CE - Sentencia 11001032400020120006400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00

Referencia. Acción de nulidad

Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES

ACUSADAS, TODA VEZ QUE LA DIMAR NO AGOTÓ EL

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA PARA SU EXPEDICIÓN, EL

CUAL ESTABA OBLIGADA A ADELANTAR, AL HABER AFECTADO

DIRECTAMENTE LA IDENTIDAD ÉTNICA DE LA COMUNIDAD NEGRA

DE LA BOQUILLA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La ciudadana CARIME PUELLO GUTIÉRREZ , obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad , prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 0 116 de 7 de abril de 2009, “ Por la cual se otorga una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes2

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Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes2

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Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

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Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena” ; y 0498 de 24 de noviembre de 2009, “Por la cual se modifica la resolución número 0116 del 07 de abril de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena ”, expedidas por el director de la Dirección General Marítima.

I.- FUNDAMENTOS DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 63 de la Constitución Política; 674 del Código Civil; 166, 169, 170, 171, 172, 174 y 178 del Decreto Ley 2324 de 18 de septiembre de 19841; 9º de la Ley 9ª de 11 de enero de 19892; 13 de la Ley 1469 de 30 de junio de 2009 3; y 6º y 7º del Convenio 169 de 1989 de la OIT.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,

la Ley 1469 de 30 de junio de 2009 3; y 6º y 7º del Convenio 169 de 1989 de la OIT.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis,

1 “Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria ”, expedido por el Presidente de la República. 2 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. 3 “Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda”.3

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lo siguiente: -. PRIMER CARGO: LAS RESOLUCIONES NÚMS. 0116 DE 7 DE ABRIL DE 2009 Y 04 98 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009

DESCONOCIERON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL

DECRETO 2324 DE 1984 Y LA LEY 1469

Señaló que la Dirección General Marítima, a través de la Resolución núm. 0116 de 7 de abril de 2009 , otorgó la concesión de una playa marítima de 4.000 M2 y de aguas marítimas de 2.000 M2, en el sector turístico del Corregimiento de La Boquilla, a un particular, -

playa marítima de 4.000 M2 y de aguas marítimas de 2.000 M2, en el sector turístico del Corregimiento de La Boquilla, a un particular, - señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO -, a pesar de que esa solicitud de concesión carecía de los requisitos previstos en el artículo 169, numeral 1, del Decreto 2324 de 1984, esto es, de la indicación de la ubicación y linderos del terreno o zona en que se quiere construir, y su extensión, así como del previsto en el artículo 169, numeral 2, -la certificación de la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena-.

Agregó que la entidad demandada violó el artículo 171 del Decreto 2324, dado que llevó a cabo la fijación de los edictos (del 16 de junio a 28 de julio de 2008) de la solicitud de concesión sin que el peticionario allegara la totalidad de los requisitos que establece el4

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artículo 169, esto es, sin que aportara la certificación de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena , la cual solo fue expedida el 22 de octubre de 2008.

Adujo que la entidad mencionada expidió la Resolución núm. 0498

de Planeación de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena , la cual solo fue expedida el 22 de octubre de 2008.

Adujo que la entidad mencionada expidió la Resolución núm. 0498 de 24 de noviembre de 2009 , mediante la cual modificó la Resolución núm. 0116 de 7 de abril de 2009, y accedió a ampliar las medidas de un kiosko de 4x4 metros con un área de 16 metros a uno removible de 5.00 metros de ancho por 18 metros de largo y un segundo nivel de 2x2 metros, sin fijar y publicar los edictos, con lo cual violó el artículo 171 del Decreto 2324.

Sostuvo que se violó el artículo 13, numeral 3, de la Ley 1469, dado que la referida concesión, otorgada al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO , carece de una licencia de intervención y ocupación temporal del espacio público de las playas y aguas marítimas, conforme se encuentra certificado, por la señora secretaria de Planeación, en el Oficio AMC-OFI-0023751 2012 de 8 de mayo de 2012.5

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-. SEGUNDO CARGO: LAS RESOLUCIONES NÚMS. 0116 Y 0498

DESCONOCEN EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY 9ª DE 1989

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-. SEGUNDO CARGO: LAS RESOLUCIONES NÚMS. 0116 Y 0498

DESCONOCEN EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY 9ª DE 1989

Alegó que los actos demandados al otorgar la concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO de una playa marítima de 4.000 M2 y de aguas marítimas de 2.000 M2, desconoc ieron el interés superior , señalado en el artículo 9º de la Ley 9ª de 1989 , debido a que se ha generado un cerramiento, señalización y demarcación con mojones, estacas y trozos de madera de una zona de playas y de aguas marítimas , lo cual dificulta e impide el libre tránsito, la circulación y el uso colectivo de dichos bienes públicos por la colectividad.

-. TERCER CARGO: LAS RESOLUCIONES NÚMS. 0116 Y 0498 NO

AGOTARON EL TRÁMITE DE LA CONSULTA PREVIA

Afirmó que la Dirección General M arítima, a través de los actos acusados, le otorgó la concesión a un particular, -al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO -, de una playa marítima de 4.000 M2 y un espejo de aguas marítimas de 2.000 M2, en el sector turístico del Corregimiento de La Boquilla, sin haber agotado el trámite de consulta previa, conforme lo ordenan los artículos 6º y 7º6

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turístico del Corregimiento de La Boquilla, sin haber agotado el trámite de consulta previa, conforme lo ordenan los artículos 6º y 7º6

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del Convenio 169 de 1989 de la OIT , con lo cual se configura una violación a l derecho fundamental de la comunidad negra de La Boquilla, tal y como fue señalado en la sentencia T -376 de 18 de mayo de 2012, proferida por la Corte Constitucional.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

• El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA , en adelante DIMAR, mediante apoderado,

propuso las siguientes excepciones:

-Inepta demanda, ya que “[…] la presente demanda no se ajusta a las exigencias legales ni se da cumplimiento a los requisitos de procedibilidad. […]”.

-Cosa j uzgada, por cuanto l a legalidad de los actos demandados acusados f ue objeto de pronunciamiento por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena , en la sen tencia de 23 de marzo de 2010, dentro del proceso núm. único de radicación 1300133-31-009-2009-00249-00, promovido en ejercicio de una a cción popular.7

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33-31-009-2009-00249-00, promovido en ejercicio de una a cción popular.7

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-Pleito pendient e, toda vez que con este proceso se surte paralelamente una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito de Judicial de Cartagena, Sala Civil de Familia, núm. único de radicación 13-001-31-10-004-2013-00174-00, con el objeto de dejar sin efectos las mismas resoluciones acusa das en este proceso, por cuanto la DIMAR otorgó la concesión de un bien de uso público al señor JESÚS HORACIO BEDOYA, sin adelantar la consulta previa a la comunidad.

Asimismo, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que la certificación de la Alcaldía Distrital de Cartagena sí obra en el expediente del trámite de la concesión. En efecto, fue suscrita el 13 de marzo de 2007 por el alcalde Mayor de Cartagena de Indias, NICOLÁS CURÍ VERGARA, la cual fue convalidada con la certificación expedida el 22 de octubre de 2008 por la secretaria de Planeación de la Alcaldía de Cartagena.

Expresó que, en el caso particular, el peticionario presentó el 15 de

expedida el 22 de octubre de 2008 por la secretaria de Planeación de la Alcaldía de Cartagena.

Expresó que, en el caso particular, el peticionario presentó el 15 de abril de 2008, ante la Capitanía de Puerto de Cartagena de la DIMAR, la solicitud de concesión de un bien de uso público, la cual acompañó8

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con la descripción de su ubicación y linderos aproximados, y cumplió con el lleno de los requisitos establecidos en el ar tículo 169 del Decreto Ley 2324.

Anotó que es cla ro que la información suministrada por el ciudadano debe ser determinada técnicamente por un profesional para establecer con certeza la cabida, linder os, medidas, área y dimensiones del área objeto de la solicitud de concesión.

Que, por ello, hace parte del trámite de concesión el informe de jurisdicción realizado por los peritos WILGEN DARÍO PARRA GARCÍA y HERNANDO CUADROS HINCAPIÉ en el que, respecto de la localización, medidas, área y linderos, cantidad del área a utilizar en el proyecto de deportes náuticos, se concluyó que corresponde a 4.000 M2 en playa y 2000 M2 en agua marítima.

Manifestó que la entidad demandada para determinar con precisión el área de la playa marítima y aguas marítimas concedida al

4.000 M2 en playa y 2000 M2 en agua marítima.

Manifestó que la entidad demandada para determinar con precisión el área de la playa marítima y aguas marítimas concedida al mencionado particular, lo hizo con base en los estudios técnicos que forman parte del trámite de solicitud de concesión.9

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Agregó que, por solicitud del peticionario, a través de la Resolución núm. 0498 de 24 de noviembre de 2009 , el Director General Marítimo modificó la Resolución núm. 0116 de 7 de abril de 2009, autorizando el cambio en las dimensiones técnicas de un kiosko removible, por cuestiones de diseño, dentro del área ya otorgada en concesión, conforme se desprende del Concepto Técnico CT núm. 41-A-DILEM-ALIT-613 de 11 de noviembre de 2009, el cual forma parte integrante de la citada Resolución, por lo que no es de recibo lo sostenido por la actora, en el sentido de que se están subsanando yerros de la concesión anterior.

Precisó que la modificación autorizada mediante la Resolución núm. 0498 de 24 de noviembre de 2009 no es del área otorgada en concesión, sino de las dimensiones de las obras autorizadas a construir; y que los requisitos y procedimiento s, previstos en los

0498 de 24 de noviembre de 2009 no es del área otorgada en concesión, sino de las dimensiones de las obras autorizadas a construir; y que los requisitos y procedimiento s, previstos en los artículos 169 y subsiguientes del Decreto 2324 , corresponden al otorgamiento de la concesión, pero no a una modificación.

Aclaró que la modificación de las condiciones técnicas del kiosko en nada afecta el área otorgada en concesión. Por el contrario, sigue siendo la misma y sobre las cuales la Autoridad Portuaria y el10

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificaron que no iban a adelantar proyecto alguno.

Indicó que la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Distrital de Cartagena, por escrito de 11 de agosto de 2009, y CARDIQUE, mediante la Resolución núm. 0690 de 14 de agosto de 2009, aprobaron, respectivamente, la modificación de las di mensiones del kiosco, autorizada s a levantar sobre los bienes de uso público entregados en concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA

CASTILLO.

Que en la parte considerativa de las resoluciones demandadas fueron tenidos en cuenta los conceptos y documentos expedidos por las entidades que dieron viabilidad al proyecto, como la Alcaldía Distrital

CASTILLO.

Que en la parte considerativa de las resoluciones demandadas fueron tenidos en cuenta los conceptos y documentos expedidos por las entidades que dieron viabilidad al proyecto, como la Alcaldía Distrital de Cartagena, el Ministerio de Transporte, CARDIQUE, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Afirmó q ue, además, la Capitanía de Puerto de Cartagena de la DIMAR cumplió con la publicación de los edictos dentro del trámite de concesión adelantado por el señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, para el funcionamiento del establec imiento de comercio11

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AQUANÁUTICA, de conformidad con las normas legales y reglamentarias.

Que, por lo tanto, la entidad demandada en ningún momento pretermitió el cumplimiento de un procedimiento ni requisitos legales, en la concesión, para el uso y goce de un bien de uso público, solicitada por el señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO.

Sostuvo, en cuanto a que con los actos acusados se ha propiciado el aislamiento, demarcación y delimitación del espacio, que el área otorgada en concesión no impide la libre circulación de los ciudadanos, además de que es el resultado de los estudios técnicos realizados sobre el área.

.- El señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO , quien fue

otorgada en concesión no impide la libre circulación de los ciudadanos, además de que es el resultado de los estudios técnicos realizados sobre el área.

.- El señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO , quien fue vinculado como tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de que fue notificado en debida forma, conforme consta en el proceso, no contestó la demanda.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN12

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A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Tanto las partes, como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público , en esta oportunidad, guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

De manera preliminar, la Sala antes de entrar a considerar el fondo del asunto, debe pronunciarse sobre la s excepciones de inepta demanda, cosa juzgada y pleito pendiente, propuestas por la entidad demandada. -Inepta demanda

La DIMAR propuso la excepción de inepta demanda, al considerar que “[…] la presente demanda no se ajusta a las exigencias legales ni se

demanda, cosa juzgada y pleito pendiente, propuestas por la entidad demandada. -Inepta demanda

La DIMAR propuso la excepción de inepta demanda, al considerar que “[…] la presente demanda no se ajusta a las exigencias legales ni se da cumplimiento a los requisitos de procedibilidad. […]”.13

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Al respecto, debe poner se de presente que si bien es cierto que la entidad demandada al proponer la citada excepción no especificó cuáles exigencias legales ni requisitos de procedibilidad incumple la demanda, objeto de estudio en el presente proceso, también lo es que de la lectura integral de la misma la Sala observa que la parte actora cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 137 del CCA 4 y, específicamente, en lo que respecta a lo previsto en el numeral 4 de dicha disposición, indicó tanto las normas violadas como la explicación del concepto de su violación , lo cual es suficiente para proceder a realizar el examen de legalidad de los actos acusados, amén de que en los eventos en que se hace uso de la acción de nulidad, como en este caso, no hay lugar a agotar requisitos de procedibilidad.

4 “[…] Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al Tribunal competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se demanda.

4 “[…] Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al Tribunal competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se demanda.

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer. […]” (Destacado fuera de texto).14

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Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 24 de septiembre de 2009 5, en la que esta Sección señaló que constituye una razón más que suficiente para que se proceda al examen de legalidad del acto cuestionado el hecho de que en la demanda se invoque una norma violada y se exprese el concepto de su violación, así este sea incorrecto, ambiguo o impre ciso. Sobre dicho asunto se consideró lo siguiente:

“[…] Sobre el particular, observa la Sala que la demanda presenta en efecto un importante grado de precariedad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137-4 del C.C.A, especialmente en lo que atañe a la explicación del

“[…] Sobre el particular, observa la Sala que la demanda presenta en efecto un importante grado de precariedad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 137-4 del C.C.A, especialmente en lo que atañe a la explicación del concepto de la violación, tal como lo pusiera de presente el agente del Ministerio Público en su concepto. No obstante lo anterior y a pesar de que el libelo radicado no puede calificarse propiamente como un prototipo de buena técnica jurídica, no puede soslayarse el hecho de que en su texto aparecen relacionadas las disposiciones de rango constitucional que la Asociación actora estima infringidas, y se exponen además, aunque sea de manera vaga e imprecisa, algunas explicaciones relativas a su violación. Esa circunstancia constituye una razón más que suficiente para que se proceda al examen de legalidad del acto cuestionado, a partir de los cargos propuestos por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CAMBIO DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, pues al fin y al cabo el requisito establecido en el numeral 4° del artículo 137 del C.C.A., se entiende cumplido con el hecho de invocar una norma violada y expresar el concepto de su violación, así éste sea incorrecto, ambiguo o impreciso. Por lo mismo no hay lugar a declarar en el caso sub examine la ineptitud de la demanda , tal como lo propone la DIAN y

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera , sentencia de 24 de septiembre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 1101-03-24-0005 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera , sentencia de 24 de septiembre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 1101-03-24-0002006-00198-00. Criterio reiterado en sentencia de 25 de marzo de 2022 ( Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24000-2010-00335-00).15

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por lo mismo la decisión que ponga fin a este proceso no podrá ser inhibitoria […]” (Destacado fuera de texto)

Además, n o puede perderse vista que en una acción pública de nulidad en que está en juego el interés público de la comunidad, así como la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el Juez Contencioso Administrativo debe proceder con amplitud en la interpretación de la demanda, en orden a ejercitar el control que tiene asignado6.

Por lo tanto, no prospera la excepción de inepta demanda. -Cosa Juzgada

En relación con la excepción de cosa juzgada, por cuanto la legalidad de los actos demandados acusados fue objeto de pronunciamiento por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena, en la

-Cosa Juzgada

En relación con la excepción de cosa juzgada, por cuanto la legalidad de los actos demandados acusados fue objeto de pronunciamiento por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proferida dentro del proceso núm. único de radicación 13001 -33-31-009-2009-00249-00, promovido en ejercicio de la acción popular, la Sala considera lo siguiente:

6 Ver sentencia de 25 de marzo de 2022 ( Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera , C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00335-00).16

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De acuerdo con el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20127, aplicable en virtud del artículo 267 del C CA, la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto de los que exista una sentencia ejecutoriada no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción,

La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto de los que exista una sentencia ejecutoriada no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción, razón por la cual esa decisión resulta inmutable, inimpugnable y obligatoria, lo que hace q ue el asunto sobre el cual ella decide no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto8.

En cuanto a la identidad jurídica de partes , se observa que en el proceso promovido en ejercicio de la acción popular, las partes son

CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS EL FUTURO S.A.

(demandante) y la DIMAR, -Capitanía de Puerto de Cartagena7 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 8 Ver auto de 1 2 de abril de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-0054600).17

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(demandada)9; mientras que en el caso sub examine las partes son CARIME PUELLO GUTIÉRREZ (demandante) y la DIMAR (demandada), razón por la cual hay identidad de parte demandada,

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(demandada)9; mientras que en el caso sub examine las partes son CARIME PUELLO GUTIÉRREZ (demandante) y la DIMAR (demandada), razón por la cual hay identidad de parte demandada, pero no de la parte demandante, la cual en las acciones populares y de nulidad no resulta relevante, habida cuenta que el interés para demandar lo ostenta cualquier persona.

Respecto a la identidad de objeto , no la hay, toda vez que en el proceso radicado con el núm. 13001 -33-31-009-2009-00249-0010, la demanda se tramitó, en ejercicio de la acción popular , por CONSTRUCCIONES Y URBANISMOS EL FUTURO S.A. en contra de la DIMAR, -Capitanía de Puerto de Cartagena -, tendiente a la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, existencia del equilibrio ecológico y al goce del espacio público, la cual fue decidida a través de la sentencia de 23 de marzo de 2010, por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena.

Y e n el presente caso, la actora, CARIME PUELLO GUTIÉRREZ , presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el

9 Folios 181 a 199 del C. Principal. 10 Folios 181 a 199 del C. Principal.18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00

Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

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artículo 84 del CCA, con el objeto de obtener la declaratoria nulidad de las resoluciones núms. 0116 de 7 de abril de 2009 , “Por la cual se otorga una concesión al señor JESÚS HORACIO BEDOYA CASTILLO, en su calidad de gerente de la Escuela de Deportes Náuticos-AQUANÁUTICA, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena”; y 0498 de 24 de noviembre de 2009 , mediante la cual se modificó la resolución anterior.

Frente a la identidad de causa petendi, se estima que, de acuerdo con lo anterior, la causa de los procesos es diferente , en tanto están encaminados a fines distintos.

Como se puede apreciar , ambos expedientes se tramitan por vías procesales diferentes, además no versan sobre el mismo objeto ni se fundan en la misma causa.

Al respecto , cabe mencionar que l a acción popular no se instituyó como el mecanismo a través del cual se puedan reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni como una instancia adicional a las existentes, de modo que resulta improcedente para obtener la declaratoria de nulidad de actos administrativos, por cuanto el juicio de legalidad de ellos escapa al procedimiento constitucional.19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00

Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

de legalidad de ellos escapa al procedimiento constitucional.19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00064-00

Actora: CARIME PUELLO GUTIÉRREZ

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Al efecto, la Sala prohíja lo señalado en el auto de 1 2 de abril de 201911, en el cual se precisó que la acción popular no es el mecanismo para controvertir la legalidad de un acto administrativo, en los siguientes términos: “[…] En efecto, el Despacho recuerda que la acción popular no es el mecanismo para controvertir la legalidad de un acto administrativo, por cuanto el constituyente consagró el principio de separación de jurisdicciones como garantía para la seguridad jurídica y para permitir el efectivo acceso a la Administración de Justicia, tal y como se desprende de los artículos 228, 234 a 248 de la Carta Política.

De esta forma, se puede sostener que la acción popular no se instituyó como el mecanismo a través del cual se puedan reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni como una instancia adicional a las existentes, de modo que resulta improcedente para obtener la declaratoria de nulidad de actos administrativos, por cuanto el juicio de legalidad de ellos escapa al procedimiento constitucional.

No debe olvidarse que el análisis del acto administrativo que presuntamente afecta un derecho o interés de naturaleza colectiva no es el mismo cuando se realiza mediante la acción popular que cuando se hace a través de la acción contenciosa

escapa al procedimiento constitucional.

No debe olvidarse que el análisis del acto administrativo que presuntamente afecta un derecho o interés de naturaleza colectiva no es el mismo cuando se realiza mediante la acción popular que cuando se hace a través de la acción contenciosa administrativa, dado que mientras que en el primero se hace un estudio constitucional del derecho o interés presuntamente amenazado o vulnerado, en