CE - Sentencia 11001032400020120016200 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032400020120016200 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
Demandante: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de
Colombia S.A.
Demandada: Contraloría General de la República Acción: Nulidad simple Tesis: Las sociedades de economía mixta de segundo nivel, independientemente de la naturaleza privada de su actividad, pueden ser sujetos de control fiscal en tanto su capital esté conformado por aportes públicos, sin importar la proporción de estos.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S. A. contra la Contraloría General de la República, para que se declare la nulidad del numeral 24 del parágrafo del artículo 4 de la Resolución 6421 del 28 de noviembre de 2011, expedida por la Contraloría General de la República, y todos los actos posteriores que se fundamenten en el numeral demandado.
I. DEMANDANúmero de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
Actor: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
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1. En ejercicio de la acción de nulidad 1 la Cámara de Riesgo Central de
Actor: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
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1. En ejercicio de la acción de nulidad 1 la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S. A. (en adelante parte demandante) presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República (en adelante parte demandada o CGR) el día 2 de mayo de 20122.
1.1. Pretensiones
2. En su escrito de demanda, la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Que se declare la nulidad del numeral 24 del parágrafo del artículo 4 de la RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 6421 ‘por la cual se reglamenta y actualiza la asignación de la competencia de la sectorización y categorización de los sujetos de control fiscal para la vigilancia de la gestión fiscal en las Contralorías Delegadas Sectoriales', proferida el 28 de noviembre de 2011 por la Contraloría General de la República.
2. Que se declare la nulidad de todos los actos posteriores a la RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 6421 emitida por la Contraloría General de la República que tengan cono (sic) fundamento el numeral 24 del parágrafo del artículo 4 de la mencionada 1 resolución”.
1.2. Acto administrativo acusado
3. La parte resolutiva del acto cuya legalidad se discute es la que se transcribe
a continuación:
«RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6421 DE 2011
(noviembre 28)
Por la cual se reglamenta y actualiza la sectorización y categorización de los
a continuación:
«RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6421 DE 2011
(noviembre 28)
Por la cual se reglamenta y actualiza la sectorización y categorización de los sujetos de control fiscal asignando la competencia de control y vigilancia de la gestión fiscal en las Contralorías Delegadas Sectoriales.
LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales,
RESUELVE:
1 Consagrada en el artículo 85 del del Decreto 01 de 1984 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” (en adelante CCA). 2 Cuaderno Principal, Folios 82 al 99.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
Actor: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
3
[…]
ARTÍCULO 4º. Corresponde a la Contraloría Delegada para la Vigilancia Fiscal del Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, ejercer la vigilancia y control fiscal a las entidades, planes, programas y proyectos sectorizados en esta dependencia Delegada.
PARÁGRAFO. Los planes, programas y proyectos serán seleccionados de los inscritos en el BPIN y del listado referido en los lineamientos para la Elaboración del Plan General de Auditoría vigente, en los cuales intervienen entidades y organismos sectorizados en este ar tículo, cuyo objetivo primordial está orientado al cumplimiento de las políticas del sector Gestión Pública e Instituciones Financieras.
[…]
Subsector Financiero.
No. Entidad Sede Principal Categoría
orientado al cumplimiento de las políticas del sector Gestión Pública e Instituciones Financieras.
[…]
Subsector Financiero.
No. Entidad Sede Principal Categoría 24 Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S. A.
CRC MERCANTIL S. A.
Bogotá D.C. B»
1.3. Normas violadas
4. La parte demandante consideró vulnerados el artículo 267 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 42 de 1993.
1.4. Concepto de la violación
5. Indicó que en el numeral 24 del parágrafo del artículo 4 de la Resolución 6421 de 2011 , que tenía como objeto “ reglamentar y actualizar la sectorización y categorización de los sujetos de control fiscal asignando la competencia de control y vigilancia de la gestión fiscal en las Contralorías Delegadas Sectoriales” , la Contraloría General de la República incluyó indebidamente a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. como sujeto de control fiscal y le asignó su vigilancia a la Contraloría Delegada para la Vigilancia Fiscal del Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
Actor: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
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6. Argumentó que con el acto demandado la Contraloría General de la República vulneró el artículo 267 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 42 de 1993,
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6. Argumentó que con el acto demandado la Contraloría General de la República vulneró el artículo 267 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 42 de 1993, toda vez que por su naturaleza societaria la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa M ercantil de Colombia S.A. no hace parte de ninguna de las ramas del poder público ni tampoco está dentro de la categoría de los particulares que administran recursos públicos.
7. Adicionalmente, manifestó que la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. es una empresa de carácter exclusivamente privado cuyo objeto es el de brindar apoyo en la compensación y liquidación de las operaciones que se realizan en la Bolsa Mercantil de Colombia y cuya creación o autorización no fue ordenada por ley o acto administrativo.
8. Adujo que si bien la Bolsa Mercantil de Colombia es titular del 88,94% del capital social de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., lo cierto es que los aportes de capital hechos a la Cámara no son de propiedad de sus accionistas sino de la sociedad y, por consiguiente, no podrían ser considerados como bienes del Estado sujetos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.
9. Como fundamento de sus argumentos , hizo referencia a diferentes pronunciamientos de esta Corporación. Por un lado, se refirió a los conceptos del 26 de octubre de 2000 con radicado No. 1291 3 y del 22 de octubre de 2007 con radicado No. 18444 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en los cuales se destacó
26 de octubre de 2000 con radicado No. 1291 3 y del 22 de octubre de 2007 con radicado No. 18444 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en los cuales se destacó la necesidad de la intervención del Congres o de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos distritales o municipales en la creación o autorización de las entidades descentralizadas.
3 Consejo de Estado, S ala de Consulta y Servicio Civil . Concepto del 26 de octubre de 2000 , exp: 1291, C. P. Augusto Trejos Jaramillo. 4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 2 de octubre de 200 7, exp: 1.844, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
Actor: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
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10. Por otro lado, se refirió a dos sentencias proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado en contra de la Contraloría General de la República por la inclusión de entidades privadas como sujetos de control fiscal . Así, resaltó la Sentencia del 19 de noviembre de 1992, radicado No. 211796052795 y la Sentencia del 5 de marzo de 1998, radicado No. 47406.
11. Destacó que el primero de los fallos aludidos se refiere a la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 011168 del 22 de mayo de 1985, por extralimitación de las autorizaciones que la Constitución y la Ley le otorgan a la Contraloría General
nulidad de la Resolución No. 011168 del 22 de mayo de 1985, por extralimitación de las autorizaciones que la Constitución y la Ley le otorgan a la Contraloría General de la República para determinar el alcance de su vigilancia a la gestión fiscal , concretamente por haber vinculado a la Flota Mercante Grancolombiana S.A. como entidad sujeta a control fiscal. En esta decisión la Sección Primera determinó que el capital y los activos de las empresas creadas por iniciativa privada en las que se han realizado aportes de fondos públicos no constituyen, por solo ese hecho, bienes públicos sujetos a control fiscal.
12. Resaltó que la segunda sentencia corresponde a la declaratoria de nulidad del artículo 3 de la Resolución No. 03396 del 4 de febrero de 1994 , en la que nuevamente la Contraloría General de la República intentó vincular como sujeto de control fiscal a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana S.A. (antes Flota Mercante Grancolombiana S.A. ). En este caso, una vez más se determinó que dicha entidad no se encontraba administrando fondos o bienes de la Nación y que sus condiciones societarias no habían cambiado desde la decisión del 19 de noviembre de 1992, por lo cual no podía ser sujeto de control fiscal.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
5 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 19 de noviembre de 1992, exp: 21-179-605279, C. P. Libardo Rodríguez. 6 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo de 1998, exp: 4740, C. P. Juan
279, C. P. Libardo Rodríguez. 6 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo de 1998, exp: 4740, C. P. Juan Alberto Polo Figueroa. Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. Auto del 13 de noviembre de 1997, exp: 4740, C. P. Juan Alberto Polo Figueroa.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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13. El 20 de marzo de 2014 la Contraloría General de la República presentó contestación7 con fundamento en los siguientes argumentos:
14. En primer lugar, advirtió que la demanda de nulidad padece de ineptitud al no cumplir con todos los requisitos establecidos en el C.C.A. Al respecto, indicó que de acuerdo con el artículo 138 del C.C.A. las acciones de nulidad deben determinar específicamente cada uno de los actos administrativos objeto de demanda , concluyendo que la segunda pretensión de la demanda 8 no cumplía con este requisito de individualización lo cual generaba la ineptitud.
15. En segundo lugar, señaló que en los documentos allegados con la notificación de la demanda no se encontró la aceptación del poder con la firma y con la respectiva presentación personal del apoderado que actúa en representación de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia
S.A.
16. En tercer lugar , afirmó que las Contralorías s í cuentan con la facultad de ejercer control fiscal sobre los particulares y, específicamente, sobre la Cámara de
S.A.
16. En tercer lugar , afirmó que las Contralorías s í cuentan con la facultad de ejercer control fiscal sobre los particulares y, específicamente, sobre la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
Concretamente, manifestó que de acuerdo con el artículo 267 de la Constitución Política, el artículo 2 de la Ley 42 de 1993 y las sentencias C-167 de 1995, C-586 de 1995 y C -1176 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional, la facultad del control fiscal de las Contralorías no se limita a las entidades que hacen parte de las ramas del poder público , sino que e sta facultad ampara a todos los sectores y actividades en los que se manejan bienes o recursos públicos, sin importar la naturaleza de aquel que los administra.
7 Cuaderno Principal, Folios 163 al 168. 8 La pretensión referida es la siguiente: “ 2. Que se declare la nulidad de todos los actos posteriores a la RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 6421 emitida por la Contraloría General de la República que tengan cono fundamento el numeral 24 del parágrafo del artículo 4 de la mencionada 1 resolución”Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
Actor: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
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17. Argumentó que la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. , si bien no hace parte de la rama ejecutiva del poder público, es una entidad que de forma indirecta tiene a su cargo operaciones que
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17. Argumentó que la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. , si bien no hace parte de la rama ejecutiva del poder público, es una entidad que de forma indirecta tiene a su cargo operaciones que comprometen recursos públicos . Lo anterior por cuanto el 90% de su capital pertenece a la Bolsa Mercantil de Colombia y a su vez el 11,83 del capital de la Bolsa Mercantil es del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, por lo que, concluyó, existe un interés patrimonial del Estado en un 10.64% dentro del capital Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
18. Así las cosas , adujo que como los aportes de los socios son elementos esenciales del contrato social que otorgan determinados derechos sobre las acciones, cuotas o partes de interés, las Contralorías sí pueden revisar el manejo que se le está dando a dichos aportes y derechos y, por tanto, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. si es sujeto de control fiscal.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
19. La parte demandante 9 señaló que, si bien la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. tiene una participación del 90% en el capital de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S. A., lo cierto es que los activos que produce la sociedad en su actividad comercial no pertenecen a los accionistas.
En efecto, advirtió que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 379 del Código de Comercio, a los accionistas solo les asisten los derechos económicos de recibir
que produce la sociedad en su actividad comercial no pertenecen a los accionistas. En efecto, advirtió que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 379 del Código de Comercio, a los accionistas solo les asisten los derechos económicos de recibir partes proporcionales sobre los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio y el de recibir una parte proporcional del activo social al momento de la liquidación.
20. En consecuencia, señaló que aun cuando es claro que los administradores de las sociedades de economía mixta estructuradas por autorización legal se
9 Cfr. Índice 73 del sistema electrónico SAMAI, archivo denominado “18_RECIBEMEMORIAL_ALEGACIONCCMVSCONTRA_20240318163843”.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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sujetan al control fiscal, est a facultad de control no se extiende a las empresas filiales que no reciben una aportación directa de los accionistas de la sociedad matriz.
21. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
22. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
V. COMPETENCIA DE LA SALA
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del C.C.A. y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 10, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
VI. CONSIDERACIONES
80 de 2019 10, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
VI. CONSIDERACIONES
24. Antes de abordar el problema jurídico del presente caso, la Sala estima importante referirse a diversos aspectos sujetos a debate dentro del proceso.
6.1. Sobre el poder presentado por la parte demandante
25. En su escrito de contestación la parte demandada manifestó que en los documentos allegados con la notificación de la demanda , no se encontr aba la aceptación del poder con la firma y la debida presentación personal por parte del apoderado de la parte demandante, p or lo que solicitó que se declar e el incumplimiento de esta a lo dispuesto en el artículo 139 del C .C.A. y los artículos 44, 65 y 67 del Código de Procedimiento Civil.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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26. Para resolver la Sala analizará las normas invocadas como infringidas. Así, el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, aplicable para la época de los hechos por remisión del artículo 267 del CCA, disponía lo siguiente respecto de los poderes
especiales:
“Artículo 65. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.
El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por
escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.
El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda. […]” (Subrayado de la Sala)
27. Por su parte, el artículo 142 del C.C.A, establece lo siguiente en relación con el evento con la presentación personal de la demanda:
“ARTÍCULO 142.Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe. El signatario podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará presentada al recibo en el despacho judicial de destino”11 (Subrayado de la Sala).
28. Adicionalmente, respecto al reconocimiento de un apoderado, el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, igualmente aplicable para la época por remisión del artículo 267 del CCA, determinaba lo siguiente:
“Artículo 67. Reconocimiento del apoderado . Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio”. (Subrayas de la Sala).
29. De esta forma , es claro para la Sala que el derecho de postulación 12 no dispone como un requisito obligatorio que los poderes otorgados para un proceso
11 El texto original del artículo era el siguiente: “ARTÍCULO 142.Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe ante el secretario del tribunal a quien se dirija. El signatario que se halle en lugar distinto podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de
personalmente por quien la suscribe ante el secretario del tribunal a quien se dirija. El signatario que se halle en lugar distinto podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará presentada al recibo en el despacho judicial de destino”. No obstante, mediante la Sentencia C -646 de 2002, la Corte Constitucional declaró inexequible las expresiones subrayadas. 12 El Derecho de postulación se entiende como aquel “que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otraNúmero de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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judicial requieran de la aceptación expresa y de la presentación personal autenticada del apoderado. Por el contrario, se observa que para el reconocimiento de la representación judicial, bastaría con la radicación del memorial que otorga poder a determinado abogado con la presentación personal del mandante o , en caso de ser una persona jurídica, de su representante legal.
30. Ahora, para el caso en concreto, la Sala evidenció que en el folio 2 del expediente reposa el poder otorgado por el representante legal de la parte demandante para la época, Jorge Enrique Amaya Pacheco, al apoderado Miguel Lotero Robledo. En este documento se encuentra la respectiva autenticación de la presentación personal del representante legal de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. , como se observa en la
siguiente imagen13:
presentación personal del representante legal de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. , como se observa en la siguiente imagen13:
31. Adicionalmente, la Sala evidenció que la demanda y sus anexos fueron presentados personalmente en la Secretaría de esta Corporación por parte del
persona” (Corte Constitucional, Sentencia T-018 de l 2017. Citado de Devis Echandía, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil). 13 Cfr. Cuaderno Principal, Folio 2.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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apoderado de la parte demandante, Miguel Lotero Robledo14, por lo que se concluye que, con su ejercicio, dicho profesional aceptó el derecho de postulación en los términos del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil.
32. En consecuencia, contrario a lo señalado por la parte demandada, no se evidencia la existencia de un defecto en el otorgamiento del poder por la parte demandante para el presente proceso.
6.2. Sobre la ineptitud de la demanda
33. En su escrito de contestación la Contraloría General de la República advirtió que la demanda adolecía de ineptitud , en tanto la demandante no habría individualizado con precisión los actos administrativos posteriores a la Resolución Orgánica No. 6421, respecto de los cuales solicitó la declaratoria de nulidad.
34. De acuerdo con el artículo 138 del C.C.A., toda persona que pretenda demandar la nulidad de un acto administrativo de una entidad tiene la carga de
Orgánica No. 6421, respecto de los cuales solicitó la declaratoria de nulidad.
34. De acuerdo con el artículo 138 del C.C.A., toda persona que pretenda demandar la nulidad de un acto administrativo de una entidad tiene la carga de individualizar su pretensión. Para la Sala, este requisito tiene como propósito que la autoridad judicial pueda realizar un análisis preciso sobre la naturaleza del acto, su estructura, los fundamentos de su decisión, el trámite que lo originó y la autoridad que lo suscribió, con el fin de determinar si adolece de una irregularidad que configuraría la causal inv ocada en la demanda. Además, su individualización permite revisar el cumplimiento de los requisitos para presentar una demanda de nulidad, como es el agotamiento de la vía gubernativa.
35. Si el acto no ha sido debidamente individualizado por la parte demandante, no es posible determinar si adolece de alguna causal de nulidad.
36. En el presente caso, la Sala observa que la parte demandante, si bien individualizó con precisión el acto administrativo en la primera pretensión de su
14 Cuaderno Principal, Folio 99.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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escrito de demanda15, en el numeral segundo de sus pretensiones se limitó a solicitar la nulidad de “todos los actos posteriores a la RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 6421 emitida por la Contraloría General de la República que tengan como fundamento el numeral 24 del parágrafo del art ículo 4 de la mencionada 1
No. 6421 emitida por la Contraloría General de la República que tengan como fundamento el numeral 24 del parágrafo del art ículo 4 de la mencionada 1 resolución”16, sin determinar con precisión a cuáles actos administrativos se estaba refiriendo.
37. Por lo tanto, para la Sala, no es posible realizar un análisis de legalidad de los actos administrativos respecto de los cuales se desconoce su identidad, trámite, contenido, fundamentos y las determinaciones de fondo adoptadas y, en consecuencia, se declarará inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la nulidad impetrada en el numeral 2 de las pretensiones de la demanda.
6.3. Problema Jurídico.
38. Agotados los anteriores aspectos, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad del numeral 24 del parágrafo del artículo 4 de la Resolución 6421 del 28 de noviembre de 2011, a través del cual se incluyó a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. como entidad sujeta a control fiscal, y frente a los demás actos que se profieran con fundamento en la aludida norma.
39. El problema jurídico está referido a la competencia de la Contraloría General de la República para definir que un sujeto de naturaleza societaria como la demandante, en cuyo capital participa una sociedad de economía mixta , es sujeto de control fiscal y señalar qué contraloría delegada debe ejercer dicha función.
15 Cfr. Cuaderno Principal, Folio 87. La pretensión referida se trascribe a continuación: “ 1. Que se
de control fiscal y señalar qué contraloría delegada debe ejercer dicha función.
15 Cfr. Cuaderno Principal, Folio 87. La pretensión referida se trascribe a continuación: “ 1. Que se declare la nulidad del numeral 24 del parágrafo del artículo 4 de la RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 6421 ‘por la cual se reglamenta y actualiza la asignación de la competencia de la sectorización y categorización de los sujetos de control fiscal para la vigilancia de la gestión fiscal en las Contralorías Delegadas Sectoriales', proferida el 28 de noviembre de 2011 por la Contraloría General de la República” (Subrayado de la Sala). 16 Cuaderno Principal, Folio 87.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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6.3.1 Sobre la competencia de la Contraloría General de la República
40. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del C.C.A. la ausencia de competencia de quien profiere el acto es uno de los vicios que pueden afectar su validez.
41. Para el presente caso, la Sala revisará si la Contraloría General de la República dispone de la facultad para determinar las entidades y particulares objeto de control fiscal y las competencias de las diferentes contralorías delegadas respecto de tales sujetos
42. Valga señalar que l a vigilancia fiscal de las entidades públicas o de los particulares que manejan fondos o recursos públicos se encuentra a cargo de la Contraloría General de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 267
respecto de tales sujetos
42. Valga señalar que l a vigilancia fiscal de las entidades públicas o de los particulares que manejan fondos o recursos públicos se encuentra a cargo de la Contraloría General de la República de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política. Esta función se encuentra ampliamente desarrollada en la Ley 42 de 1993, norma que establece la estructura del sistema de control fiscal y los organismos que lo ejercen, como es el caso de las contralorías delegadas.
43. Ahora bien, tanto la organización de las contralorías como las características de los sujetos objeto de la vigilancia fiscal están regulados principalmente por el Decreto Ley 267 de 2000 . En este Decreto Ley se estableció que la Contraloría General de la República debía agrupar y asignar por sectores y subsectores a los sujetos de control fiscal que le corresponden a cada una de las contralorías delegadas17.
17 Cfr. Decreto-Ley 267 de 2000, art. 30 incisos 1 y 3. “ Para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la Vigilancia Fiscal señaladas en la Constitución, las leyes y demás normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico del ejercicio de las mismas, la Contraloría General de la República, agrupará por sectores y subsectores a los sujetos de control fiscal, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras ” y “Considerando los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación, el Contralor General previo concepto del Comité Directivo, podrá
de servicios, funciones administrativas o regulativas, producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras ” y “Considerando los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación, el Contralor General previo concepto del Comité Directivo, podrá asignar y reasignar sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las Contralorías Delegadas, en cuyo caso éstas deberán responder por los resultados de la vigilancia de la gestión fiscal del respectivo sector en el que se hubieren asignado tales sujetos”.Número de radicación: 11001 03 24 000 201200162 00
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44. Sumado a lo anterior , de acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Resolución núm. 5706 del 2005 , vigente para la época de los hechos, se determinó que el Contralor General, en desarrollo de la función de vigilancia fiscal establecida en la Constitución Política, se encontraba facultado para establecer los s
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