CE - Sentencia 11001032400020150008500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00085-00

Actora: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS ÚWA

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CABILDOS ÚWA, actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA2, present ó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 0803 de 24 de septiembre de 2012, «Por la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones», expedida por la ANLA.

I.2.- Hechos

La actora en la demanda adujo, en síntesis, los siguientes hechos:

1°. Que a través de la Resolución núm. 56 de 6 de agosto de 1999, el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria -INCORAamplió el territorio de las comunidades indígenas Úwa, lo que implicó que sus límites, en el sector norte, quedaran definidos de la siguiente manera:

«[…] la orilla derecha de la carretera en sentido general sudeste hasta encontrar la Quebrada China, de allí se sigue aguas abajo hasta la desembocadura del río Cubugón (Keroá) (...) de este punto se sigue aguas abajo del río Cubugón (Keroá) hasta el

hasta encontrar la Quebrada China, de allí se sigue aguas abajo hasta la desembocadura del río Cubugón (Keroá) (...) de este punto se sigue aguas abajo del río Cubugón (Keroá) hasta el punto situado a un kilómetro antes del puente sobre el río Cubugón en cruce de la carretera que conduce de Samoré a

2 En adelante CPACA.3

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Cubará […]».

2°. Agregó que desde el año 2000 la comunidad Úwa ha sido víctima de afectaciones graves a los derechos humanos, con ocasión de diferentes situaciones , entre ellas, « […] dos desalojos forzados llevados a cabo en los Pozos Gibraltar 1 y 2 de Ecopetrol, donde miembros de la Policía hicieron uso injustificado de la fuerza letal, generando graves consecuencias humanitarias como desplazamientos y confinamientos forzados, torturas, amenazas contra líderes indígenas que se oponían al funcionamiento de los pozos petroleros […]».

3°. Sostuvo que el 9 de diciembre de 2010 ECOPETROL S.A.3 radicó ante la ANLA estudio de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto Área de Perforación Exploratoria Magallanes —APE

pozos petroleros […]».

3°. Sostuvo que el 9 de diciembre de 2010 ECOPETROL S.A.3 radicó ante la ANLA estudio de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto Área de Perforación Exploratoria Magallanes —APE Magallanes—, en el que estableció como área de influencia directa (AID) y áre a de influencia indirecta (AII) los cuerpos hídricos conformados por la quebrada La China y el río Cubugón en dirección hacia el norte, y no hacia el sur, que es , precisamente, el lugar de ubicación del Resguardo Unido Úwa «[…] ignorando de contera los impactos ambientales, socioculturales y espirituales que tendría la

3 En adelante Ecopetrol4

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cercanía del proyecto de perfor ación exploratoria Magallanes a los cauces de la quebrada y el río destacados, en el específico sentido que éstos pueden ser considerados como lugares sagrados para el ejercicio de la espiritualidad colectiva del pueblo U'wa, sin obviar que de los mismos , las y los U'was además beben y pescan en un contexto de riesgo en el que la plataforma de perforación se encuentra bastante cerca de dichas áreas , lo cual es un latente peligro de contaminación si alguno de estos cuerpos de agua llegara

de los mismos , las y los U'was además beben y pescan en un contexto de riesgo en el que la plataforma de perforación se encuentra bastante cerca de dichas áreas , lo cual es un latente peligro de contaminación si alguno de estos cuerpos de agua llegara a desbordarse […]».

4°. Manifestó que mediante el concepto técnico 1447 de 31 de agosto de 2012 la ANLA determinó que la perforación a realizarse sería rotacional, con una profundidad proyectada de 8.000 a 15.000 pies y con «[…] una tecnología direccional para la desviación requerida de los pozos, en caso de que las condiciones de la perforación y redefinición de objetivos así lo ameriten, de manera que eventualmente el taladro podría ser redirigido hacia la cuenca conformada por el río Cubugón y la quebrada La China y, por ende, hacia porciones del subsuelo asociadas al Resguardo Unido U'wa […]».

5°. Alegó que a través de la Resolución 0803 de 24 de septiembre de 2012, acto demandado, la ANLA otorgó a Ecopetrol la licencia5

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ambiental para el desarrollo del proyecto APE Magallanes.

6°. Señaló que el 1o. de mayo de 2014 el pueblo U’wa y el Gobierno

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ambiental para el desarrollo del proyecto APE Magallanes.

6°. Señaló que el 1o. de mayo de 2014 el pueblo U’wa y el Gobierno nacional suscribieron un acuerdo, mediante el cual se dispuso conformar, de manera bilateral, un grupo de expertos t écnicos encargado de realizar un estudio sobre los impactos socioambientales que podría generar el proyecto Magallanes en el territorio U’wa. Asimismo, el 6 de junio de ese año, las partes acordaron la creación de una comisión técnica paritaria para la definición de los términos de referencia del referido estudio conjunto, a cargo d el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional.

7°. Afirmó que en reunión realizada en el Distrito Capital el 17 de junio de 2014 , el Gobierno nacional y el pueblo Úwa convinieron que este último presentaría una propuesta de términos de referencia el 20 de junio siguiente, mientras que aquél haría sus observaciones el día 24 del mismo mes, para que el 27 de junio se llegara a una conclusión definitiva.

8°. Indicó que en un acto que desconoció la dignidad de las autoridades ancestrales y tradicionales U’wa, el Gobierno nacional6

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desatendió los términos presentados el 20 de junio de 2014 y, adicionalmente, rechazó un comunicado del Resguardo en el que se solicitaba interpretar el silencio gubernamental como aceptación de sus pretensiones.

I.3.- Fundamentos de derecho

Como sustento de la pretensión anulatoria, la parte actora afirmó que la resolución demandada vulneró los artículos 13 y 14 del Convenio 169 OIT; 3° y 8.1. de la Resolución 61/295 de la Asamblea General de la ONU; 25 de la Declaración de R ío de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo; el preámbulo del Convenio de R ío de 1992 sobre la Diversidad Biológica; el Apéndice I de la Convenci ón sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas; los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU (Principio 5); los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el desarrollo (Principios IIA12 y IIC28); los artículos 1°, 7°, 8°, 13, 70, 79, 80, 93 y 330, parágrafo, de la Constitución Política; 2°, numeral 2, 8°, 9° y 302 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974 4; 1°, -numerales 1 a 4 y 6 a 12-,

de la Constitución Política; 2°, numeral 2, 8°, 9° y 302 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974 4; 1°, -numerales 1 a 4 y 6 a 12-,

4 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.”7

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3°, 42 y 43 de la Ley 99 de 22 de diciembre 1993 5; y 10°, 11 y 44 del Decreto Ley 4633 de 9 de diciembre de 20116:

Concretamente, señaló los siguientes cargos de violación:

«Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del territorio del pueblo U’wa»: en este cargo, la actora se refirió a: la violación del derecho a la integridad cultural y a la salvaguarda de la supervivencia física y cultural del sujeto colectivo U’wa y al incremento del riesgo desproporcionado al que se encuentra sometido el pueblo U’wa por el conflicto armado.

 Violación del derecho a la integridad cultural y a la salvaguarda de la supervivencia física y cultural del sujeto colectivo U’wa

Sostuvo la actora que según lo preceptuado en el artículo 44 del

 Violación del derecho a la integridad cultural y a la salvaguarda de la supervivencia física y cultural del sujeto colectivo U’wa

Sostuvo la actora que según lo preceptuado en el artículo 44 del Decreto Ley 4633 de 2011, la integridad cultural de los pueblos indígenas comprende el medio material y los sistemas simbólicos o de representaciones que configuran el ámbito intangible y espiritual

5 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. 6 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”8

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que otorga sentido de pertenencia a los miembros de un pueblo indígena en relación con el sujeto colectivo al que éstos pertenecen.

Mencionó que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia constitucional, se entiende como daño a la integridad cultural toda «afectación y profanación de origen externo sobre los sistemas de

Mencionó que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia constitucional, se entiende como daño a la integridad cultural toda «afectación y profanación de origen externo sobre los sistemas de pensamiento, organización y producción que son fundamento identitario, otorgan sentido a la existencia individual y colectiva, y diferencian a un pueblo indígena de otros pueblos».

Explicó que las comunidades indígenas sufren un proceso socio cultural denominado «aculturación» que consiste en la adaptación forzosa de un individuo o de un grupo étnico, social o cultural a los cánones identitarios de otra cultura, cuya afirmación en la vida propia y grupal se presenta inevitable e impuesta por el contacto forzado que se tiene con ella. Dicho proceso de «aculturación» se incrementa por la imposición no consentida de proyectos de desarrollo ajenos al plan de vida del pueblo indígena, así como también por exposición a procesos violentos de «desterritorialización» mediante fenómenos de desplazamiento forzado, confinamiento territorial e incremento de la presencia de grupos armados.9

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Puso de presente que la Corte Constitucional, en el auto 004 de 2009, sostuvo que la comunidad U'wa está en riesgo de ser exterminada desde el punto de vista físico y cultural, con ocasión del

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Puso de presente que la Corte Constitucional, en el auto 004 de 2009, sostuvo que la comunidad U'wa está en riesgo de ser exterminada desde el punto de vista físico y cultural, con ocasión del desplazamiento forzado derivado por el conflicto armado y sus factores subyacentes y asociados, que responden a «procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto interno que afecta los territorios tradicionales y las culturas indígenas».

Con fundamento en lo narrado, señaló que con el fin de evitar la afectación de « la vida e integridad individual de los miembros del pueblo U’wa y la supervivencia física y cultural de la Nación U’wa como s ujeto colectivo que se diferencia de los demás », era imprescindible que la autoridad ambiental involucrara a la comunidad U’wa en el proceso de licenciamiento con el fin de poder dar a conocer «los intangibles culturales y espirituales que deben ser proteg idos desde la perspectiva de la preservación de la cosmovisión U’wa, lo cual, incluso, debió protegerse desde el momento de definición del AI del proyecto APE Magallanes».

Comentó que la aprobación del proyecto «a espaldas del pueblo U’wa», afectó su terr itorio ancestral, desconoció su integridad cultural e impuso un proyecto de perforación del subsuelo que atenta10

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contra su cosmovisión espiritual y, particularmente:

• Desconoce el carácter sagrado y el uso vital de los cuerpos de agua de las cuencas del Río Cubogón y la Quebrada La China, las cuales son consideradas sagradas por el pueblo U’wa, con un valor cultural, religioso y místico. Estas fuentes de agua potable y pesca tradicional sirven de autoabastecimiento de la comunidad, pero se han visto limitada s debido a que el proyecto APE Magallanes y la militarización de la zona han reducido prácticas ancestrales como la pesca nocturna, afectando la integridad espiritual y la supervivencia física y cultural del pueblo. - Altera el paisaje y no considera la afec tación espiritual, en tanto el análisis paisajístico del AID ignoró la relación cultural y cosmogónica de la comunidad U’wa con su territorio, limitándose a criterios estéticos. Asimismo, la instalación del taladro y la infraestructura del pozo Magallanes genera un grave agravio espiritual que «vulnera el equilibrio natural y simbólico que sustenta la cosmovisión U’wa, afectando el territorio Kerá Chikará y su deidad Sira». - No se realizó un análisis profundo ni se incorporó el conocimiento ancestral U’wa en la identificación de especies, lo

simbólico que sustenta la cosmovisión U’wa, afectando el territorio Kerá Chikará y su deidad Sira». - No se realizó un análisis profundo ni se incorporó el conocimiento ancestral U’wa en la identificación de especies, lo que impidió un levantamiento adecuado de la información biótica. Aunado a ello, el EIA no efectuó ningún análisis basado en una construcción colectiva del conocimiento a partir de la tradición oral de la comunidad que per mitiera identificar la biota involucrada en las áreas de afectación, como tampoco se tuvo en cuenta el conocimiento ni la simbología cultural.11

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Agregó que en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs.Paraguay, (sentencia de 17 de junio de 2005), la Corte IDH advirtió que «al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades in dígenas y sus miembros». Lo anterior, en armonía con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T -129 de 2011, en la que mencionó que «no se puede obligar a una comunidad étnica a renunciar a su

sus miembros». Lo anterior, en armonía con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T -129 de 2011, en la que mencionó que «no se puede obligar a una comunidad étnica a renunciar a su forma de vida y cultura por la mera llegada de u na obra de infraestructura o proyecto de explotación».

 Violación del derecho a la protección integral ante el impacto desproporcionado del conflicto armado

Narró la demandante que la Corte Constitucional, a través del auto 004 de 2009, ordenó al Gobierno nacional diseñar un programa de garantías para los 34 pueblos indígenas expuestos al exterminio físico y cultural con ocasión del conflicto armado y los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al mismo, entre los cuales se encuentra incluida la c omunidad U’wa. Como parte de los compromisos de las autoridades se señalaron los siguientes:12

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«(i) prevenir el desplazamiento, (ii) anticipar o responder al confinamiento, (iii) atender a los indígenas desplazados, no sólo desde una perspectiva individual sino valorando la dimensión colectiva de sus derechos; (iv) actuar con plena determinación frente a las conductas delictivas asociadas al

confinamiento, (iii) atender a los indígenas desplazados, no sólo desde una perspectiva individual sino valorando la dimensión colectiva de sus derechos; (iv) actuar con plena determinación frente a las conductas delictivas asociadas al desplazamiento; y (v) evitar el exterminio cultural o físico de las etnias más amenazadas».

Corolario de lo anterior, estimó la demandante que en el caso de la licencia del proyecto APE Magallanes la intervención institucional para la garantía constitucional especial en favor del pueblo U’wa, implicaba que:

«1) La aprobación o licencia del APE Magallanes debió estar precedida de la activación de medidas especiales de protección territorial, especialmente debió verse aprobada solamente, y de manera previa, en el marco de una ruta étnica de protección de tierras y territorio, que deben poner en marcha en conjunto el Incode r, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Proyecto de Protección de Tierras de Acción Social (hoy Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas).

1. La aprobación o licencia del APE Magallanes debió estar precedida por la verificación del cumplimiento de los artículos 10 y 11 del Decreto Ley 4633 de 2011 según los cuales, “en los casos en que por causas asociadas con el conflicto armado interno y sus factores subyacentes y vinculados el pueblo o la comunidad indígena hayan perdido o estén en riesgo de perder el acceso a los lugares sagrados

cuales, “en los casos en que por causas asociadas con el conflicto armado interno y sus factores subyacentes y vinculados el pueblo o la comunidad indígena hayan perdido o estén en riesgo de perder el acceso a los lugares sagrados y en general a su ámbito social, económico y cultural, el Estado, tomando en cuenta las condiciones de seguridad imperantes, garantizará el pleno disfrute de los mismos, de conformidad con la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio" y “el Estado garantizará la protección de los territorios de ocupación histórica o ancestral de los pueblos o comunidades en los términos establecidos en los artículos, 13, 14 y 15 del Convenio 169 y del artículo 63 de la Consti tución Política", respectivamente.13

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1. La aprobación o licencia ambiental del APE Magallanes debió realizarse en el marco de condiciones establecidas previamente en el Plan de Salvaguarda de la Nación U’wa, ordenado en el Auto 004 de 2009. De no existir aún el Plan señalado, el Estado estaba en la obligación de tomar decisiones en favor de la protección integral de la supervivencia física y cultural del pueblo U’wa o de abstenerse de realizar aquellas que impidieran dicha

señalado, el Estado estaba en la obligación de tomar decisiones en favor de la protección integral de la supervivencia física y cultural del pueblo U’wa o de abstenerse de realizar aquellas que impidieran dicha protección.

1. La aprobación y lice ncia del proyecto APE Magallanes debió realizarse en el marco de una verificación previa de los riesgos humanitarios a los que se encuentra expuesta, histórica y actualmente, la Nación U’wa. Dicha verificación solamente era posible realizarla en un espacio en el que se solicitara el consentimiento al pueblo indígena y en el que éste pudiera ejercer su objeción cultural al proyecto. Espacio por lo demás totalmente ausente en el proceso de licenciamiento del proyecto en cuestión. En este caso, de demostrarse que el proyecto incrementaría el riesgo desproporcional y diferenciado de victimización al que se encuentra expuesto el pueblo U’wa, el Estado debería abstenerse de concederle licencia o aprobación».

Insistió en que la situación de vulnerabilidad de la comunidad Úwa con ocasión del conflicto armado que se desarrolla en su territorio se incrementa con la ejecución del proyecto APE MAGALLANES, debido a que hay una pérdida de movilidad dentro del territo rio por la militarización de la zona que impide a los miembros de la comunidad realizar sus actividades religiosas; hay un incremento de la acción bélica de los grupos armados con ocasión de la explotación de hidrocarburos que afecta directamente los derechos de la comunidad étnica; y hay un aumento de los fenómenos individuales y grupales de desplazamiento forzado y confinamiento territorial.14

hidrocarburos que afecta directamente los derechos de la comunidad étnica; y hay un aumento de los fenómenos individuales y grupales de desplazamiento forzado y confinamiento territorial.14

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«Irregularidades en la expedición del acto demandado e infracción de normas en las que debía fundarse» : en este cargo, la actora se refirió a: la indebida determinación de las áreas de influencia directa e indirecta del Proyecto Magallanes, en relación con el medio socioeconómico y a la violación del principio de precaución o tutela ambiental.

 Indebida determinación de las áreas de influencia directa (AID) e indirecta (AII) del Proyecto Magallanes, en relación con el medio socioeconómico

Adujo la actora que el acto acusado desconoció los preceptos constitucionales que establecen el derecho a la igualdad y al debido proceso, así como la autonomía de los pueblos indígenas.

Mencionó que el proyecto aprobado por la ANLA impactó el territorio U’wa, el cual no puede reducirse únicamente al resguardo formalmente reconocido, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , en armonía con

U’wa, el cual no puede reducirse únicamente al resguardo formalmente reconocido, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , en armonía con los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, el título jurídico que otorga derechos territoriales a los pueblos indígenas en relación con sus tierras y el hábitat cultura l en el que estas se encuentran insertas, no es el instrumento formal que el Estado llega a reconocer15

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a través de sus mecanismos institucionales (como sucede con la figura de la constitución de resguardos) , sino la estrecha relación ancestral y consuetudinaria que los pueblos indígenas mantienen con el territorio.

Señaló que el acto administrativo omitió considerar la existencia del Resguardo Unido U’wa, delimitado por la Resolución 56 de 1999 del INCORA, colindante con áreas críticas como el Río Cubogón y la quebrada La China , lo que conllevó la invisibilización del carácter ancestral de la posesión ejercida por dicha comunidad sobre áreas coincidentes con las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto señaladas en el estudio de impacto ambiental (EIA).

Agregó que ello implicó no solo una afectación grave al territorio

ancestral de la posesión ejercida por dicha comunidad sobre áreas coincidentes con las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto señaladas en el estudio de impacto ambiental (EIA).

Agregó que ello implicó no solo una afectación grave al territorio ancestral y cultural de la Nación U’wa, sino también el desconocimiento de sus derechos culturales, espirituales y de su personalidad jurídica, debido a la influencia directa que el proyecto aprobado ejerce sobre cuerpos de agua que, para dicha comunidad, constituyen lugares sagrados.

 Violación del principio de precaución o tutela ambiental16

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Afirmó que la Corte Constitucional ha sostenido que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos en que el riesgo o la magnitud del daño que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, debido a la limitación del conocimiento científico , de manera tal que no hay forma de establecer los posibles efectos nocivos del desarrollo de determinado proyecto. Adicionalmente, el Estado colombiano ha suscrito tratados internacionales , como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992, en los que reconoce el principio de precaución como eje fundamental en las decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente, por lo que dicho principio integra el bloque de constitucionalidad en

Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992, en los que reconoce el principio de precaución como eje fundamental en las decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente, por lo que dicho principio integra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto.

Destacó que el principio de pr ecaución se refleja en los deberes de protección y prevención previstos en los artículos 79 y 80 de la Constitución y en las disposiciones del Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) , que se refieren a l ambiente como patrimonio común que exige prevenir efectos nocivos en la explotación de recursos ; asimismo, la Ley 99 de 1993 integra el principio de precaución como criterio rector de la política ambiental, indicando que la falta de certeza científica no debe impedir la adopción de medidas eficaces para evitar daños graves e17

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irreversibles.

Anotó que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 99, el área de influencia comprende todas las zonas bióticas, abióticas, atmosféricas, culturales, sociales y económicas que puedan presentar un impa cto directo o indirecto, positivo o negativo, acumulativo o puntual dentro de un límite espacial y temporal ; es

atmosféricas, culturales, sociales y económicas que puedan presentar un impa cto directo o indirecto, positivo o negativo, acumulativo o puntual dentro de un límite espacial y temporal ; es decir, que se tiene que delimitar teniendo en cuenta las unidades fisiográficas naturales sistémicas, y su relación con la visión cosmogónica ancestral o cultural de las comunidades presentes en el área.

En particular, sostuvo que el estudio de impacto ambiental (EIA), que sirvió de soporte a la expedición de la licencia demandada, contiene altos grados de incertidumbre que impiden determinar e lementos como la adecuada localización del proyecto, la cual se fijó en una escala de 1:250.000, siendo la adecuada la de 1:1000 con miras a obtener la representación en el mapa de los elementos fisiográficos y naturales (cuerpos de agua, relieve), infraes tructura, carreteras y viviendas.

Agregó que la aludida incertidumbre en relación con las escalas18

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empleadas para la localización del proyecto generó una afectación grave a los derechos de los miembros de la comunidad U’wa, pues si bien el APE Magallanes n o se encuentra traslapado con resguardos indígenas legalmente reconocidos, desde una perspectiva

empleadas para la localización del proyecto generó una afectación grave a los derechos de los miembros de la comunidad U’wa, pues si bien el APE Magallanes n o se encuentra traslapado con resguardos indígenas legalmente reconocidos, desde una perspectiva estrictamente geofísica , se ubica a tan solo 270 metros del Resguardo Unido U’wa, distancia en la cual los impactos del proyecto tienen una incidencia cierta y significativa.

Res