CE - Sentencia 11001032400020060006500 de 2025

Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

Demandantes: Rubiela Huertas Guerrero y Luis Felipe Valencia Berrío

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Radicado: 11001 03 24 000 2006 00065 00 11001 03 24 000 2006 00090 00 (Acumulado).

Demandante: Rubiela Huertas Guerrero y Luis Felipe Valencia Berrío.

Demandada: Superintendencia Nacional de Salud.

Acción: Acción de nulidad – Código Contencioso Administrativo.

Tesis: No es es nula por falta de competencia , vulneración de normas superiores ni desviación de poder, la Circular de servicio por medio de la cual la Superintendencia Nacional de Salud consideró que la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal y estableció sanciones para las entidades que incurrieran en esas prácticas.

No es procedente invocar la nulidad de un acto administrativo con fundamento en reparos sobre los efectos o consecuencias derivadas de su aplicación.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

No es procedente invocar la nulidad de un acto administrativo con fundamento en reparos sobre los efectos o consecuencias derivadas de su aplicación.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia, la s demandas acumuladas presentadas en ejercicio de la acción de nulidad por los señores Rubiela Huertas Guerrero 1 y Luis Felipe Valencia Berrío2, contra la Superintendencia Nacional de Salud, para que se declare la nulidad de la Circular Externa Número 000026 del 9 de febrero de 2006, por la cual el Superintendente Nacional de Salud imparte instrucciones en materia de prácticas ilegales a los Representantes Legales, Juntas Directivas, Revisores Fiscales y Contadores de Entidades Promotoras de Salud, quienes administran el régimen contributivo y/o subsidiado.

I. DEMANDA

1 En nombre propio. 2 En nombre propio.Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

Demandantes: Rubiela Huertas Guerrero y Luis Felipe Valencia Berrío

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2 1.1. Pretensión

A) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00065 00. Demandante: Rubiela Huertas Guerrero

1. En su escrito de demanda, solicitó lo siguiente:

«[…] Solicito Honorables Magistrados, que se declare que es nula parcialmente

2006 00065 00. Demandante: Rubiela Huertas Guerrero

1. En su escrito de demanda, solicitó lo siguiente:

«[…] Solicito Honorables Magistrados, que se declare que es nula parcialmente la Circular Externa No. 00026 del 9 de febrero de 2006, expedida por el Superintendente Nacional de Salud, publicada en el Diario Oficial No. 46.178 del 10 de febrero de 2006, en los apartes que se transcriben a continuación:

“Instrucción

Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud considera que la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal la cual no puede llevarse a cabo

Sanciones

El incumplimiento de lo aquí reglamentado en la presente circular, dará lugar al ejercicio de las facultades sancionatorias consagradas en los artículos 230 y 233 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 5° del Decreto 1259 de 1994, sin perjuicio de la aplic ación de las medidas cautelares previstas en los artículos 2° y 3° del Decreto 882 de 1998. […]»3 (Negrillas del texto original)

B) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00090 00. Demandante: Luis Felipe Valencia Berrio

2. En su escrito de demanda, solicitó lo siguiente:

«1. Que se declare la nulidad del texto subrayado de la norma cuyo tenor es el siguiente:

Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud considera que la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura se cataloga

«1. Que se declare la nulidad del texto subrayado de la norma cuyo tenor es el siguiente:

Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud considera que la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura se cataloga como un práctica insegura e ilegal la cual no puede llevarse a cabo » 4 (Subrayas del escrito de la demanda)

1.2. Acto acusado

3 Folios 19 a 53 Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060006500) 4 Folios 18 a 46 Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060009000).Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

Demandantes: Rubiela Huertas Guerrero y Luis Felipe Valencia Berrío

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3. La parte resolutiva del acto cuya legalidad se discute es la que se transcribe

a continuación:

«CIRCULAR EXTERNA 26 DE 2006

(febrero 9) Diario Oficial No. 46.178 de 10 de febrero de 2006

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Para: Representantes Legales, Juntas Directivas, Revisores Fiscales y Contadores de Entidades Promotoras de Salud, quienes administran el

Régimen Contributivo y/o Subsidiado.

Asunto: Instrucciones en materia de prácticas ilegales […]

INSTRUCCIÓN.

Contadores de Entidades Promotoras de Salud, quienes administran el Régimen Contributivo y/o Subsidiado.

Asunto: Instrucciones en materia de prácticas ilegales […]

INSTRUCCIÓN.

Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud considera que la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal la cual no puede llevarse a cabo.

SANCIONES.

El incumplimiento de lo aquí reglamentado en la presente circular, dará lugar al ejercicio de las facultades sancionatorias consagradas en los artículos 230 y 233 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 5º del Decreto 1259 de 1994, sin perjuicio de la aplicación de las medidas cautelares previstas en los artículos 2º y 3º del Decreto 882 de 1998 […]».(Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala).

1.3. Supuestos fácticos

A) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00065 00:

4. Señaló que la entidad accionada, instruyó irregularmente mediante la circular demandada, a las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS) que administran el Régimen Contributivo y Subsidiado, en el sentido de que «la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura se cataloga como una práctica insegura e ilegal la cual no puede llevarse a cabo»5

B) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00090 00

una práctica insegura e ilegal la cual no puede llevarse a cabo»5

B) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00090 00

5 Folios 19 a 53 Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060006500).Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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5. Manifestó que el Superintendente Nacional de Salud expidió a través de la Circular 26 de 2006 una prohibición para que las EPS puedan invertir recursos de la Unidad de Pago por Capitación (en adelante UPC) en infraestructura.

6. Agregó que con dicha expedición se limita el manejo de los recursos de la seguridad social, creando un ambiente de discriminación frente a las entidades que deciden tener infraestructura propia o realizar inversiones permanentes para organizar el servicio a través de otras entidades con miras a lograr mayor eficiencia en el servicio de salud. Por lo tanto, concluyó que es una norma que limita la libertad económica y desnaturaliza el manejo que debe tener la Unidad de Pago por Capitación en términos de eficiencia.

1.4. Concepto de la violación

A) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00065 00

Capitación en términos de eficiencia.

1.4. Concepto de la violación

A) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00065 00

1.4.1. Vulneración de la cláusula general de competencia

7. Alegó que no se observó la cláusula general de competencia contenida en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política , al no existir en el ordenamiento normas de rango legal o constitucional que faculten a la Superintendencia Nacional de Salud para determinar qué tipo de prácticas son inseguras e ilegales.

8. Expuso que al haberse arrogado facultades sancionatorias en la Circular demandada conforme el artículo 5 del Decreto Ley 1259 de 1994 omitió lo decidido en la Sentencia C-921 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, pues allí se determinó que las instrucciones y órdenes que da n lugar a la imposición de sanciones solo pueden expedirse en ejercicio de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud, enmarcándose aquellas en las funciones asignadas para hacer efectivos los objetivos primordiales que se buscan satisfacer con la labor de inspección, vigilancia y control que le compete desarrollar.Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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9. Sostuvo que, aunque es cierto que una de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud es la de impartir instrucciones cuyo incumplimiento puede ser objeto de sanción, aquella debe estar en el marco de sus competencias en atención a lo que disponen los artículos 6 y 121 de la Constitución

Política.

10. Precisó también que de la lectura del Decreto Ley 1259 de 1994 , citado en los considerandos de la decisión censurada, no se extrae que la entidad demandada tenga la facultad de establecer qué es una práctica insegura ni ilegal, ni de definir el régimen de inversión de los recursos provenientes de la UPC.

11. Agregó que el artículo 68 de la Ley 715 de 2001 no contiene ningún tipo de categorización de la inversión que se efectúe con los recursos provenientes de la UPC, reiterando que no le corresponde a la entidad accionada su tipificación

mediante Circulares Externas.

12. Indicó que el numeral 3° del Decreto 882 de 1998 autoriz ó a las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS) para realizar inversiones de infraestructura con recursos provenientes de la UPC, pues allí se establece que este tipo de inversión únicamente se vería restringida cuando las EPS tuviesen cuentas por pagar superiores a 30 días calendario.

13. Sostuvo que las disposiciones contenidas en los Decretos 1804 de 1999 y

inversión únicamente se vería restringida cuando las EPS tuviesen cuentas por pagar superiores a 30 días calendario.

13. Sostuvo que las disposiciones contenidas en los Decretos 1804 de 1999 y 1485 de 1994, así como en el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, facultan a las EPS para destinar una parte de los recursos provenientes de la UPC a gastos de administración, publicida d e inversiones en infraestructura, toda vez que esas erogaciones se relacionan directamente con su objeto social y con la adecuada prestación del Plan Obligatorio de Salud (en adelante POS).

14. Citó apartes de las sentencias C -828 de 2001, C-1040 de 2003 y C -824 de 2004 de la Corte Constitucional, de las cuales dedujo que dicha Corporación ha sostenido que sin una estructura administrativa que respalde la prestación delRadicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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6 servicio médico, este no podría ejecutarse adecuadamente y que en caso de efectuarse inversiones en infraestructura no podría presumirse una desviación de los recursos de la seguridad social. Asimismo destacó que conforme al pronunciamiento contenido en la sentencia C-349 de 2004, la adquisición de activos con recursos parafiscales resulta admisible siempre que la infraestructura adquirida

los recursos de la seguridad social. Asimismo destacó que conforme al pronunciamiento contenido en la sentencia C-349 de 2004, la adquisición de activos con recursos parafiscales resulta admisible siempre que la infraestructura adquirida se mantenga destinada al mismo sector que los aportó.

1.4.2. Debido proceso

15. Manifestó que la decisión enjuiciada contraviene el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que la facultad especial otorgada a dicha entidad para impartir instrucciones cuyo incumplimiento puede ser sancionado se restringe al ámbito de sus competencias legales. En consecuencia, sostuvo que al establecer sanciones relativas a la inversión de los recursos de la UPC, la entidad demandada excedió las competencias que le reconoce la Ley y desconoció el debido proceso de las EPS, las cuales quedarían sometidas a dicha instrucción y a la eventual imposición de sanciones derivadas de su incumplimiento.

1.4.3. Libre actividad económica e iniciativa privada

16. Manifestó que la calificación como práctica insegura e ilegal de la inversión de recursos provenientes de la UPC, se tradujo en una restricción indebida a la libertad económica, porque impidió que las EPS y ARS ejerzan su objeto social y desarrollen una actividad económica lícita, con lo cual se vulnera el artículo 333 de

la Constitución Política.

17. Refirió que el artículo 182 de la Ley 100 de 1993 reconoce a las EPS un valor per cápita destinado a la organización y prestación de los servicios incluidos en el POS, dentro del cual se contemplan los costos administrativos. Añadió que, conforme al artículo 178 de la misma ley, las funciones asignadas a las EPS

per cápita destinado a la organización y prestación de los servicios incluidos en el POS, dentro del cual se contemplan los costos administrativos. Añadió que, conforme al artículo 178 de la misma ley, las funciones asignadas a las EPS implican necesariamente la realización de inversiones en infraestructura, definidas según el Diccionario de la Real Academia Española, como el «conjunto de elementos o servicios que se consideran ne cesarios para la creación yRadicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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7 funcionamiento de una organización cualquiera» 6. En consecuencia, sostuvo que la facultad de invertir en infraestructura se deriva de la potestad legal de prestar directamente los servicios de salud, en tanto ello resulta indispensable para el desarrollo del giro ordinario de la entidad y para garantizar la adecuada prestación del POS.

18. Al respecto, citó la Sentencia C -974 de 2002 de la Corte Constitucional, de la cual dedujo que el concepto de servicios de salud comprende también componentes como la infraestructura, los equipos biomédicos y la dotación en general. En consecuencia, consid eró que las EPS se encuentran facultadas para destinar los recursos que reciben por concepto de UPC a inversiones en infraestructura, por cuanto ello hace parte de su libertad económica.

19. Agregó que se desconocen los requisitos establecidos por la jurisprudencia

destinar los recursos que reciben por concepto de UPC a inversiones en infraestructura, por cuanto ello hace parte de su libertad económica.

19. Agregó que se desconocen los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la restricción de la libre competencia, en tanto la Circular: (i) no fue expedida por el Legislador; (ii) afecta el núcleo esencial de la libertad de empresa y (iii) no obedece a los principios de solidaridad, razonabilidad ni proporcionalidad. Señaló que la protección de los recursos del sistema de salud no puede traducirse en una limitación al giro ordinario de las EPS y ARS, consistente en organizar y garantizar la prestación del POS.

1.4.4. Violación del principio de reserva de ley para restringir la libertad económica e intervenir en la economía

20. Expuso que el acto enjuiciado fue expedido en contravía de lo señalado en los artículos 333, 334 y 150 numeral 21 de la Constitución, pues interviene en la economía e impone restricciones a la libertad económica, por lo que debió ser expedida por el Congreso de la República , tal y como lo reafirma la Sentencia C974 de 2002

6 Folios 24, cuaderno principal (Rad. 11001032400020060006500).Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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21. A continuación, citó la Sentencia C -615 de 2002 en cuanto al principio de proporcionalidad el cual no habría sido observado por la entidad demandada al prohibir inversiones a entidades privadas.

1.4.5. Infracción de normas de carácter legal:

22. Sostuvo que la decisión impugnada desconoce los artículos 156, 177, 179, 181, 183 y 215 de la Ley 100 de 1993, al pasar por alto que tanto las EPS como las ARS están facultadas para prestar directamente los servicios de salud, lo cual implica la posibilidad de realizar inversiones en infraestructura para el cumplimiento de sus funciones.

26. Resaltó que existe una contradicción en las directrices impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud, pues mientras mediante la Circular 039 de 2000 se instruye a EPS para realizar inversiones en infraestructura, en la disposición demandada se les prohíbe destinar recursos para el mismo fin. Indicó que tal incoherencia desconoce que el desarrollo de la actividad propia de las EPS exige precisamente ese tipo de inversiones, las cuales provienen de los recursos asignados para la organización y garantía de la prestación del POS.

1.4.6. Infracción de normas de orden reglamentario

23. Señaló que la Circular demandada fue expedida en contravención de diversas disposiciones de jerarquía superior que autorizan a las EPS a destinar parte de los recursos provenientes de la UPC a inversiones en infraestructura y

23. Señaló que la Circular demandada fue expedida en contravención de diversas disposiciones de jerarquía superior que autorizan a las EPS a destinar parte de los recursos provenientes de la UPC a inversiones en infraestructura y gastos administrativos. En efecto, precisó que el numeral 3 del Decreto 882 de 1998 únicamente restringe dicha destinación cuando las entidades presentan cuentas por pagar con una antigüedad superior a treinta (30) días, de modo que al estar al día las EPS se encuentran habilitadas para realizar tales inversiones.

24. Igualmente, indicó que el artículo 13 del Decreto 1804 de 1999 y el artículo 11 del Decreto 1485 de 1994 permiten la utilización de los recursos de la UPC en actividades relacionadas con la organización y funcionamiento del servicio, además de encontrar en el numeral 3 ibidem autorización para destinar hasta el 3% de losRadicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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9 recursos de la UPC en publicidad, sin establecer prohibición alguna sobre la inversión en infraestructura.

1.4.7. Falsa motivación

25. Fundamentó este cargo en la inexistencia de una norma de rango superior que califique como ilegal o insegura la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura. Sostuvo que el acápite de competencia de la Circular

25. Fundamentó este cargo en la inexistencia de una norma de rango superior que califique como ilegal o insegura la inversión de recursos provenientes de la UPC en infraestructura. Sostuvo que el acápite de competencia de la Circular demandada parte de una pre misa errónea, pues: «está realizando una afirmación que es falsa, que no cabe dentro de la categoría de lo verídico »7, al carecer la Superintendencia Nacional de Salud de habilitación legal para emitir la instrucción y la consecuente sanción prevista en el texto acusado.

26. Tal conclusión se reafirma con las declaraciones del Superintendente de la época, quien manifestó que la orden contenida en la circular provenía de su preocupación por las deudas con los prestadores, siendo este el verdadero motivo o causa determinante de la expedición de la instrucción que se considera nula.

B) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 0324 000 2006 00090 00

1.4.8. Infracción de las normas en que debía fundarse

27. Señaló como norma constitucional vulnerada el artículo 333 de la Constitución Política, al estimar que el acto enjuiciado desconoce los principios de libre competencia e iniciativa privada, en tanto el Superintendente Nacional de Salud consideró que la prestación y administración del POS excluyen la posibilidad de realizar inversiones permanentes.

28. Adujo que no se observaron los artículos 156, 177, 179, 181, 182 y 183 de la Ley 100 de 1993, pues en dichas normas se establece que las funciones de las

7 Ibidem.Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y

la Ley 100 de 1993, pues en dichas normas se establece que las funciones de las

7 Ibidem.Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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10 EPS incluyen la organización del servicio en forma directa o a través de terceros, autorizando la utilización de recursos de la UPC en inversiones permanentes relacionadas con la prestación del servicio, lo cual se reitera en el Decreto 1804 de 1999, puntualmente en los artículos 4, 6 y 13.

29. Refirió que el artículo 2 del Decreto Reglamentario 882 de 1999 dejó en evidencia la posibilidad de invertir recursos de la UPC en infraestructura al señalar que las entidades que no presentan cuentas por pagar superiores a treinta (30) días pueden afectar el flujo de dichos ingresos para atender obligaciones derivadas de la amortización de inversiones en infraestructura asistencial o administrativa . En consecuencia, aseveró que el uso de los mencionados recursos por parte de las EPS está autorizado siempre que correspondan a su objeto social, concluyendo que las inversiones en infraestructura se ajustan a dicho propósito y, por ende, están permitidas siempre que no tengan cuentas por pagar superiores a 30 días.

30. Alegó que se desconoció lo dispuesto en el Decreto 1804 de 1999, pues de

están permitidas siempre que no tengan cuentas por pagar superiores a 30 días.

30. Alegó que se desconoció lo dispuesto en el Decreto 1804 de 1999, pues de su lectura se desprende que es jurídicamente viable adquirir bienes inmuebles o realizar cualquier tipo de inversión, incluidas las operaciones de compra o arrendamiento financiero co n cargo a los recursos correspondientes a las UPC, siempre que previamente se haya descontado el 100% de los valores necesarios para cubrir las obligaciones con los proveedores de bienes y los prestadores de servicios de salud.

31. Argumentó que el Superintendente Nacional de Salud introdujo limitaciones en el manejo de los recursos de la UPC, desconociendo su naturaleza parafiscal de la cual se deriva la necesidad de organizar el servicio de salud por parte de las

EPS.

32. Manifestó que la Corte Constitucional en sentencia C -616 de 20 01 dejó sentado que la función de organizar el servicio de salud puede ser en forma directa o a través de terceros, como parte del objeto social que por esencia deben cumplir las EPS y cualquier limitación a ello le compete únicamente al Legislador.Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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33. A continuación, citó in extenso una respuesta a un derecho de petición emitida en el año 2005 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la cual

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33. A continuación, citó in extenso una respuesta a un derecho de petición emitida en el año 2005 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la cual concluyó que resulta plenamente procedente la utilización de recursos provenientes de la UPC para inversiones en infraestructura. Infirió además, que dicho Ministerio consideró que una vez los recursos de la UPC ingresan al patrimonio de la EPS, dejan de tener naturaleza parafiscal. Asimismo, sostuvo que de la lectura del documento mencionado, se evidenciaba que la metodología de cálculo de la UPC comprende no solo las previsiones para el financiamiento del POS, sino también las provisiones para cubrir los costos administrativos asociados a las actividades de aseguramiento, incluyendo los márgenes necesarios para la operación administrativa de las entidades responsables.

34. Sostuvo que se vulneró lo dispuesto en el Decreto 1485 de 1994, por cuanto dicha norma faculta expresamente a las EPS para realizar inversiones en actividades que garanticen el desarrollo de su objeto social. Agregó que no puede desconocerse la naturaleza de la UPC, la cual constituye precisamente la remuneración destinada a permitir el cumplimiento de esa función.

II. MEDIDA CAUTELAR

A) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 0324 000 2006 00065 00

35. Habiendo solicitado la suspensión provisional de los apartes demandados de la Circular Externa 00026 del 9 de febrero de 2006 que se cuestiona 8, el Consejero Ponente de la Sección Primera resolvió negarla mediante proveído del 16 de noviembre de 20069.

de la Circular Externa 00026 del 9 de febrero de 2006 que se cuestiona 8, el Consejero Ponente de la Sección Primera resolvió negarla mediante proveído del 16 de noviembre de 20069.

B) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 0324 000 2006 00090 00

8 Folios 54 a 56 del Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060006500). 9 Folios 62 a 66 del Cuaderno principal (Rad. 11001032400020060006500).Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

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36. La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los apartes demandados de la Circular Externa 00026 del 9 de febrero de 200610, la Sala de la Sección Primera negó dicha solicitud en providencia del 22 de marzo de 200711.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

A) Proceso identificado con el núm. único de radicación 11001 03 24 000 2006 00090 00

37. En el término de traslado la Superintendencia Nacional de Salud se opuso a las pretensiones y expuso como principales argumentos los siguientes12:

38. Argumentó que la Circular demandada es un acto administrativo al contener

2006 00090 00

37. En el término de traslado la Superintendencia Nacional de Salud se opuso a las pretensiones y expuso como principales argumentos los siguientes12:

38. Argumentó que la Circular demandada es un acto administrativo al contener una instrucción dirigida a los administradores del régimen contributivo y/o subsidiado respecto de prácticas ilegales , siendo por tanto pasible de estudio por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme nutrida jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado.

39. Señaló que las inversiones citadas en el artículo 13 del Decreto 1804 de 1999 se financian con las utilidades resultantes una vez deducidos los costos operacionales y gastos administrativos de los ingresos operacionales provenientes de la UPC.

40. Efectuó un recorrido normativo para respaldar la competencia en la emisión del acto que se censura sobre las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas a la entidad demandada, así como respecto de los sujetos sometidos a dichas labores. Destacó que el Decreto 1259 de 1994, establece que es deber de la Superintendencia Nacional de Salud vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la organización y funcionamiento de las entidades promotoras de salud; velar por la observancia de las normas de eficiencia y control de gestión aplicables a las entidades del Sistema de Seguridad y Previsión

10 Folios 47 a 57 del Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060009000). 11 Folios 61 a 66 del Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060009000).

10 Folios 47 a 57 del Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060009000). 11 Folios 61 a 66 del Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060009000). 12 Folios 78 a 106 del Cuaderno Principal (Rad. 11001032400020060009000).Radicado número: 11001 03 24 000 2006 00065 00 y 11001 03 24 000 2006 0090 00 (Acumulado)

Demandantes: Rubiela Huertas Guerrero y Luis Felipe Valencia Berrío

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13 Social; y garantizar el adecuado manejo y aplicación de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Añadió que, para tal efecto, la Superintendencia tiene la competencia de instruir a las entidades vigiladas sobre la forma en que deben cumplir las disposiciones que regulan su actividad, así como fijar los criterios técnicos y jurídicos y señalar los procedimientos necesarios