CE - Sentencia 11001032400020050006701 de 2025

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Título: CE - Sentencia 11001032400020050006701 de 2025
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad Número único de radicación: 110010324000200500067-01 (Acumulados

110010324000200500064-01 110010324000200500189-01 110010324000200500115-01 110010324000200700196-01)

Demandantes: Eliana Suárez Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María

Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera, Sergio Andrés García Palacios y Salud Total S.A. E.P.S.

Demandada: Nación – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social)1

Tema: Se resuelve sobre las demandas de nulidad parcial presentadas contra la Nación – Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) respecto de la legalidad de la Resolución núm. 3797 de 11 de noviembre de 2004.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, las demandas presentadas por Eliana Suárez Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera, Sergio Andrés García Palacios y Salud Total S.A. E.P.S. contra la Nación – Ministerio de la Protección Social.

Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera, Sergio Andrés García Palacios y Salud Total S.A. E.P.S. contra la Nación – Ministerio de la Protección Social.

1 De conformidad con los artículos 6.° y 9.° de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 “[…] Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. […]”, se escindió el Ministerio de la Protección Social y se creó el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual asumió las funciones que estaban asignadas al Despacho del Viceministro de Salud y Bienestar del escindido Ministerio de la Protección Social.2

Número único de radicación: 11001032400020050006701 (Acumulados 11001032400020050006401; 11001032400020050018901; 11001032400020050011501; 11001032400020050012001; 11001032400020070019601) Demandantes: Eliana Suárez Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera, Sergio Andrés García Palacios y Salud Total S.A.

E.P.S.

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La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

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La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. Eliana Suárez Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera y Sergio Andrés García Palacios , presentaron demanda2 contra la Nación – Ministerio de la Protección Social, Hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 3, en adelante, Código Contencioso Administrativo; y Salud Total S.A. E.P.S. 4, presentó demanda contra la Nación - Ministerio de la Protección Social, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

2. Las demandas objeto de estudio , identificadas con número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00067 01; 11001 03 24 000 2005 00064 01; 11001 03 24 000 2005 00115 01; 11001 03 24 000 2005 00120 01, fueron presentadas en la Sección Primera del Consejo de Estado; las identificadas con los números únicos de radicación 11001 03 24 000 2005 00189 01 y 11001 03 24 000 2007 00196 01 fueron presentada en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. La Sala de la Subsección B de la Sección Primera d el Tri bunal

2007 00196 01 fueron presentada en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. La Sala de la Subsección B de la Sección Primera d el Tri bunal Administrativo de Cundinamarca , mediante auto s proferidos el 21 de abril de 20055, resolvió remitir por competencia a esta Corporación, las demandas identificadas con los números únicos de radicación 11001 03 24 000 2005 00189 01 y 11001 03 24 000 2007 00196 01, en los que consideró:

2 Actuando en nombre propio. 3 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 4 Mediante apoderado. 5 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C04_01Otros_ActuacionesProceso2005-00295(.pdf) Folios 27 y 28. El expediente se radicó en el Consejo de Estado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2007 00196 01.3

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E.P.S.

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“[...] La Sala estima que la competencia para su conocimiento está radicada en cabeza del H. Consejo de Estado por tratarse de un acto de carácter general, expedido por una autoridad de carácter nacional y que por su naturaleza carece de cuantía [...]".

4. Las demandas fueron admitidas en la Sección Primera del Consejo de

Estado de la siguiente forma:

4.1. Proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00067 01 : el Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 25 de febrero de 20056, admitió la demanda como nulidad.

4.2. Proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00064 01 : la Sección Primera , mediante auto proferido el 17 de agosto de 20067, admitió la demanda como nulidad , y negó la suspensión provisional solicitada.

4.3. Proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00189 01 : el Despacho sustanciador , mediante auto proferido el 31 de octubre de 20058, admitió la demanda como nulidad.

4.4. Proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00115 01 : la Sección Primera, mediante auto proferido el 30 de junio de 20059, admitió la demanda como de nulidad, y negó la suspensión provisional solicitada.

2005 00115 01 : la Sección Primera, mediante auto proferido el 30 de junio de 20059, admitió la demanda como de nulidad, y negó la suspensión provisional solicitada.

4.5. Proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00120 01 : la Sección Primera , mediante auto proferido el 9 de junio de 200510, admitió la demanda como de nulidad, y negó la suspensión provisional solicitada.

6 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C01_54Otros_CuadernoEnBloque(.pdf). Folio 33. 7 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C06_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00064(.pdf). Folios 103 a 110. 8 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C07_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00189(.pdf). Folios 20 y 21. 9 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C03_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00115(.pdf). Folios 50 a 60. 10 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C05_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00120(.pdf). Folios 53 a 61.4

11001032400020050006401; 11001032400020050018901; 11001032400020050011501; 11001032400020050012001; 11001032400020070019601) Demandantes: Eliana Suárez Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera, Sergio Andrés García Palacios y Salud Total S.A. E.P.S.

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4.6. Proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2007 00196 01 : el Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 6 de septiembre de 2007 11, admitió la demanda como nulidad ; la parte demandante interpuso recurso de reposición contra esta decisión 12; el Magistrado ponente, mediante auto proferido el 18 de diciembre de 200713, resolvió no reponer el auto proferido el 6 de septiembre de 2007, para lo cual consideró:

“[…] En el presente asunto, considera el Despacho importante precisar que el objeto del recurso de reposición se circunscribe a dilucidar la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativ o general como el contenido en la Resolución 3797 de 2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social.

En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho procedan contra actos administrativos de carácter general como el contenido en la decisión enjuiciada, en virtud de la aplicación de la Teoría de los Móviles y Finalidades. No obstante, tal circunstancia ha sido enmarcada dentro de un ámbito funcional restringido y excepcional, y por consiguiente, la misma debe ceñirse a unos criterios o derroteros específicos, como el que se interponga dentro del término de caducidad previsto para la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A : el que se evidencie la afectación de un derecho subjetivo amparado por el ordenamiento jurídico con la vigencia del acto de carácter general; y el que no existan actos administrativos de carácter particular que desarrollen el acto administrativ o general acusado, como quiera que de encontrarse ese acto particular la acción procedente contra el sería la de nulidad y restablecimiento del derecho, y contra el acto general la acción publica de nulidad.

En este orden, debe señalarse que en el presente asunto, tal y como se indicó en el auto de admisión aquí controvertido, existen actos administrativos particulares que desarrollan el contenido de la resolución censurada, por ejemplo, el de la aprobación de la liquidación de los recobros, por concepto de medicamentos o fallos de tutela […].

La mentada liquidación constituye un acto administrativo particular que puede ser demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, […] acto que eventualmente es el que produce una lesión a los derechos de la actora, y no el acto general

demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, […] acto que eventualmente es el que produce una lesión a los derechos de la actora, y no el acto general referenciado, tal como se pretende en la demanda […]”.

11 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C02_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00196(.pdf). Folios 76-80. 12 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C02_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00196(.pdf). Folios 81-86. 13 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C02_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00196(.pdf). Folios 121-127.5

E.P.S.

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5. El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante informe que obra en el proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00067 01 14, informó la existencia de otras demandas tramitadas en la Corporación, contra la Resolución núm. 3797.

informe que obra en el proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 24 000 2005 00067 01 14, informó la existencia de otras demandas tramitadas en la Corporación, contra la Resolución núm. 3797.

6. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 16 de diciembre de 200815, resolvió: “[...] DECRÉTASE la acumulación de los procesos radicados bajo los números 2005 -0064, 00115, 00120, 00189 y 2007 -00196 al proceso 200500067-01 [...]”.

7. En el mencionado auto se consideró: “[…] Como quiera que los procesos 2005-00067, 0064, 00115, 00120 y 00189 se encuentran para proferir fallo, mientras que el 2007 -196 se encuentra para decretar pruebas, se suspenderán los primeros hasta tanto este último se encuentre en la misma situación […]”.

Las demandas

La demanda del proceso identificado con el número único de radicado 110010324000200500067-01

8. La parte demandante solicitó la nulidad del literal b) y del inciso final del artículo 19 de la Resolución 3797 de 11 de noviembre de 2004 16; y formuló las

siguientes pretensiones17:

“[…] Solicito se declare la nulidad del literal b) y del inciso final del artículo 19 de la resolución 3797 de 11 de noviembre de 2004 proferida por el Ministerio de la Protección Social “Por la cual se reglamentan los Comités Técnicos Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía,

Protección Social “Por la cual se reglamentan los Comités Técnicos Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud – POS y de fallos de tutela”, publicada el Diario Oficial No. 45.738 de 20 de noviembre de 2004 […]”. (sic)

14 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C01_54Otros_CuadernoEnBloque(.pdf). Folios 206-208. 15 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C01_54Otros_CuadernoEnBloque(.pdf). Folios 209 y 210. 16 Cfr. “[…] Por la cual se reglamentan los Comités Técnicos Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud – POS y de fallos de tutela […]”. Publicada en el Diario Oficial núm. 45.738 de 20 de noviembre de 2004. 17 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C07_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00189(.pdf). Folio 16.6

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9. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

9.1. El Ministro de la Protección Social profirió la Resolución núm. 3797 en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el artículo 173 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, por medio de la cual se reglamentaron los Comités Técnico Cie ntíficos y se estableció el procedimiento de los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, en adelante POS, y de fallos de tutela.

10. La parte demandante señaló las normas violadas y expuso el concepto de la violación, fundamentalmente, de la siguiente manera:

Artículo 13, 121 y 48 de la Constitución Política

10.1. Manifestó que, el literal b) del artículo 19 de la Resolución 3797 v ulnera el principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución, porque al limitar el valor que el FOSYGA puede reconocer y pagar respecto de los medicamentos no incluidos en el POS, sin homólogo en este, que son suministrados con autorización del Comité Técnico Científico o por orden de una sentencia de tutela, introduce un trato discriminatorio injustificado frente a los criterios de liquidación , puesto que permite reconocer y pagar el 50 % del valor de tales medicamentos mientras que el literal a) de la misma norma, autoriza el reconocimiento y pago del 100% del valor de los medicamentos no incluidos en el POS, con homólogo en este.

10.2. Señaló que el inciso final del artículo 19 realiza un condicionamiento desproporcionado e injustificado al señalar que solamente se reconocerá el 100% del valor del medicamento no incluido en el POS, sin homólogo en este, según factura del proveedor, cuando el suministro fue negado por el Comité Técnico Científico, y posteriormente ordenado en un fallo de tutela, debido a que el estudio del Comité Técnico Científico no es requisito indispensable para que el usuario7

E.P.S.

Demandantes: Eliana Suárez Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera, Sergio Andrés García Palacios y Salud Total S.A.

E.P.S.

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presente la acción de tutela, ni guarda conexidad con el restablecimiento del equilibrio del sistema; por esta razón, manifestó que, en los casos en que el Comité Técnico Científico autoriza el suministro del medicamento debe restablecerse el equilibrio con el reconocimiento y pago del 100% del valor del medicamento, pero en los casos en que es el juez de tutela el que ordena el suministro, dicho equilibrio si se restablezca.

10.3. Aseveró que, el literal b) y el inciso final del artículo vulneran el artículo 121 superior: según los artículos 172 y 218 de la Ley 100 y el artículo 6.° del Decreto 1283 de 23 de julio de 199618, porque el Ministerio de la Protección Social ejerció competencias que no le corresponden, toda vez que éstas le fueron asignadas al Consejo de Administración del FOSYGA, y porque los criterios desarrollados son ajenos al Acuerdo 228 de 3 de mayo de 2002, “[…] por medio del cual se actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones […]”.

10.4. Afirmó que el literal b) y el inciso final del artículo vulneran el artículo 48 constitucional, puesto que el límite establecido para el restablecimiento económico en relación con el suministro de medicamentos no incluidos en el POS, sin homólogo en este, rompe el equilibrio económico de la relación contractual entre las EPS y el Estado; lo anterior, atendiendo a que el suministro de tales medicamentos no fue tenido en cuenta para el cálculo de la UPC y desborda las obligaciones de las EPS, con lo cual, la ausencia de un restablecimiento que corresponda al 100% del valor de esos medicamentos atenta contra los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad del sistema.

La demanda identificada con el número único de radica ción 110010324000200500064-01

11. La parte demandante solicitó la nulidad de los incisos 2.° y 3.° del artículo 12 de la Resolución 3797; y formuló las siguientes pretensiones19:

18 “[…] por el cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud […]”. 19 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C06_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00064(.pdf). Folios 2 y 3.8

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“[…] 1. Que se declare la nulidad del texto de la norma artículo 12 de la Resolución 3797 de 2004 expedida por el Ministerio de la protección Social en sus incisos segundo y tercero. (sic)

2. Que se dicte Auto de Suspensión Provisional de los incisos segundo y tercero referidos, cuya petición está debidamente sustentada en escrito separado que se acompaña a la presente demanda […].” (sic)

12. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

12.1. El Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 1281 de 19 de junio de 2002, “[…] por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación […]”.

12.2. El Ministro de la Protección Social profirió la Resolución núm. 3797 con fundamento en el artículo 173 de la Ley 100, a través de la cual dictó normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, y las Empre sas Promotoras de Salud, EPS ; y reglamentó el citado decreto, modificando su texto y creando nuevas reglas que introdujo con violación del debido proceso.

12.3. La Defensoría del Pueblo emitió una comunicación en la que evidencia las irregularidades de la reglamentación prevista en la Resolución núm. 3797.

13. La parte demandante señaló las normas violadas y expuso el concepto de

la violación, en esencia, de la siguiente forma:

Artículo 29 de la Constitución Política y artículo 13 de la Ley 1281

14. Señaló que los incisos 2.° y 3.° del artículo 12 de la Resolución núm. 3797 vulneran el debido proceso, pues con ellos se hizo desaparecer la distinción que se desprende de los artículos 7.° y 13 del Decreto Ley 1281, entre los hechos generadores que dan lugar a solicitar pagos o reclamaciones al FOSYGA por parte9

E.P.S.

Demandantes: Eliana Suárez Hernández, Luis Felipe Valencia Berrío, María Carolina Carrillo Garay, Gonzalo Correa Herrera, Sergio Andrés García Palacios y Salud Total S.A.

E.P.S.

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de las IPS y la EPS , con lo cual se modificó el momento a partir del cual debe iniciar a contarse el término de 6 meses que tienen las EPS para presentar cobros o reclamaciones al FOSYGA, previsto en el artículo 13 del Decreto Ley 1281 ; afirmó que ese término no puede pender del arbitrio o discrecionalidad de un tercero: en este caso las IPS, que cuentan con un término de 6 meses para presentarle a las EPS la correspondiente cuenta o factura por el servicio prestado, o el medicamento entregado.

15. Manifestó que de acuerdo con los mencionados artículos del Decreto Ley 1281, es claro que los hechos generadores que dan lugar a tramitar los reembolsos de los que se ocupó la resolución 3797, son distintos; para el caso de las IPS, que son las prestadoras de los servicios de salud, el hecho generador lo constituye la prestación del servicio o la entrega del medicamento ; mientras que para las EPS, el hecho generador lo constituye el pago del servicio prestado o el medicamento entregado.

16. Indicó que el artículo 7.° del Decreto Ley 1281, sobre “[…] trámite de las cuentas presentadas por los prestadores de salud […]”, previó que las IPS deben presentar sus cuentas de cobro, facturas o reclamaciones a las EPS, al FOSYGA, o a las administradoras del régimen subsidiado, o a las entidades territoriales, a

cuentas presentadas por los prestadores de salud […]”, previó que las IPS deben presentar sus cuentas de cobro, facturas o reclamaciones a las EPS, al FOSYGA, o a las administradoras del régimen subsidiado, o a las entidades territoriales, a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de prestación del servicio o de la ocurrencia del hecho generador de las mismas.

17. De igual manera, aludió que el artículo 13 ibidem, sobre “[…] términos para cobros o reclamaciones con cargo a los recursos del Fosyga […]” , previó que cualquier tipo de cobro o reclamación que deba atenderse con cargo a los recursos de las diferentes subcuentas de dicho Fondo, deberá presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la generación o establecimiento de la obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda.

18. Concluyó que la expresión prevista en el artículo 13 ibidem, es la que permite entender, en lógica, que el derecho que tienen las EPS de presentar cobros o reclamaciones ante el Fosyga nace en el momento en que realizan el10

E.P.S.

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pago del servicio prestado o el medicamento, previo estudio de las factura s que para tal efecto le presenta la IPS; por ende, es desde ese momento que se cuenta el término de 6 meses que tiene para recobrarle esa suma al Fosyga; mientras que, el hecho generador que da ese mismo derecho a las IPS respecto del Fosyga, las EPS, las ARS, o las entidades territoriales, es la prestación del servicio o la entrega del medicamento, conforme lo prevé el artículo 7.° del decreto Ley 1281.

19. En esa línea, manifestó que las modificaciones de los hechos generadores que introducen las normas demandadas traen como consecuencia la variación ilegal del término de caducidad que tienen las EPS para presentar los recobros al Fosyga, toda vez que lo superpone con el que tienen las IPS para solicitar el pago de los servicios prestados o los medicamentos entregados, debido a que iguala el hecho generador que da lugar a contar los 6 meses para las EPS con el hecho generador que les corresponde a las IPS, cuando el artículo 13 de la Ley 1281 tiene previsto que: “[…] cualquier tipo de cobro o reclamación que deba atenderse con recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga deberá tramitarse en debida forma ante su administrador fiduciario dentro de los seis meses siguientes a la generación o establecimiento de l a obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda […]”.

La demanda identificada con el número único de radicación

forma ante su administrador fiduciario dentro de los seis meses siguientes a la generación o establecimiento de l a obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda […]”.

La demanda identificada con el número único de radicación 110010324000200500120-01

20. La parte demandante solicitó la nulidad contra la expresión “[…] con constancia de ejecutoria […]” prevista en el literal b) del artículo 11; y contra el aparte “[…] y para efectos de los fallos de tutela el término se contará a partir de la expedición de la constancia de ejecutoria de la sentencia que las soporta […] prevista en el inciso segundo del artículo 12 de la Resolución 3797; y formuló las

siguientes pretensiones20:

“[…] 1. Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de las frases “con constancia de ejecutoria” y “par a efectos de los fallos de tutela el término se

20 Cfr. Samai. Índice 00085. ED_C05_01Otros_ActuacionesProceso_2005-00120(.pdf). Folio 1311

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