CE - Sentencia 11001032400020110040500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020110040500

Demandante: Apoyos Financieros Especializados S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero con interés: Grupo Apoyo S.A.

Tema: Distintividad intrínseca.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Apoyos Financieros Especializados S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15105 de 25 de marzo de 2011, 30987 de 31 de mayo de 2011 y 41625 de 5 de agosto de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, que se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Apoyos Financieros Especializados S.A. 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio,

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Apoyos Financieros Especializados S.A. 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

1 Actuando por intermedio de apoderado.2

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del derecho2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15105 de 25 de marzo de 2011, 30987 de 31 de mayo de 2011 y 41625 de 5 de agosto de 2011 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS ”, solicitado por la parte dem andante para identificar servicios de la clase 3 6 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de

Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 15105 de 25 de marzo de 2011, proferida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 -101467, por

2011, proferida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 -101467, por medio de la cual se negó el registro de la marca APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS en clase 36 internacional solicitada por la accionante.

3.2. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 30987 de 31 de mayo de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-101467, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 15105 de 25 de marzo de 2011, confirmando la decisión de negar el registro solicitado.

3.3. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 41625 de 05 de agosto de 2011, proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrative No. 10 -101467, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 15105 de 25 de marzo de 2011, confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca nominativa APOYOS ESPECIALIZADOS en clase 36 internacional solicitada por la accionante.

3.4. Como consecuencia de Io anterior, para resarcir el daño causado y como restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industrie y Comercio conceder el registro de la marca nominativa POYOS (sic) FINANCIEROS ESPECIALIZADOS para identificar servicios incluidos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad APOYOS

Industrie y Comercio conceder el registro de la marca nominativa POYOS (sic) FINANCIEROS ESPECIALIZADOS para identificar servicios incluidos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad APOYOS

FINANCIEROS ESPECIALIZADOS S.A.

2 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.3

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3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3.6. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industrie y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) dí as siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativa. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1 Que solicitó el 18 de agosto de 2010 ante la parte demandada el registro como marca del signo nominativo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS ”, para

fundamentar sus pretensiones:

4.1 Que solicitó el 18 de agosto de 2010 ante la parte demandada el registro como marca del signo nominativo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS ”, para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2 Que la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 602, la cual fue objeto de oposición por parte de la sociedad Grupo Apoyo S.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso, bajo el argumento de que el signo se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales b) y e) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

4.3 Que la directora de signos distintivos, mediante la Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011: i) declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y ii) denegó el registro del signo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS”, solicitado para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza , con base en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

4.4 Que presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación , contra la Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011.

4.5 Que l a directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 30987 de 31 de mayo de 2011 , resolvió el4

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Comercio mediante la Resolución núm. 30987 de 31 de mayo de 2011 , resolvió el4

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recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011 y concedió el recurso de apelación.

4.6 Que el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 41625 de 5 de agosto de 2011 , decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1 Los literales a) y g) del artículo 134 y el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por indebida aplicación.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación, así:

6.1 Manifestó que la parte demandada negó indebidamente el registro del signo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS ”, transgrediendo los presupuestos legales y jurisprudenciales.

6.2 Advirtió que la expresión APOYOS no resulta ser descriptiva de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues los servicios financieros están lejos de ser

legales y jurisprudenciales.

6.2 Advirtió que la expresión APOYOS no resulta ser descriptiva de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues los servicios financieros están lejos de ser considerados como un favor o un auxilio, de manera que el signo solicitado reúne los requisitos de capacidad distintiva y de capacidad diferenciadora necesarios para la concesión de su registro.

6.3 Mencionó que, respecto a la capacidad distintiva del signo, lejos de generar riesgo de confusión en el público consumidor, los términos que conforman el signo solicitado refuerzan la certeza de su origen empresarial al reproducir en su totalidad el nombre comercial del solicitante.5

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6.4 Señaló, que no es admisible el argumento de la parte demandada , al determinar que el sustento para negar el registro de la marca solicitada es la palabra APOYOS, equiparándola a una expresión descriptiva de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando dicha expresión ya le ha sido concedida.

Contestación de la demanda

Parte demandada

7. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal3.

Interpretación Prejudicial

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal3.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de mayo de 2025, determinó:

(i) dar aplicación a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado; ii) adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núm. 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 220IP-2020 de 22 de abril de 2021 proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; iii) corrió traslado para alegar; y iv) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10. La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal.

11. La parte demandada , se opuso a las pretensiones de la demanda,

argumentando lo siguiente:

3 Cfr. Folio 1646

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11.1 Indicó que no es posible registrar signos genéricos, descriptivos o de uso común, que no cuenten con otros elementos o combinaciones.

11.2 Mencionó que e l signo solicitado evoca un concepto claro, relacionado con prestar ayuda en temas financieros, por parte de personas expertas en el tema.

común, que no cuenten con otros elementos o combinaciones.

11.2 Mencionó que e l signo solicitado evoca un concepto claro, relacionado con prestar ayuda en temas financieros, por parte de personas expertas en el tema.

11.3 Expresó que los servicios que el signo pretende identificar recaen sobre actividades de seguros, operaciones financieras y operaciones monetarias, de lo que se evidencia que este evoca directamente los servicios prestados, que corresponden a servicios de asesoría financiera.

11.4 Adujo que la expresión FINANCIEROS es de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, p or ello, solamente se podría analizar si los vocablos “apoyos” y “especializados” dotan de distintividad intrínseca al signo, de tal manera que permita a la marca cumplir su función.

11.5 Argumentó que “ Al estudiar en conjunto “apoyos” y “especializados”, se encuentra que dichos vocablos no permiten al signo, cumplir ningún tipo de función diferenciadora. Al respecto, las palabras apoyos especializados no permiten identificar ningún tipo de producto, y re sultan descriptivos de los servicios prestados, que corresponde a asesorías en temas específicos, siendo el caso de servicios financieros en el tema que nos ocupa”.

12. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa7

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comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las Interpretaciones Prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado ; vii) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones descriptivas; viii) el marco jurídico relativo a las marcas derivadas y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De conformidad con el artículo 128 numeral 7 º4 del Código Contencioso Administrativo5, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 6 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 138 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

de 12 de marzo de 2019 9, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

4 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 5 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 6 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 8 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y

7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 8 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 9 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.8

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17.1 La Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011 , mediante la cual l a directora de signos distintivos declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y denegó el registro de la marca “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS” para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la parte demandante.

17.2 La Resolución núm. 30987 de 31 de mayo de 2011 , a través de la cual la jefe de la división de signos distintivos resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011.

17.3 La Resolución núm. 41625 de 5 de agosto de 2011 , por medio de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación

marzo de 2011.

17.3 La Resolución núm. 41625 de 5 de agosto de 2011 , por medio de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15105 de 25 de marzo de 2011.

El problema jurídico

18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, determinar:

18.1 Si las resoluciones núms. 15105 de 25 de marzo de 2011, 30987 de 31 de mayo de 2011 y 41625 de 5 de agosto de 2011 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS” para identificar "[...] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias. [...]”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza vulneran el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

18.2 En este sentido, se analizará, si el signo nominativo “APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS” para identificar servicios de la Clase 3 6 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, consiste exclusivamente en una indicación sobre la calidad, cantidad, destino, valor,9

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Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, consiste exclusivamente en una indicación sobre la calidad, cantidad, destino, valor,9

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procedencia o cualquier otra característica de los servicios que se pretendían amparar con la solicitud de registro del signo en cuestión.

19. Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo solicitado no resulta descriptivo ni carente de distintividad intrínseca, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad intrínseca, el cual está prevista en el artículo 135, ibidem10.

20. En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine el término “APOYOS”, que conforma el signo solicitado, no resulta descriptivo respecto de los servicios en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene en registrable como marca.

21. Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134 ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver 11, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca ni sus requisitos.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha

de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 12, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. D icho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.10

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resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de

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resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200013 de la Comisión de la Comunidad Andina14.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina15

24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina16.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

13 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de

expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y

campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 14 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 15 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que

declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 16 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

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de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

26. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “ […] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán

27. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

28. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

29. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “ […] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”

Interpretaciones núms. 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 220-IP-2020 de 22 de abril de 2021.12

Núm. único de radicación: 11001032400020110040500

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