CE - Sentencia 11001031500020260791200 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020260791200 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 07912 00
Accionante: Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
– Secretaría Acción: Acción de Tutela Tema: Tutela contra providencia judicial Decisión: Declara la carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a resolver la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez contra la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la presunta falta de entrega de una sentencia y su respectiva constancia de ejecutoria correspondientes al proceso identificado con el radicado núm. 25000 23 15 000 2001 00033 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la presunta omisión consistente en la falta de entrega de una sentencia y su respectiva constancia de ejecutoria, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
de tutela contra la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la presunta omisión consistente en la falta de entrega de una sentencia y su respectiva constancia de ejecutoria, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
[…] 1ª.- Solicito que se amparen los derechos fundamentales del querellante y aquí accionante de tutela Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, al debido proceso, a la justicia, a la administración de justicia, y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el derecho de propiedad, consagrados en los artículos 12, 29, 58, 89, y 229 de la Constitución Política, y que se declare que todos esos derechos fundamentales, actualmente le están siendo violentados al accionante Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez , DE HECHO y POR VIAS DE HECHO, ilícita y abusivamente, por él o por la funcionaria judicial que ocupa el cargo de secretario (a) de la Sección Segunda (2ª.) del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que tiene el control del expediente del me dio de control con radicación No.25000231500020010003301 perteneciente a esa sección.
2ª.- Que como consecuencia de las declaraciones del punto anterior, se ordene a él o a la funcionaria judicial que ocupa el cargo de secretario (a) de la Sección Segunda (2ª.) del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que tiene el control del expediente del medio de control con radicación No.25000231500020010003301 perteneciente a esa sección, que en un término máximo de doce (12) horas haga llegar, sin falta o excusa, al correo carlosalbertomantillag@gmail.com copia completa de la sentencia proferida en el
máximo de doce (12) horas haga llegar, sin falta o excusa, al correo carlosalbertomantillag@gmail.com copia completa de la sentencia proferida en el
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 07912 00.Radicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
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proceso con radicación No.25000231500020010003301 perteneciente a esa sección con la respectiva constancia de ejecutoria.
3º.- Se oficie a la Fiscal General de la Nación para que delegue un funcionario fiscal que investigue en estos hechos la ocurrencia y consumación de los delitos
de PREVARICATO, FALSEDAD IDEOLOGICA, FRAUDE PROCESAL, y
FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL.
4º.- Igualmente y con fines disciplinarios pido que se oficie al Señor Procurador General de la Nación y al Señor Presidente de la Comisión Nacional de disciplina judicial. […]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante sostuvo que el funcionario judicial que desempeñaba el cargo de secretario(a) de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había obstaculizado el recaudo de pruebas y omitido entregar documentos decretados
El accionante sostuvo que el funcionario judicial que desempeñaba el cargo de secretario(a) de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había obstaculizado el recaudo de pruebas y omitido entregar documentos decretados mediante auto del 23 de julio de 2026, proferido por la Sección Tercera, Subsección B, de esa corporación, dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 25000 23 36 000 2020 00191 00, promovido contra el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades, por la presunta ocupación permanente de su propiedad.
Indicó que, pese a la referida providencia, la secretaría no había remitido copia completa y legible de la sentencia de primera instancia ni la constancia de ejecutoria del proceso con radicado núm. 25000 23 15 000 2001 00033 01, documentos requeridos para acreditar que, una vez ejecutoriada esa decisión, el Ministerio de Ambiente debía registrar la Resolución núm. 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte.
Afirmó que la dependencia había entregado únicamente un fragmento del expediente y que la omisión persistía incluso después de vencido el término de diez días previsto, a su juicio, en la Ley 1755 de 2015.
Explicó que la audiencia de pruebas del proceso de reparación directa estaba programada para el 1 de octubre de 2026, a las 9:30 a. m., y que, conforme a los artículos 173 del Código General del Proceso y 180 y 181 del CPACA, las pruebas decretadas debían recaudarse en la oportunidad señalada.
173 del Código General del Proceso y 180 y 181 del CPACA, las pruebas decretadas debían recaudarse en la oportunidad señalada.
Advirtió que la falta de entrega de los documentos le impediría incorporarlos al sistema SAMAI y acreditar la ocupación permanente del predio «LOTE NACAPAVA», identificado con matrícula inmobiliaria núm. 50N-20746639, lo que podría conducir a la desestimación de sus pretensiones.
Sostuvo que la secretaría carecía de competencia para desconocer o alterar una providencia judicial y que su actuación constituía una vía de hecho que obstaculizaba el ejercicio de su derecho a probar.
Alegó un perjuicio irremediable, pues la decisión de tutela podría proferirse el 12 de octubre de 2026, después de la oportunidad fijada para recaudar las pruebas. Aunque atribuyó a la accionada actuaciones arbitrarias y vías de hecho, no individualizó técnicamente defectos específicos de procedibilidad, sino que centró sus reproches en la negativa de entregar las pruebas decretadas, la remisión incompleta de los documentos y el incumplimiento del auto del 23 de julio de 2026.Radicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 28 de septiembre de 20262 y correspondió por reparto a esta Sección, que por auto del 1 de octubre de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
Así mismo requirió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D para que remitiera el expediente con núm. de radicado 25000 2315 000 2001 00033 01.
4. INTERVENCIONES 4.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección D 5 solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y la existencia de carencia actual de objeto. Explicó que, conforme al artículo 114 del CGP, la expedición de copias es una función propia de la secretaría y no del despacho judicial, por lo que cualquier eventual omisión no podía atribuirse a la Sala de Decisión.
Asimismo, informó que las copias solicitadas por el accionante dentro del proceso radicado 25000 -23-15-000-2001-00033-01 ya habían sido expedidas en distintas oportunidades y que, respecto de la petición presentada el 9 de septiembre de 2026, la documentación fue nuevamente remitida el 6 de octubre de 2026.
Por ello, sostuvo que la pretensión de la tutela ya había sido satisfecha y que no existía una omisión judicial atribuible a la Sala, pues la solicitud de copias nunca requirió
documentación fue nuevamente remitida el 6 de octubre de 2026.
Por ello, sostuvo que la pretensión de la tutela ya había sido satisfecha y que no existía una omisión judicial atribuible a la Sala, pues la solicitud de copias nunca requirió pronunciamiento judicial ni fue puesta a consideración del despacho para resolverla.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 6 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 8, así como con fundamento en el artículo 13 del
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 07912 00 3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 07912 00 4 Esta orden se cumplió el día 5 de octubre de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 07912 00 5 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 07912 00.
5 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 07912 00. 6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 7 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 8 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.Radicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
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Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 20199, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.
5.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
5.2.1. El 9 de septiembre de 2026, el señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez solicitó a la
5.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
5.2.1. El 9 de septiembre de 2026, el señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez solicitó a la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca copia de la sentencia y de su respectiva constancia de ejecutoria, proferidas dentro del proceso identificado con radicado núm. 25000 -23-15-000-2001-00033-01. Indicó que dichos documentos habían sido decretados como prueba dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm. 25000-23-36-000-2020-00191-00.
5.2.2. El 6 de octubre de 2026, el oficial mayor con funciones de secretario de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incorporó al sistema SAMAI el expediente digital correspondiente al proceso con radicado núm. 25000-23-15-000-2001-00033-01.
5.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda – Subsección D solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha corporación, al considerar que la acción de tutela se dirigió exclusivamente contra la Secretaría de la Sección Segunda de dicho Tribunal.
Al respecto, la Sala no accederá a dicha solicitud, toda vez que la Secretaría de la Sección Segunda constituye una dependencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y carece de autonomía orgánica respecto de este. En consecuencia, la circunstancia de que el accionante haya dirigido el amparo contra dicha dependencia no
Sección Segunda constituye una dependencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y carece de autonomía orgánica respecto de este. En consecuencia, la circunstancia de que el accionante haya dirigido el amparo contra dicha dependencia no implica, por sí sola, que la corporación de la cual forma parte carezca de legitimación para comparecer al trámite constitucional.
5.4. ANÁLISIS DE LA SALA
5.4.1. Análisis frente a la carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue establecida por la Constitución Política de 1991 con la finalidad de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; «en ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial»11 La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura «cuando
9 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 10 Lo que se desprende del expediente del identificado con radicado n úm. 25000-23-15-000-2001-0003301. 11 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.Radicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
Accionante: Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez
01. 11 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.Radicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
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la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío”» 12 y puede presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación sobreviniente o (iv) sustracción de materia.
En cuanto al hecho superado, ha indicado que dicha figura se presenta cuando13:
[…] entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas las pretensiones fueron sa tisfechas al punto en que la amenaza sobre los derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita) […].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que14:
La ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
[…].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que14:
La ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos son concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De una parte, hay un enfoq ue que liga los motivos de la interposición de la acción a los presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a percibir una amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de decisión del juez de tutela; y de otr a, la motivación se entiende en función de las pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”.
En el asunto bajo examen, el señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el derecho de propiedad, al considerar que la secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se había negado a entregar copia completa de una sentencia y su constancia de ejec utoria, pese a que dichos documentos habían sido decretados como prueba mediante auto del 23 de julio de 2026, dentro del proceso de reparación directa con radicado núm. 25000 23 36 000 2020 00191 00.
Al revisar los documentos allegados al presente trámite constitucional, se observa que, mediante actuación del 6 de octubre de 2026, el oficial mayor con funciones de secretario
2020 00191 00.
Al revisar los documentos allegados al presente trámite constitucional, se observa que, mediante actuación del 6 de octubre de 2026, el oficial mayor con funciones de secretario de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca cargó en el sistema SAMAI el expediente digital identificado con radicado núm. 25000 23 15 000 2001 00033 0115.
Asimismo, se advierte que los documentos solicitados por el accionante se encuentran incorporados en el cuaderno núm. 1, folio 137 y siguientes.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo. 13 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 14 Ibidem. 15 Visto en el índice 97 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 25000 23 15 000 2001 00033 01.Radicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
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Como también en el cuaderno 2, folio 1584:
En ese sentido, la Sala concluye que se configura una carencia actual de objeto por hechoRadicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
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superado, toda vez que, durante el trámite constitucional, se incorporó al sistema SAMAI el expediente que contiene los documentos cuya falta de entrega motivó la solicitud de amparo, a los cuales puede acceder el demandante ingresando a dicha plataforma.
superado, toda vez que, durante el trámite constitucional, se incorporó al sistema SAMAI el expediente que contiene los documentos cuya falta de entrega motivó la solicitud de amparo, a los cuales puede acceder el demandante ingresando a dicha plataforma.
En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la pretensión encaminada a obtener la copia de la sentencia y su respectiva constancia de ejecutoria.
Adicionalmente, en cuanto a la solicitud del señor Mantilla Gutiérrez consistente en que se oficie a la Fiscalía General de la Nación para que designara un funcionario encargado de investigar la posible comisión de los delitos de prevaricato, falsedad ideológica, fraude procesal y fraude a resolución judicial, presuntamente relacionados con los hechos que motivaron la acción de tutela , la Sala advierte que la misma escapa de la competencia del juez de tutela, toda vez que el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos adecuados para poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que se consideren constitutivos de conductas punibles.
En efecto, el accionante puede presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a través de sus canales oficiales o acudiendo directamente a sus dependencias, para que se evalúe la procedencia de adelantar las actuaciones investigativas pertinentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de la pretensión encaminada a obtener copia de la sentencia y su
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de la pretensión encaminada a obtener copia de la sentencia y su respectiva constancia de ejecutoria, formulada en la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado Consejero de Estado PresidenteRadicado:11001 03 15 000 2026 07912 00
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.