CE - Sentencia 11001032400020070029300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00293-00

Referencia. Acción de nulidad

Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA

TESIS: EL DECAIMIENTO D EL ACTO ADMINISTRATIVO POR

MODIFICACIÓN Y POSTERIOR DEROGACIÓN NO IMPIDE EL

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DE LA DEMANDA DE NULIDAD. NO

EXISTE IDENTIDAD EN EL OBJETO DEL PROCESO PARA DECLARAR

LA COSA JUZGADA; SIN EMBARGO, SE PROHIJAN LOS FALLOS QUE

SE PRONUNCIARON SOBRE CARGOS DE SIMILAR ALCANCE EN

RELACIÓN CON LA MEDIDA DE TRASLADO A PREVENCIÓN COMO HERRAMIENTA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL DE AFILIADOS DE UNA EPS ADOPTADA EN EL DECRETO 055 DE 2007 . NO SE PROBÓ EL

CARGO DE INCOMPETENCIA, NI EL DE VIOLACIÓN DE NORMAS

SUPERIORES QUE SE INVOCÓ RESPECTO DEL DECRETO ACUSADO .

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LA

EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE

TRASLADO. ESTUDIO DE LA COSA JUZGADA RESPECTO DE FALLO

QUE ESTUDIÓ UNA FRASE DEL ARTÍCULO DEMANDANDO. NO SE

PROBÓ LA FALSA MOTIVACIÓN NI LA DESVIACIÓN DE PODER. NO

TRASLADO. ESTUDIO DE LA COSA JUZGADA RESPECTO DE FALLO

QUE ESTUDIÓ UNA FRASE DEL ARTÍCULO DEMANDANDO. NO SE

PROBÓ LA FALSA MOTIVACIÓN NI LA DESVIACIÓN DE PODER. NO

SE CONDENA EN COSTAS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda promovida por la señora DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA contra la Nación – Ministerio de la Protección Social, por medio de la cual solicitó la nulidad de l numeral 2 del artículo 1° del Decreto 2713 de 16 de julio de 2007.

I.- ANTECEDENTES2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00293-00

Actora: DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1. La señora DORA ELENA RAMÍREZ SIERRA , actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante, CCA, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del numeral 2 del artículo 1° del Decreto 2713 de 16 de julio de 20071, expedido por el Ministerio de la Protección Social.

I.2. La actora fund ó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

Señaló que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 028 de 15 de enero de 20 07, revocó el certificado de

I.2. La actora fund ó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

Señaló que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 028 de 15 de enero de 20 07, revocó el certificado de funcionamiento otorgado al Instituto de Seguros Sociales como Entidad Promotora de Salud; y que el 26 de marzo de 2007, a través de la Resolución núm. 263 res olvió, de manera desfavorable, el recurso de reposición interpuesto contra la citada resolución.

Indicó que en el numeral 2 de la Resolución 263 de 26 de marzo de 2007, la Superintendencia Nacional de Salud invoc ó el traslado de usuarios a una o varias EPS nuevas, cuando lo procedente era dar

1 “Por el cual se modifica el Decreto 055 de 2007 y se dictan otras disposiciones” Por su parte, el Decreto 055 de 2007 se tituló: “por el cual se establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en el aseguramiento y la prestación del servicio público de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”3

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aplicación al numeral 3 de la Resolución 028 de 15 de enero de 2007 y a las normas vigentes en la materia, que nada dicen de EPS nuevas.

Manifestó que una vez qued ó en firme la Resolución 028 de 15 de

aplicación al numeral 3 de la Resolución 028 de 15 de enero de 2007 y a las normas vigentes en la materia, que nada dicen de EPS nuevas.

Manifestó que una vez qued ó en firme la Resolución 028 de 15 de enero de 2007, debió darse aplicación a lo previsto en el numeral 3, esto es, proceder al traslado de sus afiliados a prevención a una de las entidades promotoras de salud pública pertenecientes al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud en las cuales el Estado tuviese participación , ello como mecanismo excepcional para afiliar a la totalidad de la población afectada con dicha medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 055 de 15 de enero de 20072.

Adujo que el procedimiento de afiliación a prevención fue regulado de manera concomitante con las decisiones que el Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, adoptó en relación con el Instituto de Seguros Sociales; y que dicho procedimiento fue expedido por el Gobierno Nacional el mismo día en que decid ió revocar el certificado de funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales.

2 “Artículo 3°. Afiliación a prevención . Es un mecanismo excepcional de traslado de afiliados al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de obligatoria aceptación, consistente en afiliar a prevención a una o varias Entidades Promotoras de Salud públicas o en donde el Estado tenga participación, la totalidad de la población que se encuentre afiliada a la entidad objeto de la medida de revocatoria de autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo,

el Estado tenga participación, la totalidad de la población que se encuentre afiliada a la entidad objeto de la medida de revocatoria de autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo, intervención para liquidar, supresión o liquidación voluntaria, que ordena la autoridad o el Órgano de Dirección que toma la decisión de revocatoria, intervención para liquidar, supresión o liquidación voluntaria y que debe realizar la Entidad Promotora de Salud objeto de la medida”.4

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Argumentó que antes de la expedición del Decreto 055 de 2007 no existía en Colombia la afiliación a prevención, sino la afiliación por asignación3 que es un mecanismo que garantiza los derechos de los usuarios y la igualdad de las EPS en un sistema de salud liberalizado, en el que el servicio puede ser prestado tanto por el Estado como por los particulares en plano de igualdad.

Señaló que antes de la crisis del ISS el procedimiento que se aplicaba, en virtud de la revocatoria del certificado de funcionamiento, consistía en : i) otorgar un plazo al usuario para escoger la EPS a la cual se trasladaría ; ii) vencido tal plazo sin ejercer tal selección, la EPS objeto de la medida procedía a asignar a sus usuarios a las EPS autorizadas en el país con criterios objetivos y de igualdad entre ellas, excluyendo las de participación estatal4; y iii) una vez asignado el usuario a una EPS , previo ejercicio de su

sus usuarios a las EPS autorizadas en el país con criterios objetivos y de igualdad entre ellas, excluyendo las de participación estatal4; y iii) una vez asignado el usuario a una EPS , previo ejercicio de su derecho a la libre elección, comenzaba el conteo de período mínimo de permanencia.

3 Regulado por el Decreto 2423 de 2004 en su a rtículo 2º que prevé: “Definición de afiliación por asignación. Es aquel mecanismo excepcional obligatorio de distribución de afiliados al régimen contributivo, cuando estos no hagan uso de su derecho a la libre elección para traslado de EPS dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria del acto administrativo que revoque el certificado de autorización total o de un ramo o programa o dependencia especial de operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud o que ordene la intervención forzosa administrativa para la liquidación o de vigencia del Decreto que ordene la liquidación de las entidades públicas y de las entidades que fueron autorizadas como entidades adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud” . Esta norma se derogó por el Decreto 055 de 2007. 4 Según la demandante esto ocurr e pues el traslado a las EPS públicas o con participación pública, desconoce la liberalización de la salud realizada por la Constitución Política y que la prestación de dicho servicio se preste por el Estado o por los particulares en condiciones de igualdad.5

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Aclaró que el anterior procedimiento fue modificado por l a Superintendencia Nacional de Salud en la fecha en que revocó el certificado de funcionamiento del ISS, para lo cual estableció la afiliación a prevención definido en el artículo 3 ° del Decreto 055 de 2007 , para lo cual la afiliación por asignación es apenas potestativa y aplica únicamente cuando así se establezca en el acto que ordena la revocatoria del certificado de funcionamiento , conforme al contenido el artículo 5° del Decreto 055 de 2007.

Identificó como incompresibles las razones por las cuales la Superintendencia Nacional de Salud no acogió el sistema de afiliación por asignación y adoptó este nuevo mecanismo, que, en su entender, desconoce la igualdad entre las EPS y favorece a la una nueva EPS que pretende crear el Gobierno Nacional, como ocurrió con el ISS en el proceso de revocatoria de su certificado de funcionamiento.

Señaló que el artículo 4 °, numeral 2 , del Decreto 055 de 2007 estableció un plazo para la “ingeniosa creación gubernamental” denominada la afiliación a prevención, cuya aplicación de cuatro meses contados a partir de la fecha de firmeza de la resolución de revocatoria del certificado de funcionamiento, y para el caso del ISS, vencía el 26 de julio de 2007.6

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vencía el 26 de julio de 2007.6

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No obstante, antes de dicho vencimiento, esto es, del plazo de los cuatro meses, el Gobierno Nacional expid ió el Decreto cuya nulidad se solicita5, por medio del cual modificó el procedimiento de afiliación a prevención, específicamente en lo que respecta a l artículo 4 ° del Decreto 055 de 2007, en relación con el plazo para adoptar la decisión de trasladar a los usuarios, el que aumentó a ocho meses.

Sostuvo que el Gobierno Nacional ante la crisis del ISS, implementó este sistema de afiliación con clara tendencia a favorecer sus intereses por encima del ejercicio de la competencia y del principio de liberalización del servicio de salud, así como el principio de igualdad entre las distintas EPS.

Finalmente, sostuvo que el ISS no cuenta con la capacidad para atender a sus pacientes, hecho notorio . No obstante ello , concedió un plazo mayor para la afiliación a prevención, lo que implicó cuatro meses más de mal servicio para los pacientes, todo para favorecer al Gobierno y la creación de una nueva EPS pública, para quedarse con los pacientes sin importar las condiciones actuales del servicio.

I.3. En apoyo de su pretensi ón de nulidad, la parte actora adujo la violación de las siguientes normas:

5 Decreto 2713 de 20077

los pacientes sin importar las condiciones actuales del servicio.

I.3. En apoyo de su pretensi ón de nulidad, la parte actora adujo la violación de las siguientes normas:

5 Decreto 2713 de 20077

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I.3.1 Indicó como transgredidas las siguientes de rango constitucional, los artículos 13, 48, 49, 121, 333 y 365.

Consideró que se vulneró el principio de igualdad en razón a que el Decreto acusado se expidió con clara finalidad de favorecer una EPS determinada y al Gobierno Nacional a través del ISS en su proceso de liquidación como EPS , lo que se evidencia con la ampliación del plazo para la implementación del procedimiento de afiliación a prevención, cuando solo exist ía una EPS en dicha situación que no es otra que el ISS.

Adujo que también se desconoció el derecho a la seguridad social, puesto que al ser este un servicio público de carácter obligatorio su prestación se realiza bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; y además, que se debe procurar la garantía para todos los habitantes en razón a corresponder a un derecho irrenunciable y que en su prestación pueden interveni r entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

solidaridad; y además, que se debe procurar la garantía para todos los habitantes en razón a corresponder a un derecho irrenunciable y que en su prestación pueden interveni r entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

Indicó que la Constitución Política de 1991 liberalizó la seguridad social como servicio y ello implic ó que pueda ser prestada por el Estado y por los particulares en plano de igualdad , aspecto que no puede verse reducido debido a las obligaciones de dirección,8

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coordinación y control a su cargo, las cuales no puede usar en un beneficio contrario a los mencionados postulados.

Sostuvo que el Decreto impugnado desconoc ió que la salud es un servicio público a cargo del Estado y que puede ser prestado por entidades privadas las cuales se someten a un régimen de igualdad y libre competencia, puesto que al realizar dicha modificación en el plazo para aplicar el mecanismo de afiliación a prevención, el que insiste en calificar, abiertamente arbitrario, dice que se favoreció la creación de una eventual nueva EPS pública o con participación pública, desconociendo el derecho a la libre elección y de igualdad entre las EPS como se establece en el Decreto 2423 de 20046 con el sistema de afiliación por asignación.

Estimó que no existe norma alguna que señale competencia del Ministerio de la Protección Social para establecer o modificar los

entre las EPS como se establece en el Decreto 2423 de 20046 con el sistema de afiliación por asignación.

Estimó que no existe norma alguna que señale competencia del Ministerio de la Protección Social para establecer o modificar los plazos para aplicar un sistema de afiliación para favorecer sus propios intereses desconociendo el plano de igualdad que debe existir entre las distintas EPS, bien sean públicas, privadas o mixtas.

Indicó que la actividad económica y la iniciativa privada son libres y ello excluye la posibilidad de amarrar usuarios a la espera de la

6 Por el cual se establecen mecanismos tendientes a garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.9

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creación de una nueva EPS, como ocurr ió en este caso, pues al ser la libre competencia económica un derecho de todos , claramente la ampliación de este plazo favoreció de manera exclusivamente al Estado y desconoció la libre competencia y la responsabilidad que conlleva esta clase de actos para los afiliados.

Argumentó que hubo falta de competencia, dado que el decreto impugnado constituye una restricción a la libertad económica e iniciativa privada y desconoce que en los términos de l artículo 333 Superior existe reserva legal en esta materia , lo que implica que cualquier limitación deber establecerse por Ley y que ninguna

impugnado constituye una restricción a la libertad económica e iniciativa privada y desconoce que en los términos de l artículo 333 Superior existe reserva legal en esta materia , lo que implica que cualquier limitación deber establecerse por Ley y que ninguna autoridad distinta del legislador puede crearla, mucho menos amparado en la potestad reglamentaria , lo que evidencia un desbordamiento de su competencia y por ende, la nulidad de la decisión cuestionada.

I.3.2 Del Código Contencioso Administrativo: Artículo 3. Principios Orientadores

Consideró que el decreto acusado desconoció los principios previstos en el CCA, como es el caso d el principio de economía , cuando establece un plazo adicional para favorecer al ISS y perjudicar a los usuarios que en la actualidad no están recibiendo un servicio oportuno y de calidad.10

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Indicó que se transgredió el principio de eficacia al utilizar el procedimiento administrativo para fin es diferentes a los que le corresponden, por lo que la potestad reglamentaria no puede utilizarse para favorecer políticas estatales, en contravía de la igualdad que debe imperar entre las distintas EPS.

Por último, agregó que se vulneró el principio de imparcialidad, en el sentido de que el Estado a través del Ministerio de la Protección

utilizarse para favorecer políticas estatales, en contravía de la igualdad que debe imperar entre las distintas EPS.

Por último, agregó que se vulneró el principio de imparcialidad, en el sentido de que el Estado a través del Ministerio de la Protección Social adopt ó medidas para favorecer en forma evidente a una institución pública, lo que desconoce los derechos de los usuarios , concretamente el de libre elección y el de acceso a un servicio oportuno y eficiente.

I.3.3. La actora estimó que el decreto demandado fue falsamente motivado, al considerar que la motivación del acto administrativo general se confunde con los fundamentos; y que la motivación está en la potestad reglamentaria ( artículos 189, numeral 11, de la Constitución Política; y 154 y 230 de la Ley 100 de 1993), normas que nada tienen que ver con el Decreto 2713 de 2007, el cual se expidió, insistió, para facilitar la creación de una EPS pública o con participación pública.

I.3.4 De la Ley 100 de 1993, los artículos 153 numeral 4, 154, literal a), y 159.11

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Señaló que la ampliación del plazo para la aplicación del proceso de afiliación a prevención constituy ó una violación al principio de libre escogencia y a la calidad del servicio, puesto que si al ISS le

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Señaló que la ampliación del plazo para la aplicación del proceso de afiliación a prevención constituy ó una violación al principio de libre escogencia y a la calidad del servicio, puesto que si al ISS le revocaron el certificado de funcionamiento fue por incapacidad en la prestación y a pesar de ello, el Estado amplía el plazo para que dicha entidad en el ejercicio de su objeto , lo que ocasionó una desviación de poder.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, la fase probatoria y la de alegaciones, así:

2.1. Contestación de la demanda

El Ministerio de la Protección Social , acudió por conducto de apoderado judicial a contestar la demanda . Se opuso a la prosperidad de la nulidad solicitada para lo cual adujo lo siguiente:

En resumen, consider ó que las disposiciones que se controvierten desarrollan el principio de continuidad en el aseguramiento y el acceso a los servicios de salud con el fin de hacer frente a situaciones en las que una Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo no puede continuar con el servicio, bien por revocatoria de la licencia de12

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funcionamiento, la liquidación, la supresión o la liquidación voluntaria,

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funcionamiento, la liquidación, la supresión o la liquidación voluntaria, por lo que se hace necesario crear los puentes y transitoriedades para evitar la interrupción en la garantía de prestación de los servicios de salud.

Manifestó que la salud , en los términos del artículo 48 de la Constitución Política, es un servicio público y como tal está sujeto a la regulación, el control y la vigilancia que ejerza el Estado . De igual forma, la seguridad social se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios que establezca la ley, de allí que las normas que re glamenten el Sistema General de Seguridad Social en Salud, son objeto de definición legal, como en efecto lo hizo la Ley 100 de 1993.

Adujo que el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, prevé que entre las reglas rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las de: obligatoriedad, protección integral, así como la libre escogencia y la intervención del Estado en dirección a la prestación del servicio público de salud.

Respecto de esta última refirió que se aplica en uno de los más altos grados de intensidad, comparable con el que se desplieg a para con otras actividades imprescindibles para el bienestar del ciudadano y , por lo tanto, está dotada de un marcado interés público, pues a través13

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por lo tanto, está dotada de un marcado interés público, pues a través13

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de su prestación se garantiza a la población la vida y la salud en condiciones dignas.

Señaló que la Constitución Política, no solo permite, sino que ordena la intervención, en sus artículos 49, 64, 300 y 366, razón por la cual la Ley 100 de 1993 desarrolla como cláusula general de intervención en el servicio público de salud aquella contenida en el artículo 154, la que establece que el Estado garantiza la observancia de los principios previstos en la Constitución y asegura el carácter obligatorio de la seguridad social en salud y su naturaleza de derecho social para todos los habitantes de Colombia.

Aludió al artículo 230, parágrafo 1° , ídem, señala que es tarea del Gobierno reglamentar los procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, protegiendo la confianza pública en el Sistema.

Agregó que a la luz de la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y la jurisprudencia del Consejo de Estado 7, el Gobierno Nacional tiene

Sistema.

Agregó que a la luz de la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y la jurisprudencia del Consejo de Estado 7, el Gobierno Nacional tiene

7 Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre de 2001, expediente núm. 2006 -6337, Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.14

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competencia para establecer limitaciones temporales para la permanencia de los afiliados a una EPS, más aún cuando se presenta el caso de liquidación o revocación de la licencia de funcionamiento; y que, además, la Corte Constitucional señaló que resulta razonable la limitación impuesta a los principios de libertad de escogencia y de movilidad, en el sentido de exigir un término de permanencia mínima en la EPS o ARS, si se tiene en cuenta que de esta manera la eficiencia y sostenibilidad del Sistema se mantiene incólume, aunque se puede solicitar traslado por mala prestación del servicio8.

Indicó que el Decreto núm. 055 de 2007, prevé dos mecanismos excepcionales de traslado: el i) de afiliación a prevención y el ii) de afiliación por asignación.

El primero opera mediante la vinculación u obligatoria afiliación a una EPS "pública o donde el Estado tenga participación", de toda la población que se encuentre afiliada a la EPS objeto de la medida de

afiliación por asignación.

El primero opera mediante la vinculación u obligatoria afiliación a una EPS "pública o donde el Estado tenga participación", de toda la población que se encuentre afiliada a la EPS objeto de la medida de supresión o liquidación, cuando el número de afiliados supere el 10% del total de la población afiliada al régimen contributivo ; y también cuando se revoca la autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo.

8 Sentencia T-436 de 6 de mayo de 2002, Magistrada ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.15

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Y, el segundo, se garantiza cuando la afiliación por asignación se genera siempre que el afiliado dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la medida no ejerza su derecho a la libre elección.

Explicó que la afiliación a prevención está sujeta a las reglamentaciones previstas en los decretos 2713 de 2007 y 781 de 2008, previo el procedimiento establecido en el artículo 4º del Decreto 055 de 2007, que dispone que la EPS objeto de la medida determinará la EPS pública a la cual trasladará a los afiliados, lo cual se hará efectivo a partir del primer día hábil siguiente a la decisión, momento en el que la nueva EPS asume las obligaciones.

Que este traslado no inhibe la posibilidad de libre elección, derecho

se hará efectivo a partir del primer día hábil siguiente a la decisión, momento en el que la nueva EPS asume las obligaciones.

Que este traslado no inhibe la posibilidad de libre elección, derecho que se puede ejercitar dentro de los 45 días calendario siguientes al último de los avisos publicados por la EPS receptora.

Agregó que el Decreto 2713 de 2007 se limit ó a señalar un término dentro del cual opera la libre escogencia y la consecuencia de su no ejercicio. Así, d estacó la transitoriedad del mecanismo de manera que la entidad pública es apenas un puente a través del cual se normaliza el funcionamiento del sistema de selección de EPS. Insistió que la afiliación por asignación definida en el artículo 5 ° del Decreto 055 de 2007, se produce en el caso de afiliados que no se trasladen a otra entidad promotora de salud en uso del derecho de16

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libre elección, dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria del acto administrativo que revoque la autorización de funcionamiento para administrar el régimen contributivo, o de la comunicación del acto que ordene la intervención para liquidar, o del acto que ordene la liquidación o supresión de las Entidades Promotoras de Salud Públicas; es decir, que con la afiliación por asignación se subsana la ausencia de decisión del afiliado.

Sobre la supuesta vulneración al principio de igualdad, manifestó que

la liquidación o supresión de las Entidades Promotoras de Salud Públicas; es decir, que con la afiliación por asignación se subsana la ausencia de decisión del afiliado.

Sobre la supuesta vulneración al principio de igualdad, manifestó que siendo evidente el rechazo de las EPS privadas a recibir temporalmente a los afiliados de las EPS públicas, fue necesario conminarlas a que los asumieran como parte de las reglas propias del Sistema, e incluso acudir a medidas de supervisión para lograr el traslado de los afiliados, así como a la imposición de multas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud; y que este riesgo no se podía correr con la mitad de la población afili ada al ISS, por ello el mecanismo excepcional de traslado conservó la libre escogencia.

Trajo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación sobre el principio de igualdad, para concluir que en relación con las condiciones de acceso y de prestación del servicio de salud, es tarea del Estado garantizar los a todos los habitantes del territorio nacional.17

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En ese orden, afirmó que el Decreto 055 de 2007 al establecer que sea una EPS pública o aquella en la cual el Estado tenga participación, a la que se afilien a prevención a los usuarios que se trasladen de una EPS que se encuentra en liquidación, se hizo en garantía de la continuidad

una EPS pública o aquella en la cual el Estado tenga participación, a la que se afilien a prevención a los usuarios que se trasladen de una EPS que se encuentra en liquidación, se hizo en garantía de la continuidad del servicio, y además, porque la afiliación “a prevención” supone una temporalidad que concilia la garantía de continuidad con el principio de libre escogencia que puede ejercerse dentro de la oportunidad prevista en el decreto.

Indicó bajo est