CE - Sentencia 11001032400020150041600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020150041600

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Marcos Yezith Salazar Ramírez Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Casa Editorial El Tiempo S.A.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor Marcos Yezith Salazar Ramírez contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Marcos Yezith Salazar Ramírez , en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, para que se

1 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.2

la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, para que se

1 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.2

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declare la nulidad de la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “ADN”, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A. , en adelante, tercero con interés directo en l as resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 11163 del 12 de marzo de 2015, por medio del cual revoca la decisión contenida en la resolución No. 67136 del 10 de noviembre de 2014 y concede el registro de la marca ADN (MIXTA) en la clase 35 internacional a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIE MPO (sic) S.A.

2. Que como efecto de la petición anterior y a título de restablecimiento del derecho, con el propósito de mi poderdante sea el único propietario de la marca

(sic) S.A.

2. Que como efecto de la petición anterior y a título de restablecimiento del derecho, con el propósito de mi poderdante sea el único propietario de la marca ADN en la clase 35 internacional, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, revocar en todas sus partes la resolución incurrida y en su lugar, negar el registro de la marca ADN (MIXTA) para distinguir servic ios de la clase 35 internacional.

3. Que se ordene la publicación de la sente ncia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2º literal d) Decreto legislativo 209 de 1957.

4. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:3

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4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 20 de octubre de 2008 el registro como marca del signo mixto “ADN”, para di stinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de diciembre de 2008 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 599, la cual fue objeto de oposición por la sociedad Expansión de Negocios S.A.

4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de diciembre de 2008 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 599, la cual fue objeto de oposición por la sociedad Expansión de Negocios S.A.

4.3. La directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014, negó el registro como marca del signo mixto “ADN”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la marca ADN que identifica servicios de la Clase 35 i bidem, cuyo titular es la parte demandante.

4.4. La parte demandante i nterpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014.

4.5. El superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014 y conceder el registro de la marca mixta “ADN”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Norma violada

5. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma:

5.1. El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:4

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Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:4

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6.1. Mencionó que la parte demandada aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que su registro marcario tenía un derecho prioritario sobre una marca igual a la pretendida por el peticionario.

6.2. Adujo que entre la marca “ADN” solicitada y la marca “ADN” de su propiedad existe plena identidad, por reproducción visual fonética y auditiva de los elementos que la conforman.

6.3. Sostuvo que es titular de las marcas “ADN” registradas en las clases 14,18, y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y de la marca “A.D.N. JEANS” registrada en la Clase 25 ibidem.

6.4. Señaló que existe conexidad competitiva entre las marcas registradas en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que inducirán en error al consumidor, sin que este pueda tener certeza que la parte demandante tiene una revista o publicación, o si presta servicios de publicidad, o si tiene un servicio de abonados de periódicos y revista, o si el tercero con interés directo en l as resultas del proceso presta sus servicios.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada 2 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Mencionó que las marcas cotejadas no tienen conexidad competitiva, en razón

7. La parte demandada 2 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Mencionó que las marcas cotejadas no tienen conexidad competitiva, en razón a que difieren en cuanto a su naturaleza, están afectos a diversas finalidades, no existe entre ellos intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados en diferentes canales.

7.2. Reiteró que e l consumidor cuando se encuentr e frente a cualquiera de las marcas cotejadas, estará en la posibilidad de identificar e individualizar orígenes empresariales disímiles detrás de cada uno de los servicios ofrecidos.

2 Actuando por intermedio de apoderado.5

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7.3. Indicó que los medios de publicidad utilizados para promocionar unos y otros son distintos, puesto que los servicios que identifica el signo solicitado suelen promocionarse en medios de comunicación especializados, mientras que los servicios que identifican la marca registrada son promocionados por medios masivos de comunicación.

7.4. Señaló que los signos confrontados pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en razón a no derivar en riesgos de confusión y de asociación.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando

lo siguiente:

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando

lo siguiente:

8.1. Indicó que el “ reagrupamiento por cuenta de terceros, de prendas de vestir ”, que ofrece la marca “ADN” de la parte demandante, se realiza por medio de establecimientos de comercio , en tanto los servicios que ofrece su marca, son de publicidad, dirigidos a las empresas y comerciantes que requieren dar a conocer sus productos o servicios en el mercado.

8.2. Adujo que un comerciante que está buscando posicionar una empresa en el mercado no va a buscar un servicio de publicidad en una tienda de ropa. En tanto que, un consumidor interesado en comprar jeans, por m ás inadvertido y desatento que sea, no va a buscarlos en una agencia de publicidad.

8.3. Expresó que se ha demostrado con los años, que el consumidor, aunque vea marcas que ortográficamente son similares puede reconocer el origen empresarial diferente, ya sea por el tipo de industria del que proviene el producto, el tipo de consumidor que recibe el producto o la información que el consumidor deduce del producto mismo.

8.4. Mencionó que los servicios que amparan las marcas confrontadas tienen distintos canales de comercialización y medios de publicidad, carecen de relación o vinculación, no tienen uso conjunto o complementario, no tienen relación parte y accesorio, no corresponden al mismo género, en ningún momento tienen la misma finalidad y no son intercambiables.6

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accesorio, no corresponden al mismo género, en ningún momento tienen la misma finalidad y no son intercambiables.6

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8.5. Arguyó que de haberse realizado correctamente la comparación de las marcas que se componen de letras o siglas se hubiera concluido que entre las mismas no existen elementos en común que puedan causar confusión al consumidor.

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de julio de 2019, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) la audiencia inicial se efectuó el 29 de julio de 2019, en la que se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el n umeral 6 del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y ordenó suspender la audiencia.

Solicitud de interpretación prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 2021, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sesión de 9 de mayo de

2023, determinó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sesión de 9 de mayo de

2023, determinó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala d e lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020150041600 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145 -IP2022, 261 -IP-2022, 350 -IP-2022 y 391 -IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.7

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CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.

Alegatos de conclusión

11.1. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.

11.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

11.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso reiteró los

11.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

11.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

Concepto del Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público consideró que el cargo de transgresión de lo reglado en el artículo 136, literal a) , de la Decisión 486 de 2000, no tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, deben negarse las pretensiones de la parte demandante.

Otras actuaciones

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 2025, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 511373 de la marca mixta “ADN” que identifica servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y de los registros marcarios: i) 262861 de la marca mixta “ADN” que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) 313581, 486528, 313574 y 486529 de las marcas mixtas “ADN” que identifican productos de las clases 14 y 18 ibidem; y i ii) 234215 de la marca nominativa “A.D.N. JEANS” que identifica productos de la Clase 25 ibidem, cuyo titular es la parte demandante.8

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productos de la Clase 25 ibidem, cuyo titular es la parte demandante.8

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14. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación 3 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal4.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado ; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. El artículo 149, numeral 8, de la Ley 1437, prevé la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, establece la distribución de procesos entre las secciones, siendo esta Sección competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a

Sección competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto acusado

18. El acto acusado es el siguiente:

18.1. La Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015, por medio de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de

3 Cfr. Índice núm. 84 aplicativo web “SAMAI”. 4 Cfr. Índice núm. 89 aplicativo web “SAMAI”. 5 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 67136 de 10 de noviembre de 2014 y conceder el registro de la marca mixta “ADN”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico

19. De acuerdo con la fijación del litigio , el problema jurídico consiste en

determinar:

19.1. Si la Resolución núm. 11163 de 12 de marzo de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta ADN, para identificar " servicios de abonos a periódicos (para terceros); agencias de publicidad; alquiler de tiempo de publicidad en cualquier

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta ADN, para identificar " servicios de abonos a periódicos (para terceros); agencias de publicidad; alquiler de tiempo de publicidad en cualquier medio de comunicación; difusión de anuncios publicitarios, correo publicitario, publicación de textos publicitarios; publicidad por corr espondencia; difusión de material publicitario (folletos, muestras, prospectos, impresos); servicios de revista de prensa; presentación de productos por cualquier medio de comunicación para la venta al menor, redacción de textos publicitarios; composición de páginas con fines publicitarios; servicios de publicidad y difusión de anuncios publicitarios para su transmisión por televisión, radio y/o redes mundiales de informática, demostración de productos ", servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

19.2. En este sentido, se analizará:

19.3. Si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta ADN mencionado y la marca mixta ADN, registrada con núm. 262861, para identificar " reagrupamiento por cuenta de terceros de prendas de vestir ", de la misma Clase 35 de la Clasificación mencionada; en particular, si existe o no conexión competitiva entre los servicios amparados por una y otra marca;

19.4. Si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta

misma Clase 35 de la Clasificación mencionada; en particular, si existe o no conexión competitiva entre los servicios amparados por una y otra marca;

19.4. Si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta ADN mencionada y las marcas mixtas “ADN”, registradas con núms. 313581,10

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486528, 313574 y 486529, para identificar productos de las clases 14 y 18 de la mencionada Clasificación; y

19.5. Si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta “ADN” y la marca nominativa “A.D.N. JEANS”, registrada con núm. 234215, para identificar productos de la Clase 25 de la mencionada Clasificación.

20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena6, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20007 de la Comisión de la Comunidad Andina8.

6 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

en la Decisión 486 de 20007 de la Comisión de la Comunidad Andina8.

6 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 7 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre p ropiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la

1. La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el

sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 8 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.11

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Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9

22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad A ndina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros.

24. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar

Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

25. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

9 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.12

Núm. único de radicación: 11001032400020150041600

26. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal

[…]”.

27. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretaciones Prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP2022.

29. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante.

2022.

29. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante.

30. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , el Tribunal

ha señalado lo siguiente11:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos Distintivos

1.1. Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)

[…] 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para