CE - Sentencia 11001032400020130053100 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD SIMPLE Radicado: 11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO DIAZ-GRANADOS Demandado: NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Tema: Artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 . Deducción de regalías y beneficios derivados de contratos de importación de tecnología.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda de nulidad simple interpuesta por Sergio Delgado D iazGranados, en la que se pretende la nulidad del inciso primero del artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, actualmente codificado en el artículo 1.2.1.18.17 del Decreto 1625 de 2016, que dispone:

DECRETO 187 DE 1975

(febrero 8) Diario Oficial No 34.259, del 18 de febrero de 1975

Por medio del cuales se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuesto sobre la renta y complementarios.

El [p]residente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales,

DECRETA:

(…)

Por medio del cuales se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuesto sobre la renta y complementarios.

El [p]residente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales,

DECRETA:

(…)

Artículo 67. La deducción por concepto de regalías u otros beneficios originados en contratos sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas, será procedente siempre que se demuestre la existencia del contrato y su autorización por parte del organi smo oficial competente, de conformidad con el artículo 18 del Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías aprobado por la comisión del Acuerdo de Cartagena y puesto en vigencia mediante el Decreto-ley 1900 de 1973.

(…)

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad, del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Sergio Delgado formuló la siguiente pretensión:Radicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, que transcribo a continuación:

“La deducción por concepto de regalías u otros beneficios originados en contratos sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas, será procedente siempre que se demuestre la existencia del contrato y su autorización

“La deducción por concepto de regalías u otros beneficios originados en contratos sobre importación al país de tecnología y sobre patentes y marcas, será procedente siempre que se demuestre la existencia del contrato y su autorización por parte del organis mo oficial competente, de conformidad con el artículo 18 del Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías aprobado por la comisión del Acuerdo de Cartagena y puesto en vigencia mediante el Decreto Ley 1900 de 1973".

Invocó como disposiciones v ulneradas los artículos 150-12, 338 y 380 de la Constitución Nacional, y 26, 107, 121, 122, 123 y 124 del Estatuto Tributario . El concepto de la violación se resume así:

El demandante alegó que, conforme al artículo 380 de la Constitución Política de 1991, las normas anteriores a su promulgación solo conservaban su validez en la medida en que fueran compatibles con el nuevo ordenamiento, y en caso de incompatibilidad, se configuraba una inconstitucionalidad sobreviniente, mediante la cual una norma que antes era válida pasaba a ser contraria al nuevo texto constitucional. En ese sentido, consideró que el inciso primero del artículo acusado es inconstitucional pues desconoce el principio de reserva de ley previsto en el artículo 338 de la Carta Política.

Explicó que el principio de legalidad tributaria tiene dos manifestaciones: la cláusula general de competencia , mediante la cual el Congreso posee la facultad de expedir leyes, y la reserva de ley, según la cual la creación de impuestos y la definición de sus elementos esenciales corresponden exclusivamente al legislador. Sostuvo que el

general de competencia , mediante la cual el Congreso posee la facultad de expedir leyes, y la reserva de ley, según la cual la creación de impuestos y la definición de sus elementos esenciales corresponden exclusivamente al legislador. Sostuvo que el artículo acusado desconoció este último aspecto al imponer, a través de decreto reglamentario, un requisito no previsto en la ley para acceder a la deducción, consistente en el registro o autorización del contrato ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Los artículos 107 , 121, 122, 123 1 y 124 del ET establecen las condiciones para la deducción de los gastos en el exterior, es decir regulan un aspecto de la base gravable en el impuesto sobre la renta, cuyo desarrollo corresponde directa y exclusivamente al legislador. Estas disposiciones supeditan la deducción a la necesidad, relación de causalidad y proporcionalidad de la expensa, la realización en el período gravable y, en algunos casos, la práctica y acreditación de la retención en la fuente. Sin embargo, ninguna norma condiciona la deducción al registro del contrato.

Precisó que la limitación que establece el artículo demandado no corresponde a un detalle técnico ni a un desarrollo operativo de la ley, ni obedece a una remisión expresa de la potestad reglamentaria, sino que introdujo un elemento nuevo ajeno al marco legal. Por tanto, como los decretos reglamentarios no pueden recortar ni ampliar las obligaciones y derechos consagrados en la ley ni constituirse en fuente autónoma de obligaciones, limitaciones o restricciones, la disposición demandada impuso una condición no prevista en la ley, que vulneró la competencia exclusiva del Congreso en materia tributaria.

obligaciones, limitaciones o restricciones, la disposición demandada impuso una condición no prevista en la ley, que vulneró la competencia exclusiva del Congreso en materia tributaria.

1 Vigente para la época de la presentación de la demandaRadicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a la pretensión de la demanda, con estos argumentos:

La entidad sostuvo que la norma acusada reglamentó la deducción prevista en el artículo 55 del Decreto 2053 de 1974, que exigía identificar a los beneficiarios de los pagos por regalías. Esta reglamentación se incorporó al Estatuto Tributario a través del Decreto 624 de 1989, cuyo artículo 2 dispuso que las normas reglamentarias conservarían vigencia mientras no fueran modificadas o derogadas.

Indicó que la obligación de registrar los contratos de importación de tecnología, marcas y patentes tuvo origen en compromisos internacionales, pues el país integró el Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), aprobado por la Ley 8 de 1973, que adoptó un régimen de tratamiento de capital extranjero e incluyó la exigencia de registro y aprobación de los contratos de licencia tecnológica. Esa obligación fue actualizada por la Decisión 291 de 1991, que estableció expresamente el requisito de registro, y el artículo 19 del Decreto 210 de 2003 asignó su control al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

291 de 1991, que estableció expresamente el requisito de registro, y el artículo 19 del Decreto 210 de 2003 asignó su control al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Estos tratados internacionales, incorporados al ordenamiento interno mediante ley, gozan de prevalencia sobre las disposiciones legales ordinarias en virtud del principio de supralegalidad. En consecuencia, el requisito de registro de los contratos constituye una obligación legal vigente en el derecho colombiano y no una imposición autónoma del reglamento. Por tanto, la norma acusada no vulneró el principio de reserva de ley ni incurrió en inconstitucionalidad sobreviniente, pues se limitó a desarrollar lo previsto en instrumentos legales y supralegales que obligaban al Estado colombiano.

Frente a la presunta violación de los artículos 26, 107, 121, 122, 123 y 124 del ET, sostuvo que, aunque esas disposiciones regulaban los requisitos generales de las deducciones por gastos en el exterior, la omisión del requisito de registro no hacía ilegal la norma reglamentaria. Precisó que las decisiones andinas introdujeron reglas especiales aplicables a las deducciones por regalías derivadas de contratos de tecnología, marcas y patentes, las cuales debían aplicarse con prelación sobre la normativa interna por tratarse de una regulación específica y prevalente.

Finalmente, precisó que esa deducción especial no estaba sujeta a las condiciones de las deducciones ordinarias del artículo 107 del ET, sino a los requisitos previstos en la normativa internacional y nacional vigente. En ese sentido, el registro de los contratos no era una restricción adicional creada por el reglamento, sino una condición derivada de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia e incorporadas al

normativa internacional y nacional vigente. En ese sentido, el registro de los contratos no era una restricción adicional creada por el reglamento, sino una condición derivada de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia e incorporadas al ordenamiento interno, que debían cumplirse por los contribuyentes.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la pretensión de la demanda, con estos argumentos:

Sostuvo que el decreto objeto de control fue expedido por autoridad competente conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su emisión. Aclaró que el tránsito constitucional derivado de la Constitución de 1991 no implicó la derogatoria automática del ordenamiento preexistente, salvo en casos de contradicción ostensible e insalvable. No obstante, para el caso, resaltó que la norma acusada no desconoció el texto ni el espíritu constitucional, sino que desarrolló principios de equidad, eficiencia y progresividad tributaria. Por tanto, no procedía la derogación sobreviniente, pues noRadicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 se configuró una incompatibilidad evidente.

Precisó que el Decreto no creó obligaciones nuevas, sino que desarrolló el marco normativo vigente, incluido el Régimen Común Andino sobre capital extranjero, marcas, patentes, licencias y regalías, aprobado por la Ley 8 de 1973 y vigente a través

normativo vigente, incluido el Régimen Común Andino sobre capital extranjero, marcas, patentes, licencias y regalías, aprobado por la Ley 8 de 1973 y vigente a través de la Decisión 291 de 1991 y el Decreto 259 de 1992. Estas normas supranacionales, conforme al artículo 9 de la Constitución y al principio pacta sunt servanda, prevalecían sobre las disposiciones internas y debían cumplirse. En ese sentido, señaló que la disposición demandada bu scó asegurar el control de los contratos celebrados en el exterior mediante su registro ante la autoridad competente, como requisito para reconocer la deducción en el impuesto sobre la renta.

La entidad citó jurisprudencia del Consejo de Estado que validó la legalidad del Decreto 187 de 1975 y precisó que este permaneció vigente tras su incorporación al Estatuto Tributario mediante el Decreto 624 de 1989. Señaló que la norma acusada se ajustó a las disposiciones supranacionales aplicables y sostuvo que el requisito de registro de contratos no fue una exigencia creada por la administración, sino una condición derivada de obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Finalmente, advirtió que la nulidad de la norma demandada afectaría el control de las actividades contractuales de importación de tecnología y generaría inseguridad jurídica en el otorgamiento de beneficios fiscales.

COADYUDANCIA

Mauricio Plazas Vega, en nombre propio, presentó escrito de coadyuvancia en el que solicitó como pretensión principal la nulidad del inciso primero del artículo 67 del Decreto 187 de 1975 y, de manera subsidiaria, declarar su exclusión del ordenamiento

Mauricio Plazas Vega, en nombre propio, presentó escrito de coadyuvancia en el que solicitó como pretensión principal la nulidad del inciso primero del artículo 67 del Decreto 187 de 1975 y, de manera subsidiaria, declarar su exclusión del ordenamiento jurídico por decaimiento desde la entrada en vigor de la Ley 9 de 1991, por las siguientes razones:

Explicó que las normas del régimen cambiario vigentes hasta 1991, en particular los artículos 101 y 102 del Decreto Ley 444 de 1967 , solo exigían el registro de los contratos de servicios técnicos como requisito para autorizar giros al exterior, pero no establecieron consecuencias en materia tributaria. Afirmó que ni el Decreto 444 de 1967, ni el Decreto Legislativo 2053 de 1974, ni n inguna otra disposición legal previó que la omisión del registro condujera al rechazo de deducciones en el impuesto sobre la renta

Sostuvo que el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 fue ilegal desde su expedición, porque impuso de manera autónoma y sin respaldo legal el requisito del registro o autorización de contratos de tecnología como condición para la deducibilidad de pagos al exterior. Indicó que el Gobierno invocó como sustento el Decreto 1900 de 1973 y la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, los cuales tampoco establecieron esa consecuencia. Con ello, la norma reglamentaria creó un requisito inexistente y ajeno a la legislación tributaria.

Mencionó que el artículo 8 del Decreto Legislativo 231 de 1983 intentó condicionar la deducción al cumplimiento del régimen cambiario y que el artículo 123 del Estatuto

la legislación tributaria.

Mencionó que el artículo 8 del Decreto Legislativo 231 de 1983 intentó condicionar la deducción al cumplimiento del régimen cambiario y que el artículo 123 del Estatuto Tributario incorporó esa exigencia, pero ninguna de esas disposiciones estableció el registro contractual como requisito tributario. Añadió que la Ley 9 de 1991 derogó elRadicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Decreto 444 de 1967 y eliminó el control cambiario para operaciones de servicios, trasladándolas al mercado libre, lo que dejó sin sustento normativo la exigencia.

Concluyó que, a partir de la reforma cambiaria de 1991 y del Decreto 1735 de 1993, el registro de contratos dejó de ser requisito para adquirir divisas o girar al exterior, por lo que el artículo 67 perdió toda vigencia y aplicabilidad. A su juicio, la dis posición no solo era ilegal desde su origen, sino que también estaba afectada por el decaimiento del acto administrativo, al desaparecer los fundamentos normativos que la sustentaban.

AUDIENCIA INICIAL

El 11 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA. En ella se fijó el litigio en determinar la legalidad del inciso primero del artículo 67 del Decreto 187 de 1975; en particular, si:

(i) Se configura inconstitucionalidad sobreviniente por incompatibilidad con el inciso 1

artículo 67 del Decreto 187 de 1975; en particular, si:

(i) Se configura inconstitucionalidad sobreviniente por incompatibilidad con el inciso 1 del artículo 338 de la Constitución Política, al desconocer el principio de legalidad, específicamente el principio de reserva de ley en materia tributaria, al señalar que la deducción de los gastos en el exterior por concepto de regalías u otros beneficios originados en contratos sobre importación al país de tecnología sobre patentes y marcas, está sujeta al registro del contrato ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (ii) Las normas superiores, esto es, los artículos 55 del Decreto 2053 de 1974, 8 del Decreto Legislativ o 231 de 1983 y 123 del Estatuto Tributario, no contienen el requisito del registro del contrato para la procedencia de la deducción, sino que tal exigencia se encuentra relacionada con el cumplimiento del régimen cambiario. (iii) Adolece de sustento legal por la derogatoria del Decreto 444 de 1967 y la reforma del régimen cambiario (Ley 9 de 1991 y Decreto 1735 de 1993) (iv) Operó su decaimiento de conformidad con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativ o, toda vez que el giro o pag o al exterior por los servicios prestados sin el registro del contrato, no entraña infracción cambiaria.

En la diligencia también se decretaron las pruebas aportadas al expediente y se dispuso el traslado para presentar alegatos de conclusión y el concepto del ministerio público.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El actor y el coadyuvante presentaron sus alegatos de conclusión, en los que, por una

dispuso el traslado para presentar alegatos de conclusión y el concepto del ministerio público.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El actor y el coadyuvante presentaron sus alegatos de conclusión, en los que, por una parte, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la intervención, y por otra, sostuvieron que la Ley 1819 de 2016 incorporó expresamente la limitación a la deducción por contratos de importación de tecnología, patentes y marcas, restricción que solo el Congreso de la República podía establecer en virtud del principio de reserva de ley. En consecuencia, afirmaron que, antes de su expedición, el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 carecía de fundamento legal para imponer dicha exigencia.

La DIAN reiter ó que la norma debe interpretarse en armonía con los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco del Derecho Comunitario Andino, los cuales regulan la materia y sustentan la validez del artículo acusado. Adicionó que la jurisdicción ya declaró la legalidad el acto acusado , y por ende, no hay lugar a unRadicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 nuevo debate.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que, aunque la Constitución de 1991 introdujo un nuevo marco jurídico, el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 no resulta incompatible con ella, pues desarrolla los principios de equidad, eficiencia y

1991 introdujo un nuevo marco jurídico, el artículo 67 del Decreto 187 de 1975 no resulta incompatible con ella, pues desarrolla los principios de equidad, eficiencia y progresividad tributaria. La disposición fue expedida por la autoridad competente, con fundamento en la legislación y compromisos internacionales vigentes, y su finalidad es garantizar el registro y control de los contratos celebrados en el exterior para accede r a beneficios fiscales, razón por la cual no se configura una inconstitucionalidad sobreviniente. Sostuvo, además, que declarar la inconstitucionalidad de la disposición generaría efectos negativos sobre las finanzas públicas y el control de las operaciones derivadas de los contratos tecnológicos.

El ministerio público no conceptuó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se juzga por la Sala la legalidad del artículo 67 del Decreto 187 de 1975 , atendiendo a los cargos de nulidad formulados por las partes, por lo que se debe determinar: (i) si se configura una inconstitucionalidad sobreviniente por desconocimiento del principio de legalidad tributaria -reserva de leyestablecido en el artículo 338 de la Constitución Política, en la medida en que, sin respaldo legal, la disposición acusada supedita la deducción de regalías y beneficios derivados de contratos de importación de tecnología al registro ante el Ministerio de Comercio; y (ii) si se trasgreden las normas superiores en las que debía fundarse , toda vez que la exigencia era aplicable únicamente en el régimen cambiario , circunstancia que, en todo caso, carece de sustento normativo tras la derogatoria del Decreto 444 de 1967 y la reforma cambiaria de la Ley 9 de 1991.

únicamente en el régimen cambiario , circunstancia que, en todo caso, carece de sustento normativo tras la derogatoria del Decreto 444 de 1967 y la reforma cambiaria de la Ley 9 de 1991.

Cuestión previa

En los argumentos expuestos en el escrito de coadyuvancia se señaló que el Decreto 1900 de 1973 y la Decisión 24 de la Comunidad Andina 2, normas que sirvieron de fundamento para la expedición del artículo 67 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, si bien exigían el registro de los contratos ante la autoridad competente, lo hacían con el propósito de proteger las creaciones intelectuales e industriales del país ; sin embargo, dichas disposiciones no establecían consecuencias en el ámbito tributario en caso de incumplimiento.

Así las cosas, en principio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante TJCA- (Decisión 472) y el artículo 123 de su Estatuto ( Decisión 500), correspondería al juez nacional suspender el proceso y solicitar obligatoriamente la respectiva interpretación prejudicial al TJCA.

2 Sustituida por la Decisión 220 de 1987 y esta, a su vez, por la Decisión 291 de 1991 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena actualizó el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.Radicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

actualizó el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.Radicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 No obstante, la jurisprudencia comunitaria ha reconocido que, en aplicación criterio jurídico interpretativo del acto aclarado3, cuando ya existe una interpretación prejudicial previa, clara, uniforme y aplicable al asunto debatido, el juez nacional puede prescindir de la suspensión y de la solicitud, siempre que se limite a aplicar el criterio jurisprudencial ya establecido , sin introducir hipótesis nuevas ni requerir precisiones adicionales.

Para el asunto en debate, e n la Interpretación Prejudicial 29-IP-20244, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que carecía de objeto emitir un nuevo pronunciamiento, toda vez que resultaba procedente remitirse a los criterios jurídicos interpretativos previamente fijados en la sentencia correspondiente al proceso 162-IP2022 del 18 de noviembre de 2024, publicada en la Gaceta Oficial 5586 del 27 de noviembre de 2024, la cual, a su vez, remitía a lo decidido en el proceso 268 -IP-2019 del 21 de junio de 2021.

En dichos casos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que, conforme al principio de primacía del Derecho comunitario, las disposiciones andinas prevalecen sobre las normas internas de los Estados miembros. En este contexto, el artículo 12

En dichos casos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que, conforme al principio de primacía del Derecho comunitario, las disposiciones andinas prevalecen sobre las normas internas de los Estados miembros. En este contexto, el artículo 12 de la Decisión 291 de 1991 , disposición vigente, establece la obligación de registrar los contratos tecnológicos como un mecanismo legítimo que permite a los países miembros contar con información objetiva sobre los costos y beneficios derivados de su celebración y ejecución, especialmente cuando intervienen personas naturales o jurídicas extranjeras. Esta exigencia, impuesta con base en la normativa comunitaria y, por tanto, aplicable en el orden interno, no constituye una medida discriminatoria ni vulnera el principio de trato nacional. Su alcance no se limita a una lista cerrada de contratos, pues la enumeración prevista es meramente ejemplificativa, lo cual faculta a cada Estado para requerir el registro de otros tipos de acuerdos tecnológicos según su ordenamiento.

En consecuencia, dado que el TJCA ya interpretó la norma comunitaria y fijó un criterio jurídico vinculante que resuelve la cuestión debatida, no fue necesario solicitar una nueva interpretación, en aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado. Por lo tanto, en el presente asunto se aplicarán los criterios jurisprudenciales establecidos por el TJCA en las decisiones citadas, las cuales constituyen precedente obligatorio en virtud de los principios de primacía, efecto directo y aplicación uniforme del Derecho Comuni tario Andino. Esta actuación garantiza la coherencia con el ordenamiento comunitario, asegura la uniformidad interpretativa y preserva la economía procesal, sin menoscabar el derecho de las partes a un juez natural ni al debido proceso.

del Derecho Comuni tario Andino. Esta actuación garantiza la coherencia con el ordenamiento comunitario, asegura la uniformidad interpretativa y preserva la economía procesal, sin menoscabar el derecho de las partes a un juez natural ni al debido proceso.

Cosa juzgada

En virtud de lo dispuesto en los artículos 187 y 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia deben resolverse

3 En efecto, el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado ha sido reconocido por el TJCA en las sentencias de interpre tación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas del 13 de marzo de 2023 , de modo que al no requerirse precisiones, modificaciones o ampliaciones a lo ya interpretado por el TJCA, como tampoco formular preguntas sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, el juez nacional dará aplicación a dicho criterio jurídico interpretativo, sin que sea necesario formular una nueva consulta de interpretación prejudicial al TJCA. 4 Solicitada en el curso del proceso 110010317000201600003000 adelantado por esta Corporación, se consultó si el registro de los contratos de importación de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos y demás contratos tecnológicos, previstos en el capítulo IV de la Decisión CAN 291 de 1991, tenía efectos tributarios en el marco de la normativa comunitaria.Radicado:11001-03-24-000-2013-00531-00 (20772)

Demandante: SERGIO DELGADO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 las excepciones propuestas y aquellas que el fallador encuentre probadas. Por lo tanto, para emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del artículo 67 del Decreto 187 de 1975, la Sala debe verificar si opera la excepción de cosa juzgada, comoquiera que esta Sección ya ha proferido decisiones en relación con dicha norma.

Según lo establece el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que declar e la nulidad de un acto administrativo produce efectos de cosa juzgada erga omnes, razón por la cual no es posible promover un nuevo proceso que pretenda obtener nuevamente su anulación ; sin embargo, cuando se trata de sentencias que niegan las pretensiones de nulidad, los efectos de cosa juzgada se limitan a la causa petendi , por lo que pueden adelantarse nuevos procesos, siempre que se fundamenten en una causa distinta a la analizada y resuelta en la sentencia que negó la nulidad.

Al respecto, en sentencia del 18 de junio de 1976 5, la Sección analizó la solicitud de nulidad de los artículos 12, 13, 59, 60, 66, 67 y 68 del Decreto 187 de 1975. En lo que respecta al artículo 67, el actor afirmó que se pretendió incluir en el Decreto Legislativo 2053 de 1974 un nuevo requisito para otorgar la deducción, fundamentado en el artículo 18 del Decreto 1900 de 1973, el cual regulaba únicamente las regalías

2053 de 1974 un nuevo requisito para otorgar la deducción, fundamentado en el artículo 18 del Decreto 1900 de 1973, el cual regulaba únicamente las regalías específicas acordadas en el Pacto Andino para sus Estados miembros, por lo que, en su criterio, se configuró una indebida transferencia de disposiciones legales a un reglamento.

En esa oportunidad, se concluyó que las disposiciones demandadas no excedieron la potestad reglamentaria, pues se limitaron a establecer requisitos probatorios para el reconocimiento de deducciones por pagos de regalías, en concordancia con el artículo 55 del Decreto Legislativo 2053 de 1974.

De otra parte, en sentencia del 21 de agosto de 2025 6, la Sala estudió la solicitud de nulidad del artículo 67 del Decreto 187 de 1975 con fundamento en los argumentos presentados por el coadyuvante en este proceso. Al respecto, concluyó:

De conformidad con lo expuesto y atendiendo la interpretación del TJCAN, de obligatorio acatamiento para esta Judicatura, el registro (antes autorización) de los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle, y demás contratos tecnológicos, conserva plena vigencia y resulta exigible para todos los efectos jurídicos, incluidos los de carácter tributario, en tanto su finalidad no se circunscribe exclusivamente a la protección de la propiedad intelectual en los países miembros de la Comunidad Andina. (…) Por otra parte, conviene precisar que la disposición demandada no reglamenta la aplicación de las reglas del régimen cambiario en materia del impuesto sobre la

de la propiedad intelectual en los países miembros de la Comunidad Andina. (…) Por otra parte, conviene precisar que la disposición demandada no reglamenta la aplicación de las reglas del