CE - Sentencia 11001032400020140043200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00432-00

Referencia. Medio de control de nulidad

Actor: CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LA CIRCULAR DEAJC 14-45 DE

2014 ACUSADA, POR CUANTO SE VIOLÓ LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Y SE INCURRIÓ EN FALSA MOTIVACIÓN POR ERROR DE DERECHO, TODA VEZ QUE DICHO ACTO AL ORDENAR LA

DEVOLUCIÓN DEL ARANCEL JUDICIAL “EN LOS TÉRMINOS QUE LA

LEY PREVEÍA ” REVIVIÓ U ORDENÓ DAR APLICACIÓN A LO

PREVISTO EN LA LEY 1653 DE 2013, QUE FUE DECLARADA

INEXEQUIBLE MEDIANTE LA SENTENCIA C -169 DE 2014 Y QUE

DESAPARECIÓ DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LO QUE IMPLICA

QUE DESCONOCIÓ LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

El ciudadano CARLOS EDUARDO PAZ GÓMEZ, obrando en su propio nombre y en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA , presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Circular núm.

nombre y en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA , presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Circular núm. DEAJC14-45 de 8 de abril de 2014, mediante la cual la directora2

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Ejecutiva de Administración Judicial reglamentó el

“PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIONES Y CONTROL DEL

ARANCEL JUDICIAL DE LA LEY 1653 DE 2013 EN

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA C-169 DE 2014”.

I.- FUNDAMENTOS DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 29, 95, numeral 9, 229, 339 y 363 de la Constitución Política.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

Señaló que el acto demandado violó la cosa juzgada constitucional e incurrió en falsa motivación, al no respetar el mandato de la sentencia proferida C -169 de 19 de marzo de 2014 1, que declaró inexequible la Ley 1653 de 15 de julio de 2013 2, y fundamentarse en

incurrió en falsa motivación, al no respetar el mandato de la sentencia proferida C -169 de 19 de marzo de 2014 1, que declaró inexequible la Ley 1653 de 15 de julio de 2013 2, y fundamentarse en esa norma, que fue retirada del ordenamiento jurídico vigente, para ordenar la devolución del arancel judicial “ en los términos que la ley preveía”.

1 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -169 de 19 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, Expedientes núms. D-9806, 9811, 9814, 9815, 9820, 9832, 9833 y 9835 (acumulados). 2 “Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”.3

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Que la devolución del arancel judicial no puede realizarse conforme lo indicaba la Ley 1653, ya que esta norma es inconstitucional, toda vez que no existe reglamentación para la emisión y entrega de los títulos, como lo señalaba el artículo 8º, en su parágrafo 1°, de la citada Ley.

Alegó que la entidad demandada, mediante el acto acusado, acogió arbitrariamente el efecto derogatorio de la citada sentencia, al indicar que solo se devolverán los “ pagos recibidos con posterioridad a la

Alegó que la entidad demandada, mediante el acto acusado, acogió arbitrariamente el efecto derogatorio de la citada sentencia, al indicar que solo se devolverán los “ pagos recibidos con posterioridad a la expedición de la sentencia C -169 de 2014, esto es después del diecinueve (19) de marzo de 2014 ”, y no todos los aranceles judiciales pagados desde la expedición de la Ley 1653.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , mediante apoderado, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Expresó que el artículo 257 de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 3 y en la

3 “Estatutaria de la Administración de Justicia”.4

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Ley 1285 de 2009, facultan a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia.

Asimismo, para dictar los reglamentos necesarios para el eficaz otorgamiento de la administración de justicia, los relacionados con la

de la Judicatura para crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia.

Asimismo, para dictar los reglamentos necesarios para el eficaz otorgamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

Que, por ello, en momento alguno la Sala Administrativa está invadiendo competencias del Congreso de la República.

Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA13-9961 de 2013, autorizó a la Dirección Ejecutiva a recaudar, provisionalmente, dicho arancel, a través del Banco Agrario a nivel central y de cada una de las Direcciones Seccionales.

Afirmó que se expidió la Circular acusada, toda vez que era obligación crear un mecanismo que regule el trámite para la devolución de lo5

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recaudado por dicho concepto, debido a que no se pueden apropiar dichos recursos.

Alegó que el acto demandado al ordenar devolver el arancel judicial después del fallo de constitucionalidad, no vulnera derecho alguno; que todo arancel judicial ordenado a consignar a través de un fallo judicial,

dichos recursos.

Alegó que el acto demandado al ordenar devolver el arancel judicial después del fallo de constitucionalidad, no vulnera derecho alguno; que todo arancel judicial ordenado a consignar a través de un fallo judicial, con anterioridad a la sentencia C -169 de 2014, se encuentra legalmente consignado y goza de presunción de constitucionalidad, pues los efectos de la sentencia de inexequibilidad comienzan a regir a partir del momento de su expedición; y que en este caso la sentencia de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, característica que es excepcional, como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia C473 de 24 de julio de 20134.

Advirtió que la Sala Administrativa mediante la Circular acusada no acogió arbitrariamente el efecto derogatorio, ya que de la simple comparación de las fechas de expedición de la sentencia de inexequibilidad de 19 de marzo de 2014 y del acto demandado se puede determinar que dicha Circular es posterior y no retoma aspectos de la norma declarada inexequible, por cuanto su expedición está encaminada a establecer un mecanismo concertado con el Banco Agrario de Colombia a nivel nacional y el Ministerio de Hacienda, para la devolución de lo

4 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-473 de 24 de julio de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Expediente núm. D-9445.6

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Pérez, Expediente núm. D-9445.6

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recibido por concepto de arancel, una vez fue declarada su inexequibilidad.

Sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C -473 de 2013, consideró que por regla general una sentencia no tiene efectos retroactivos; y que la declaratoria de inexequibilidad tiene efectos hacia el futuro.

Adujo que del análisis de la demanda no se evidencia que se configuren los criterios para que, de manera excepcional, la sentencia C -169 de 2014 pueda tener efectos retroactivos, además de que guardó silencio al respecto.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta instancia, la parte actora, a través de escrito visible a folios 52 a 54, adujo que la Circular demandada se fundamenta en una norma jurídica que no existe y que cuando existió era inconstitucional. Que7

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jurídica que no existe y que cuando existió era inconstitucional. Que7

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ese vicio de legalidad (falsa motivación) genera la anulación del acto acusado.

Agregó que una devolución a partir de la sentencia C -169 de 2014, como lo pretende la entidad demandada, no se encuentra conforme a los principios y valores constitucionales.

IV.2.- Por su parte, la entidad demandada reiteró los mismos argumentos expuestos en la contestación de la demanda5.

IV.3.- La Procuraduría Quinta Delegada para la Conciliación Administrativa6, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró los argumentos expuestos por la entidad demandada, en su contestación de la demanda, arguyendo, en esencia, que la Ley 1653 fue declarada inexequible para efectos de proceder a la devolución del arancel judicial a quienes lo habían consignado a favor del Consejo Superior de la Judicatura, con base en el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA 13 -9961 de 2013, a través del cual autorizó a la Dirección Ejecutiva a recaudar, provisionalmente, dicho arancel a través del Banco Agrario a nivel central y de cada una de las Direcciones Seccionales.

5 Folios 81 a 85. 6 Folios 55 a 80.8

Dirección Ejecutiva a recaudar, provisionalmente, dicho arancel a través del Banco Agrario a nivel central y de cada una de las Direcciones Seccionales.

5 Folios 81 a 85. 6 Folios 55 a 80.8

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Sostuvo que ante la eliminación del mundo jurídico de la citada ley era obligación de la demandada crear un mecanismo que regulara el trámite para la devolución de lo recaudado por dicho concepto, además de que no se pueden apropiar dichos recursos, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de inexequibilidad.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Circular núm. DEAJ C14-45 de 8 de abril de 2014 , mediante la cual la directora ejecutiva de Administración Judicial reglamentó el

“PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIONES Y CONTROL DEL

ARANCEL JUDICIAL DE LA LEY 1653 DE 2013 EN

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA C-169 DE 2014”.

La circular acusada es del siguiente tenor:

“[…] C I R C U L A R DEAJC 14-45

Fecha: martes, 08 de abril de 2014

Para: SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS

SECCIONALES DE LA JUDICATURA, SEÑORES(AS)

Fecha: martes, 08 de abril de 2014

Para: SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS

SECCIONALES DE LA JUDICATURA, SEÑORES(AS)

MAGISTRADOS(AS), JUECES(ZAS) DE LOS DESPACHOS

JUDICIALES, DIRECTORES SECCIONALES DE

ADMINISRACIÓN JUDICIAL Y BANCO AGRARIO DE

COLOMBIA.

De: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL9

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Asunto: “ REGLAMENTACIÓN PROCEDIMIENTO PARA

DEVOLUCIONES Y CONTROL DEL ARANCEL JUDICIAL DE

LA LEY 1653 DE 2013 EN CUMPLIMIENTO DE LA

SENTENCIA C-169 DE 2014”

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA13 -9961 de 2013, autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a recaudar provisionalmente el Arancel Judicial de la Ley 1653 de 2013 a través del Banco Agrario de Colombia, abriendo cuentas en cada una de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, incluido el nivel Central.

Con el objeto de dar cumplimiento al pronunciamiento emanado de la Corte Constitucional en Sentencia C -169 de 2014, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, el

Judicial, incluido el nivel Central.

Con el objeto de dar cumplimiento al pronunciamiento emanado de la Corte Constitucional en Sentencia C -169 de 2014, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, el cual declaró inexequible la precitada norma, deberá́ la Dirección Ejecutiva y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial recibir, tramitar y ordenar las devoluciones en los casos contemplados en la norma y que sean solicitadas en sus correspondient es ámbitos territoriales con ajuste al siguiente procedimiento:

Marco General El interesado o su apoderado, allega a la respectiva Dirección Seccional, solicitud con los siguientes requisitos: • Declaración juramentada donde manifieste que no ha realizado otra solicitud sobre dicha devolución, ni ha recibido pago alguno por este mismo concepto. • Tratándose de personas jurídicas, presentar certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente con un tiempo no mayor de un (1) mes, al momento de su presentación ante la entidad. • Presentar original de la consignación realizada en la entidad financiera y/o documento soporte de pagos masivos. • Fotocopia del documento de identidad del depositante según el comprobante y de su apoderado, si lo tiene. • Para los casos q ue así lo ameriten allegar copia de la providencia judicial o acto administrativo que a sí lo ordene con su constancia de ejecutoria.10

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• En los casos que no fue presentada la demanda, no se requiere de auto del Despacho Judicial. Para este caso la solicitud también debe contener manifestación expresa sobre este hecho.

Procedimiento interno en las Direcciones Seccionales: • Verificar en la base de datos de cada cuenta de la Dirección Ejecutiva o Dirección Seccional según corresponda, la consignación. • Consolidar y remitir la relación en archivo Excel, en el cual se relacione número de depósito, nombre del titular, fecha de constitución y valor del mismo, de las solicitudes recibidas y viabilizadas para pago a la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, así como también a la Sala Administrativa que corresponda, a más tardar el segundo día hábil de cada mes. • Elaborar resolución ordenando la devolución del recaudo para la firma de los responsables del manejo de la cuenta. • La devolución del ingreso se hará a través del formato DJ04, expedido por cada una de las Direcciones Seccionales donde se expidió́. • El Banco Agrario hará las verificaciones respectivas y realizará el pago.

Nota: Si alguna de las Direcciones Seccionales no tiene solicitudes de devolución, también deber á́ informar a la División Administrativa de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, cada mes, en el tiempo establecido.

Procedimiento de la División Administrativa de Fondos Especiales y Cobro Coactivo: - Recibir y consolidar la información en Excel de las

División Administrativa de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, cada mes, en el tiempo establecido. Procedimiento de la División Administrativa de Fondos Especiales y Cobro Coactivo: - Recibir y consolidar la información en Excel de las Direcciones Seccionales y dar traslado al Banco Agrario de Colombia para la correspondiente disposición. - De igual forma, hará́ la solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que las sumas relacionadas sean transferidas a la cuenta del Banco Agrario de Colombia, la cual se abrir á́ para tal fin, denominada Arancel Judicial Ley 1653 de 2013.11

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• Una vez el Ministe rio de Hacienda y Crédito Público transfiera a la cuenta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Banco Agrario de Colombia hará́ la dispersión de los recursos, constituyendo los Dep ósitos Judiciales en las diferentes cuentas existentes para recaudar en cada Dirección Seccional.

Es necesario precisar que las devoluciones solo procederán en los términos que la Ley preveía, adicional a ello cuando se trate de error en la constitución del depósito o en los casos de pagos recibidos con posterioridad a la expedición de la Sentencia C -169 de 2014, esto es después del diecinueve (19) de marzo de 2014. De nuestra parte estamos prestos para atenderlos y colaborar en lo que se requiera.

recibidos con posterioridad a la expedición de la Sentencia C -169 de 2014, esto es después del diecinueve (19) de marzo de 2014. De nuestra parte estamos prestos para atenderlos y colaborar en lo que se requiera. […] Directora Ejecutiva de Administración Judicial […]” (Destacado fuera de texto).

Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos formulados de la siguiente manera:

En primer lugar, se analizará el cargo relativo a que la entidad demandada, mediante la Circular núm. DEAJC14-45 de 8 de abril de 2014 acusada, acogió arbitrariamente el efecto derogatorio de la citada sentencia C-169 de 2014, al indicar que solo se devolverán los “pagos recibidos con posterioridad a la expedición de la sentencia C169 de 2014, esto es después del diecinueve (19) de marzo de 2014”, y no todos los aranceles judiciales pagados desde la expedición de la Ley 1653.12

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Al respecto, se advierte que mediante s entencia C-169 de 2014 la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 1653 de 2013 , “Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones ”, al considerar que la modificación que introdujo a los elementos estructurales del arancel judicial desconoció

la Ley 1653 de 2013 , “Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones ”, al considerar que la modificación que introdujo a los elementos estructurales del arancel judicial desconoció los principios de justicia, equidad y progresividad tributari a y violó los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso , de la siguiente manera:

“[…] 47. En lo que se refiere a los cargos contra los artículos los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013, por desconocer los principios de justicia, equidad y progresividad tributaria, la Corte estima que las acusaciones son acertadas, y por lo mismo que dichos preceptos son inconstitucionales, por las razones que se presentan a continuación.

[…]

48.2. En esta ocasión, el arancel judicial introduce un sacrificio en el principio de equidad por tres razones, que la Sala primero enunciará y después desarrollará brevemente. Uno, porque el valor o monto a pagar por concepto de arancel no se determina con arreglo a criterios que consulten la capacidad de pago, y por lo mismo la cuantía de la detracción podría incluso ser superior a la capacidad de pago del contribuyente. Dos, debido a que, eso mismo, puede considerarse como una falta de previsión de garantías tributarias contra la confiscación. Tres, porque puede convertirse en una exacción desigual para sujetos con la misma capacidad de pago. Obsérvese a continuación:

1. Lo primero:

[…]13

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exacción desigual para sujetos con la misma capacidad de pago. Obsérvese a continuación:

1. Lo primero:

[…]13

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Esta regulación, si bien tiene en cuenta entonces, como puede verse, algunos criterios que revelan la capacidad de pago, lo hace sólo para determinar cuáles sujetos están obligados a cancelar el arancel y cuáles no. Una vez llega a ese punto, y está entonces configurado el grupo de quienes sí deben pagar el arancel cuando se dé el hecho generador, la Ley acusada no usa ningún criterio revelador de la capacidad de pago para establecer el monto del arancel que debe pagar cada sujeto. No aplica la tarifa a magnitudes conformadas por la renta, la riqueza, la propiedad o el consumo (o la propensión al consumo) del contribuyente, que son las realidades económicas y jurídicas reveladoras de la capacidad de pago .7 En vez de eso, define el monto tributario a pagar por parte del contribuyente con arreglo a una estimación de las pretensiones formuladas, o de hecho sobre el monto efectivo de condenas adversas. No obstante, la formulación de pretensiones dinerarias, o las condenas adversas en un proceso, no son en concepto de la Corte prima facie realidades demostrativas de la capacidad de pago de un contribuyente, y en este proceso no se ha mostrado, con argumentos suficientes, que efectivamente lo sean.

proceso, no son en concepto de la Corte prima facie realidades demostrativas de la capacidad de pago de un contribuyente, y en este proceso no se ha mostrado, con argumentos suficientes, que efectivamente lo sean.

En efecto, en el supuesto que el contribuyente no sea una persona beneficiada con amparo de pobreza, que haya estado obligado a declarar renta en el año anterior a la presentación de la demanda, y que esté claramente en una hipótesis en la cual se genere el arancel, no hay ningún dispositivo tributario en la Ley demandada, que se oriente a controlar que el monto debido por concepto de arancel sea efectivamente soportable. La realidad a partir de la cual se calcula el gravamen está notoriamente desligada, y es por completo independiente, de los indicadores de capacidad de pago. La Ley ordena calcular el arancel sobre una estimación de las pretensiones, o de la condena patrimonial contenida en una sentencia, pero no hay evidencias en los debates que antecedieron a su aprobación, o en este proceso, de que estas realidades indiquen o revelen capacidad de pago por parte del contribuyente. Podría decirse que la formulación de pretensiones es una expectativa probable de ingresos, y que en virtud de esas expectativas se puede fijar el monto del gravamen. La Sala no comparte esta posición. En cualquier evento, incluso ante una expectativa muy probable de éxito en un proceso con pretensiones patrimoniales, al presentarse la pretensión el ingreso está previsto para

7 Low Murtra, Enrique y Jorge Gómez Ricardo. Teoría fiscal. Bogotá. Universidad Externado. 1993, pp.

éxito en un proceso con pretensiones patrimoniales, al presentarse la pretensión el ingreso está previsto para

7 Low Murtra, Enrique y Jorge Gómez Ricardo. Teoría fiscal. Bogotá. Universidad Externado. 1993, pp. 125 y ss. Musgrave, Richard A y Peggy B. Musgrave. Hacienda pública teórica y aplicada . Madrid. McGrawHill. 1992, pp. 265-282.14

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el futuro, lo cual significa que ese hecho no es indicador de que haya capacidad contributiva actual al hacerse exigible la obligación tributaria.

[…]

Ante esta situación, si el legislador pretendía transformar radicalmente la forma de determinar la cuantía de la obligación tributaria - desligándola por completo de las rentas, la riqueza, la propiedad o el consumo del contribuyentelo menos que debía hacer era explicar, con razones suficientes, por qué la nueva manera de definir la magnitud del gravamen consultaba la capacidad de pago del obligado. No obstante, no lo hizo. Por ese motivo, y en vista de que prima facie los criterios usados por la Ley no consultan la capacidad de pago del contribuyente, la Corte considera que el esquema tributario del arancel judicial es contrario al principio de equidad. […]

No todas las personas incluidas en el grupo de potenciales contribuyentes del arancel tienen capacidad para hacer

Corte considera que el esquema tributario del arancel judicial es contrario al principio de equidad. […]

No todas las personas incluidas en el grupo de potenciales contribuyentes del arancel tienen capacidad para hacer erogaciones millonarias con el fin de acceder a la justicia. El hecho de no estar amparados por pobreza, o de haber estado obligados a declarar renta en el año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda, si bien puede en general indicar capacidad de hacer una contribución parafiscal, no es por sí mismo suficiente para concluir que puedan pagar cualquier monto, por concepto de la misma. En la ley no hay, en últimas, garantías para evitar que el arancel se convierta en una contribución con implicaciones confiscatorias (CP arts 58, 95 -9, 333 y 363), 8 y por ese motivo el diseño tributario de la figura es contrario al principio de equidad. […]

48.3. Como se infiere de lo anterior, los elementos del arancel judicial suponen una franca restricción al principio de equidad (CP arts 95-9 y 363), en la medida en que gravan una realidad que no consulta la capacidad de pago del contribuyente, no establecen dispositivos para evitar escenarios confiscatorios, e introducen un trato desigual e injustificado entre sujetos con la misma capacidad contributiva, y en iguales circunstancias fácticas. […]

8 La prohibición de impuestos confiscatorios no se deriva de la proscripción de penas de confiscación, sino de la protección a la propiedad y la iniciativa privadas, y de los principios de justicia y equidad tributarias.15

[…]

8 La prohibición de impuestos confiscatorios no se deriva de la proscripción de penas de confiscación, sino de la protección a la propiedad y la iniciativa privadas, y de los principios de justicia y equidad tributarias.15

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49.2. Con base en estas consideraciones, la Sala estima que el arancel introduce una dosis de manifiesta regresividad al sistema tributario: primero, no lo regula de modo que garantice un sacrificio igual de parte de contribuyentes con capacidades de pago desiguales; segundo, y en contraste, sí crea una medida para que quienes tienen más capacidad contributiva, así presenten pretensiones sumamente elevadas de dinero o se vean condenadas a satisfacer una obligación patrimonial cuantiosa, nunca se vean obligados a cancelar por el arancel más de doscientos salarios mínimos legales mensuales; tercero, esta regulación no impide la extensión en los hechos de una barrera económica, que puede ser franqueable por parte de quienes tienen mayor capacidad de pago, pero que en cambio resulta tanto más insuperable mientras se tenga menor renta, riqueza, propiedad o niveles de consumo. La Corte pasa a desarrollar estos motivos:

1. Uno. Como quedó evidenciado, el monto del gravamen no se determina en función de la renta, la riqueza, la propiedad, o los niveles de consumo del contribuyente, que son las

consumo. La Corte pasa a desarrollar estos motivos:

1. Uno. Como quedó evidenciado, el monto del gravamen no se determina en función de la renta, la riqueza, la propiedad, o los niveles de consumo del contribuyente, que son las realidades económicas típicamente usadas para revelar la capacidad de pago en la tributación fiscal o parafiscal. Esta vez son las pretensiones dinerarias, y en otros casos los montos de las condenas, los hechos a partir de los cuales se determina la cuantía de la detracción. Esto indica que dos personas con capacidades económicas diferentes en todos estos aspectos (pero, aun así, no excluidas del arancel); es decir, con rentas, riqueza, propiedades y nivel de consumo notoriamente incomparables y radicalmente desiguales, podrían llegar a tener que pagar magnitudes idénticas de dinero por concepto del arancel judicial, mientras presenten demandas con pretensiones dinerarias iguales o, en otros eventos, sean condenadas a pagar judicialmente sumas dinerarias idénticas. No hay, por tanto, un dispositivo en la regulación que garantice un sacrifico igual para todos los contribuyentes, fin buscado por el principio de progresividad. Esta, que es por sí misma entonces una manera de definir el arancel, en la cual no se persigue la progresividad tributaria, introduce al sistema una dosis de regresividad.

1. Dos. Ahora bien, a eso debe sumarse que la Ley 1653 de 2013 no introduce garantías orientadas a evitar escenarios confiscatorios, y en cambio sí fija un límite

(techo) a la cuantía pagable por el arancel, que asciende a doscientos salarios mínimos legales16

2013 no introduce garantí