar que el contratista perdió su autonomía en la forma de ejecutar la actividad.

Finalmente, indicó que «los documentos obrantes en el expediente —informes de ejecución, actas de inicio y liquidación, contratos de prestación de servicios, auditorías internas y soportes de actividades — dan cuenta de la existencia y ejecución de los vínculos contractuales, as í como de la prestación personal del servicio y de la remuneración. Sin embargo, no evidencian la imposición de órdenes permanentes sobre el contenido técnico de la labor contable, ni el ejercicio de potestades disciplinarias o correctivas incompatibles con la autonomía propia de la contratación de servicios profesionales».

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Jorge Enrique Ramírez Monsalve afirmó que la sentencia de 11 de junio de 2026 transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, dado que dejó de aplicar toda la normatividad superior y obligatori a que rige para el nombramiento y desempeño en las funciones financiero contable y presupuestales del ente demandado, y en general para la

la administración de justicia, dado que dejó de aplicar toda la normatividad superior y obligatori a que rige para el nombramiento y desempeño en las funciones financiero contable y presupuestales del ente demandado, y en general para la Nación, los departamentos y los distritos y municipios del país.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, hizo referencia a (i) «[una] infracción directa a la Constitución» (num. 4.2, arts. 53 y 334 a 354 CP); (ii) desconocimiento del precedente: la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de la Sección Segunda, la T -366 de 2023 de la Corte Constitucional y la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, de 16 de mayo de 2025 (rad. 6243 -2023), sobre la permanencia de la función como criterio de la relación laboral; y (iii) que la tutela se presenta como mecanismo transitorio por perjuicio irremediable (más de 65 años, sin pensión ni empleo). Sugerimos reseñarlos y responderlos, aunque sea para declararlos también improcedentes».

Asimismo, expresó que omitió evaluar integralmente las pruebas recaudadas, pues no tuvo presente todos los testimonios aportados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, transgrediendo así su derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

no tuvo presente todos los testimonios aportados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, transgrediendo así su derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

También expuso que incurrió en defecto sustantivo puesto que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” al proferir la sentencia enjuiciada no tuvo en cuenta el artículo 12 de la Ley 43 de 1990 y la Ley 298 de 1996, artículos 5, 8, 10 y 11, expedida en desarrollo del artículo 354 de la Constitución Política. Así como el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Para finalizar, indicó que «cuando a un integrante de la sociedad colombiana no se le escucha debidamente o se le impide acceder a la justicia real y efectiva, obviando el estudio total e integral de los extremos de la litis y el conjunto del material de pruebas obrantes, se le impide acceder a una pronta y cumplida justicia».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 28 de septiembre 2026, el despacho sustanciador de esta decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, así como al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y al Tribunal Administrativo de Santander, y les otorgó el término de dos días para que rindiera n el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó al Distrito Especial de Barrancabermeja, entidad demandada en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, así como a las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hubiesen participado en

Como terceros con interés, vinculó al Distrito Especial de Barrancabermeja, entidad demandada en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, así como a las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hubiesen participado en el proceso ordinario identificado con radicado 68001-23-33-000-2017-01226-00/01, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente tutela.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El 1. ° de octubre de 2026, el magistrado ponente de la decisión de 11 de junio de 2026 intervino en el presente trámite y expuso que en efecto revocó la decisión proferida el 15 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander y,

2026 intervino en el presente trámite y expuso que en efecto revocó la decisión proferida el 15 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, neg ó las pretensiones de la demanda promovida por Jorge Enrique Ramírez Monsalve contra el Distrito Especial de Barrancabermeja.

Expuso que la Sala concluyó que, aunque se acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, las pruebas allegadas al trámite no demostraron que las actividades del demandante se hubieren desarrollado bajo continuada subordinación.

Aseguró que los defectos que el accionante puso de presente en el proceso ordinario no se configuraron, dado que, contrario a lo dicho p or el señor Ramírez Monsalve, «la sentencia examinó el interrogatorio de parte y los testimonios de Myriam Castro Ospino, Maritza Edith Silva Macías, Luz Olga Morales Gamarra y Luz Patricia López Meneses. Tuvo en cuenta que el demandante desarrollaba actividades contables y financieras de manera prolongada; utilizaba las instalaciones y herramientas de la entidad; hacía uso del software contable; cumplía horarios extensos; presentaba informes; participaba en reuniones; informaba sus ausencias y recibía orie ntaciones de quienes dirigían el FORCAP. También consideró las afirmaciones relacionadas con la continuidad de las actividades durante los intervalos contractuales».

El magistrado expuso que «la sentencia tampoco omitió las pruebas documentales invocadas por el accionante. Examinó los contratos de prestación de servicios, informes de actividades, auditorías internas, soportes de ejecución contractual y demás documentos incorporados al proceso. Asimismo, tuvo en cuenta la advertencia de la Oficina de Contro l Interno acerca de la conveniencia de que las

informes de actividades, auditorías internas, soportes de ejecución contractual y demás documentos incorporados al proceso. Asimismo, tuvo en cuenta la advertencia de la Oficina de Contro l Interno acerca de la conveniencia de que las funciones de contador del FORCAP fueran desarrolladas por personal de planta y la posterior asignación de esas funciones a un empleo de la entidad».

De modo que, en el fallo enjuiciado se explicó que tales elementos podían demostrar la importancia y permanencia de la función contable y la necesidad institucional de contar con ella, pero no acreditaban por sí mismos la continuada subordinación.

Aseguró que los reproches que el señor Ramírez Monsalve puso de presente en el escrito de tutela parten, en realidad, de atribuir a los mismos medios de prueba una eficacia demostrativa distinta de la reconocida por el juez natural.

De manera que, es evidente que, en la sentencia de 11 de junio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” no omitió la valoración de las pruebas determinantes, y tampoco desatendió las reglas jurisprudenciales sobre la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.

En consecuencia, solicitó que se nieguen las pretensiones de esta acción constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.2. Distrito Especial de Barrancabermeja

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.2. Distrito Especial de Barrancabermeja

Por medio de memorial, el apoderado judicial del referido distrito hizo un recuento de los hechos y pretensiones que suscitaron esta tutela, y solicitó que se declare la improcedencia de esta acción constitucional, dado que no supera el requisito de relevancia constitucional.

Expuso que el pronunciamiento en sede de amparo es el mismo sostenido durante el proceso ordinario que se reprocha en este trámite, puesto que «el Distrito no ha desconocido la prestación personal del servicio ni la remuneración pactada en los contratos celebrados con el señor Ramírez Monsalve; lo que ha controvertido de manera constante es la existencia del elemento determinante de la relación laboral, esto es, la subordinación o dependencia continuada».

Expresó que el escrito que presentó el actor presenta inconsistencias relevantes en los datos esenciales del caso, los cuales impiden identificar con precisión el objeto del reproche y que evidencia el incumplimiento de la carga argumentativa exigible en la tutela contra providencia judicial.

Manifestó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” no se abstuvo de valorar las pruebas allegadas al expediente ordinario, y dijo que lo que sucedía era que el actor no compartía el análisis que se hizo de las pruebas documentales y testimoniales.

Arguyó que no era cierto que el Acta de 23 de enero de 2013 «pidiera a gritos vincular al demandante a la planta de cargos […] pues se trata de una

documentales y testimoniales.

Arguyó que no era cierto que el Acta de 23 de enero de 2013 «pidiera a gritos vincular al demandante a la planta de cargos […] pues se trata de una recomendación administrativa que no declara derechos laborales, que no puede sustituir la prueba de la subordinación en cada contrato y que debía ser apreciada en conjunto con los demás medios de prueba, como en efecto ocurrió».

Concluyó argumentando que el presente asunto es de naturaleza legal y económica, puesto que lo que discute el accionante es si unos contratos de prestación de servicios encubrieron una relación laboral y, en consecuencia, si proceden el pago de prestaciones sociales y otros emolumentos.

Puso de presente que esa controversia fue resuelta por el juez natural de la causa, con fundamento en normas de rango legal y en la valoración de las pruebas. El señor Ramírez Monsalve no demuestra una afectación a los derechos fundamentales distintos a su inconformidad con el resultado, ni explica por qué la decisión trasciende el interés patrimonial de las partes, por ende, fue enfático en afirmar que la tutela no es una tercera instancia ni un medio para reabrir debates probatorios cerrados.

1.7. Manifestaciones de impedimento

Los magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez y G loria María Gómez Montoya manifestaron estar impedidos para conocer la presente acción constitucional, dado que consideraron que estaban inmersos en la causal 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,

de Procedimiento Penal.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, por auto de la misma fecha de esta providencia, el magistrado ponente declaró infundados los impedimentos, dado que no encontró acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Enrique Ramírez Monsalve contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el Tribunal Administrativo de Santander2 de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Ramírez Monsalve, los cuales consideró transgredidos con ocasión de la sentencia de 11 de junio de 2026, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó el fallo de primera instancia proferido el 15 de noviembre de

junio de 2026, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó el fallo de primera instancia proferido el 15 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra el Distrito Especial de Barrancabermeja, identificado con el radicado 68001 -23-33000-2017-01226-00/01.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y un ificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

2 El estudio de esta acción de tutela se circunscribirá solo a la sentencia de 11 de junio de 2026, dado que fue la decisión que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

2 El estudio de esta acción de tutela se circunscribirá solo a la sentencia de 11 de junio de 2026, dado que fue la decisión que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-33-000-2017-01226-00/01. 3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: N ery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 4 El recuento de esos criterios se encuentra e n las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.Radicado: 11001-03-15-000-2026-07897-00

Demandante: Jorge Enrique Ramírez Monsalve

Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de un ificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

2.4.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente , en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional e

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