CE - Sentencia 11001032400020100030200 de 2025

Radicación: 11001032400020100030200

Demandante: Abel David Jaramillo Largo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Simple Radicación: 11001032400020100030200

Demandante: Abel David Jaramillo Largo Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros

Actos Acusados: Resolución Nro. 01 de 20 de mayo de 1943

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala se pronuncia en única instancia respecto del proceso radicado bajo el número de la referencia, por el cual se solicita la nulidad de la Resolución nro. 01 del 20 de mayo de 1943, mediante la cual se declaró que el Resguardo San Lorenzo carece de la titulación necesaria para tener tal calidad.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad, en su calidad de Gobernador del Resguardo Indígena San Lorenzo, el señor Abel David Jaramillo Largo pretende la nulidad de la Resolución nro. 01 del 20 de mayo de 1943 , mediante la cual el otrora Ministerio de la Economía Nacional -hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -, declaró que el Resguardo San Lorenzo carece de la titulación necesaria para tener tal calidad.

En cuanto a la procedencia de la acción de simple nulidad, indicó que procede

de Agricultura y Desarrollo Rural -, declaró que el Resguardo San Lorenzo carece de la titulación necesaria para tener tal calidad.

En cuanto a la procedencia de la acción de simple nulidad, indicó que procede en el caso concreto excepcionalmente contra un acto particular a partir de lo dispuesto en la sentencia del 29 de octubre de 1996 , en la que se estableció que “la situación de carácter individual a que se refiere el acto, comporte un interés especial, un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional, con incidencia trascendental en la economía y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos".

Adicionalmente, manifestó que procede según lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 89 de 1890 que dispone lo siguiente: “Art. 23°. Los Cabildos deRadicación: 11001032400020100030200

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indígenas pueden personar por sí o por apoderado, ante las autoridades, a nombre de sus respectivas comunidades para promover la nulidad o rescisión de las ventas que se hayan hecho contra las disposiciones de leyes preexistentes o que se hagan en contravención a la presente; para pedir la nulidad de los contratos a virtud de los cuales se hayan hipotecado las tierras del Resguardo; y en general de cualesquiera negociaciones en que la

preexistentes o que se hagan en contravención a la presente; para pedir la nulidad de los contratos a virtud de los cuales se hayan hipotecado las tierras del Resguardo; y en general de cualesquiera negociaciones en que la comunidad haya sufrido perjuicios de que pueda reclamar legalmente”.

Señaló que, mediante la decisión acusada, el Estado Colombiano rompió un pacto celebrado con los pueblos indígenas al momento de la independencia, pues la revolución de independencia reconoció la validez de los títulos expedidos por la Corona Española a favor de los pueblos indígenas y ordenó que todas las tierras les fueran devueltas. Lo anterior quedó plasmado en el Decreto del 20 de 1820 proferido por Simón Bolívar, así: “10 Se devolverá́ a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos, según sus títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlos los actuales tenedores ( ... ) "3° Integrados los resguardos en lo que se les haya usurpado, los jueces políticos repartirán a cada familia tanta extensión de terreno cuanto cómodamente pueda cultivar cada una, teniendo presente el número de personas de que consta la familia y la extensión total de los resguardos”.

Indicó que esta declaración fue ratificada por el Congreso de Cúcuta mediante la ley del 11 de octubre de 1821, en su artículo 3°, que señalaba: "Artículo 3. Los resguardos de tierras asignados a los indígenas por las leyes españolas y que hasta ahora han poseído en común o en porciones distribuidas a sus familias solo para su cultivo, según el reglamento del Libertador Presidente

Los resguardos de tierras asignados a los indígenas por las leyes españolas y que hasta ahora han poseído en común o en porciones distribuidas a sus familias solo para su cultivo, según el reglamento del Libertador Presidente del 20 de mayo de 1820, se les repartirán en pleno dominio y propiedad, luego que lo permitan las circunstancias y antes de cumplirse los cinco años de que habla el artículo 2°".

Por lo anterior, estimó que 100 años después no podía el Ministerio de la Economía Nacional desligarse de la obligación contraída por el Estado Colombiano con los cabildos indígenas.

Estimó que la vigencia del acto acusado prolonga la vigencia de los criterios de asimilación forzada de los indígenas a la civilización occidental tenidos en cuenta por el legislador de 1927 para ordenar la extinción de los resguardos indígenas, presentánd ose una inconstitucionalidad sobreviniente por contravenir los principios fundamentales de la Constitución de 1991.

Narró el actor , como antecedentes a la expedición del acto acusado, que , mediante la ley 89 de 1890 y con el fin de detener la liquidación de losRadicación: 11001032400020100030200

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resguardos indígenas, se definió un plazo de 50 años para que se realizara la división definitiva. Sin esperar este plazo, mediante la ley 104 de 1919 se

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resguardos indígenas, se definió un plazo de 50 años para que se realizara la división definitiva. Sin esperar este plazo, mediante la ley 104 de 1919 se realizó el repartimiento, pero esta norma no pudo cumplirse, por lo que se expidió la ley 19 de 1927, que reemplazó el sistema tradicional de asignación que estaba en cabeza de los jueces por la creación de unas comisiones partidoras pagadas por la Nación. Mediante la ley 111 de 1931 se definió que los jueces podían seguir actuando hasta tanto entraran en funcionamiento las comisiones.

Doce años después, mediante el decreto 2454 de 1939, el Gobierno Nacional emprendió la ejecución del programa nacional de división de la propiedad colectiva indígena, iniciando por el estudio del Resguardo San Lorenzo. Posteriormente se expidió el decreto 1421 de 1940 , por el cual se entregó al Ministerio de la Economía Nacional la competencia para declarar la existencia de los resguardos.

Como motivos de nulidad del acto acusado el actor identificó los siguientes:

1. El argumento de que la comunidad carece de título de Resguardo es falso, por que el título de propiedad del resguardo está contenido en la escritura nro. 506 de 1920 , que consta de 17 documentos que no fueron tenidos en cuenta para la expedición del acto acusado.

Para desarrollar este cargo describió el procedimiento seguido por la comunidad entre los años 1835 y 1836 para la reconstrucción del título de

1627. Señaló que, según las normas aplicables de la época, se aportaron como prueba las declaraciones de unos vecinos del sector, que fueron transcritas en

comunidad entre los años 1835 y 1836 para la reconstrucción del título de

1627. Señaló que, según las normas aplicables de la época, se aportaron como prueba las declaraciones de unos vecinos del sector, que fueron transcritas en el acto acusado, pero, según el actor, para descalificarlas.

Indicó que, para la época en que era Presidente de la República el general Francisco de Paula Santander, los indígenas del Resguardo acudieron ante las autoridades para solicitar el desalojo de unas personas de sus predios, originando un proceso adelantado ante el Juez de Supía que , según el actor, no fue una mera diligencia que puso fin a una querella , sino que consistió en la renovación de la propiedad indígena y el señalamiento de los linderos y amojonamiento del Resguardo San Lorenzo, que quedó plasmada en decisión adoptada el 18 de marzo, la que fue transcrita en el acto acusado.

Indica el actor que el anterior juicio fue uno “contradictorio de dominio”, cuestionando así lo resuelto por el Ministerio en el acto acusado, que consideró que la diligencia de entrega que se llevó a cabo no era prueba de la propiedad, pues no fue el resultado de un juicio de esta naturaleza, sino uno de perturbación de la posesión.Radicación: 11001032400020100030200

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Para sustentar su argumento indicó que , para la época , la existencia de un cartel donde se entregara la posesión , con mandamiento de poner mojones ,

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Para sustentar su argumento indicó que , para la época , la existencia de un cartel donde se entregara la posesión , con mandamiento de poner mojones , era una actuación de un juicio contradictorio de dominio.

Cuestionó el actor que , contrario a lo concluido por el Ministerio, las declaraciones aportadas como pruebas podían ser tenidas como tales, a partir de lo dispuesto en la ley del 13 de mayo de 1825, artículos 18 y 48, y la Real Cédula de San Lorenzo, expedida por Fernando VII el 15 de octubre de 1754 en el monasterio de San Lorenzo El Real del Escorial , citada en 1950 por el Tribunal del Cauca, que disponía, lo siguiente.

"La Cédula de San Lorenzo dijo: '...Y no teniendo títulos, les bastará la justificación que hicieren de aquella antigua posesión, corno título de justa prescripción: en inteligencia que si no tuvieren cultivados, labrados los tales realengos, se les debe señalar él término de tres meses, que prescribe la Ley 11 del citado t ít. y lib, o el que parezca competente para que lo hagan con apercibimiento, que de lo contrario se hará́ merced de ello los que denunciaren, con la misma obligación de cultivarlos' (Tribunal Superior del Cauca - Sentencia del 17 de febrero de 1950, dentro del juicio reivindicatorio entablado por el Resguardo de Purac é contra la empresa "Industrias Purac é", en: Fuero Indígena Colombiano, Ob. cit., pág. 672)

Aplicado a la pérdida de títulos de resguardos indígenas, el Tribunal expresó:

Fuero Indígena Colombiano, Ob. cit., pág. 672)

Aplicado a la pérdida de títulos de resguardos indígenas, el Tribunal expresó:

"A falta de títulos coloniales sobre la propiedad de las tierras que a los indígenas se les diese por la Corona o por perdida de ellos, la Ley 89 de 1890 permitió́ que el título de dominio de las parcialidades se crease con la demostración de la posesión treintanario. Este sistema parece ser una prolongación de la 'justa prescripción', de que trata la Cédula de San Lorenzo y a que se refiere también la Ley del 11 de octubre de 1824 en su artículo 50 (ídem, pág. 674)”.

Con fundamento en lo anterior, señaló el demandante que no podía el Ministerio cien años después exigir una nueva prueba supletiva, por lo que vulneró derechos adquiridos de la comunidad indígena.

Cuestiona también el acto acusado en cuanto aplicó una sentencia del Tribunal Superior de Manizales , por la cual la parcialidad indígena de San Lorenzo perdió una porción de su resguardo al desconocerse la validez de las actuaciones entre 1835 y 1836 incorporadas en la escritura 506 de 1920.Radicación: 11001032400020100030200

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Sobre el particular, manifestó que esa doctrina valorada por el Ministerio fue revisada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo 25 de 1947; así lo describió:

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Sobre el particular, manifestó que esa doctrina valorada por el Ministerio fue revisada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo 25 de 1947; así lo describió:

"La interpretación que el Tribunal da al transcrito artículo 12 de la ley 89 de 1890 no se compadece con el propósito que guió al legislador al dictarla, el que es de protección, defensa y amparo de incapaces (...) No se comprendería que, empeñada la ley en proteger a los indígenas, y asegurarles y conservarles sus resguardos, al concedérseles aquel medio probatorio de la posesión de largo tiempo, lo hiciera de modo tan limitado que cupiera exclusivamente solo cuando hubiera perdida de título por esas contadas cau sales y quedara cerrado ese camino cuando quiera que , aún comprobada plenamente esa posesión, los testigos no mencionen un título original o no digan que lo vieron o que oyeron a sus antecesores hablar de él. Es claro que, cuanto más remota haya sido la concesión de un título, tanto más difícil e improbable es que todavía haya personas que lo vieran o recuerden ( ... ).

"Como el Tribunal respalda su declaración de inexistencia de la Parcialidad en la Resolución N° 2 del 31 de enero de 1944, del Ministerio de la Economía Nacional que niega el pedimento de la partición material del resguardo de la Parcialidad de indígenas de Turmaná por no estar demostrada su existencia, Resolución que cita y parcialmente transcribe como precedente, la Sala debe referirse a ello y observar que la diferencia de casos impide dar a cada pieza el carácter de precedente que justifique la decisión pronunciada por el

Turmaná por no estar demostrada su existencia, Resolución que cita y parcialmente transcribe como precedente, la Sala debe referirse a ello y observar que la diferencia de casos impide dar a cada pieza el carácter de precedente que justifique la decisión pronunciada por el Tribunal en este pleito" (Ídem, págs.. 711 y 712).

2. El argumento de la conveniencia de proceder “por una línea recta” y utilizar el “procedimiento extra rápido” da al traste con el Estado de Derecho y el principio de legalidad.

Señaló el actor que con el acto acusado el Ministerio desconoció el procedimiento fijado por el legislador para dividir las tierras de resguardos contenido en el capítulo V de la Ley 89 de 1890, Ley 19 de 1927, artículo 3°, y el decreto 1421 de 1940, artículo 2°.

Indicó el actor que, según el decreto 1421, el repartimiento de los resguardos debía hacerse por cabeza o por familias según así lo estimara la Comisión Partidora. No obstante, en el acto acusado el Ministerio señaló que la división por alícuota implicaba muchas dificultades prácticas sobre el terreno, demoras en la ejecución y sobrecostos presupuestales. Por lo anterior, según el actor,Radicación: 11001032400020100030200

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el Ministerio decidió repartir por una “línea recta”, vulnerándose así el principio de legalidad.

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el Ministerio decidió repartir por una “línea recta”, vulnerándose así el principio de legalidad.

3. El argumento del consentimiento de la comunidad.

Sobre este argumento, si bien no se plantea como un cargo de nulidad, solicitó al actor tener en cuenta lo siguiente:

“Solicitamos al H. Consejo de Estado otorgarle la debida relevancia, es que la fecha de la constancia ultima (1° de marzo de 1943) es anterior en dos meses a la expedición de la Resolución del Ministerio de la Economía Nacional que declaró inexistente el Resguardo (20 de mayo), por lo que el "conocimiento" de la comunidad se concreta. a "la partición del susodicho Resguardo" y no a la renuncia de sus derechos como propietarios de la tierra en que vivían desde 300 años antes, y menos a ser despojados de su condición de indígenas, asimilados a "colonos" para efectos de poder ser adjudicatarios de un Baldío Nacional, como fue la operación administrativa efectivamente llevada a cabo”.

4. El argumento de otorgarle al indígena la capacidad y los atributos plenos de la personalidad y de la ciudadanía, igualándolo a los demás colombianos. La desintegración étnica de la parcialidad indígena.

Inconstitucionalidad sobreviniente.

Señaló el actor que el acto acusado, bajo los postulados de la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT , deviene en inconstitucional, pues fue el resultado de una política de liquidación de los resguardos y de la reducción o

Señaló el actor que el acto acusado, bajo los postulados de la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT , deviene en inconstitucional, pues fue el resultado de una política de liquidación de los resguardos y de la reducción o asimilación forzada o inducida de los indígenas a la civilización occidental.

Indicó que a partir de 1984 se empezó a reconstituir la comunidad con la conformación del Cabildo y posteriormente mediante la constitución del Resguardo por Resolución Nro. 10 de 29 de junio de 2000, para lo cual les fue titulada la porción de terreno que se reservó en el acto acusado.

Concluyó afirmando que: “Hoy en día la vigencia de la Resolución N° 1 de 1943 del Ministerio de la Economía Nacional impide que la comunidad de San Lorenzo desarrolle plenamente su vida o pueblo indígena, recuperándose de la desintegración territorial, étnica, cultural, social, política y económica que le produjo la disolución, y que el Estado (en este caso el [NCODER) continúe la labor de titulación del Resguardo hasta sus linderos antiguos”.Radicación: 11001032400020100030200

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I.2. Contestación de la demanda.

Mediante apoderado judicial el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda.

En cuanto a las excepciones, se propusieron la de inepta demanda, por cuanto

Mediante apoderado judicial el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda.

En cuanto a las excepciones, se propusieron la de inepta demanda, por cuanto en la demanda no se indicaron los hechos u omisiones que sirven de fundamento a la acción, así como la indicación de las normas violadas y el concepto de violación.

Así mismo, propuso la caducidad de la acción, sustentada en que para el caso concreto la acción procedente era la nulidad y restablecimiento del derecho , y que para la fecha en que fue presentada la demanda , ya había operado la caducidad.

Finalmente, propuso la excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario, pues no se identificó como parte demanda a los particulares que se podrían ver afectados con la decisión.

En cuanto a los argumentos expuestos en la demanda manifestó lo siguiente. Señaló que el acto acusado fue el resultado de varias solicitudes presentadas por los indígenas que ahora hacen parte del Resguardo San Lorenzo, quienes debían acreditar los requisitos establecidos en la ley 19 de 1927 y el decreto legislativo nro. 1421 de 1940.

En ese sentido, al revisar el acto acusado, se advirtió que en la solicitud de reconocimiento se alleg ó al procedimiento una diligencia de entrega practicada por el Juez Primero de Villa de Supía el 18 de marzo de 1836, protocolizada por medio de las escrituras números 506 de 1930 (30 de octubre) ante el Notario Único de Riosucio.

En cuanto al análisis de las pruebas allegadas con la solicitud, el Ministerio

protocolizada por medio de las escrituras números 506 de 1930 (30 de octubre) ante el Notario Único de Riosucio.

En cuanto al análisis de las pruebas allegadas con la solicitud, el Ministerio aplicó la jurisprudencia vigente para la fecha consignada en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de agosto de 1933, y tuvo en cuenta una decisión del Tribunal Superior de Manizales por la cual se desestim ó el valor probatorio de los documentos presentados por quienes representaban los intereses del Resguardo de esa época.

En cuanto al argumento de la constitución de título supletivo, indicó que en el caso concreto no era necesario pues el Resguardo ya tenía, pero como había sido perdido debía ser reconstruido, lo que no se pudo lograr, pues los representantes de la época la s acciones que iniciaron fueron de naturaleza policiva.Radicación: 11001032400020100030200

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En cuanto al segundo cargo, manifestó que el procedimiento cumplió lo dispuesto en la ley 19 de 1927 y el decreto legislativo 1421 y que el actor se limitó a cuestionar con argumentos subjetivos pero no dirigidos a desvirtuar la presunción de legalidad del acto.

I.3. Alegatos de conclusión.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó sus alegatos. Inició por reiterar que, en el caso concreto, por la naturaleza del acto acusado, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó sus alegatos. Inició por reiterar que, en el caso concreto, por la naturaleza del acto acusado, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cuanto a los cargos, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

La parte demandante no presentó alegatos.

I.4. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público rindió concepto. En su entender, al revisar la demanda , señaló que no era posible determinar con precisión los reproches de legalidad que vician de nulidad el acto acusado , pues, en el capítulo denominado Motivos de nulidad de la Resolución Nro. 1, el actor no desarrolló y no determinó las normas violadas, incumpliéndose así lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 137 del CCA.

Finalmente, conceptuó el Ministerio Público que, en aplicación de la teoría de móviles y finalidades , en el caso concreto la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.

I.5. Trámite procesal.

Mediante auto del 26 de octubre de 2010 se admitió la demanda y se ordenó notificarle al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Mediante auto del 26 de marzo de 2012 se requirió a la entidad demandada para que allegara los antecedentes administrativos.

Mediante oficio fechado 23 de agosto de 2013 el demandante solicitó se oficie a la Academia Colombiana de Jurisprudencia un concepto en el cual dictaminara sobre: “La existencia y validez de los títulos del Resguardo

Mediante oficio fechado 23 de agosto de 2013 el demandante solicitó se oficie a la Academia Colombiana de Jurisprudencia un concepto en el cual dictaminara sobre: “La existencia y validez de los títulos del Resguardo Indígena de San Lorenzo, en las condiciones del Derecho Indiano y si estasRadicación: 11001032400020100030200

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calidades se mantuvieron durante la República, en particular en la antigua Provincia del Cauca, a la que perteneció́ dicho Resguardo.

Esta prueba la solicitamos en vista que hemos conocido la siguiente publicación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia:

Fernando Mayorga. La propiedad territorial indígena en la Provincia de Bogotá́. Del proteccionismo a la disolución (1831-1857). Bogotá́, Ed. Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2012”.

Adicionalmente, solicitó se aceptara como prueba: “El artículo titulado "Emancipación del indígena de resguardo", de Honorio Pérez Salazar, publicado en el libro La problemática indígena en Colombia Katío de Gustavo Ardila Urueña (Pereira, Fondo Editorial de la Gobernación de Risaralda, 1984, págs. 25 a 44).”

Adicionalmente, el demandante plante ó unos argumentos dirigidos a cuestionar la legalidad del acto acusado, que los resumió en dos partes. En el primero explicó porque consideraba que se había incurrido en desviación de

Adicionalmente, el demandante plante ó unos argumentos dirigidos a cuestionar la legalidad del acto acusado, que los resumió en dos partes. En el primero explicó porque consideraba que se había incurrido en desviación de poder y el segundo, por falta de aplicación de la norma legal.

Posteriormente, en memorial fechado 18 de octubre de 2013, el demandante allegó una nueva solicitud de pruebas para que se tuviera como tal el expediente del procedimiento administrativo de extinción del Resguardo Indígena de San Lorenzo adelantado por el Ministerio de la Economía Nacional entre los años 1939 y 1 943, que lograron ubicar entre el 29 y 30 de agosto de ese año.

En memorial fechado 20 de marzo de 2015, el demandante allegó una nueva solicitud de pruebas, en esta oportunidad, para que se tuviera como tal una copia del extracto del libro Historia de Salamina, donde se hace un recuento de la creación del Resguardo de San Lorenzo desde 1627.

Mediante auto del 12 de diciembre de 2016, fueron despachadas desfavorablemente las solicitudes de pruebas allegadas por el demandante por extemporáneas.

Mediante auto del 28 de marzo de 2017 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.Radicación: 11001032400020100030200

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II. CONSIDERACIONES

II.1. Acto administrativo demandado.

RESOLUCION NUMERO 1:

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II. CONSIDERACIONES

II.1. Acto administrativo demandado.

RESOLUCION NUMERO 1:

Ministerio de la Economía Nacional—Departamento de Tierras— Sección de Baldíos—Bogotá́, 20 de mayo de 1943.

Los indígenas del Resguardo de San Lorenzo en el Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas, han solicitado en repetidas ocasiones a este Ministerio que, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 12 de 1927 y el Decreto legislativo número 1421 de 1940 proceda a repartir entre ellos el área del mencionado Resguardo, conforme a las adjudicaciones hechas por el Cabildo y a las mejoras plantadas por cada indígena.

En atención a las solicitudes, el Ministerio ha adelantado diversas gestiones para acopiar todos aquellos elementos y datos tendientes a conocer la situación jurídica del pretendido Resguardo, el número de sus habitantes y posibles adjudicatarios, área de los terrenos explotados e incultos, terceros extraños a la parcialidad y porciones ocupadas por ellos etc., labor en gran parte lograda pero cuya culminación ha tropezado con serios inconvenientes, según se verá́ más adelante.

El Resguardo de San Lorenzo no tiene títulos originarios que acrediten su constitución o nacimiento a la vida jurídica. Lo único que conserva en su poder y que es lo que ha traído al Ministerio y de lo que se ha servido para sus acciones reivindicatorias, es una diligencia de entrega practicada por el juez primero de la Villa de Supía el 18 de marzo de 1836, protocolizada por medio

y que es lo que ha traído al Ministerio y de lo que se ha servido para sus acciones reivindicatorias, es una diligencia de entrega practicada por el juez primero de la Villa de Supía el 18 de marzo de 1836, protocolizada por medio de la escritura # 506 de 30 de octubre de 1930 ante el Notario Único de Riosucio y registrada en la oficina de Registro de dich a ciudad el día 14 de febrero de 1932. Tal diligencia tuvo como origen algunas divergencias, all á por el año de 1835, entre los indígenas de "San Lorenzo" y los de Quiebra lomo y Supía, por razón de los territorios por ellos ocupados, divergencias que fueron elevadas al señor Presidente de la República el 3 de octubre de 1835 por memorial del indígena Juan de la Cruz Andica. Con dicho memorial se acompañaron entre otros documentos, las declaraciones de los señores Francisco Vinasco, Manuel José́ Guapacha, Antonio Taborda, José́ Cruz León y Joaquín Moreno, quienes deponen sobre posesión y linderos de las tierras del resguardo.

El Ministerio del Interior ordenó pasar las diligencias al señor Gobernador del Cauca, quien luego de tramitarlas debidamente, ordenó la entrega de que seRadicación: 11001032400020100030200

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habló atrás y que para mayor inteligencia de la cuestión, se transcribe a continuación:

"POSESION.- En la Villa de Supla a los diez y ocho días del mes de marzo de

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habló atrás y que para mayor inteligencia de la cuestión, se transcribe a continuación:

"POSESION.- En la Villa de Supla a los diez y ocho días del mes de marzo de mil ochocientos treinta y seis. Yo Manuel Ángel Betancourt y Bonilla, Juez primero de primera instancia en virtud de lo mandado por el señor Gobernador de la Provincia y de lo por m í proveído en su obedecimiento pas ó el punto denominado la quebrada de Agua Salada como punto divisorio y colindante con los indígenas de la parroquia de La Montaña asociado del señor Francisco Botero, Personero Público y dos testigos por falta y estand o allí reunidos los jueces y demás indígenas de ambos pueblos y no habiendo habido contradicción ninguna por parte de los interesados ni por la de los colindantes, yo, dicho Juez, procedí a poner en posesión de sus resguardos a los indígenas de la Viceparroquia de San Lorenzo en la forma siguiente: Por el lado de la Vega de la cuchilla alta bajando, a coger la quebrada de Arcón por esta quebrada aguas abajo hasta la entrada al río de Supía río arriba hasta la boca de la quebrada Agua Salada, de esta quebrad a al Alto de Ip á desde el de Buenavista de esta al Sisirrá de este a la. cuchilla - alta, cuchilla abajo a cerrar con el primer lindero nombrado. En cuyos puntos yo dicho Juez mand é a los e