CE - Sentencia 11001031500020260815900 de 2026

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020260815900 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-08159-00

Accionante: Tenorio García y CIA LTDA.

Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y otro s. Controversias contractuales - desequilibrio económico contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público del municipio de

Obando (Valle del Cauca). NIEGA AMPARO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Tenorio García y CIA LTDA, mediante apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se proteja n sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, que considera vulnerado s con la sentencia d el 22 de mayo de 2026 , proferida dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado 76001-23-33-002-2019-00184-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguien te manera:

76001-23-33-002-2019-00184-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguien te manera:

Que mediante la Resolución núm. 0114 del 18 de marzo de 1998 se adjudicó el contrato de concesión a la sociedad Tenorio García y CIA LTDA , cuyo objeto consistió en «realizar el mantenimiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público del municipio, incluyendo el suministro, instalación, reposición, renovación, modernización y mantenimiento de luminarias y accesorios eléctricos,Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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así como todas las actividades inherentes a la prestación del servicio en todo el territorio municipal».

Que en la cláusula décima del contrato se estableció que, en caso de que los recursos recaudados resultaran insuficientes para atender las obligaciones económicas derivadas de la propuesta presentada por el concesionario, el Municipio de Obando, Valle del Cauca mantendría el equilibrio financiero del contrato mediante la ampliación del plazo contractual, el incremento tarifario requerido o la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley 143 de 1994 . También se pactó que debía realizarse anualmente un análisis financiero para preservar dicho equilibrio contractual.

Que el 3 de marzo de 1999 se suscribió el acta de inicio, con una vigen cia contractual de veinte (20) años ; d urante la ejecución , el modelo financiero inicialmente proyectado presentó importantes diferencias entre los valores previstos para garantizar la sostenibilidad de la concesión y los recursos efectivamente

contractual de veinte (20) años ; d urante la ejecución , el modelo financiero inicialmente proyectado presentó importantes diferencias entre los valores previstos para garantizar la sostenibilidad de la concesión y los recursos efectivamente transferidos al concesionario provenientes de la tasa de alumbrado público.

Que, por lo anterior, el 25 de noviembre de 2004; el 30 de junio y el 10 de noviembre de 2005; el 19 de diciembre de 2007, el 14 de marzo de 2008, el 24 de junio de 2011 y el 12 de marzo de 2018 le solicitó al municipio el restablecimiento del equilibrio económico y este no adoptó medidas definitivas que permitieran corregir la situación financiera advertida, circunstancia que produjo un déficit acumulado que al finalizar la vigencia contractual, ascendía a la suma de $1.751.496.555.

Que, en el año 2019, interpuso demanda de controversias contractuales en contra del Municipio de Obando, la cual le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien el 30 de abril de 2025 negó las pretensiones, porque no estaba acreditada la ruptura de la ecuación económica del contrato ni la responsabilidad del Municipio de Obando. Decisión que fue confirmada el 22 de mayo de 2026, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Considera que la autoridad accionada incurrió en los siguientes defectos:

  • fáctico, porque valoró de manera irrazonable e incompleta el contrato de concesión; el otrosí del 7 de marzo de 2001, donde las partes reconocieron de manera expresa que se había roto el equilibrio económico; las reclamaciones formuladas por la concesionaria solicitando el restablecimiento de la ecuación

concesión; el otrosí del 7 de marzo de 2001, donde las partes reconocieron de manera expresa que se había roto el equilibrio económico; las reclamaciones formuladas por la concesionaria solicitando el restablecimiento de la ecuación financiera; los a nálisis económicos y cuadros financieros elaborados durante la ejecución contractual; la documentación relacionada con la evolución de las tarifas de alumbrado público y los documentos demostrativos de la ejecución continua del contrato durante aproximadamente veinte (20) años.

Alega que la decisión termina exigiendo una demostración prácticamente absoluta del déficit económico, sin valorar de manera conjunta e integra las pruebas, lasRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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cuales, según la sociedad, acreditaban la existencia de controversias permanentes sobre la suficiencia de los recursos destinados a financiar la concesión.

  • falta de motivación, porque la providencia no desarrolla de manera suficiente las razones por las cuales resultaba imposible adoptar medidas encaminadas a restablecer la ecuación económica contractual o a efectuar una liquidación judicial que permitiera esclarecer definitivamente las cuentas derivadas de la ejecución del contrato.
  • desconocimiento del precedente , dijo que la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha reconocido que la carga dinámica de la prueba permite distribuir los deberes probatorios atendiendo a quién se encuentra en mejores condiciones para aportar o facilitar la obtención de determin ada información; sin embargo, en este caso, la accionada descartó la aplicación de dicho criterio y terminó exigiendo a la concesionaria la acreditación de información respecto de la cual no tenía plena disponibilidad material.

información; sin embargo, en este caso, la accionada descartó la aplicación de dicho criterio y terminó exigiendo a la concesionaria la acreditación de información respecto de la cual no tenía plena disponibilidad material.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados ; se deje sin efectos la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado 76001 -23-33-002-2019-00184-00/01; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial emitir una nueva decisión , donde valore de manera íntegra las pruebas, aplique de manera adecuada los principios que rigen la distribución de la carga de la prueba y motive de manera clara y completa las conclusiones relacionadas con la procedencia o improcedencia del restablecimiento económico solicitado, así como respecto de la eventual liquidación judicial del contrato.

TRÁMITE PROCESAL

El 8 de octubre de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Municipio de Obando y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , como terceros con interés ; y, se ordenó notificar a las partes y a los vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección B manifestó que los argumentos expuestos en la acción de tutela son similares a los planteados en el recurso de apelación del proceso ordinario , consistente en el desacuerdo con la valoración probatoria efectuada tanto en primera como en segunda instancia, por lo que se puede evidenciar que la intención del actor es usar el mecanismo excepcional como una tercera instancia.

valoración probatoria efectuada tanto en primera como en segunda instancia, por lo que se puede evidenciar que la intención del actor es usar el mecanismo excepcional como una tercera instancia.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOSRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió link de consulta de proceso y no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela.

El Municipio de Obando guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C -590 de

20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128 de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (…)

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus

que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022 , enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(...) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado

cualificada4.

(...) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada” 5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 22 de mayo de 2026 cumple con los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia constitucional, en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos fundamentales por incurrir en los defectos: fáctico, desconocimiento del precedente y falta de motivación , por no tener por acreditado el desequilibrio económico del contrato de concesión; y la accionante argumentó suficientemente la solicitud; b) la tutelante no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) la inmediatez, pues la acción se instauró el 5 de octubre de 2026 , esto es, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el 12 de

inmediatez, pues la acción se instauró el 5 de octubre de 2026 , esto es, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el 12 de junio del año en curso , teniendo en cuenta que la notificación fue efectuada por mensaje de datos enviado el 4 del mismo mes y año ; y, d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

La Sección Tercera , Subsección B de esta corporación , en la sentencia controvertida, señaló que en el contrato se pactó por las partes que la remuneración de la concesionaria consistía en el remanente del recaudo de la tasa de alumbrado público, previo el pago de la energía suministrada por EPSA, tasa que sería fijada por el municipio, según se e stableció en el Acuerdo núm. 012 del 7 de septiembre de 1998, es decir, que el pago del contrato estaba supeditado directamente a esa tasa, previo descuento de los costos del fluido eléctrico.

Indicó que de las pruebas obrantes en el expediente se observa que el Concejo Municipal de Obando en los acuerdos núm. 018 del 9 de septiembre de 1999 y 001 del 16 de febrero de 2001 realizó modificaciones a las tasas; el segundo de ellos con manifestación expresa y puntual relacionada con la finalidad de ajustar el ingreso del concesionario.

4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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La accionada comparó la propuesta de tarifas que presentó la concesionaria con las

6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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La accionada comparó la propuesta de tarifas que presentó la concesionaria con las fijadas en los acuerdos municipales citados:

Tipo de usuario Propuesta concesionario Acuerdo 018 de 1999 Acuerdo 001 de 2001 Estrato uno 1.900 1.900 2.600 Estrato dos 2.280 2.200 3.500 Estrato tres 2.736 2.500 4.140 Estrato cuatro 3.283 4.000 No reporta Estrato cinco 3.283 4.400 No reporta Estrato seis 3.283 4.800 No reporta Comercial 3.283 3.600 7.475 Oficial 3.283 4.200 10.000 Industrial 3.612 5.300 20.000 Especial 1.900 2.370 No reporta

De lo anterior, la autoridad judicial evidenció que, con excepción de los estratos dos y tres del Acuerdo núm. 018 , las tarifas fueron fijadas en valores más altos que la oferta original del contratist a, situación que descarta el argumento de que el municipio desconoció el deber de implementar y ajustar la tasa y, por el contrario, confirma que las estimaciones del contratista se realizaron con base en unas tarifas de alumbrado público inferiores a las que realmente se aplicaron durante la ejecución.

Precisó que, si lo que se alega es la insuficiencia de la tasa para remunerar

confirma que las estimaciones del contratista se realizaron con base en unas tarifas de alumbrado público inferiores a las que realmente se aplicaron durante la ejecución.

Precisó que, si lo que se alega es la insuficiencia de la tasa para remunerar debidamente el servicio y la existencia de un desequilibrio económico derivado de ello, la parte demandante no acreditó el desbalance de la ecuación financiera.

Indicó que en la cláusula décima del contrato se acordó que si el monto de lo recaudado no era suficiente para cumplir con lo establecido por el concesionario en su propuesta (análisis financiero que deb ía hacerse anualmente) el municipio mantendría el equilibrio financiero de tres (3) formas: i) mediante ampliación del plazo de la concesión; ii) haciendo el incremento tarifario que se requiriera; o, iii) lo que estipule la Ley 143 de 1994, esto es, pagar la diferencia al concesionario.

Dijo que al proceso se allegó un CD que contiene los flujos financieros y el supuesto déficit acumulado del contrato a enero de 2019 ; que en uno de los archivos se observaba una tabla titulada «desequilibrio económico» en la que se consignó el recaudo anual entre 2001 y 2019 y las diferencias entre lo «debido pagar », la «transferencia» y el «déficit de transferencia» en el que se sumó un total de «déficit acumulado» de $1’751.496.555; es la misma tabla que se consignó en las pretensiones de la demanda.

Que se encontraba otra tabla en la que se discrimina ban esos valores mes a mes,

acumulado» de $1’751.496.555; es la misma tabla que se consignó en las pretensiones de la demanda.

Que se encontraba otra tabla en la que se discrimina ban esos valores mes a mes, otra del flujo de caja de la propuesta actualizado, los parámetros utilizados para el flujo, otras tablas del inventario de las luminarias y la energía proyectada, el plan económico de la repotenciación y el análisis de los salario s del personal; sinRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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embargo, la Sala accionada encontró que esa información no e ra suficiente para demostrar el desequilibrio económico y financiero del contrato de concesión, dado que no hay certeza sobre la metodología de elaboración de los documentos y las fuentes de información procesada, pues la Sociedad no aportó los insumos ni los soportes de los cálculos obtenidos.

Adicionalmente, adujo que los documentos allegados al proceso carecen de aval, certificación o respaldo suscrito por contador público, revisor fiscal, representante legal o trabajador encargado de la función contable de la concesionaria; en tales condiciones, dichos medios de prueba no ofrecen la necesaria certidumbre y fuerza de convicción sobre las erogaciones efectuadas con ocasión del contrato que dio origen a la controversia ni sobre la alegada ruptura del equilibrio contractual.

Resaltó que la Sociedad es comerciante y, por ende, debe llevar contabilidad; sin embargo, no aportó al proceso los correspondientes libros y soportes contables , teniendo la total posibilidad y facilidad procesal para hacerlo. Tampoco allegó las facturas que evidenciaban los valores reconocidos, la tarifa inicial, sus

embargo, no aportó al proceso los correspondientes libros y soportes contables , teniendo la total posibilidad y facilidad procesal para hacerlo. Tampoco allegó las facturas que evidenciaban los valores reconocidos, la tarifa inicial, sus modificaciones anuales y la prueba de haber cumplido con el objeto contractual. «Incluso, se echa de menos un eventual trabajo pericial que permitiera cotejar los ingresos proyectados con los reales y su insuficiencia».

La Sala accionada concluyó que los documentos aportados se limitan a presentar un cálculo financiero realizado por el concesionario, el cual no se puede corroborar con la realidad de la ejecución contractual ni contrastarse con las proyecciones del modelo financiero que sustentó la propuesta económica; tampoco permiten determinar el valor del negocio jurídico, según lo pactado en la cláusula segunda del contrato.

Que el demandante no demostró la ruptura del equilibrio contractual establecido por las partes al momento de suscribir el negocio jurídico ni tampoco que ello haya ocurrido por no haberse obtenido la retribución económica esperada ; motivo por el cual confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

La demandante considera que la Sala accionada incurrió en el defecto fáctico porque no valor ó de manera razonable y completa, las siguientes pruebas: i) el otrosí del 7 de marzo de 2001; ii) las reclamaciones formuladas por la concesionaria solicitando el restablecimiento de la ecuación financiera; iii) los análisis económicos y cuadros financieros elaborados durante la ejecución contractual ; iv) la documentación relacionada con la evolución de las tarifas de alumbrado público; y, v) los documentos demostrativos de la ejecución continua del contrato durante

y cuadros financieros elaborados durante la ejecución contractual ; iv) la documentación relacionada con la evolución de las tarifas de alumbrado público; y, v) los documentos demostrativos de la ejecución continua del contrato durante aproximadamente veinte (20) años. Pruebas que según ella acreditan la existencia de controversia permanente sobre la insuficiencia de los recursos destinados a financiar la concesión.

Sobre el particular, la Sala no advierte que la valoración que realizó el juez contencioso de segunda instancia hubiera sido capricho sa, irracional o arbitrar ia;Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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por el contrario, se evidencia que examinó las pruebas en conjunto, de manera integral y conforme a las reglas de la sana crítica, lo que le permitió concluir que no es posible corroborar las cifras que presenta la demandante con la realidad de la ejecución del contrato , ni contrastar estas con las proyecciones del modelo financiero que sustentó la propuesta económica, a efectos de determinar si existe o no un desequilibrio económico.

Ahora, si bien la accionante alega que las pruebas citadas demuestran la existencia de controversia permanente sobre la insuficiencia de los recursos destinados a financiar la concesión, lo cierto es que, la Subsección accionada no encontró que dichos elementos brinden certeza sobre ello y mucho menos dan cuenta que los cálculos financieros de la sociedad correspondan; motivo por el cual no se configura la causal alegada.

A juicio de la sociedad en la sentencia cuestionada no se explicó de manera suficiente las razones por las cuales resultaba imposible adoptar medidas encaminadas a restablecer la ecuación económica contractual o a efectuar una

la causal alegada.

A juicio de la sociedad en la sentencia cuestionada no se explicó de manera suficiente las razones por las cuales resultaba imposible adoptar medidas encaminadas a restablecer la ecuación económica contractual o a efectuar una liquidación judicial que permitiera esclarecer definitivamente las cuentas derivadas de la ejecución del contrato, por lo que se configura el error de falta de motivación.

Esta causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial «propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia, cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción (…) el juez de tutela deberá tener presente que el deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso»7.

La Sala avizora que la autoridad accionada en la providencia cuestionada señaló de manera clara y precisa, porqué las pruebas que aportó la demandante no brindaban certeza sobre la insuficiencia de la tasa para remunerar debidamente el servicio y la existencia de un desequilibrio económico derivado de él. En cambió se evidencia que la argumentación de la sociedad se encamina a demostrar su inconformidad con la decisión adoptada, lo cual no acredita la violación de los derechos fundamentales invocados y tampoco es suficiente para dejar sin efectos una providencia judicial.

Por último, la accionante estima que la Subsección accionada incurrió en el desconocimiento del precedente, para lo cual dijo que hay jurisprudencia de la Corte

providencia judicial.

Por último, la accionante estima que la Subsección accionada incurrió en el desconocimiento del precedente, para lo cual dijo que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que trata sobre la carga dinámica de la prueba. En este punto, se advierte que la demandante no indicó cuál o cuáles fueron los precedentes que fueron inadvertidos por el juez contencioso y cómo ello incide en la decisión adoptada, circunstancia que le impide al juez constitucional estudiar la causal invocada.

7 Corte Constitucional, Sentencia T 041 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2026 -08159 -00

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En consecuencia, se negará el amparo invocado, porque no se materializan las causales específicas alegadas ni cualquier otra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado por la Sociedad Tenorio García y CIA LTDA, conforme a las consideraciones expuestas.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente

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