CE - Sentencia 11001032400020140039600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00396-00

Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN Demandado: Ministerio de Transporte Tema: Se analiza la legalidad del artículo 2.° de la Resolución 4548 de 1.° de noviembre de 2013 . Potestad reglamentaria de los ministros. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito , en contra del artículo 2 .° de la Resolución 4548 de 1.° de noviembre de 2013 1, expedida por el Ministerio de Transporte.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

I.1.1. La pretensión

1. Los señores Wilder Balanta Mañunga y Héctor Mauricio Álvarez Lenis , en su condición de presidente y secretario general de la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito (Asagetran) -en adelante parte demandanteen ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, interpusieron demanda con el siguiente propósito:

“[…] con fundamento en los hechos y consideraciones expuestas, comedidamente

control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, interpusieron demanda con el siguiente propósito:

“[…] con fundamento en los hechos y consideraciones expuestas, comedidamente solicitamos a ustedes respetuosamente, se sirvan DECLARAR LA NULIDAD del siguiente acto administrativo:

Artículo segundo de la Resolución No 4548 del 01 de noviembre de 2.013 […]” (Mayúscula y negrilla fuera del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Los hechos invocados por la parte demandante, en síntesis, son los siguientes:

1 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 3º y el numeral 5º del artículo 7º de la Ley 1310 de 2009 […]”. 2 Cfr. Folios 1 al 6 del Cuaderno Principal. 3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.2

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3. Explicaron que a través de la Ley 1310 de 26 de junio de 20094, se unificaron las normas sobre agentes de tránsito y transporte, así como de los grupos de control vial de las entidades territoriales.

4. Mencionaron que el artículo 3 .º de la Ley 1310, señala que , para la formación técnica en la materia exigida para desempeñarse como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las capitales de

técnica en la materia exigida para desempeñarse como autoridad de tránsito y transporte, los organismos de tránsito con jurisdicción en las capitales de departamento podrán crear escuelas no formales encargadas de dicha formación académica, cumpliendo con el pénsum reglamentado por el Ministerio de Transporte y; en su defecto, esta capacitación técnica o tecnológica deberá contratarse con universidades públicas reconocidas.

5. Adujeron que el artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013 señala que la formación puede ser impartida por instituciones de educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la respectiva entidad.

6. Indicaron que el Ministerio de Transporte negó una solicitud de revocatoria directa del acto administrativo.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

7. Consideraron que el artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013 quebrantó los artículos 150 (numeral 1.°) y 189 (numeral 11.°) de la Constitución Política.

8. Indicaron que el Congreso de la República aprobó la Ley 1310 y que, de conformidad con la doctrina de Hans Kelsen, una norma de rango legal solo puede ser modificada por una norma de superior jerarquía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política, sin que sea posible que el ejecutivo amplíe o varíe su alcance.

9. Para sustentar la nulidad del artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013, adujeron

lo siguiente:

“[…] El despacho que corresponda, dentro de las formas propias del debido proceso

9. Para sustentar la nulidad del artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013, adujeron

lo siguiente:

“[…] El despacho que corresponda, dentro de las formas propias del debido proceso y las reglas de la sana critica (sic), podrá entrar a observar como (sic) mediante la inconstitucional e ilegal expedición del artículo 2 de la Resolución 4548 se ha torcido el ordenamiento jurídico contenido en la Ley 1310 en su artículo 3, inciso segundo, donde de manera taxativa el legislador estableció que cuando el organismo de tránsito no imparta directamente la formación académica de los agentes de tránsito, en su defecto para esta capacitación o la tecnol ógica se contratará con Universidades Públicas reconocidas.

Indubitablemente el artículo segundo de la Resolución 4548, difiere sustancialmente de la norma que le es superior, por cuanto con el exabrupto de que trata el artículo segundo de la Resolución 4548, se suprime de plano la obligación legal que el artículo 3 de la Ley 1310 le impone al organismo de tránsito que no imparta

4 “[…] Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones […]”.3

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directamente la capacitación de los agentes de tránsito, en el claro entendido que en su lugar debe contratar dicha capacitación con universidades públicas, muy por el contrario el artículo segundo de la Resolución 4548 , no obliga al organismo de

directamente la capacitación de los agentes de tránsito, en el claro entendido que en su lugar debe contratar dicha capacitación con universidades públicas, muy por el contrario el artículo segundo de la Resolución 4548 , no obliga al organismo de tránsito a suplir la capacitación directa de los agentes de tránsito, con la contratación de esta capacitación con universidades por parte del organismo de tránsito.

[…]

Como ya se anotó arriba, la señora Ministra de Transporte se extralimito (sic) en el ejercicio de sus funciones nominadas por el Decreto 101 de 2.000, al invadir la orbita (sic) constitucional del Congreso de la Republica (sic), para en lugar de ese órgano legislativo, reformar por vía de hecho el artículo tercero de la Ley 1310, acudiendo para ello a la inconstitucional e ilegal expedición del artículo 2, de la Resolución 4548 […]”. (Negrilla y subrayado del texto).

I.2. La contestación de la demanda5

10. El Ministerio de Transporte, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda, en la que se opuso a las pretensiones, con fundamento en los siguientes

razonamientos:

11. Explicó que el artículo 2.° de la Resolución 4548 de 2013 señala que la formación podrá ser impartida por instituciones de educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, entendiéndose como educación superior aquel proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral, con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.

proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral, con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.

12. Trajo a colación las definiciones de la Ley 30 de 28 de diciembre de 19926, para precisar que las instituciones de educación superior son las siguientes: i) las instituciones técnicas profesionales; ii) las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y; iii) las universidades.

13. A su vez, las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano son instituciones de carácter estatal o privadas, organizadas para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 8 de febrero de 19947. Para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos: i) tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial y; ii) obtener el registro de los programas de que trata el Decreto 4904 de 16 de diciembre de 20098.

14. Argumentó que las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano hacen parte del servicio público educativo y responden a los fines de la educación consagrados en el artículo 5.° de la Ley 115.

5 Cfr. Folios 41 a 54 del cuaderno principal. 6 “[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]”. 7 “[…] Por la cual se expide la Ley General de Educación. […]”. 8 “[…] Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones […]”.4

7 “[…] Por la cual se expide la Ley General de Educación. […]”. 8 “[…] Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones […]”.4

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15. Mencionó que la facultad de formación “[…] continúa siendo del ente territorial interesado en impartirla, con aprobación de las Secretarías de Educación ya sea Distrital o Departamental, en ningún momento esta función ha sido radicada en los organismos de tránsito como tales ya que estos son habilitados y clasificados para su operación, por el Ministerio de Transporte y la función y competencia en educación no es del resorte de esta cartera ministerial. […]”.

16. Indicó que el ente territorial interesado en crear una institución de educación superior o institución para el trabajo y desarrollo humano “[…] PODRÁ, si así lo requiere o necesita adelantar los trámites necesarios ante la Secretaria de Educación respectivo Ministerio de Educación, acogiendo el pensum (sic) de formación técnica establecido en la Resolución 4548 de 2013 […]”. (Negrilla y subrayado del texto)

I.3. Trámite del proceso

17. Mediante auto de 2 de diciembre de 2015 9, se admitió la demanda y se ordenó la notificación a la parte demandada.

18. El Consejero de Estado encargado de la sustanciación del proceso , mediante auto de 19 de diciembre de 2018 10, negó la suspensión provisional de los efectos

la notificación a la parte demandada.

18. El Consejero de Estado encargado de la sustanciación del proceso , mediante auto de 19 de diciembre de 2018 10, negó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del artículo 2.° de la Resolución 4548 de 201311.

19. El 3 de mayo de 201912, se realizó la audiencia prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. Agotadas las etapas de saneamiento, decisión de excepciones previas, fijación de litigio y decreto de pruebas y, al considerarse innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento se corrió traslado para alegar de conclusión a las partes y a la agente del Ministerio Público, a fin de que rindiera concepto.

I.4. Los alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio Público

20. La parte demandante, mediante escrito de 1 3 de mayo de 2019 13, reiteró los argumentos de la demanda.

21. Igualmente, desarrolló otros planteamientos adicionales y diferentes a los expuestos en el escrito introductorio, relacionados con la transgresión del artículo 125 de la Constitución Política , porque el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al establecer los requisitos y condiciones de los

aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de carrera.

9 Cfr. Folios 33 a 35 del cuaderno principal. 10 Cfr. Folios 56 a 63 del cuaderno principal. 11 En la referida providencia se consideró que: i) la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa y probatoria

9 Cfr. Folios 33 a 35 del cuaderno principal. 10 Cfr. Folios 56 a 63 del cuaderno principal. 11 En la referida providencia se consideró que: i) la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa y probatoria para decretar la medida cautelar de suspensión provisional y; ii) no se advertía la existencia de ningún vicio o perjuicio que pueda producir durante su vigencia hasta que se profiera sentencia definitiva. 12 Cfr. Folios 107 a 114 del cuaderno principal. 13 Cfr. Folios 135 a 144 del Cuaderno Principal.5

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22. Adujo que “[…] La norma viola entonces la reserva legal y desplaza de manera inconstitucional la competencia del Congreso al Gobierno […] Este asunto de definir las calidades y requisitos que deben demostrar los funcionarios para ejercer un

empleo de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción tiene reserva legal, por mandato específico del artículo 125 de la Carta […]”.

23. La parte demandada reiteró14 los argumentos de la contestación de la demanda.

24. La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto15 favorable para que se decretara la nulidad del artículo 2.º de la Resolución 4548 de

2013.

25. La agente del Ministerio Público hizo un estudio de los siguientes aspectos: (i) la facultad reglamentaria del Ministerio de Transporte; y (ii) el análisis de la norma demandada frente a las disposiciones legales que se consideran trasgredidas, para

25. La agente del Ministerio Público hizo un estudio de los siguientes aspectos: (i) la facultad reglamentaria del Ministerio de Transporte; y (ii) el análisis de la norma demandada frente a las disposiciones legales que se consideran trasgredidas, para finalmente dar respuesta a los interrogantes planteados en el objeto del litigio.

26. Explicó que para los demandantes el artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013 resulta contrario al ordenamiento jurídico, porque “[…] se está modificando el inciso primero del artículo 3.° de la Ley 1310 de 2009, por cuanto en esta hizo referencia a las universidades públicas reconocidas. […]”. (Negrilla del texto)

27. Sostuvo que el artículo 3.° de la Ley 1310, dispuso que para poder brindar la formación técnica de los organismos de tránsito pueden crear escuelas no formales.

Ahora, el inciso final de esta norma indicó que en el evento de que no pueda ser prestada por estas para esta capacitación o la tecnológica se contratará con universidades públicas reconocidas.

28. Expuso que la norma demandada señala que la formación de que trata el artículo 4° de la Resolución 4548 de 2013 -alude a la formación profesional o técnicapodrá ser impartida por instituciones de educación superior o para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la entidad respectiva.

29. Manifestó que, en principio, podría señalarse que la norma demandada reproduce el contenido del artículo 3.° de la Ley 1310. Sin embargo, explicó que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 30, las instituciones de educación superior se clasifican en: i) instituciones técnicas profesionales; ii) instituciones

reproduce el contenido del artículo 3.° de la Ley 1310. Sin embargo, explicó que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 30, las instituciones de educación superior se clasifican en: i) instituciones técnicas profesionales; ii) instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y; iii) universidades.

30. Precisó que a pesar de que las universidades son instituciones de educación superior, “[…] tienen otro nivel frente a las instituciones técnicas o las instituciones universitarias o esculas (sic) tecnológicas, y su nota característica está en la investigación científica o tecnológica: la formación académica en profesionales o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la

14 Cfr. Folios 145 a 150 del cuaderno principal. 15 Cfr. Folios 152 a 156 del cuaderno principal.6

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cultura universal y nacional, artículo 19 de la Ley 30 de 1992. […]”. (Negrilla del texto).

31. Aseguró que “[…] la norma acusada amplió el espectro de las instituciones de educación superior -lESllamadas a prestar la formación académica y técnica de los agentes de tránsito en el evento en que los organismos de tránsito no pudieran crear las escuelas no formales o de educación para el trabajo y el desarrollo, encargadas de la formación académica de los agentes de tránsito […]” . (Negrilla del texto).

32. Argumentó que el Ministerio de Transporte estaba facultado para establecer el

encargadas de la formación académica de los agentes de tránsito […]” . (Negrilla del texto).

32. Argumentó que el Ministerio de Transporte estaba facultado para establecer el pénsum o fijar los parámetros para su actualización, pero no para ampliar las instituciones de educación superior pues el legislador determinó de manera clara que solo podían impartirla las universidades públicas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. Para decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) la norma demandada; (iii) la fijación del litigio; (iv) cuestiones previas; (v) caso concreto y (vi) condena en costas.

II.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, en el numeral 1.° del artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 16 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 17, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

II.2. La norma demandada

35. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad del artículo 2.° de la Resolución

4548 de 2013, cuyo texto es el siguiente:

“[…] Artículo. 2º. Instituciones para impartir educación. La formación de que trata el artículo 4º de la presente resolución, podrá ser impartida por instituciones de educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la entidad respectiva.

[…]”. (Negrilla del texto).

el artículo 4º de la presente resolución, podrá ser impartida por instituciones de educación superior o instituciones para el trabajo y desarrollo humano, legalmente constituidas y aprobadas por la entidad respectiva.

[…]”. (Negrilla del texto).

16 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”. 17 “[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.7

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II.3. La fijación del litigio

36. El día 3 de mayo de 2019, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 y se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] determinar si el MINISTERIO DE TRANSPORTE con ocasión a la expedición del artículo 2° de la Resolución número 4548 de noviembre 1º de 2013 “Por la cual se reglamenta el articulo 3 y el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1310 de 2009”, llegó a quebrantar los artículos 150 numeral 1° y 189 numeral 11 de la Constitución Política, en tanto en su entender, el mismo fue expedido con extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al modificar lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 3° de la

en tanto en su entender, el mismo fue expedido con extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al modificar lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1310 de junio 26 de 2009, “mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.

Concretamente la parte actora formuló como cargo de violación el atinente al desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, en cuanto el mismo suprimió la obligación legal para que el organismo de tránsito creara escuelas no formales para ofrecer los servicios educativos para la capacitación de los agentes de tránsito y “no obliga al organismo a suplir la capacitación directa de los agentes de tránsito con la contratación de esta capacitación con universidades por parte del organismo de tránsito” […]”. (Negrilla y cursiva del texto).

II.4. Cuestiones previas

III.4.1. Los límites de la facultad del Ministerio Público para introducir argumentos nuevos distintos de los planteados en la demanda

37. El numeral 7.° del artículo 277 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 303 de la Ley 1437, señala que el Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.

38. La función de intervención a cargo de los agentes del Ministerio Público como

Contencioso Administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.

38. La función de intervención a cargo de los agentes del Ministerio Público como voceros y representantes de la sociedad, según lo ha indicado la jurisprudencia18, le impide desplazar a las partes o demás sujetos procesales y relevarlas de las cargas y deberes procesales.

39. En el presente caso, la procuradora solicitó la declaratoria de nulidad del artículo 2.º de la Resolución 4548 de 2013, sobre la base de que para los demandantes “[…] se está modificando el inciso primero del artículo 3.° de la Ley 1310 de 2009, por cuanto en esta hizo referencia a las universidades públicas reconocidas. […] la norma acusada amplió el espectro de las instituciones de educación superior -lESllamadas a prestar la formación académica y técnica de los agentes de tránsito en el evento en que los organismos de tránsito no pudieran

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024, MP: Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 11001 03 25 000 2014 00643 00.8

Radicación núm.: 11001-03-24 -000-2014-00396-00

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crear las escuelas no formales o de educación para el trabajo y el desarrollo, encargadas de la formación académica de los agentes de tránsito […]” (negrilla del texto).

40. El argumento presentado por la agente del Ministerio Público resulta novedoso,

encargadas de la formación académica de los agentes de tránsito […]” (negrilla del texto).

40. El argumento presentado por la agente del Ministerio Público resulta novedoso, porque no fue planteado en la demanda ni se incluyó en la fijación del litigio.

41. Por lo tanto, en aplicación del principio de congruencia y el debido proceso , la Sala no analizará el planteamiento nuevo que presentó la procuradora delegada, en su concepto de fondo , porque si bien el constituyente le encomendó la función de intervenir en la defensa del patrimonio público, el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales, no por ello puede desplazar a las partes, en este caso, la parte actora, en desmedro del derecho de defensa de la parte contraria.

42. Esta Sección, en sentencia de 26 de septiembre de 2024 19, al referirse a la imposibilidad por parte del Ministerio Público de introducir, en su concepto , argumentos nuevos que no fueron incorporados en la demanda, indicó lo siguiente:

“[…] Antes de entrar a delimitar la controversia planteada por las partes en el trámite de la referencia, la Sala estima necesario pronunciarse sobre una de las cuestiones expuestas por el Ministerio Público, el cual solicitó la nulidad del acto demandado. Dicho requerimiento se basó en que, de acuerdo con el literal n) del artículo 21 del Decreto Ley 1277 de 1994, la competencia para expedir la resolución atacada recaía en la Junta Directiva del IDEAM y que esta facultad no podía ser delegada al Director General de la entidad.

Sobre ese particular la Sala advierte que el juez de lo contencioso administrativo se

en la Junta Directiva del IDEAM y que esta facultad no podía ser delegada al Director General de la entidad.

Sobre ese particular la Sala advierte que el juez de lo contencioso administrativo se encuentra llamado a respetar el principio de congruencia, razón por la cual debe pronunciarse sobre la demanda, reforma, contestación y el traslado de las excepciones. Ello delimita la controversia planteada por las partes. En esa medida, no tiene facultad para resolver de oficio un cargo que no fue propuesto en el libelo introductorio o fijado en el litigio de manera precisa, pues, de hacerlo, no solo desbordaría el marco del debate, sino que también sorprendería a la parte demandada con un aspecto del cual no le fue posible defenderse, circunstancia que evidentemente podría conllevar a la afectación de derechos fundamentales.

En el caso concreto, la hipótesis presentada por la Vista Fiscal no forma parte del cargo de la demanda. Además, en la audiencia inicial celebrada el 23 de marzo de 2018, se procedió a fijar el litigio, en los términos previamente consignados, sin que se i ncluyera el punto señalado, ni se interpusiera recurso alguno al respecto. De hecho, el demandante no invocó en el acápite de las normas violadas y el concepto de la violación, el sustento normativo traído a colación por la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, esto es, el literal n) del artículo 21 del Decreto Ley 1277 de 1994.

Por estas razones, no procede estudiar el argumento presentado por el Ministerio Público. En consecuencia, se procederá al análisis de las diferencias formuladas por las partes en torno a los hechos y las pretensiones.

1277 de 1994.

Por estas razones, no procede estudiar el argumento presentado por el Ministerio Público. En consecuencia, se procederá al análisis de las diferencias formuladas por las partes en torno a los hechos y las pretensiones.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de 2024, MP: Oswaldo Giraldo López, radicado núm.: 11001 03 25 000 2014 00643 00.9

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Demandante: Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – ASAGETRAN

II.4.2. La improcedencia de analizar los argumentos planteados por la parte actora en la etapa de alegaciones

43. La Sala pone de presente que la parte demandante, en el escrito de alegaciones, presentó argumentos adicionales a los expuestos en el escrito de la demanda20.

44. La jurisprudencia de esta Corporación Judicial 21 ha señalado que la etapa de alegaciones no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos nuevos que no fueron planteados en la demanda, so pena de afectar garantías constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción de la parte demandada.

45. Por ello, la Sala no analizará el argumento que introdujo la parte demandante en la etapa de alegaciones, según el cual, el Ministerio de Transporte se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria porque no podía establecer los requisitos y condiciones de los aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de

la etapa de alegaciones, según el cual, el Ministerio de Transporte se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria porque no podía establecer los requisitos y condiciones de los aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de carrera, por cuanto este reproche no se planteó oportunamente desde el libelo introductorio, para así preservar las garantías del debido proceso.

46. En el siguiente cuadro, se evidencian los cargos de nulidad que presentó la parte

actora durante el trámite del proceso:

Demanda Alegatos de conclusión

Trasgresión de los artículos 150 (numeral 1.°) y 189 (numeral 11.°) de la Constitución Política y, como resultado de ello se produjo una extralimitación en el ejercicio de funciones por parte del Ministerio al suprimir la obligación legal para que el organismo de tránsito creara escuelas no formales para ofrecer los servicios educativos para la capacitación de los agentes de tránsito y “[…] no obliga al organismo a suplir la capacitación directa de los agentes de tránsito con la contratación de esta capacitación con universidades por parte del organismo de tránsito. […]”.

Trasgresión de los artículos 4.º, 125, 150, (numerales 1.º y 2.º ) y 189 (numeral 11.°) de la Constitución Política, porque el Ministerio de Transporte se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al establecer los requisitos y condiciones de los aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de carrera.

de la Constitución Política, porque el Ministerio de Transporte se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al establecer los requisitos y condiciones de los aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de carrera.

20 Cabe anotar que a través de escrito de 13 de agosto de 2018, la actora presentó escrito en el cual señaló: “[…] Por tal motivo por fuerza de ley, la 1310 de 2009, ley especial que unifica las normas sobre Agentes de Tránsito, la formación de los Agentes de Tránsito está a cargo del estado ya que debe ser impartida por este a través de los organismos de tránsito o en su defecto por una universidad pública reconocida contratada por estos, el ministerio de transporte no está facultado para modificar esta disposición legal optando por otras entidades al momento de regl