CE - Sentencia 11001032400020090044500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00445-00

Referencia. Acción de nulidad

Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO

TESIS: LA EXCLUSIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LAS

EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DEL CATÁLOGO DE LAS CUENTAS

DESTINADAS PARA ACREDITAR LA LIQUIDEZ O EL MARGEN DE

SOLVENCIA NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SÍ TENÍA LA COMPETENCIA PARA FIJAR EL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, ASÍ COMO LAS CUENTAS QUE DEBÍAN ATENDERSE PARA ACREDITAR EL MARGEN DE SOLVENCIA DE DICHAS ENTIDADES, A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 2º DE LA RESOLUCIÓN NÚM .

0000872 DE 2009 ACUSADO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

El ciudadano JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO , obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a

El ciudadano JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO , obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad del artículo 2º de la Resolución núm. 000872 de 25 de junio de 2009 , “[…] por la cual se modifica la Resolución2

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número 1424 de 2008 (octubre 7 de 2008), que modificó la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva del Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades que Administran Planes Adicionales de S alud y Servicios de Ambulancia por Demanda […] ”, expedida por el Superintendente Nacional de Salud.

I.- FUNDAMENTOS DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 48, 49 y 209 de la Constitución Política; 180 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931; 11, 12 y 13 del Decreto 1485 de 13 de julio de 1994 2; y 5º y 8º del Decreto 515 de 20 de febrero de 2004 3, modificado por el Decreto 3556 de 16 de septiembre de 20084.

de 1994 2; y 5º y 8º del Decreto 515 de 20 de febrero de 2004 3, modificado por el Decreto 3556 de 16 de septiembre de 20084.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

1 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por el cual se regula la organización y funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y la protección al usuario en el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud”. 3 “Por el cual se define el Sistema de Habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS”. 4 “Por el cual se modifica el Decreto núm. 515 de 2004, “por el cual se define el Sistema de Habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, (hoy Entidades Promotoras de Salud del Régimen SubsidiadoEPS’S)”.3

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. PRIMER CARGO: LA RESOLUCIÓN DEMANDADA ATENTA

CONTRA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EN SALUD.

Alegó que la Superintendencia Nacional de Salud, en la Resolución núm. 000872 de 25 de junio de 2009 acusada, contentiva del Plan único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, en adelante

Alegó que la Superintendencia Nacional de Salud, en la Resolución núm. 000872 de 25 de junio de 2009 acusada, contentiva del Plan único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, en adelante EPS, excluyó las inversiones de alta liquidez, para efectos de calcular la liquidez en el caso de las EPS del Régimen Subsidiado.

Advirtió que es absurdo que, estando autorizadas las inversiones dentro de un margen de solvencia, la Superintendencia demandada las desconozca, dentro de la enumeración taxativa y, por lo tanto, excluyente de recursos diferentes a las UPC, cuando la ley y las normas relativas al tema permiten que las EPS del Régimen Subsidiado efectúen inversiones que deben ser tenidas en cuenta para efectos de calcular la liquidez y la solvencia de las entidades.

Expresó que estas inversiones están autorizadas por la Ley, se encuentran dentro de las calificadas, de acuerdo con su riesgo crediticio como nivel alto, por cuanto tienen la más alta certeza de pago4

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oportuno, los factores de liquidez y protección son muy buenos y los riesgos insignificantes.

Sostuvo que es claro que las inversiones autorizadas a las EPS aseguran los fines esenciales del concepto de margen de solvencia y liquidez, esto es, responden en forma adecuada y oportuna por sus

riesgos insignificantes.

Sostuvo que es claro que las inversiones autorizadas a las EPS aseguran los fines esenciales del concepto de margen de solvencia y liquidez, esto es, responden en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros, y tienen capacidad de pago para cancelar, en un término no superior a 30 días calendarios, a partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas de los proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o usuarios.

Que por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud al excluir este tipo de ítems, atentó contra el equilibrio de las entidades, que de buena fe han contratado con el Estado y contra el equilibrio del sistema mismo.

Explicó que la solvencia de las EPS, como empresas aseguradoras, debe proteger a las empresas de una pérdida que puede llevarlas a la quiebra. No es para proteger a los afiliados ya que puede ser atendido en cualquier EPS, al no estar sujeto a políticas de selección de riesgos.5

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Que dentro de los instrumentos legales de salvaguarda de la solvencia de las empresas aseguradoras, se enumeran las reservas técnicas, el control de activos e inversiones, las tarifas y notas técnicas, el denominado capital regulatorio, conocido en el sect or asegurador con el nombre de margen de solvencia.

de las empresas aseguradoras, se enumeran las reservas técnicas, el control de activos e inversiones, las tarifas y notas técnicas, el denominado capital regulatorio, conocido en el sect or asegurador con el nombre de margen de solvencia.

Que este elemento propio de las entidades financieras, que es complementario del capital económico necesario para el desarrollo del objeto social o misional de una empresa, se refiere a los fondos mínimos que permiten a la entidad dar estabilidad a su actividad como asegurador.

Argumentó que el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 100, respecto de los requisitos de las EPS, establece que estas deben “[…]acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y solvencia de la entidad promotora de salud, que será fijado por el Gobierno Nacional […]”.

Afirmó que el concepto de margen de solvencia se encuentra definido en los artículos 5º y 8º del Decreto núm. 515, el cual fue modificado por el Decreto núm. 3556.6

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Indicó que de conformidad con el artículo 8º del Decreto núm. 1485, las EPS de ambos regímenes, -contributivo y subsidiado -, están claramente autorizadas para hacer inversiones con los recursos correspondientes al margen de solvencia, con la única limitante de que su portafolio de inversiones correspondiera al autorizado a los fondos

las EPS de ambos regímenes, -contributivo y subsidiado -, están claramente autorizadas para hacer inversiones con los recursos correspondientes al margen de solvencia, con la única limitante de que su portafolio de inversiones correspondiera al autorizado a los fondos de cesantías.

Manifestó que con el Decreto núm. 882 de 13 de mayo de 1998 5 se redefinió el concepto de margen de solvencia, y excluyó la restricción, según la cual las EPS debían ceñirse al portafolio de inversiones de los Fondos de Cesantías.

Señaló, con relación a las restricciones de las operaciones financieras o inversiones, que en los artículos 11 y 12 del Decreto núm. 1485 se establecieron las operaciones financieras que se debían considerar como no autorizadas, y que en el artículo 13 del citado Decreto se tuvo en cuenta la realización de inversiones originadas en el margen de solvencia.

5 “Por el cual se fija el margen de solvencia que asegura la liquidez de las Entidades Promotoras de Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado y se dictan otras disposiciones”.7

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Aseveró que con la expedición del Decreto núm. 046 de 7 de febrero de 2000 6, específicamente en lo establecido en el parágrafo 1 del

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Aseveró que con la expedición del Decreto núm. 046 de 7 de febrero de 2000 6, específicamente en lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8º, para efectos de cumplir con el margen de solvencia y con los recursos destinados para ello, las EPS del Régimen Subsidiado pueden constituir inversiones de alta liquidez.

Expresó que los activos de alta liquidez se refieren a “[…] aquellos que son considerados por la Ley como Activos de máxima seguridad o de alta seguridad, (tales como los títulos emitidos por entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término en establecimientos de crédito, operaciones activas de c rédito relacionadas con operaciones de reporto (sic) y créditos garantizados incondicionalmente con títulos emitidos por la Nación o por el Banco de la República) por lo tanto, tales inversiones, tal como está establecido en las normas, deben ser tenidas en cuenta para el cálculo del margen de solvencia […]”.

. SEGUNDO CARGO: FALTA DE COMPETENCIA Adujo que la Superintendencia Nacional de Salud no tenía motivos ni mucho menos competencia para excluir del cálculo de margen de

6 “Por el cual se adiciona el decreto número 882 de 1998, sobre el margen de solvencia, se modifica el artículo 4°. Del Decreto 723 de 1997, los artículos 2° y 19 del Decreto 1804 de 1999 y se dictan otras disposiciones para garantizar la correcta aplicación y destino de los recursos del sistema de seguridad social en salud”.8

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disposiciones para garantizar la correcta aplicación y destino de los recursos del sistema de seguridad social en salud”.8

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solvencia y liquidez, aquello que estaba de sobra autorizado por normas anteriores y de mayor jerarquía.

Afirmó que las inversiones que se realizan dentro del margen de solvencia buscan la generación de rentabilidad de los recursos, para mantener su valor e incrementarlos de manera confiable, lo cual es obligatorio.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Que el principio de eficiencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud no puede circunscribirse a la rentabilidad financiera de los mismos, ya que solo se destinarán a formar parte de las ganancias de las EPS los dineros sobrantes del proceso de compensación que se lleve a cabo con el Fondo de Solidaridad y Garantía

FOSYGA.9

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Señaló que del artículo 1º del Decreto 882 se puede desprender que el objeto del margen de solvencia, a diferencia de lo que manifestó el actor, tiene como finalidad garantizar la prestación misma del servicio, no para garantizar a la EPS un rendimiento con los mismos.

Advirtió que a causa de ese error, la mayoría de las EPS invierten los recursos de la UPC en operaciones financieras como las señaladas por el demandante y, por ello, no pueden garantizar la prestación adecuada y oportuna de los servicios de salud a sus af iliados, teniendo que programar la prestación de esos servicios de salud una vez que se obtengan dichos rendimientos, utilizando indebidamente los recursos parafiscales de destinación específica que recaudan.

Anotó que lo señalado en el citado artículo 1º fue ratificado por el Decreto 3556.

Alegó que el Decreto 1485, en su artículo 11, numeral 1, estableció como prohibición la disposición de los recursos de la UPC hasta tanto no se realice el correspondiente proceso de compensación con el Fondo de Solidaridad y Garantía.10

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Explicó que de acuerdo con esa norma, las EPS son las encargadas de

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Explicó que de acuerdo con esa norma, las EPS son las encargadas de recibir la cotización de los afiliados para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dichos recursos, aunque son administrados por las EPS, no deben confundirse con su patrimonio, ni hacen parte del mismo.

Que esos recursos van a una cuenta a nombre de la EPS, que maneja directamente el FOSYGA, quien reconoce un valor por cada afiliado que acredite la EPS (proceso de compensación con la UPC) y con esto la EPS sabe qué recursos debe tomar de dicha cuenta, par a garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados. Una vez realizado el proceso de compensación, la EPS conoce qué recursos de la UPC quedarán disponibles para las inversiones que alude el actor.

Aclaró que los recursos de las UPC, anteriores al proceso de compensación, no puede ser destinados a la rentabilidad, por cuanto dichos recursos gozan de una destinación específica, que ha sido designada por la Constitución Política y las leyes.

Sostuvo que la Superintendencia Nacional de Salud no ha desconocido la facultad de inversión que tienen las EPS de ambos regímenes.11

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Que es cierto que dichas inversiones deben hacerse conforme a lo que

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Que es cierto que dichas inversiones deben hacerse conforme a lo que establece la normativa especial, esto es, están autorizadas, pero no por el total de los recursos administrados por la EPS, sino los resultantes del proceso de compensación que no demuestran la capacidad de liquidez de la EPS, que pasarán a ser parte de las ganancias que reportan dichas entidades en desarrollo de su objeto social.

Indicó que la Superintendencia Nacional de Salud tiene competencia para realizar la cuestionada modificación, señalada en la norma acusada, de conformidad con los artículos 35, 37, 39, 40 de la Ley 1122 de 9 de enero de 20077; y 4º y 6º del Decreto 1018 de 30 de marzo de 20078.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

7 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. 8 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.”12

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disposiciones.”12

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IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta instancia, la Superintendencia Nacional de Salud , a través de escrito visible a folios 98 a 100, insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido de que la disposición demandada fue expedida de acuerdo con las competencias, funciones y en estricto cumplimiento de la ley, de tal manera que se podían fijar los mecanismos y procedimientos contables que debían adoptar las EPS, las IPS, las entidades que administran planes adicionales de salud y servicios de ambulancia por demanda.

Asimismo, adujo que la resolución acusada se encuentra dentro del marco legal; no se encuentra inmersa en nulidad alguna; no vulnera la Constitución Política, ni la ley; y establece de manera clara el cálculo de la liquidez de las EPS.

IV.2.- La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado9, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia, lo siguiente:

9 Folios 103 a 109.13

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siguiente:

9 Folios 103 a 109.13

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Expresó que la disposición demandada toma en cuenta lo previsto por el artículo 2º del Decreto 3556, el cual modificó el artículo 5º del Decreto 515, norma a través de la cual se define el sistema de habilitación del régimen subsidiado.

Que el Decreto 3556 básicamente regula lo atinente a la capacidad financiera de las ARS y señala expresamente que el margen de solvencia es la liquidez que deben tener las EPS para responder en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros, s ean estos proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o los usuarios, en los términos previstos en el Decreto 882.

Anotó que el Decreto 882 determina cuál es el margen de solvencia que asegura la liquidez de las administradoras del régimen subsidiado. Asimismo, establece, en su artículo 1º, que se entiende por margen de solvencia, la liquidez que debe tener una EPS y/ o ARS, cualquiera sea su forma legal, para responder en forma adecuada y oportuna por sus obligaciones con terceros, sean estos proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o los usuarios.

Señaló que en esa línea, se entenderá por liquidez, la capacidad de pago que tienen las EPS y/o ARS, para cancelar, en un término no14

prestadores de servicios de salud o los usuarios.

Señaló que en esa línea, se entenderá por liquidez, la capacidad de pago que tienen las EPS y/o ARS, para cancelar, en un término no14

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superior a 30 días calendarios, a partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas de los proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o usuarios.

Afirmó que el Decreto 1485, en sus artículos 8 a 13, regula el margen de solvencia de las ARS, las operaciones financieras autorizadas por la EPS y establece una serie de restricciones muy generales, así como las inversiones, las cuales están permitidas, s iempre y cuando estén directamente relacionadas con su objeto social y conforme con su régimen legal.

Alegó que de acuerdo con lo previsto en la normativa antes indicada, queda claro que las ARS deben mantener un margen de solvencia suficiente para atender sus compromisos dentro del término de 30 días; y que es evidente que el margen de solvencia se encuentra regulado en ellas, regulación que es reproducida en la disposición acusada.

Sostuvo que de la norma demandada se desprende que existe una liquidez o capacidad de pago por parte de las ARS, en relación con las cuentas de pagar a 30 días calendarios, respecto del pago exclusivo de prestaciones del servicio de salud o del usuario, lo cual se acompasa15

liquidez o capacidad de pago por parte de las ARS, en relación con las cuentas de pagar a 30 días calendarios, respecto del pago exclusivo de prestaciones del servicio de salud o del usuario, lo cual se acompasa15

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totalmente con el principio de eficiencia, previsto en la Constitución Política, en la Ley Estatutaria de Salud y en la Ley 100, en la medida en que respeta el carácter de parafiscal de los recursos del sistema.

Manifestó que la disposición acusada se sustenta en los recursos que, en efecto, sostienen financieramente al sistema, en este caso la UPC, que se paga en el régimen subsidiado, y demás obligaciones en materia de seguridad social, como son los recobros, la s sentencias y los distintos eventos y contratos que, precisamente, tienen como objetivo asegurar la prestación del servicio.

Indicó que no es cierto, como lo adujo el actor, que la única restricción en materia de operaciones financieras para el régimen subsidiado sea lo previsto en el Decreto 1485, norma bastante general al momento de regular la materia.

Existen, también, las restricciones señaladas en el Decreto 882, norma posterior y que toma en cuenta la disposición demandada, y las indicadas en el artículo 2º de la Resolución núm. 872 de 2009, el cual es muy claro en determinar el régimen de solvencia, que debe cumplir

posterior y que toma en cuenta la disposición demandada, y las indicadas en el artículo 2º de la Resolución núm. 872 de 2009, el cual es muy claro en determinar el régimen de solvencia, que debe cumplir la finalidad exclusiva del sistema general de salud, esto es, la debida prestación del servicio y el cumplimiento a los usuarios, y respeta el16

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principio de eficiencia en materia de seguridad social, entendiendo por este, que los recursos deben tener una única destinación, como es la adecuada y eficiente prestación del servicio.

Agregó que la norma acusada se basa en los recursos con los que específicamente cuenta el sistema de salud, en el régimen subsidiado, y que tienen como único objetivo asegurar la prestación del servicio y no hacer parte de las inversiones que pudiera realizar el sistema, pues todos los recursos económicos, allí enumerados, tienen que ver con el financiamiento directo del sistema y la prestación del servicio de salud.

IV.3.- Por su parte, la actora guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del artículo 2º de la Resolución núm. 000872 de 25 de junio de 2009 , “[…] por la cual se modifica la Resolución número 1424 de 2008 (octubre 7 de 2008), que modificó la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva

la cual se modifica la Resolución número 1424 de 2008 (octubre 7 de 2008), que modificó la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva del Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades que Administran Planes17

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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO

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Adicionales de Salud y Servicios de Ambulancia por Demanda […] ”, expedida por el Superintendente Nacional de Salud.

La disposición acusada de la Resolución núm. 000872 de 2009 es del siguiente tenor:

“[…] RESOLUCIÓN NÚM. 000872 DE 2009

(junio 25)

por la cual se modifica la Resolución número 1424 de 2008 (octubre 7 de 2008), que modificó la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva del Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades que Administran Planes Adicionales de Salud y Servicios de Ambulancia por Demanda”.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial de las que le confieren el Decreto 1018 de 2008, y los artículos 232 y 233 de la Ley 100 de 1993,

CONSIDERANDO:

[…]

atribuciones legales, y en especial de las que le confieren el Decreto 1018 de 2008, y los artículos 232 y 233 de la Ley 100 de 1993,

CONSIDERANDO:

[…]

Artículo 2º. Se modifica el artículo 7º de la Resolución 1424 de 2008, el cual quedará así:

“Artículo 7º. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 3556 de 2008 se entiende por liquidez la capacidad de pago que tienen las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado para cancelar, en un término no superior a 30 días calendario a partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas de los proveedores de bienes o prestadores de servicios de salud o usuarios. Para estos efectos se considerarán las siguientes cuentas:

Entidades Promotoras de Salud – Privadas 11– Disponible Recursos UPC–RS

Más: Deudores del Sistema:18

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Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO

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13054002 – Unidad de Pago por Capitación régimen subsidiado– UPC 1305050205 – Recobro por cumplimiento sentencias judiciales 1305050210 – Recobros no POS – Comité Técnico Científico 13053502– Recobros a Aseguradoras en el SGSSS–Subsidiado Menos: 13990502– Provisiones – Régimen Subsidiado (En el evento

1305050210 – Recobros no POS – Comité Técnico Científico 13053502– Recobros a Aseguradoras en el SGSSS–Subsidiado Menos: 13990502– Provisiones – Régimen Subsidiado (En el evento de no constituir la cuenta de Difícil Cobro) Proveedores Nacionales: 22051002 – Proveedores– Prestadores de Servicios de Salud – Régimen Subsidiado 264520 – Provisión Glosas – Régimen Subsidiado 27056002 – Ingresos recibidos por anticipado/Depósitos Recibidos de terceros en Administración (Recursos UPC–RS no identificados)”.

Entidades Promotoras de Salud – Públicas 11– Efectivo Recursos UPC–S

Más: Deudores: 141106 – Unidad de Pago por Capitación régimen subsidiado– UPC 14111506 – Recobro por cumplimiento sentencias judiciales 14111507 – Recobros no POS 141112 – Recobro de enfermedades de alto costo

Menos: 14801502 – Provisión para Deudores UPC Régimen

Subsidiado Obligaciones de Seguridad Social en Salud: 255007 – Contratos de Capitación –Subsidiado 255008 – Contratos por Evento –Subsidiado 255011–Reaseguro Enfermedades de Alto Costo – Subsidiado 27909002 – Provisiones Diversas – Régimen Subsidiado 29109002 – Otros Ingresos recibidos por anticipado – Régimen Subsidiado. (Recursos UPC–RS no identificados) […]”. (Destacado fuera de texto).

PRIMER CARGO: LA RESOLUCIÓN DEMANDADA ATENTA

CONTRA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Régimen Subsidiado. (Recursos UPC–RS no identificados) […]”. (Destacado fuera de texto).

PRIMER CARGO: LA RESOLUCIÓN DEMANDADA ATENTA

CONTRA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EN SALUD.19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00445-00

Actor: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En el primer cargo, se alegó que la Superintendencia Nacional de Salud al excluir las inversiones realizadas por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 10EPS, del catálogo las cuentas destinadas para acreditar el margen de solvencia o liquidez, vulneró el principio de la eficiencia en materia de salud, atendiendo a que la mencionadas entidades tienen la posibilidad y en algunos casos la obligación de realizar inversiones de alta liquidez que hacen parte de dicho margen, además de que aseguran los fines esenciales del concepto de margen de solvencia y liquidez.

Al efecto, esta Sala se remite y prohíja lo expuesto en la sentencia de 4 de febrero de 202111 de esta Sección, que denegó las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad del artículo 7° de la Resolución núm. 1424 de 7 de octubre de 2008, “[…] Por la cual se modifica la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva del Plan único de Cuentas para las Entidades

artículo 7° de la Resolución núm. 1424 de 7 de octubre de 2008, “[…] Por la cual se modifica la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva del Plan único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades que administran Planes Adicionales de Salud y Servicios de Ambulancia por demanda […]”, expedida por el Superintendente Nacional de Salud, en la cual las partes que actuaron son las mismas que en este

10 En adelante EPS. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de febrero de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00444-00.20

Número único de radicac