CE - Sentencia 11001032400020100040000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

Demandada: Comisión Nacional de Precios de Medicamentos Acción: Nulidad simple – Código Contencioso Administrativo Tesis: No hay nulidad de la Circular 004 de 2010 por cuanto la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos -CNPMera competente para fijar los precios máximos de recobro de medicamentos no cubiertos por el POS por parte de las

EPS al Fosyga -hoy ADRESSENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Jairo José Arenas Romero contra la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos , para que se declare la nulidad de la Circular No. 004 de 2010, expedida por ella.

I. DEMANDA 1.1. Las pretensiones

1. Jairo José Arenas Romero 1, en adelante la parte demandante , solicitó al Honorable Consejo de Estado declarar la nulidad de la Circular No. 004 de 2010 , expedida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, en adelante la parte demandada, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 47727 del 1 junio de

2010.

1.2. El Acto administrativo demandado

expedida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, en adelante la parte demandada, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 47727 del 1 junio de 2010.

1.2. El Acto administrativo demandado

1 Cuaderno No. 1 folios 24-25Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

2Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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1.3. Normas violadas

2. El demandante s eñaló como vulnerados los artículos 13, 48 y 121 de la Constitución Política, los artículos 156 y 245 de la Ley 100 de 1993, y los artículos 7 y 182 de la Ley 1122 de 2007.

1.1. Concepto de violación

3. La parte demandante explicó que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, en adelante CNPM, carecía de competencia para fijar los precios de recobro de los medicamentos, en tanto estos valores son aplicados por las Entidades Promotoras de Salud , en adelante EPS, quienes no hacen parte de la cadena productiva ni de distribución de los productos.

4. Precisó que la CNPM solo puede establecer la política de precios de lo s medicamentos (bajo cualquiera de los esquemas de intervención, esto es, libertad vigilada, libertad regulada, y control de precios) frente a los distintos los agentes de distribución y comercialización de dichos productos, pero no puede hacerlo tratándose de los valores de recobro en tanto estos precios corresponden a la

vigilada, libertad regulada, y control de precios) frente a los distintos los agentes de distribución y comercialización de dichos productos, pero no puede hacerlo tratándose de los valores de recobro en tanto estos precios corresponden a la financiación que cubre el Estado respecto de una serie de medicamentos que entidades del sector salud se ven obligadas a cubrir sin estar obligadas a ello, ya sea porque ha existido una aprobación del Consejo Técnico Científico, en adelante CTC, o en virtud de acciones de tutela.

5. Igualmente a dujo que l a norma demandada atenta contra la viabilidad financiera del sistema de seguridad social, por cuanto impone a las EPS el deber de cubrir servicios o valores indeterminado s (servicios no POS), que una vez satisfechos o atendidos por ellas , solo pueden ser objeto de recobro al Fosyga , actualmente ADRES (dentro del régimen contributivo) o ante los entes territoriales

(en el régimen subsidiado), por un valor mucho menor, esto es el valor máximo fijado por el CNPM en el acto demandado, lo que al final determina que la diferencia entre el valor del medicamento y el valor del recobro deba ser asumido por las EPS.Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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6. Igualmente resaltó que es fundamental consultar las sentencia s de la Corte Constitucional en las que se ha señalado la importancia del recobro y del derecho de las EPS a la recuperación de los valores invertidos en los servicios no POS, entre otras las sentencias C-463 y C-316 de 2008; la primera de las cuales indica que el Estado está obligado al cubrimiento de las prestaciones en salud No POS sin fijar o

de las EPS a la recuperación de los valores invertidos en los servicios no POS, entre otras las sentencias C-463 y C-316 de 2008; la primera de las cuales indica que el Estado está obligado al cubrimiento de las prestaciones en salud No POS sin fijar o indicar que dicho cubrimiento sea parcial o incompleto, por lo que la norma que establezca o limite la posibilidad de efectuar ese recobro en forma total es contraria a derecho.

7. Destacó la importancia de las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado.

La primera de ellas de septiembre 4 de 2008, Sección Primera , Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, expediente 11000103-24-000-2003-00327-01, mediante la cual se declararon nulas algunas expresiones de la Resolución 02312 de 1998 del Ministerio de Salud, a través de la cual se pretendía pagar a las EPS solamente un 50% de los medicamentos no POS; y, la segunda, la Sentencia del 18 de junio de 2009, expedientes acumulados 1100103-25-000-2004-00139-01 y 11001 -03-25-000-2004-00175-01. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta , a través de la cual se decid ió sobre la nulidad de lo dispuesto en el literal b) del artículo 11 de la Resolución 002948 de 3 de octubre de 2003 del Ministerio de la Protección Social en la que s e hizo el siguiente pronunciamiento:

"(...) A diferencia de lo que piensa el Ministerio Público, la Sala considera que la norma demandada sí está propiciando un desequilibrio económico, al obligar a las entidades que forman parte del sistema de seguridad social

pronunciamiento:

"(...) A diferencia de lo que piensa el Ministerio Público, la Sala considera que la norma demandada sí está propiciando un desequilibrio económico, al obligar a las entidades que forman parte del sistema de seguridad social en salud, a asumir el 50% del costo de los medicamentos no incluidos en el Acuerdo 228 de 2002, proferido por el CNSSS, pues de conformidad con lo dicho en el acápite anterior, el valor de los mismos no es tenido en cuenta al momento de determinar el monto de las Unidades de Pago por Capitación - UPC-, a las cuales tienen derecho las EPS por cada afiliado o beneficiario." (subrayado y negrillas nuestros)”.

8. Adujo que la norma altera la equivalencia contractual del convenio suscrito inicialmente por las EPS con el Estado y desconoce el deber de este de garantizar la viabilidad financiera de entidades privadas que contratan de buena fe y que cubren los servicios y medicamentos que el Estado está obligado a cubrir.Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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9. Asimismo, señaló que la norma demandada impone un trato discriminatorio toda vez que, a manera de sanción, le impone a las EPS que cumplen integralmente con la solicitud de medicamentos no POS perder un porcentaje de su facturación.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo2

10. De acuerdo con esta cartera Ministerial la CNPM expidió la circular demandada con fundamento en el parágrafo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993, en desarrollo

2.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo2

10. De acuerdo con esta cartera Ministerial la CNPM expidió la circular demandada con fundamento en el parágrafo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de lo establecido en el artículo 3 de la Circular 002 del 22 d e abril de 2010 de la propia Comisión y de acuerdo con lo previ sto en el artículo 38 de la Ley 1393 de

2010.

11. Además, indicó que la expresión “formular la política de regulación de precios de los medicamentos”, contenida en el parágrafo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993, implica que la CNPM también puede establecer el valor máximo de recobro de los medicamentos listados en el artículo 1 del acto demandado.

12. Afirmó que bajo la señalada facultad de formulación de la política de regulación de precios de los medicamentos, el CNPM reguló el mercado, evitando la afectación patrimonial del Fosyga como entidad responsable del pago de más de la mitad de los medicamentos que se consumen en Colombia y expuesto al exceso de los recobros que se le solicitan.

13. Recordó que la Constitución Política en sus artículos 48 y 49 establece n la obligación del Estado de organizar, dirigir, coordinar y controlar el servicio público obligatorio de la seguridad social , para lo cual puede expedir los actos administrativos que resulten necesarios con el propósito de asegurar y garantizar la prestación del mencionado servicio.

2 Cuaderno No. 1 folios 89-114.Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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2 Cuaderno No. 1 folios 89-114.Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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14. Señaló que la regulación debe estar orientada a un mejoramiento constante en la prestación del servicio de salud en calidad y cobertura , por lo cual resulta necesario garantizar no solo la sostenibilidad financiera del sistema sino evitar abusos que pueden poner en riesgo estos fines.

15. Adujo que la circular demandada estaba fundada en la prevalencia y protección del interés general, el cual impone buscar el equilibrio financiero del sistema para lograr garantizar la prestación de los servicios de salud.

16. Argumentó que el acto demandado tenía como fundamento lo dispuesto en el artículo 3 de la Circular 02 de 2010, no demandada, que al respecto disponía:

“ARTÍCULO 3°. Precio máximo de los medicamentos recobrados al Sistema de Seguridad Social en Salud. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos establecerá el precio máximo de los medicamentos recobrados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad a la metodología y criterios definidos para tal fin”.

17. Señaló que en el artículo 2 literal e) del Decreto 413 de 1994 se dispuso que la CNPM debe ejercer las demás funciones que le señale la ley, dentro de las cuales debe entenderse incluida la atribución conferida en el parágrafo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993 relacionada con “formular la política de regulación de precios de los medicamentos”.

18. Concluyó que la regulación contenida en el acto demandado es simplemente

la Ley 100 de 1993 relacionada con “formular la política de regulación de precios de los medicamentos”.

18. Concluyó que la regulación contenida en el acto demandado es simplemente una manifestación de las competencias asignadas a la CNPM. 2.2. Ministerio de la Protección Social3 (Hoy Ministerio de Salud y Protección

Social)

19. En su contestación inicial esta Cartera Ministerial se refirió a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993 que cre ó la CNPM, así como al Decreto 413 de 1994 que reglamentó su funcionamiento.

3 Cuaderno No. 1 Folios 115-130.Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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20. Con fundamento en esta normativa recordó que la CNPM expidió la Circular 02 del 22 de abril de 2010, que en su artículo 2 estableció como una de sus funciones la de fijar los márgenes máximos de comercialización de los medicamentos que se venden en el territorio nacional y en cuyo artículo 3 igualmente indicó que la Comisión debía establecer el precio máximo de los medicamentos recobrados al

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

21. En esta misma l ínea indicó que el artículo 87 de la Ley 1438 de 2011 reiteró que le corresponde a la CNPM la formulación y la regulación de la política de precios de medicamentos y dispositivos médicos.

22. También recordó que a través del Decreto 4474 de 2010 el Gobierno Nacional resolvió cualquier ambigüedad que pudiera existir sobre la expresión “política de

de medicamentos y dispositivos médicos.

22. También recordó que a través del Decreto 4474 de 2010 el Gobierno Nacional resolvió cualquier ambigüedad que pudiera existir sobre la expresión “política de precios” e igualmente el alcance de las competencias de la CNPM, indicando en el artículo primero los criterios para establecer los valores máximos de recobro.

23. Atendiendo estos antecedentes concluyó que la norma demanda da fue expedida por la autoridad competente por lo que no ha bía lugar a pretender su nulidad.

24. Manteniendo esta misma línea argumentativa , el Ministerio de Salud y Protección Social presentó una segunda contestación frente a la demanda de nulidad4, en atención a que por auto del 4 de agosto de 2014 el Consejo de Estado ordenó notificar nuevamente la admisión de la demanda de forma personal a los integrantes de la CNPM, esto es, al Ministro de Salud y Protección Social, al Ministro de Comercio, Industria y Turismo y al delegado del Presidente de la República de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del C.C.A5.

25. En esta nueva oportunidad el Ministerio de Salud y Protección Social arguyó que la Circular 004 de 2010 expedida por la CRPM ya no tiene vigencia, por lo que la eventual nulidad deprecada carecería de efecto alguno . Indicó el Ministerio que

4 Cuaderno No. 1 Folios 213 -221 5 Cuaderno No. 1 folios 196-199Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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los medicamentos “[…] que tenían un precio máximo en la Circular 04 de 2010

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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los medicamentos “[…] que tenían un precio máximo en la Circular 04 de 2010 fueron incluidos en la circular 04 de 2012, con lo que los precios del 2010 perdieron vigencia. De la misma forma, los que tenían un precio en la Circular 04 de 2010 fueron incluidos en las circulares 0 4, 05 y 07 de 2013; con lo que a partir de la entrada en vigencia de estas circulares los precios anteriores también perdieron vigencia. Finalmente, los restantes serán incluidos en el nuevo control de precios que se hará en el segundo semestre del año 2015 […]”6.

26. De otra parte, frente a los argumentos del demandante, apuntó que los precios fijados por la CNPM eran verdaderos precios de mercado , que obligaban a todos los actores de la cadena incluyendo a las EPS y el Fosyga . A las EPS como compradoras o moduladoras de la demanda y al Fosyga como pagador y a ambos extremos como verdaderos agentes que influyen en la cadena de distribución y comercialización de los productos.

27. Como refuerzo de esta argumento cit ó la decisión del Consejo de Estado contenida en el auto del 8 de octubre de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso a través de la cual se ordenó la suspensión provisional del Decreto 4474 de 2010 “[…] al considerar que existía una violación ostensible de la ley en la medida en que los VMR eran verdaderos precios máximos, y que por lo tanto su determinación era competencia de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y no del

Ministerio de la Protección Social”.

VMR eran verdaderos precios máximos, y que por lo tanto su determinación era competencia de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y no del Ministerio de la Protección Social”.

28. E igualmente señaló que los valores contenidos en la Circular 004 de 2010 son verdaderos precios de mercado teniendo en cuenta que fue expedida “en desarrollo de lo previsto en el artículo 3 de la Circular 002 de 2010” que indica:

“Artículo 3.- PRECIO MÁXIMO DE LOS MEDICAMENTOS RECOBRADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD . La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos establecerá el precio máximo de los medicamentos recobrados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad a la metodología y criterios definidos para tal fin.

Para tal efecto, el Ministerio de la Protección Social suministrará a la Secretaría Técnica de la Comisión la información necesaria y los correspondientes soportes". (Subrayas de la Sala).

6 Cuaderno No. 1 folios 216Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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29. Apuntó que la citada norma no habla de una parte específica de la cadena, sino que habla de precios máximos recobrados al Sistema General de Seguridad Social en Salud sin hacer referencia a una transacción específica, por lo que concluyó que no es cierto que se contravenga lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre los recobros, dado que los precios fijados son precios techo para todas las transacciones que se realicen en la cadena de distribución y comercialización. 2.3. Presidencia de la República7

recobros, dado que los precios fijados son precios techo para todas las transacciones que se realicen en la cadena de distribución y comercialización. 2.3. Presidencia de la República7

30. Aseveró que dentro de las competencias de la CNPM está la de fija r el valor de los recobros pues estos hacen parte de la política del Gobierno Nacional en materia de precios de los productos, en especial, de aquellos de interés prioritario como los medicamentos con el fin de garantizar “[…] la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en salud”. Como sustento de estos argumentos citó el estudio hecho por la Procuraduría General de la Nación sobre el comportamiento e impacto de los recobros de medicamentos y procedimientos al Fosyga.

31. Destacó que el sistema de control de precios de medicamentos comprende un espectro de opciones que van desde la venta al consumidor final hasta el tema de los recobros al Estado y cuyo objetivo no es otro distinto que garantizar la estabilidad y viabilidad del sistema , dado el impacto que sobre el mismo tiene n precisamente los pagos hechos por parte del Fosyga.

32. Argumentó que precisamente por el impacto que tienen los pagos hechos por el Fosyga, se creó la CRPM y se expidió el Decreto 413 de 1994, que en su artículo 2 fijó las funciones de la Comisión.

33. A la luz de las funciones reglamentadas, afirmó que no existe duda de que la CNPM tiene plena competencia para definir la política general de precios de los medicamentos incluida la fase de recobros de las EPS al Fosyga , pues la interpretación contraria terminaría por proteger únicamente a los consumidores y no al Estado “[…] como gran consumidor en su sistema de seguridad social en salud”.

medicamentos incluida la fase de recobros de las EPS al Fosyga , pues la interpretación contraria terminaría por proteger únicamente a los consumidores y no al Estado “[…] como gran consumidor en su sistema de seguridad social en salud”.

7 Cuaderno 1 pp. 222-234Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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34. De otra parte, i ndicó que la decisión de vincular a la Presidencia e ra errada porque la competencia “[…] para decidir todo lo concerniente a estos temas es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al cual está adscrita su Secretaría Técnica”, de manera que la participación de un representante del Presidente en la CRPM no alteraba esta asignación funcional , más aún cuando la Presidencia no adoptó la decisión contenida en el acto demandado, razón por la cual carecería de legitimidad para responder los cargos.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

35. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

3.1. Presidencia de la República8

36. La Presidencia de la República presentó alegatos de conclusión reiterando su oposición a la declaratoria de nulidad de la Circular N. 0 04 del 1 de junio de 2010, arguyendo que no se ha configura do ninguna irregularidad ni en su proceso de formación ni en su contenido.

37. Reiteró que a su juicio fue un error vincular al presente trámite a la Presidencia de la República en tanto (i) la competencia para decidir estos temas es del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al cual está adscrita la secretaria técnica del

37. Reiteró que a su juicio fue un error vincular al presente trámite a la Presidencia de la República en tanto (i) la competencia para decidir estos temas es del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al cual está adscrita la secretaria técnica del CNPM y es por tanto a est a Entidad a quien le compete la defensa del acto demandado y, además porque (ii) la Presidencia no adoptó la decisión contenida en la Circular No. 004 del 1 de junio de 2010.

38. Recordó el origen y las normas que regularon la CNPM y señaló que correspondía a esta Comisión la competencia para establecer el precio máximo de los recobros, como parte de la política del Gobierno en materia de precios de los productos. También recordó como ya lo había hecho en su contestación, el estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación sobre el comportamiento y el impacto de los recobros de medicamentos y procedimientos al Fosyga.

8 Cuaderno No. 1 folios 271 -275Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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39. En lo restante reiteró en términos casi idénticos los argumentos expuestos en su contestación.

3.2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo9

40. El Ministerio presentó sus alegatos de conclusión dentro de la oportunidad legal, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en tanto el acto demandado fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales “[…] conferidas por los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, 245 de la Ley 100 de 1993,

fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales “[…] conferidas por los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, 245 de la Ley 100 de 1993, articulo 87 de la Ley 1438 de 2011, el Artículo 3 de la circular 002 de 2010”.

41. Señaló que el acto demandado se expidió atendiendo que el Estado es el ente rector de la economía y con el propósito de proteger a los usuarios del sector salud.

42. Argumentó que la regulación de los precio s es una manifestación de la intervención del Estado en el mercado, de manera que la CNPM simplemente actuó en desarrollo de los lineamientos de intervención definidos en la Ley.

43. Destacó que el régimen de fijación de precios está regulado en los artículos 60, 61, 62 y 87 de la Ley 81 de 1988, que en general disponen tanto las entidades que desarrollan las políticas precios como sus funciones. Indicó que lo que hicieron la Ley 100 de 1993 y la Ley 1438 de 2011 fue reasignar la función de la Ley 81 de 1988 a la C NPM que ya para ese momento había cambiado su denominación a Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (en adelante la CNPMDM).

44. Adujo que la CNPM tiene una metodología “[…] nueva, objetiva, imparcial, consultada y validada por la industria farmacéutica, basada en referenciación internacional”.

45. Y, finalmente indicó que la intervención del Estado en el mercado se efectuó en calidad de rector de la economía y para beneficio de toda la población.

internacional”.

45. Y, finalmente indicó que la intervención del Estado en el mercado se efectuó en calidad de rector de la economía y para beneficio de toda la población.

9 Cuaderno No. 1 folios 280-282Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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3.3. Ministerio de Salud y Protección Social10

46. Insistió en que la Circular 004 de 2010 fue derogada por la Circular 07 de 2018 “[…] mediante la cual se incorporan unos medicamentos al régimen de control directo con fundamento en la aplicación de la metodología establecida en la Circular 03 de 2013, la cual entró a regir a partir del 01 de enero de 2019”.

47. Igualmente recordó que la Circular demandada, esto es, la 004 de 2010 se expidió con fundamento en la Circular 02 del mismo año, en la cual se autorizó a la CNPM establecer un precio máximo de los medicamentos recobrados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para ese momento el Fosyga y, actualmente, a la Administradora de los Recursos del Sistema General del Seguridad SocialADRES.

48. Insistió en el marco normativo que regula las funciones de la CNPM entre otras, la Ley 100 de 1993, artículo 245; la Ley 1438 de 2011, artículo 87; y la Ley 1753 de 2015, artículo 72, así como los Decretos 1071 de 2012 y 705 de 2016.

49. Finalmente señaló que la Ley 1751 de 2015 habilitó al Gobierno Nacional para intervenir en el sector salud, dado que la regulación de precios de medicamentos

49. Finalmente señaló que la Ley 1751 de 2015 habilitó al Gobierno Nacional para intervenir en el sector salud, dado que la regulación de precios de medicamentos garantiza la efectividad y el alcance de los servicios de salud.

3.4. Intervención de Juan Diego Buitrago Galindo

50. En calidad de coadyuvante y dentro del término previsto en el artículo 146 del C.C.A el señor Buitrago Galindo expuso las razones por las cuales el acto demandado es válido y no hay lugar a declarar su nulidad.

51. Aseveró que la Circular regula que el Estado, inicialmente a través del Fosyga hoy a través de la ADRES, reconozca y pague a las EPS el valor de los medicamentos y servicios que estas prest an y que no están incluidos en el POS , actualmente denominado Plan de Beneficios con Cargo a la UPC (PBUPC).

10 Cuaderno No. 1 folios 283-284Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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52. Para los efectos anteriores, el acto demandado fijó el valor máximo del recobro de las EPS, el cual, en caso de ser inferior al valor del medicamento entregado y no cubierto por el POS, implica que las EPS deben sufrir ese daño antijurídico.

53. No obstante lo anterior, afirmó que la norma es beneficiosa porque a través de ella el Estado limita el gasto derivado del suministro de medicamentos no cubiertos por el POS y además establece unos precios de recobro aplicables a toda la cadena de producción.

IV. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO

ella el Estado limita el gasto derivado del suministro de medicamentos no cubiertos por el POS y además establece unos precios de recobro aplicables a toda la cadena de producción.

IV. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO

54. El Agente del Ministerio Público rindió concepto 11; sin embargo , revisado el texto de este se evidenció que hace referencia a un asunto distinto al que es objeto de debate en este proceso, por lo cual no se hará referencia a los argumentos que desarrolla.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia de la Sala

55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y lo prescrito en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 12, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

56. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue. 5.2. Consideraciones de la Sala

57. Revisadas las posiciones expuestas , y antes de abordar en detalle el estudio de las competencias de la CNPM y de definir si dentro de ellas se encuentra la de fijar los precios máximos de los recobros de los medicamentos y servicios al Fosyga;

11 Cuaderno No. 1 folios 289 -294 12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.Número de radicación: 11001 03 24 000 2010 00400 00

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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la Sala considera importante pronunciarse sobre (i) La procedencia de la acción de

Demandante: Jairo José Arenas Romero

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la Sala considera importante pronunciarse sobre (i) La procedencia de la acción de nulidad respecto de actos administrativos derogados o que han perdido vigencia, en tanto este argumento fue esgrimido por el Ministerio de Salud y Protección Social y, (ii) la legitimidad por pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPREpara actuar en el presente asunto , argumento que fu e expuesto por parte del apoderado dicha entidad. 5.2.1. La acción de nulidad sobre actos administrativos derogados o que han perdido vigencia

58. La Sala debe referirse enseguida a si resulta procedente o no la acción de nulidad frente actos administrativos derogados o que han perdido vigencia e indicar qué efectos tiene la decisión de nulidad de los actos administrativos generales sobre situaciones ya consolidadas.

59. Lo anterior teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social indicó que la presente acción de nulidad carecía de efectos, toda vez que la Circular 004 de 2010 había sido derogada por otras Circulares en las que se regularon de manera más reciente los precios de los medicamentos en ella referidos.

60. En relación con el primer punto, el Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada que no solo puede, sino que debe pronunciarse sobre las acciones de nulidad que se interponen respecto de actos que han perdido vigencia , en tanto la legalidad del acto administrativo es un concepto d iferente a su v igencia y sus efectos. Así, en sentencia de la Sala Plena del 14 de enero de 1991 (Radicación

núm. S-157) esta Corporación señaló:

legalidad del acto administrativo es un concepto d iferente a su v igencia y sus efectos. Así, en sentencia de la Sala Plena del 14 de enero de 1991 (Radicación núm. S-157) esta Corporación señaló:

“[… ] Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de ellas, pero no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se mantiene la po sición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión . Porque resulta que de un acto administrativo, aun si ha sido de