CE - Sentencia 11001032400020110004000 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001032400020110004000 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110004000

Demandante: Capri Sun AG

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Embotelladora Capri Ltda.

Asunto: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad –

Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Capri Sun AG., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 43358 de 23 de agosto de 2010 , expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda2

Número único de radicación: 11001032400020110004000

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La demanda2

Número único de radicación: 11001032400020110004000

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1. Capri Sun AG1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 43358 de 23 de agosto de 2010 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo CAPRI-SUN para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación

Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 43358 de fecha 23 de agosto de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009, declaró fundada la oposición formulada por Embotelladora Capri Ltda. y negó el registro de la marca

contenida en la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009, declaró fundada la oposición formulada por Embotelladora Capri Ltda. y negó el registro de la marca nominativa CAPRI-SUN, solicitada por la sociedad Capri Sun AG, para identificar "bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, néctares de frutas (no alcohólicos), siropes y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas", productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. “[…]”

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el regist ro de la marca nominativa CAPRI-SUN, mencionada en el numeral primero anterior, a nombre de la sociedad Capri Sun AG, para identificar "bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, néctares de frutas (no alcohólicos,), siropes y otras preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas", productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación internacional de Niza.

1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 3. 2 Cfr. Folios 26 a 51 3Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “Por la cual se reforma el Código de lo Contencioso Administrativo.”. 4 Cfr. Folio 27.3

Número único de radicación: 11001032400020110004000

Administrativo.”. 4 Cfr. Folio 27.3

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3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos

5. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones5:

5.1. Solicitó, el 30 de noviembre de 2005, el registro como marca del signo nominativo CAPRI-SUN para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. La solicitud se publicó, el 31 de enero de 2006 en Gaceta de Propiedad Industrial núm. 560, siendo objeto de oposición por parte de Embotelladora Capri Ltda , en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso, con base en su marca CAPRI que identifica productos de la Clase 33 de la Cla sificación Internacional de Niza.

5.2. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

CAPRI que identifica productos de la Clase 33 de la Cla sificación Internacional de Niza.

5.2. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa CAPRI-SUN para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, presento recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009.

5.4. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm.10104 del 23 de febrero de 2010, confirmó la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009, y concedió el recurso de apelación.

5 Cfr. Folios 27 a 33.4

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5.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 43358 de 23 de agosto de 2010, decidió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar la decisión contenida en

de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 43358 de 23 de agosto de 2010, decidió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar la decisión contenida en la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009; ii) declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) negar el registro de la marca nominativa CAPRI -SUN para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

6.1. Artículos 134, 136 y 146 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de violación

7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

7.1. La marca solicitada constituida por las denominaciones CAPRI -SUN es un signo apto para distinguir los productos para los cuales fue solicitado su registro y es susceptible de representación gráfica.

7.2. El signo solicitado está constituido por una combinación arbitraria de palabras que es inherentemente distintiva, en la medida que denota para los consumidores un origen empresarial determinado.

Violación del artículo 146 de la Decisión 486 de 20005

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7.3. Ha sido titular a lo largo de tres décadas del certificado de registro núm. 99.368 de la marca CAPRI-SONNE para identificar todos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

7.4. La marca CAPRI registrada en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, ha coexistido, no solo con marcas CAPRI -SONNE y CAPRI-SUN registradas por la parte demandante, sino con marcas registradas a nombre de terceras compañías, en productos alimenticios de las clases 29 y 30 ibidem.

7.5. Bajo la consideración de que no existía riesgo de confusión entre las marcas CAPRI y CAPRI-SONNE para identificar productos de las clases 33 y 32 ibidem, fue que el tercero con interés directo en las resultas del proceso pudo acceder al registro y a los derechos exclusivos sobre la marca CAPRI para identificar bebidas alcohólicas en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

7.6. Esa conducta denota que, a través la oposición presentada en este asunto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso actuó en contravía al principio de buena fe, especialmente, bajo la premisa de que pretende manipular a su conveniencia el alegato de que ex iste riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

conveniencia el alegato de que ex iste riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

7.7. El signo y la marca base de la oposición no son confundibles en los términos que prescribe la norma, en consecuencia, la parte demandada la aplicó indebidamente y vulneró el derecho de mi representada a que se le concediera el registro de la marca solicitada.

7.8. La marca CAPRI se compone únicamente del nombre geográfico, concepto conocido por el consumidor por ser una referencia geográfica y evocativa de un lugar específico.6

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7.9. El signo CAPRI-SUN refiere a un concepto fantasioso, que carece de significado común en el lenguaje usual y, por el contrario, es una combinación donde el elemento CAPRI se acompaña del elemento SUN, sin que para el consumidor sea plausible adjudicarle un significado usual, más bien, ostenta una significación únicamente comercial.

7.10. La marca CAPRI registrada para identificar bebidas alcohólicas en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza , ha coexistido y coexiste con otras marcas que la reproducen, en relación con alimentos.

7.11. La mera reproducción del elemento CAPRI carece de relevancia para confundir al consumidor, y las diferencias conceptuales entre la mera expresión CAPRI, para

que la reproducen, en relación con alimentos.

7.11. La mera reproducción del elemento CAPRI carece de relevancia para confundir al consumidor, y las diferencias conceptuales entre la mera expresión CAPRI, para identificar bebidas alcohólicas, y la expresión fantasiosa CAPRI-SUN, para identificar bebidas no alcohólicas, son suficientes para evitar cualquier error en el público.

Contestaciones de la demanda

Parte demandada

8. La parte demandada 6 contestó la demanda 7 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

8.1. La parte demandada, con la expedición de los actos acusados, no incurrió en violación alguna de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000.

8.2. Respecto de la vulneración del artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, realizó el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas del opositor.

8.3. Desde el punto de vista ortográfico y visual se determinó que el signo solicitado reproducía la marca previamente registrada.

6 Por intermedio de apoderada. 7 Cfr. Folios 175 a 1807

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8.4. Si bien el signo solicitado agrega la expresión SUN, la misma no logra desvirtuar la evidente similitud entre los signos, toda vez que la misma puede inducir en error al consumidor creyendo que se tra ta de una innovación de la marca

8.4. Si bien el signo solicitado agrega la expresión SUN, la misma no logra desvirtuar la evidente similitud entre los signos, toda vez que la misma puede inducir en error al consumidor creyendo que se tra ta de una innovación de la marca previamente registrada o una nueva línea de productos.

8.5. En ningún momento la parte demandada dejó de aplicar o aplicó indebidamente las disposiciones en materia marcaria, por el contrario, los actos acusados se ajustan plenamente a derecho y en el trámite administrativo se respetó el debido proceso constitucional.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

9. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal8.

Interpretación Prejudicial

10. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 4 de abril de 2018 9, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000, y este profirió la Interpretación Prejudicial 537-IP-2018 el 31 de julio de 2019 10, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que consideró:

“[…] La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina . Únicamente se interpretarán los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión anteriormente citada.

No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia el

anteriormente citada.

No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia el trámite de oposición a la solicitud de registro de una marca.

De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literal g) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar los temas de palabras de uso común en la conformación de marcas y la conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […]”

8 Cfr. Folio núm. 188 9 Cfr. Folio núm. 190 10 Cfr. Folios núms. 209 a 2298

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11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas y reanudación el proceso

12. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 17 de enero de 2025 11: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre las solicitudes probatorias de las partes.

Alegatos de conclusión

13. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 1 2 de febrero de 2025 12, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que

Alegatos de conclusión

13. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 1 2 de febrero de 2025 12, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión, y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

14. La parte demandante13 reiteró los argumentos señalados en la demanda.

15. La parte demandada14 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda.

16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso15 guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Concepto del Ministerio Público

17. El Ministerio Público16, rindió concepto en los siguientes términos:

17.1 La configuración de los signos en conflicto permite concluir que gramaticalmente presentan un grado de diferencia sustancial y evidente que no puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, pues la inclusión de

11 Cfr. Índice núm. 45 aplicativo web SAMAI. 12 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web SAMAI. 13 Cfr. Índice 55 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 54 del aplicativo web SAMAI9

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15 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 54 del aplicativo web SAMAI9

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la palabra SUN, de fantasía, en el signo solicitado, la diferencia de la marca opositora. Es decir, en este caso, el elemento distintivo se encuentra en la expresión que acompaña la palabra CAPRI , por lo que se debe declarar la nulidad de los actos acusados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 537-IP-2018 el 31 de julio de 2019 ; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. Visto el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo 17, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 18, sobre el régimen de

la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 18, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 19, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

El acto acusado

21. El acto acusado es el siguiente:

17 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 19 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

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21.1 La Resolución núm. 43358 de 23 de agosto de 2010, mediante la cual se decidió el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar la decisión contenida en la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009; ii) declarar fundada la oposición

el recurso de apelación en el sentido de: i) revocar la decisión contenida en la Resolución núm. 2680 del 28 de enero de 2009; ii) declarar fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y iii) negar el registro de la marca nominativa CAPRI-SUN para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

22. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en la contestaci ón de la misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial,

determinar:

22.1 Si la Resolución núm. 43358 de 23 de agosto de 2010, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo CAPRI - SUN para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Prod uctos y Servicios para el Registro de las Marcas: vulneran el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados.

22.2 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa CAPRI que identifica productos de la clase 33 ibidem, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

22.3 En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la

proceso.

22.3 En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados expedidos por la parte demandada.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 537-IP-2018 el 31 de julio de 2019, interpretó el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el literal g) del artículo 135 y el artículo 151 ibidem. Asimismo, no interpretó el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, debido a que no es objeto de controversia el trámite de11

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oposición a la solicitud de registro de una marca , por lo que no se incluirá en el problema jurídico a resolver.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decis ión 486 de 14 de septiembre de 2000 21 de la Comisión de la Comunidad

Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23

la Decis ión 486 de 14 de septiembre de 2000 21 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23

20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento his tórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del

el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento

sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de12

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25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los

Estados Miembros.

27. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

28. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en de recho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

29. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron

procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de

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