CE - Sentencia 11001032400020140061400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00

Referencia. Medio de control de nulidad

Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA

TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA EXCLUSIÓN ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 3011 DE 2013 , ACUSADO , NO TIENE UN EFECTO

DEFINITIVO, SINO PROVISIONAL, LO QUE IMPLICA QUE EL

POSTULADO SERÁ EXCLUIDO DEL PROCESO ESPECIAL

TRANSICIONAL DE JUSTICIA Y PAZ DE MANERA TEMPORAL CON

UNA SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA,

PROFERIDA POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES ORDINARIAS POR

HECHOS DOLOSOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD A LA

DESMOVILIZACIÓN, Y SOLO SERÁ EXCLUIDO DEFINITIVAMENTE

CUANDO QUEDE EN FIRME DICHA SENTENCIA CONDENATORIA. EL

MAGISTRADO CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS PUEDE

ABSTENERSE DE CONCEDER LA SUSTITUCIÓN DE LIBERTAD, CON EL

SOLO HECHO DE QUE “EL POSTULADO HA SIDO OBJETO DE

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN POR DELITOS DOLOSOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD A LA DESMOVILIZACIÓN ”, CONFORME LO PREVÉ EL INCISO 4 ° DEL ARTÍCULO 37 DEL

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN POR DELITOS DOLOSOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD A LA DESMOVILIZACIÓN ”, CONFORME LO PREVÉ EL INCISO 4 ° DEL ARTÍCULO 37 DEL

REFERIDO DECRETO DEMANDADO , AUNADO A QUE SE HAYA

DECRETADO LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

El ciudadano RAÚL AGUDELO MEDINA , obrando en su propio nombre y en ejercicio de l medio de control de nulidad previsto en el2

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artículo 137 del CPCA , presentó demanda ante esta Corporación , tendiente a obtener la nulidad de los artículos 35, numeral 2, y 37, inciso 4, del Decreto 3011 de 26 de diciembre de 2013, “Por el cual se reglamentan las leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012”, expedido por el Gobierno Nacional.

I.- FUNDAMENTOS DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política; 8º, numeral 2, de la Ley 16 de 30 de diciembre de 19721; 7º de la Ley 906 de 31 de agosto de 20042 y 62 de la Ley 975 de 25 de julio de 20053.

16 de 30 de diciembre de 19721; 7º de la Ley 906 de 31 de agosto de 20042 y 62 de la Ley 975 de 25 de julio de 20053.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

Señaló que el artículo 35, numeral 2, del Decreto 3011 acusado desconoció el debido proceso, la presunción de inocencia, la doble instancia, particularmente, el derecho del desmovilizado a recurrir o apelar, previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, al establecer que bastará con una sentencia condenatoria de primera

1 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969”. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. 3 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.3

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instancia por delitos dolosos cometidos después de la desmovilización para que opere la exclusión de la lista de postulados al proceso especial de justicia y paz y la terminación de dicho proceso.

Indicó que una condena de primera instancia no puede entenderse

instancia por delitos dolosos cometidos después de la desmovilización para que opere la exclusión de la lista de postulados al proceso especial de justicia y paz y la terminación de dicho proceso.

Indicó que una condena de primera instancia no puede entenderse como forma de terminación del proceso de justicia transicional, por lo que no se le puede negar al postulado a utilizar los recursos constitucionales y legales.

Que solo una sentencia ejecutoriada en la justicia ordinaria puede definir la responsabilidad penal y, por ende, desvirtuar dicha presunción.

Alegó que el Gobierno Nacional al expedir el artículo 37, inciso 4, del Decreto 3011 demandado violó el derecho de la presunción de inocencia, de doble instancia, el debido proceso y el artículo 8º, numeral 2, de la Ley 16 de 1972, y se extralimitó en el ejercicio de funciones, al fijar e imponer al magistrado de Justicia y Paz con funciones de control de garantías que se abstenga de conceder la sustitución de la medida de aseguramiento, -libertad-, al postulado, por el simple hecho de que el desmovilizado ha sido objeto de formulación de imputación por delitos dolosos cometidos con4

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posterioridad a la desmovilización, a pesar de que dicha formulación de imputación es un acto meramente comunicativo, como lo dispone el artículo 286 de la Ley 906.

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posterioridad a la desmovilización, a pesar de que dicha formulación de imputación es un acto meramente comunicativo, como lo dispone el artículo 286 de la Ley 906.

Que es a partir de la imputación de cargos en la jurisdicción ordinaria, donde se inicia un debido proceso, unas garantías procesales y la presunción de inocencia, se tienen plenos derechos a interponer los recursos de ley, a acudir a la doble instancia, e incluso a casación o revisión por los hechos que han sido imputados. Dicho proceso termina o culmina con una sentencia condenatoria.

Expresó que no se puede vulnerar la presunción de inocencia de los postulados y llevarles un proceso paralelo en la jurisdicción ordinaria al que se le lleva en la justicia transicional; y que no se pueden generar consecuencias jurídicas en los procesos de justicia transicional con base en una imputación en la justicia ordinaria, ya que son dos procesos diferentes y en ambos casos se debe garantizar el debido proceso.

Manifestó que de acuerdo con la sentencia C-087 de 1997, solamente tienen carácter de antecedentes judiciales las condenas penales proferidas mediante sentencias en firme, es decir ejecutoriadas, y por5

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ello, a su juicio, si un proceso ordinario no ha culminado con una sentencia ejecutoriada, no puede afectar los derechos del procesado

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ello, a su juicio, si un proceso ordinario no ha culminado con una sentencia ejecutoriada, no puede afectar los derechos del procesado dentro del sistema de justicia y paz, como lo hace la norma acusada, la cual permite que la sola imputación afecte el proceso especial de Justicia y Paz.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público , mediante apoderado, solicitó denegar las súplicas de la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que no hubo extralimitación de funciones del Gobierno Nacional al expedir el Decreto demandado. Por el contrario, le dio cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política.

Que de los apartes demandados se logra evidenciar que los mismos se encuentran dirigidos a reglamentar las leyes 975, 1448 de 10 de junio de 20114 y 1592 de 3 de diciembre de 2012 5, para que de esta

4 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 5 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,6

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disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,6

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manera puedan ser plenamente ejecutadas por parte de la rama judicial.

Indicó que el Gobierno Nacional a través del artículo 35, numeral 2, del Decreto 3011 de 2013 acusado reglamentó el artículo 11A de la Ley 975 para permitir su ejecución, fijando como parámetro para la exclusión, que el desmovilizado debe encontrarse condenado en primera instancia, sin que esto pueda entenderse como una extralimitación de funciones del Ejecutivo, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 35 del citado acto demandado, en su parágrafo primero señaló que la exclusión definitiva: “[…] solo procederá cuando las providencias por hechos dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización, se encuentran en firme […]”.

Afirmó que es evidente que dentro del texto demandado en ningún momento se están vulnerando los derechos alegados por el actor, toda vez que se garantiza que su exclusión definitiva solo se de en el evento que esté penalmente demostrada su participación dentro de la comisión de un delito doloso.

que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones”.7

comisión de un delito doloso.

que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones”.7

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Alegó que, respecto al artículo 37, inciso 4, del Decreto 3011 acusado, tampoco se presenta extralimitación de funciones, debido a que este aparte normativo no crea un nuevo requisito, sino que desarrolla el previsto en el numeral 5 del artículo 18A de la Ley 975.

Señaló que la interpretación realizada por el demandante no se encuentra ajustada a derecho, pues, a su juicio, no es cierto que se le vulneró el derecho a la presunción de inocencia, toda vez que dentro del aparte acusado en ningún momento se endilga la responsabilidad de un delito doloso.

Precisó que en el evento de encontrarse plenamente probada la conducta delictiva, es decir, con sentencia condenatoria en firme, la consecuencia jurídica dentro de la jurisdicción de justicia y paz no es la de no otorgarse el subrogado penal de sustitución de medida de aseguramiento, sino la de terminación del proceso penal de justicia y paz.

Expresó que la medida de aseguramiento se torna como un mecanismo necesario para adelantar las investigaciones de carácter penal, más en situaciones especiales como las que trata la Ley 975.8

paz.

Expresó que la medida de aseguramiento se torna como un mecanismo necesario para adelantar las investigaciones de carácter penal, más en situaciones especiales como las que trata la Ley 975.8

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Anotó que el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal indica que la medida de aseguramiento será decretada cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.

Que el artículo 287 ibidem establece que se realizará imputación cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de información legalmente obtenida se pueda inferir razonadamente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, por lo que la afirmación realizada por el actor en cuanto a que la imputación es un hecho meramente comunicativo se ve desdibujada.

Ello, por cuanto de las normas antes citadas del Código de Procedimiento Penal se logra concluir que para que se pueda imputar o imponer medida de aseguramiento no basta con la sola solicitud, sino que deben existir elementos probatorios que le permitan inferir razonablemente la autoría o participación del sindicado dentro del proceso que se adelanta en su contra.9

o imponer medida de aseguramiento no basta con la sola solicitud, sino que deben existir elementos probatorios que le permitan inferir razonablemente la autoría o participación del sindicado dentro del proceso que se adelanta en su contra.9

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Agregó que no se le puede dar a una situación jurídica dos tratamientos diferentes, pues si el desmovilizado es condenado y la sentencia se encuentra en firme, la consecuencia jurídica es la terminación del proceso de justicia y paz; mientras que si existe una imputación en contra del mismo, la consecuencia jurídica es la de no poder acceder al beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento.

Concluyó que no se logra evidenciar que el Decreto demandado viole la Constitución Política, ni las leyes 16 de 1972, 906 de 2004 y 975 de 2015, razón por la cual deben ser despachadas de forma desfavorable las pretensiones elevadas por el actor.

II.2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , a través de apoderada, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Adujo que el Decreto acusado lo que está haciendo es aclarar y hacer mucho más explícita la norma de carácter legal para facilitar su adecuada interpretación, ejecución y cumplimiento.10

Adujo que el Decreto acusado lo que está haciendo es aclarar y hacer mucho más explícita la norma de carácter legal para facilitar su adecuada interpretación, ejecución y cumplimiento.10

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Señaló que si bien es cierto que la norma demandada indica el proceder de los magistrados frente a los casos en que los postulados de la Ley de Justicia y Paz fueren imputados por delitos posteriores a su postulación, también es claro que en ningún momento la disposición vulnera el principio de la presunción de inocencia, pues no se inmiscuye en un proceso, específicamente, sino que limita a quienes pudieren ser beneficiarios de la Ley 975, para que se abstengan de incurrir en posteriores delitos.

Observó que es tan solo con la sentencia condenatoria en firme en contra del postulado que se excluye al mismo de los beneficios de la Ley 975. Y por ello, la citada norma de ninguna manera transgrede los derechos del actor, sino que reglamenta la Ley de Justicia y Paz con el objeto de que la misma no sea burlada de nuestro ordenamiento jurídico.

Advirtió que, entonces, podría sustentarse como una medida preventiva que busca garantizar que las personas desmovilizadas de los grupos al margen de la ley no se escuden en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz para continuar delinquiendo.11

Advirtió que, entonces, podría sustentarse como una medida preventiva que busca garantizar que las personas desmovilizadas de los grupos al margen de la ley no se escuden en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz para continuar delinquiendo.11

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Expresó que el actor no puede pretender acudir a la analogía de otros regímenes para lograr la nulidad de los artículos 35 y 37 del Decreto 3011 de 2013 demandado , toda vez que las leyes 975 y 1595 son normas de carácter especial y la justicia transicional está debidamente reglamentada sin perjuicio de las normas “magnas” (sic), por lo tanto debe regirse directamente de acuerdo con las normas que lo conforman y teniendo presente las características propias.

Anotó que frente al cargo de violación de la doble instancia, el actor erró al manifestar la transgresión, dado que lo previsto en el artículo 35 del Decreto 3011 de 2013, en su numeral 2 , no significa que el postulado en el proceso penal ante la jurisdicción ordinaria no pueda acudir a la segunda instancia, máxime cuando el mismo artículo 35 del Decreto citado establece que “ […] en el evento en que se profiera sentencia de segunda instancia absolutoria del postulado, el fiscal delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento la reactivación del proceso penal especial de justicia y paz en la fase en la que se encontrare al momento de la terminación del proceso […]”.12

se profiera sentencia de segunda instancia absolutoria del postulado, el fiscal delegado solicitará ante la Sala de Conocimiento la reactivación del proceso penal especial de justicia y paz en la fase en la que se encontrare al momento de la terminación del proceso […]”.12

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Que con ello es claro que si se demuestra la inocencia de quien estaba postulado a la Ley de Justicia y Paz, aquel podrá continuar con los beneficios de la justicia transicional otorgada.

Alegó que lo que se busca con el Decreto 3011 de 2013 demandado es reglamentar las leyes 975, 1448 y 1592, lo cual se encuentra expresado en su prólogo: “conseguir una debida ejecución de las mismas dentro de nuestro ordenamiento y lograr la verdadera justicia en nuestro país”.

Concluyó en que en ningún momento los artículos 35 y 37 del Decreto demandado transgreden el derecho del actor. Por el contrario, las referidas normas permiten una debida y justa aplicación de las leyes indicadas, las cuales hacen parte de la justicia transicional.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , bajo el argumento de que si bien es cierto que fue llamado a integrar el extremo pasivo de la litis, también lo es que lo que el actor pretende es la nulidad de los artículos 35 y 37 del Decreto 3011 de 2013 demandado ,

que si bien es cierto que fue llamado a integrar el extremo pasivo de la litis, también lo es que lo que el actor pretende es la nulidad de los artículos 35 y 37 del Decreto 3011 de 2013 demandado , expedido por el Presidente de la República, y que rigen en materia de13

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justicia, específicamente en materia penal, por lo que podría indicarse que es la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, que podría intervenir en el presente asunto por ser de su competencia el conocimiento de estos tópicos6.

II.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho , mediante apoderado, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Señaló que el efecto final de lo dispuesto en el artículo 35, numeral 2, del Decreto 3011 de 2013 acusado, a la luz del parágrafo 1° de la misma disposición, no es la exclusión definitiva de la lista de postulados a la ley de justicia y paz del desmovilizado cuando sea condenado en primera instancia por la comisión de delitos con posterioridad a la desmovilización, sino la exclusión temporal de dicha lista y la suspensión del respectivo proceso especial, hasta que quede en firme la citada sentencia condenatoria.

Expresó que en virtud de esa temporalidad de la exclusión de la lista de postulados, el proceso especial se reanudará en el estado en que

lista y la suspensión del respectivo proceso especial, hasta que quede en firme la citada sentencia condenatoria.

Expresó que en virtud de esa temporalidad de la exclusión de la lista de postulados, el proceso especial se reanudará en el estado en que se encontrare al momento de la suspensión del mismo, en caso de

6 Al respecto, mediante audiencia inicial de 28 de noviembre de 2016, el Despacho señaló que no tenía vocación de prosperidad dicha excepción, toda vez que la Nación, en el caso sub lite , estaría representada por los Ministros de Justicia y del Derecho, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo Rural y el Director del Departamento para la Prosperidad Social, entidades estas que participaron en la expedición del acto administrativo acusado.14

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producirse una sentencia absolutoria en la justicia ordinaria, tal como lo ordena el citado parágrafo.

Que, en estas condiciones, la norma se encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 11A de la Ley 975, adicionado por el artículo 5º de la Ley 1592, el cual establece igualmente la exclusión de la lista de postulados para el desmovilizado que haya sido condenado por delitos cometidos con posterioridad a su desmovilización.

Precisó que, en ambos casos, tanto en la norma reglamentaria como en la norma legal, el desmovilizado solo será retirado de la lista de

delitos cometidos con posterioridad a su desmovilización.

Precisó que, en ambos casos, tanto en la norma reglamentaria como en la norma legal, el desmovilizado solo será retirado de la lista de postulados en forma definitiva cuando recaiga una condena en firme por delitos dolosos cometidos después de la desmovilización.

Indicó que la suspensión de la calidad de postulado al sistema especial de Justicia y Paz es apenas una medida prudencial para garantizar la seriedad y efectividad de dicho sistema, evitando que, dada la prolongación del proceso ordinario contra quien haya delinquido después de la desmovilización, la respectiva condena definitiva resulte inocua dentro del proceso especial de justicia transicional.15

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Anotó que, en este mismo sentido, se pronunció la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio en mención, en concepto contenido en el oficio núm. MEM15-0005395-DJT-3100, de 11 de junio de 2015.

Alegó que no se desconoció el principio de presunción de inocencia ni el derecho de apelar las sentencias, porque el entendido integral de la norma demandada, en conjunto con el parágrafo del mismo artículo 35 acusado, es que la sentencia de primera instancia en la justicia ordinaria por delitos cometidos después de la desmovilización no genera la terminación definitiva del proceso especial de Justicia y Paz para el respectivo desmovilizado, sino de manera preventiva la

35 acusado, es que la sentencia de primera instancia en la justicia ordinaria por delitos cometidos después de la desmovilización no genera la terminación definitiva del proceso especial de Justicia y Paz para el respectivo desmovilizado, sino de manera preventiva la suspensión del mismo mientras queda en firme dicha sentencia.

Sostuvo, en cuanto al artículo 37, inciso 4º, del Decreto demandado, que la misma resulta una medida razonable y proporcional dentro del contexto del sistema de Justicia y Paz, para atender el fin primordial de garantizar la no repetición, garantía fundamental que debe asegurar el Estado para respaldar la legitimidad de los beneficios propios del sistema de justicia transicional.

Afirmó que tampoco se desconoció el principio de presunción de inocencia con la referida norma, bajo el entendido de que la facultad16

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del magistrado con funciones de control de garantías de abstenerse de conceder la sustitución de la libertad solo procede en el marco de la justicia penal ordinaria.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación

en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa7, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se declare la nulidad del artículo 37 del Decreto 3011 acusado y se debe, en consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda.

Adujo que la expedición del citado artículo 37 señala una condición adicional que no estaba establecida dentro del proceso de Justicia y Paz, bajo el entendido de que la Ley 975, modificada por la Ley 1592, dispuso como requisito para obtener la suspensión de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que el postulado no hubiese cometido un delito doloso con posterioridad a la desmovilización, sin

7 Folios 216 a 222.17

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que para ello se hiciera alusión a una exigencia que enmarcara la formulación de imputación por dichos delitos, pues se evidencia que esta adición normativa desborda la competencia por parte del Gobierno Nacional, al crear un procedimiento que hace más gravosa la situación de los postulados que solicitan la suspensión de la medida de aseguramiento en el proceso de Justicia y Paz.

Resaltó que la Ley 975 no hizo mención alguna que determine que la

Gobierno Nacional, al crear un procedimiento que hace más gravosa la situación de los postulados que solicitan la suspensión de la medida de aseguramiento en el proceso de Justicia y Paz.

Resaltó que la Ley 975 no hizo mención alguna que determine que la solicitud de la medida de aseguramiento será concedida no sólo cuando el postulado no haya cometido delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización, sino que, además, haya sido objeto de formulación de imputación por estos delitos, caso en el cual el magistrado con función de control de garantías se abstendrá de conceder la sustitución de la medida solicitada por el postulado en el proceso de Justicia y Paz.

Reiteró que el sustento que utiliza el Gobierno Nacional no desarrolla la correcta aplicación de la Ley 975. Por el contrario, al introducir unos requisitos adicionales, excede el contenido material del acto acusado, al reglar sin competencia el procedimiento de la suspensión de la medida de aseguramiento, cuando la potestad del legislador lo ha establecido en otro sentido.18

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Alegó que el Gobierno Nacional desatendió la potestad reglamentaria del legislador, dado que además de que desconoció el espíritu inicial del numeral 11 A de la Ley 975 creó una nueva condición, al indicar en el numeral 2, del artículo 35, del Decreto 3011 demandado , que con la comisión de delitos dolosos por parte del postulado,

del numeral 11 A de la Ley 975 creó una nueva condición, al indicar en el numeral 2, del artículo 35, del Decreto 3011 demandado , que con la comisión de delitos dolosos por parte del postulado, “bastará con una sentencia de primera instancia ”, denominación normativa que no solo coarta las instancias judiciales, sino que vulnera el principio de presunción de inocencia y del debido proceso de manera directa.

Sostuvo que la actividad reglamentaria se encuentra limitada y encausada por la norma legal y, por ello, debe respetar tanto el contenido del texto, como su espíritu normativo.

Que, en otras palabras, so pretexto de hacer eficaz y plenamente operante la norma superior de derecho, el Gobierno Nacional no puede condicionar o extender la interpretación normativa en un acto administrativo lo que la Ley dispone; y porque al expedir el Decreto acusado con requisitos adicionales en su contenido, vulnera el principio de presunción de inocencia y del debido proceso en relación con los postulados al proceso de justicia y paz.19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00614-00

Actor: RAÚL AGUDELO MEDINA

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Expresó que al confrontar el acto demandado con la norma superior, el mismo no cuenta con la potestad reglamentaria requerida, teniendo en cuenta que el legislador no le otorgó al Gobierno Nacional atribución alguna, que le permita restringir el derecho que tienen los postulados a la suspensión de la medida de aseguramiento cuando se

el mismo no cuenta con la potestad reglamentaria requerida, teniendo en cuenta que el legislador no le otorgó al Gobierno Nacional atribución alguna, que le permita restringir el derecho que tienen los postulados a la suspensión de la medida de aseguramiento cuando se encuentren recluidos en centros carcelarios y logren acceder a los beneficios judiciales que permitan la libertad, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley, en este caso, en el procedimiento establecido legalmente en Justicia y Paz, -Ley 975-.

Concluyó en que la expedición de los numer