CE - Sentencia 11001032400020130008000 de 2025

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Radicado: 11001 03 24 000 2013 00080 00

Demandante: Pedro Alejandro Carranza Cepeda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2013 00080 00

Actor: Pedro Alejandro Carranza Cepeda Demandado: Ministerio de Minas y Energía Tesis: No es nulo , por falta de competencia, el acto administrativo que fijó las condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por parte de los usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de distribución.

No es nulo por vulneración de normas superiores, el acto administrativo que fijó las condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por parte de los usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de distribución , si la medida es adecuada, proporcional y cumple con los fines propuestos por la administración.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad promovido por el señor Pedro Alejandro Carranza Cepeda en contra del literal b) del artículo 1° de la Resolución nro. 171 del 1 de diciembre de 201 1,

de nulidad promovido por el señor Pedro Alejandro Carranza Cepeda en contra del literal b) del artículo 1° de la Resolución nro. 171 del 1 de diciembre de 201 1, proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG).

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

«De acuerdo con los hechos y fundamentos de Derecho aquí señalados, respetuosamente solicito lo siguiente:

1. Se sirva DECLARAR LA NULIDAD del literal b de la parte Resolutiva del acto administrativo contenido en la Resolución No 171 de Diciembre de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por medio de la cual se modifica el numeral 2.1.1. del Reglamento Único de Transporte de gas natural por redes.2

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2. Una vez ejecutoriada su Decisión, respetuosamente le solicito se sirva oficiar a la autoridad administrativa que profirió el acto administrativo demandado, para los trámites que correspondan».1

1.2. La disposición acusada

«ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 2.1.1. del RUT, el cual quedará así:

"2.1.1 Compromiso de Acceso

(..)

b. Condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por parte de usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de

"2.1.1 Compromiso de Acceso

(..)

b. Condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por parte de usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de distribución:

Los Transportadores de gas natural por tubería no podrán autorizar el acceso a los gasoductos de su propiedad o que se encuentran bajo su control, a cualquier Usuario Regulado o Usuario No Regulado, que en el momento de la solicitud de conexión se encuentre conectado a un Sistema de Distribución o pueda conectarse a un Sistema de Distribución.

Los Transportadores sólo podrán aceptar el acceso de un Usuario Regulado atendido a través de un comercializador o de un Usuario No Regulado conectado previamente a un Sistema de Distribución o que se pueda conectar a un Sistema de Distribución, cuando com o consecuencia de condiciones técnicas (flujo, presión, volumen, calidad del gas, entre otras) o de seguridad, la demanda de dicho Usuario no pueda ser atendida por el distribuidor que le presta o le puede prestar el servicio.

El Usuario que esté conectado o se pueda conectar a un Sistema de Distribución y que por las razones antes señaladas solicite el acceso al Transportador deberá presentarle a éste un documento expedido por el Distribuidor en donde se indiquen las razones té cnicas del por qué no le es posible prestarle el servicio a dicho Usuario.

Para los efectos del literal b de este artículo, cuando se hace referencia al acceso a un Sistema de Distribución por parte de un Usuario No Regulado, se debe entender que esta expresión no incluye a los "DistribuidoresComercializadores".

Las disposiciones del literal b de este artículo se aplican a las conexiones de inmuebles o predios, sin importar cualquier modificación relativa a la propiedad,

debe entender que esta expresión no incluye a los "DistribuidoresComercializadores".

Las disposiciones del literal b de este artículo se aplican a las conexiones de inmuebles o predios, sin importar cualquier modificación relativa a la propiedad, posesión, tenencia, usufructo, administración o similares que pueda ocurrir en relación con éstos».

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

1 El expediente digital reposa en el índice 72 del Sistema de Gestión Judicial Samai.3

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Como normas infringidas, el demandante señaló el artículo 333 de la Constitución Política y el artículo 30 de la Resolución nro. 057 de 1996.

1.3.1. Afirmó que la disposición acusada vulnera la libertad de empresa y la libre competencia, consagradas en el artículo 333 de la Constitución Política, al impedir que los usuarios de gas conectados a redes de distribución o aquellos que deseen incorporarse al sistema, puedan acceder a tarifas más favorables mediante proyectos que les permitan conectarse directamente a la infraestructura de transporte. Señaló que esta restricción los obliga a permanecer en el sistema de distribución, lo que afecta su competitividad y lim ita su derecho a explorar otras alternativas, en contravía de lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996.

Alegó que la CREG justificó la expedición del acto impugnado argumentando que

alternativas, en contravía de lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996.

Alegó que la CREG justificó la expedición del acto impugnado argumentando que este busca evitar una disminución en los ingresos de los distribuidores de gas y garantizar el retorno de las inversiones realizadas en infraestructura, con el fin de proteger a los usuarios de posibles incrementos tarifarios. No obstante, esta postura desconoce que la demanda de gas natural por red ha venido creciendo de manera sostenida, lo que tiende a reducir los costos asociados a su distribución. Además, los precios que enfr enta la industria nacional para el suministro de gas no son competitivos a nivel internacional, lo cual constituye un motivo adicional para promover una disminución en los costos del servicio.

Señaló que la CREG puso a disposición de varios agentes del sector el proyecto de resolución que dio origen al acto demandado, frente al cual se manifestaron opiniones divergentes. En particular, algunos intervinientes advirtieron que dicha medida podría afectar de manera significativa la libre empresa y la competitividad del sector, al contradecir lo previsto en la Ley 142 de 1994, la cual faculta al regulador para intervenir con el fin de promover la competencia, pero no para restringirla.

Informó que, en el escrito enviado por Gas Meridional a la CREG, se advirtió que , cuando un usuario decide conectarse directamente a la red del transportador, a pesar de los altos costos que esto representa, es porque los cargos de distribución son aún más elevados , o porque el servicio integral ofrecido por el distribuidor resulta más costoso. Según lo expuesto, esta situación promueve la ineficiencia al4

pesar de los altos costos que esto representa, es porque los cargos de distribución son aún más elevados , o porque el servicio integral ofrecido por el distribuidor resulta más costoso. Según lo expuesto, esta situación promueve la ineficiencia al4

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restringir la competencia y privar a los usuarios de la posibilidad de elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades.

Por último, adujo que los actos impugnados permiten que un operador autorice el acceso directo a las redes de transporte por razones de seguridad o de carácter técnico. No obstante, señaló que dicha justificación resulta vaga y abstracta, en tanto otorga a la empresa prestadora una facultad discrecional sin criterios objetivos que garanticen transparencia o equidad en el acceso.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La CREG respondió el libelo introductorio bajo los argumentos que se sintetizan enseguida2:

2.1.1. Sostuvo que en los artículos 69, 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 20 y 23 de la Ley 143 del mismo año, se le asignó la función de regular los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, con el propósito de cumplir los fines sociales del Estado, corregir las fallas del mercado y garantizar la satisfacción del interés general.

Resaltó que el servicio de gas natural está compuesto por las siguientes actividades:

públicos de energía eléctrica y gas combustible, con el propósito de cumplir los fines sociales del Estado, corregir las fallas del mercado y garantizar la satisfacción del interés general.

Resaltó que el servicio de gas natural está compuesto por las siguientes actividades: i) comercialización mayorista; ii) transporte de gas natural, la distribución de gas combustible por redes de tubería o gasoductos virtuales , y iii) comercialización minorista, y procedió a describir cada una de esas actividades.

2.1.2. Señaló que el numeral 2.1.1 del Reglamento Único de Transporte de gas natural por redes (en adelante RUT), modificado por el acto acusado, establece las condiciones que deben cumplir los transportadores para autorizar el acceso a sus sistemas por parte de usuarios que ya estén conectados o puedan conectarse a sistemas de distribución. En particular, contempla tres (3) requisitos: i) los transportadores no pueden autorizar el acceso a sus gasoductos a usuarios que se encuentren conectados o puedan hacerlo a través de un sistema de distribución; ii)

2 Visible a folios 101 a 110 ibídem.5

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podrán permitir el ingreso únicamente cuando, por razones técnicas (como presión, caudal o calidad del gas) o de seguridad, el distribuidor no esté en capacidad de atender la demanda del usuario; y iii) el usuario deberá presentar al transportador un documento que acredite dicha circunstancia.

caudal o calidad del gas) o de seguridad, el distribuidor no esté en capacidad de atender la demanda del usuario; y iii) el usuario deberá presentar al transportador un documento que acredite dicha circunstancia.

Resaltó que, conforme con lo dispuesto en la Resolución 108 de 1997, las empresas distribuidoras están obligadas a permitir la conexión de prestadores al servicio sin imponerles requisitos adicionales. No obstante, si la conexión es negada, el interesado podrá ejercer los recursos previstos en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

Afirmó, además, que una vez quede en firme la decisión sobre el acceso al sistema de distribución, la solicitud del usuario para obtener el documento que justifique las razones técnicas del distribuidor se regirá por lo establecido en el artículo 158 ibidem. Esta norma fija el plazo de respuesta, contempla los efectos del silencio administrativo positivo y faculta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para hacer cumplir la decisión si la empresa no reconoce lo solicitado.

Dijo que la limitación al acceso discriminado a la red de transporte, prevista en el acto acusado, fue adoptada en atención a los fines y objetivos de la Ley 142 de 1994, en el marco de una prestación eficiente del servicio, sin que ello implique una restricción al libre acceso al gas natural. Este propósito, afirmó, se evidencia en los antecedentes administrativos de la Resolución nro. 171 de 2011, acusada.

Mencionó que permitir la coexistencia de múltiples redes en una misma zona, como ocurría con la figura del bypass físico, generaba ineficiencias, inestabilidad en los precios, impactos tarifarios negativos para los usuarios que permanecen en las

Mencionó que permitir la coexistencia de múltiples redes en una misma zona, como ocurría con la figura del bypass físico, generaba ineficiencias, inestabilidad en los precios, impactos tarifarios negativos para los usuarios que permanecen en las redes de distribución, un uso inadecuado de la infraestructura existente y posibles riesgos de seguridad derivados de la conexión directa al sistema de transporte.

2.1.3. Como tercer punto, propuso el de «improcedencia de las pretensiones formuladas por el demandante en relación con la nulidad e ilegalidad de la Resolución CREG 171 de 2011 ». Aseguró que la disposición impugnada no desconocía la norma constitucional y que se había efectuado una interpretación errónea del artículo 30 de la Resolución 057 de 1996. Al respecto, adujo que el libre6

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acceso a la infraestructura por parte de los agentes no constituye un derecho absoluto, como lo plantea el actor, pues está condicionado por los objetivos previstos en la ley y en la regulación sectorial, tales como asegurar la prestación eficiente del servicio, evitar la subutilización y duplicación de redes de distribución, proteger las tarifas al usuario final y garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Asimismo, destacó que existen diferencias sustanciales entre la distribución de gas combustible y el transporte de gas natural, particularmente en lo relacionado con la atención al usuario final.

proteger las tarifas al usuario final y garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Asimismo, destacó que existen diferencias sustanciales entre la distribución de gas combustible y el transporte de gas natural, particularmente en lo relacionado con la atención al usuario final.

Señaló que la CREG está facultada para establecer mecanismos que limiten el libre acceso a la infraestructura de los servicios públicos, en tanto dicha facultad se encuentra respaldada por la normativa aplicable, con el propósito de garantizar la prestación eficiente del servicio. Agregó que, durante el proceso de consulta para la expedición del acto acusado, se analizaron aspectos relacionados con la competitividad y la libertad de empresa, lo cual quedó consignado en el documento soporte que fundamentó la decisión cuestionada. Por tanto, concluyó que no se vulneró el artículo 333 de la Constitución.

En cuanto al artículo 30 de la Resolución 057 de 1996, sostuvo que este reconoce el libre acceso de los prestadores a la infraestructura destinada a la distribución de gas combustible. Sin embargo, aclaró que en el caso concreto se discute el ingreso de us uarios regulados o no regulados, distribuidores o comercializadores, a la infraestructura de transporte de gas natural, razón por la cual dicha disposición no resulta aplicable al asunto debatido.

2.2. Por su parte la Federación de Distribuidores de Combustible Gaseosos (en adelante Fedigas), en su calidad de coadyuvante del demandante, propuso los siguientes cargos:

2.2.1. Violación al régimen de libre competencia. Resaltó que se vulnera el artículo 333 de la Constitución, debido a que la disposición acusada prevé que los usuarios

siguientes cargos:

2.2.1. Violación al régimen de libre competencia. Resaltó que se vulnera el artículo 333 de la Constitución, debido a que la disposición acusada prevé que los usuarios quedan sometidos permanentemente a un sistema y a un distribuidor sin opción alguna de buscar mejores tarifas.7

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Argumentó que se están restringiendo las conexiones directas de los empresarios con el propósito de respaldar una inversión realizada hace varios años, la cual, presuntamente, aún no ha sido amortizada. Esta medida, a su juicio, pone en riesgo el interés general, el derecho a la igualdad y la libertad de empresa.

Precisó que la CREG podía ejercer su facultad regulatoria para mantener estables las tarifas aplicables a los prestadores de tamaño medio, toda vez que el único aumento identificado obedecía al pago de las inversiones realizadas por el distribuidor, aspect o que se encuentra dentro de su competencia , conforme al artículo 14 de la Ley 142 de 1994. De esta manera, el usuario final no se vería afectado por incrementos tarifarios, sin importar si algún agente abandona la red de distribución.

2.2.2. Expedición sin competencia. Expuso que se vulneraron los artículos 28 y 39 de la Ley 142 de 1994, en la medida en que el Legislador autorizó a la CREG para exigir la interconexión de redes, pero no para prohibirlas. Afirmó que la disposición

de la Ley 142 de 1994, en la medida en que el Legislador autorizó a la CREG para exigir la interconexión de redes, pero no para prohibirlas. Afirmó que la disposición acusada busca mantener monopolios y restringir la competencia de forma indebida, a pesar de que la ley prohíbe tales prácticas. Por lo tanto, al limitar el mercado, impedir la libre competencia y restringir las facultades de las empresas del sector, la CREG habría exced ido las competencias que le fueron otorgadas por la ley, lo que evidencia que la resolución impugnada fue expedida sin competencia.

III. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES

El señor Pedro Alejandro Carranza Cepeda descorrió el traslado de las excepciones propuestas por la CREG esgrimiendo las siguientes consideraciones:

Anotó que la CREG fundamentó su defensa en el artículo 30 de la Resolución CREG 057 de 1996, pese a que dicha norma no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que regula el libre acceso a los sistemas de transporte, mientras que la controversia en este asunto se refiere al acceso a los sistemas de distribución.

Insistió en que la norma demandada debía ser declarada nula por desconocer los derechos a la libre competencia y a la libertad de empresa. Agregó que la CREG no8

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estaba habilitada para expedir una regulación que afectara dichas garantías, por lo

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estaba habilitada para expedir una regulación que afectara dichas garantías, por lo que excedió las competencias que le fueron conferidas por la ley.

Adujo que, con el acto acusado, se habilita de facto la consolidación de un monopolio en la distribución de gas natural en el país, el cual estaría siendo protegido por la CREG. Señaló que dicha regulación prioriza la salvaguarda de inversiones realizadas hace varios años, que, en su criterio, ya deberían h aber resultado rentables, en lugar de fomentar la competencia y la eficiencia en el servicio.

Destacó que la seguridad no debería constituir un motivo de preocupación frente al acto demandado, toda vez que únicamente pueden ejecutar ese tipo de conexiones quienes cuenten con la capacidad física, presupuestal y técnica necesaria, y estén en condiciones de cumplir rigurosamente con los protocolos establecidos. Refirió que tampoco habría subutilización de redes ya que el 30 % de los usuarios conectados a los distribuidores son industriales, lo que representa un potencial de usuarios que podrían tener la capacidad de interconexión.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. En escrito del 16 de marzo de 2021 , la CREG descorrió el traslado para alegar de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la contestación.3

4.2. La parte actora insistió en los fundamentos de la demanda.

4.3. Fedigas guardó silencio.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

4.2. La parte actora insistió en los fundamentos de la demanda.

4.3. Fedigas guardó silencio.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto en el que expuso los siguientes argumentos4:

3 Visible a índice 86 ibidem. 4 Folios 326 a 341 ibidem.9

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Comentó que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece que la CREG tiene la facultad de regular los monopolios en la prestación de servicios públicos cuando no exista competencia, y que, en los demás casos, debe promoverla para asegurar la eficiencia, evitar el abuso de la posición dominante y garantizar la calidad del servicio. Asimismo, le permite definir los requisitos para el uso y acceso a las redes públicas, así como fijar las fórmulas tarifarias correspondientes.

Adicionalmente, indicó que el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 401 de 1997 dispuso que la infraestructura del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural debía cumplir con las reglas y condiciones operativas fijadas por la CREG, en su calidad de entidad reguladora del sector.

Sostuvo que, si bien la Constitución garantiza la libertad de iniciativa privada y el ejercicio de actividades económicas, en el ámbito de los servicios públicos el Estado

calidad de entidad reguladora del sector.

Sostuvo que, si bien la Constitución garantiza la libertad de iniciativa privada y el ejercicio de actividades económicas, en el ámbito de los servicios públicos el Estado tiene el deber de intervenir con el fin de asegurar la calidad, continuidad y cobertura del servicio.

En esa línea, manifestó que la función reguladora en materia de gas natural corresponde a la CREG, entidad que está facultada para establecer los requisitos generales de acceso y uso de los sistemas de transporte, con el propósito de garantizar la eficiencia, seguridad y calidad en la prestación del servicio.

Concluyó que el actor no logró desvirtuar los fundamentos normativos y fácticos que sustentan la disposición expedida por la CREG, ni acreditó la configuración de alguna de las causales de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, las pretensiones de la demanda debían ser desestimadas.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub-lite, previas las siguientes:

VII.CONSIDERACIONES10

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7.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de

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7.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Co rporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

7.2. Planteamiento

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que, en primer lugar, las partes discuten acerca de la competencia de la entidad demandada para emitir el acto enjuiciado. En efecto, para la coadyuvante, con la emisión del acto enjuiciado se desconoció lo previsto en los artículos 28 y 39 de la Ley 142 de 1994, ya que la CREG estaba prohibiendo la interconexión de redes, manteniendo monopolios y restringiendo la competencia. Mientras que, para la entidad demandada y el Ministerio Público, la CREG sí tenía facultades para expedir el anotado acto , en virtud de lo previsto en los artículos 69, 73 y 74 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 20 y 23 de la Ley 143 del mismo año.

En segundo lugar, se advierte que, tanto para la parte demandante como para la coadyuvante, la expedición del acto acusado implicó una vulneración de los derechos a la libertad de empresa, la libre competencia y de lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996, al limitar la posibilidad de que los usuarios accedan

coadyuvante, la expedición del acto acusado implicó una vulneración de los derechos a la libertad de empresa, la libre competencia y de lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996, al limitar la posibilidad de que los usuarios accedan directamente a la infraestructura de transporte en busca de condiciones tarifarias más favorables. Además, sostienen que con dicha regulación se pretende garantizar ingresos a los distribuidores con fundamento en inversiones que, a su juicio, ya deberían estar amortizadas. En contraste, tanto la CREG como el Ministerio Público destacan que la medida no desconoce los derechos invocados, pues su finalidad es promover el uso eficiente de la infraestructura existente, prevenir riesgos asociados a las conexiones directas y asegurar una prestación del servicio más segura.

7.3. De la controversia sobre la competencia de la CREG11

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Tendrá que absolverse si es nulo , por falta de competencia , el acto administrativo que fijó las condiciones para autorizar el acceso a los sistemas de transporte por parte de los usuarios conectados o que puedan conectarse a sistemas de distribución.

Para resolver el problema formulado es necesario tener en cuenta que el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia señala que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá en los servicios públicos, para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A su vez, el

334 de la Constitución Política de Colombia señala que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá en los servicios públicos, para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A su vez, el artículo 367 de la Carta determina que la ley fijará las competencias relativas a la prestación, cobertura, calidad y financiación de los servicios públicos domiciliarios, así como su régimen tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas.

A su vez, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 establece, entre los fines de la intervención del Estado en los servicios públicos, la garantía de la libre competencia y de una prestación continua, ininterrumpida y eficiente de estos. Veamos:

«Artículo 2o. Intervención del estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.

2.5. Prestación eficiente.

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.

2.5. Prestación eficiente.

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.

2.7. Obtención de economías de escala comprobables.

2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su prestación.12

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2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad» (Subrayas de la Sala).

Mientras que el artículo 3 de la Ley 142 de 1994 señala que constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, entre otras, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, así como la evaluación de éstas y la definición del régimen tarifario.

Ahora, en cuanto a la regulación del servicio de gas, el artículo 14.28 ibidem lo definen como « el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final,

definen como « el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secu