CE - Sentencia 11001032400020160008900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00089-00

Demandante: Julián Duque Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC Tema: Se analiza la legalidad del concepto 18 del 17 de octubre de 2013 y del oficio 8120-OFAJU-000043 del 9 de enero de 2014 , suscritos por el Jefe de la Oficina Asesora

Jurídica del INPEC

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por el señor Julián Duque en contra del concepto 18 del 17 de octubre de 2013 y el oficio 8120OFAJU-000043 del 9 de enero de 2014, suscritos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante, INPEC.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El señor Julián Duque, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de

20112, instauró demanda en la cual solicitó:

“[…] PRIMERO: SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, instauró demanda en la cual solicitó:

“[…] PRIMERO: SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO No. 018 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2013 ELABORADO POR EL

JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INPEC.

SEGUNDO: SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO OFICIO No.

OFAJU-000043 DEL 9/01/2014 ELABORADO POR EL JEFE DE LA OFICINA

ASESORA JURÍDICA DEL INPEC.

TERCERO: Solicito respetuosamente, se ordene al INPEC y a los diferentes Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Colombia, fijar en la cartelera de su respectivo Departamento Jurídico o en un lugar visible que se transcriba la parte resolutiva de la sentencia, para que toda la población reclusa tenga conocimiento de la decisión judicial. […]”. (Negrilla del texto).

1 Cfr. Folios 45 a 60. Cuaderno Principal. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.2

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Demandante: Julián Duque

I.1.1. Los hechos

2. Alegó que la decisión contenida en los actos demandados de prohibir la estampa de vistos buenos, sellos o pases por parte del área jurídica y dactiloscopia del INPEC frente a los poderes que otorgan las personas privadas de la libertad para

2. Alegó que la decisión contenida en los actos demandados de prohibir la estampa de vistos buenos, sellos o pases por parte del área jurídica y dactiloscopia del INPEC frente a los poderes que otorgan las personas privadas de la libertad para presentar demandas vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que los internos no cuentan con recursos económicos ni medios para contratar el servicio de notariado a domicilio.

3. Explicó que, a través de los sellos, cuya leyenda dice “[…] pase jurídico […]”, el jefe de la oficina jurídica del INPEC certifica que un interno se encuentra privado de la libertad en un determinado establecimiento de reclusión y ha conferido poder a un profesional del derecho para presentar una demanda.

4. Hizo alusión a las peticiones que presentó ante el INPEC en las cuales solicitó la estampa de sellos en los poderes para tramitar demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, relacionó las respuestas emitidas por esa entidad, negando dichas solicitudes.

5. Precisó que elevó petición a la Notaría 1ª de Popayán, para verificar si se prestaba el servicio notarial a domicilio hasta el centro carcelario, frente a lo cual se respondió que no era posible por razones de distancia y de seguridad.

6. Indicó que presentó una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la población privada de la libertad presuntamente vulnerados por el INPEC por la negativa de otorgar vistos buenos, sellos o pases en los poderes que confieren para presentar demandas.

7. Adujo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del

negativa de otorgar vistos buenos, sellos o pases en los poderes que confieren para presentar demandas.

7. Adujo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 23 de octubre de 2015, concedió el amparo y ordenó al INPEC adoptar las medidas necesarias para eliminar los obstáculos administrativos, para que la población privada de libertad accediera al servicio para otorgar poderes.

8. Reseñó que , en el curso del trámite de la mencionada tutela, la propia Superintendencia de Notariado y Registro informó que existían inconvenientes en cuanto al otorgamiento de los poderes a domicilio de las personas privadas de la libertad, porque era necesaria la captura de la huella digital conforme lo ordenan los artículos 17 y 18 del Decreto 019 de 10 de enero de 20123 y para ese momento no existían dispositivos portátiles.

3 “[…] Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. […]”.3

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Demandante: Julián Duque

9. Agregó que el mismo Ministerio de Justicia manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4151 de 3 de noviembre de 20114, correspondía al INPEC, dentro de su autonomía administrativa , establecer el procedimiento para el otorgamiento de poderes de la población reclusa.

I.1.2. El concepto de violación

10. El demandante consideró que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC

otorgamiento de poderes de la población reclusa.

I.1.2. El concepto de violación

10. El demandante consideró que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC transgredió los artículos 2.º, 6.º, 25, 29, 125, 209 y 269 de la Constitución Política, así como las Leyes 65 de 18 de agosto de 19935, 270 de 7 de marzo de 19966 y el Decreto 4151 de 3 de noviembre de 20117, en particular, porque transgrede el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso de la población privada de la libertad, por las siguientes razones:

11. En primer lugar, aseguró que la negativa del INPEC de estampar vistos buenos, sellos o pases en los poderes que otorgan las personas privadas de la libertad para presentar demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que los internos no cuentan con recursos económicos para contratar el servicio de notariado a domicilio.

12. Bajo tal premisa, sostuvo que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC se está atribuyendo funciones que no le han sido encomendadas. Esto, por cuanto esa decisión no se encuentra contenida en el Reglamento General del INPEC , para tener efectos vinculantes, como instrumento llamado a regir las relaciones, normas y conductas de la población reclusa, según lo ordena el Código Penitenciario y

Carcelario.

13. Sostuvo que los actos demandados limitan la estampa de los sellos cuando se trata de demandas presentadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa

Carcelario.

13. Sostuvo que los actos demandados limitan la estampa de los sellos cuando se trata de demandas presentadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra el INPEC y no respecto de otras jurisdicciones, como la civil, penal, laboral o de familia, generando con ello un escenario de desigualdad.

14. Agregó que, con los actos demandados, el INPEC está imponiendo obstáculos para que la población reclusa pueda presentar demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de esta entidad y así tenga ocurrencia el fenómeno de caducidad.

15. Destacó que la Superintendencia de Notariado y Registro, en sede de tutela, informó que los notarios no podían prestar el servicio a domicilio a la población reclusa por falta de logística.

4 “[…] “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones. […]”. 5 “[…] Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario […]”. 6 “[…] Estatutaria de la Administración de Justicia. […]”. 7 “[…] Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones. […]”.4

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Demandante: Julián Duque

16. Indicó que el INPEC cuenta con un departamento de dactiloscopia, dependencia que según el manual de funciones tiene encomendadas las siguientes tareas : i) identificar y reconocer a la población privada de la libertad en relación con la reseña

16. Indicó que el INPEC cuenta con un departamento de dactiloscopia, dependencia que según el manual de funciones tiene encomendadas las siguientes tareas : i) identificar y reconocer a la población privada de la libertad en relación con la reseña de huellas decadactilares, bicadactilares y fotográficas ; ii) verificar dactiloscópicamente la identidad del interno; entre otras.

I.2. La contestación de la demanda8

17. El INPEC, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

18. Señaló que el concepto de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC fue expedido con fundamento en los artículos 73 del Decreto-Ley 960 de 30 de junio de 19709el cual otorga la competencia de validar los poderes y el reconocimiento de firmas a los notarios públicos-; 14 del Decreto 2184 de 1.° de agosto de 198310 -que determina que el poder otorgado por documento privado deberá ser presentado personalmente o reconocido ante juez o notario -; 252 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197011, derogado por el literal e) del artículo 626 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201212; y 166 (numeral 3 .º) de la Ley 14 37, sobre los requisitos de la demanda.

19. Adujo que la competencia para validar o reconocer firmas de un poder reside exclusivamente en el juez, la oficina judicial de apoyo o los notarios.

20. Explicó que , a través del visto bueno, sello o pase , el área jurídica de los establecimientos de reclusión del orden nacional verifica que la persona que

exclusivamente en el juez, la oficina judicial de apoyo o los notarios.

20. Explicó que , a través del visto bueno, sello o pase , el área jurídica de los establecimientos de reclusión del orden nacional verifica que la persona que suscribe el documento se encuentra privado de su libertad. Sin embargo, aclaró que tal instrumento no se asemeja a la presentación personal, la cual por mandato del artículo 74 de la Ley 1564 se surte ante el funcionario competente, es decir, ante un juez, la oficina judicial de apoyo o un notario.

21. En síntesis, expresó que el visto bueno, sello o pase no puede reemplazar el otorgamiento del poder ni mucho menos la presentación personal a cargo de los notarios.

I.3. Trámite del proceso

22. Mediante auto de 8 de agosto de 201713, se admitió la demanda.

23. Por auto de 12 de julio de 2019, se fijó como fecha para la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, el 23 de agosto de 2019.

8 Cfr. Folios 73 a 84 del Cuaderno Principal. 9 “[…] Por el cual se expide el estatuto del Notariado […]”. 10 “[…] "Por el cual se reglamentan lo decretos-leyes 0960 y 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973 […]”. 11 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil […]”. 12 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 13 Cfr. Folio 63-65, Cuaderno Principal.5

Radicación: 11001-03-24-000-2016-00089-00

Demandante: Julián Duque

13 Cfr. Folio 63-65, Cuaderno Principal.5

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Demandante: Julián Duque

24. La audiencia se realizó en la hora y fecha previstas14 y en el curso de esta: i) se fijó el objeto del litigio; ii) se tuvieron como pruebas los documentos aportados por las partes; iii) se resolvió que, en la medida en que no se había decretado la práctica de pruebas, se prescindía de la realización de la audiencia prevista en el artículo 181 de la Ley 1437; y iv) se dispuso correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y esta última rindiera el correspondiente concepto.

I.4. Los alegatos de conclusión

25. El demandante, dentro del término del traslado, guardó silencio.

26. La apoderada del INPEC15, en el término del traslado, adujo que las pretensiones de la demanda debían ser desestimadas, porque los actos demandados se fundamentaron en los artículos 73 del Decreto-Ley 960 de 1970; 14 del Decreto 2184 de 1983; 252 del Código de Procedimiento Civil, derogado por el literal e) del artículo 626 de la Ley 1564; y 166 (numeral 3.º) de la Ley 1437.

I.5. El concepto del Ministerio Público

27. El Ministerio Público, en concepto 0045 de 6 de septiembre de 201916, solicitó declarar la nulidad de los actos demandados y exhortar a cada una de las entidades con competencia en la política, dirección y administración de los centros

27. El Ministerio Público, en concepto 0045 de 6 de septiembre de 201916, solicitó declarar la nulidad de los actos demandados y exhortar a cada una de las entidades con competencia en la política, dirección y administración de los centros penitenciarios del país para garantizar de forma efectiva el acceso de la población privada de la libertad a la presentación personal para todo tipo de poder, según las disposiciones legales vigentes.

28. El Ministerio Público reseñó que según el artículo 166 de la Ley 1437, toda demanda debe estar acompañada de unos anexos, entre los cuales se encuentran los poderes o mandatos, documentos sujetos al cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 74 de la Ley 1564.

29. Argumentó que los poderes, para efectos judiciales, deben ser presentados ante el juez, oficina judicial de apoyo o notario, según lo dispuesto en los artículos 74 del Código General del Proceso; y 68 y 72 del Decreto – Ley 960 de 1970.

30. Reconoció que las personas privadas de la libertad tienen restringido el derecho de locomoción y, por ende, se encuentran en una situación de imposibilidad de acceder a los servicios de un notario o acudir un despacho judicial de forma expedita. Por ello, el Estado, como garante de los derechos de los reclusos, tiene la tarea de facilitar y eliminar las barreras para garantizar el acceso a la administración de justicia.

14 Cfr. Folio 126 a 133, Cuaderno Principal. 15 Cfr. Folios 147 A 148 del Cuaderno Principal. 16 Cfr. Folios 136 a 146 del Cuaderno Principal.6

Radicación: 11001-03-24-000-2016-00089-00

15 Cfr. Folios 147 A 148 del Cuaderno Principal. 16 Cfr. Folios 136 a 146 del Cuaderno Principal.6

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Demandante: Julián Duque

31. Explicó que el llamado visto bueno, sello o pase según lo precisó el concepto 18 de 17 de octubre de 2017, constituye una acción realizada por parte de un integrante de la oficina jurídica de cada establecimiento de reclusión, mediante el cual se confiere un aval o se da fe de que una persona se encuentra privada de la libertad y esta ha conferido poder a un profesional del derecho, quien debe identificarse – exhibir su cédula– y presentar tarjeta profesional, con el fin de hacer la correspondiente verificación.

32. Refirió que el visto bueno, sello o pase como costumbre praeter legem y fuente del derecho se ha instituido como el mecanismo mediante el cual se da fe de la condición de recluso y ha permitido el acceso a la administración de justicia de la población privada de la libertad, al hacer las veces de la presentación personal de los poderes.

33. Sostuvo que “[…] la costumbre praeter legem se constituye en fuente de derecho dentro del ordenamiento jurídico colombiano y resulta ajustada a la Constitución, según lo determinó la Corte Constitucional: “Lo dicho hasta ahora permite afirmar que el artículo 13 de la ley 153 de 1887 en cuanto reconoce fuerza de ley a la costumbre praeter legem, no es contrario a la Constitución”17 […]”. (Negrilla del texto).

34. Por las razones expuestas, advirtió que los actos demandados resultan contrarios a los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y

costumbre praeter legem, no es contrario a la Constitución”17 […]”. (Negrilla del texto).

34. Por las razones expuestas, advirtió que los actos demandados resultan contrarios a los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, al impedir el uso del visto bueno, sello o pase en los poderes que otorgan las personas privadas de la libertad a favor de los profesionales del derecho para presentar demandas contenciosas ante el INPEC.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

35. Para decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos demandados; iii) análisis de la naturaleza jurídica del concepto 18 del 17 de octubre de 2013 y el oficio 8120-OFAJU-000043 del 9 de enero de 2014, suscritos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC; iv) el problema jurídico; v) estudio del caso concreto y; vi) conclusiones.

II.1. Competencia

36. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, en el artículo 3618 de la Ley 270 de 1996, en el numeral

17 Sobre el particular ver la sentencia C224 de 1994, con la que se decidió: “DECLARASE EXEQUIBLE el artículo 13 de la ley 153 de 1887, entendiéndose que la expresión "moral cristiana" significa "moral general" o "moral social", como se dice en la parte motiva de esta sentencia”.

ley 153 de 1887, entendiéndose que la expresión "moral cristiana" significa "moral general" o "moral social", como se dice en la parte motiva de esta sentencia”. 18 Modificada por el artículo 15 de la Ley 2430 de 9 de octubre de 2024, “[…] Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones. […]”.7

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Demandante: Julián Duque

1.° del artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201919.

II.2. Los actos administrativos demandados

37. La demanda se dirige contra: (i) el oficio 8120-OFAJU-000043 del 9 de enero de 2014 y; ii) el concepto 18 de 17 de octubre de 2013, ambos suscritos por el jefe de

la Oficina Asesora Jurídica del INPEC.

38. El oficio 8120-OFAJU-000043 del 9 de enero de 2014 indica:

“[…] Oficio 8120-OFAJU-000043

Bogotá D.C., 09 ENE 2014

Señores Directores de Establecimientos de Reclusión Directores Regionales

Referencia: autenticación de poderes

Conforme al concepto No 18 del 17 de octubre de 2013, dictado por esta Oficina Asesora Jurídica y remitido por ustedes a través del oficio 003898 de la misma fecha, comedidamente solicito a cada uno de ustedes se sirvan ordenar a quien corresponda

Asesora Jurídica y remitido por ustedes a través del oficio 003898 de la misma fecha, comedidamente solicito a cada uno de ustedes se sirvan ordenar a quien corresponda que deben abstenerse de colocar "vistos buenos" en los poderes otorgados por personas privadas de la libertad a profesionales del derecho para presentar demandas contencioso administrativas contra el INPEC, porque la autenticación de este tipo de documentos corresponde hacerla a las Notarías.

Lo anterior al requerir la identificación válida de cada poderdante, en caso de existir persona privada de la libertad que no cumpla aquel requisito, le impone el Director del Establecimiento el deber funcional de adelantar en forma oportuna le gestiones indispensables ante la Registraduría Nacional del Estado Civil a efecto de superar ese impasse.

No sobra recordar que de acuerdo a las órdenes de la Dirección General, en los Establecimientos de Reclusión no debe existir persona privada de la libertad sin estar debidamente identificada desde el momento del ingreso.

[…]”. (Subrayado fuera del texto).

39. El concepto 18 de 17 de octubre de 2013 es del siguiente tenor:

“[…] 8120-OFAJU-003898

Bogotá DC. 17 OCT 2013

[…]

Concepto No. 18

19 “[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”. Modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.8

medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2016-00089-00

Demandante: Julián Duque

[…]

Consulta: ¿El visto bueno, pase o sello que se coloca en el establecimiento carcelario a un poder, es suficiente para tenerlo como “documento idóneo” al momento de presentar una demanda contencioso administrativa contra el INPEC, máxime cuando el interno carece de identificación?

Con el fin de resolver aquel interrogante resulta indispensable analizar temas de reforma al sistema penal, la cédula de ciudadanía y su alcance, anexos de la demanda contencioso administrativo.

I. La reforma al sistema penal

En los establecimientos de Reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario hace varios años era normal encontrar personas privadas de la libertad con dos o tres nombres y apellidos aparentes sin documento de identidad o con éste pero con números ajenos a los reales.

Varios compatriotas ajenos a la comisión de delitos fueron juzgados, e inclusive condenados porque otros usaron sus nombres o documentos de identidad o simplemente el número. Y algunos inocentes fueron capturados y encarcelados porque en listas oficiales aparecían como condenados sin haber comedido delito, y menos sin haber comparecido a un proceso judicial que les permitirá ejercer sus derechos y garantías constitucionales y legales.

II. La cédula de ciudadanía

porque en listas oficiales aparecían como condenados sin haber comedido delito, y menos sin haber comparecido a un proceso judicial que les permitirá ejercer sus derechos y garantías constitucionales y legales.

II. La cédula de ciudadanía

La Corte Constitucional a través de la sentencia T-069 de 2012 al referirse a este tipo de documento público enseñó que “de acuerdo con la Constitución y la ley, la cédula de ciudadanía tiene tres funciones particularmente diferentes: i) identificar cabalmente a las personas; ii) acreditar la ciudadanía y (iii) viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos.

A decir de la Alta Corporación “(…) la cédula cuenta como prueba de la identificación personal que acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En tales condiciones, este documento se convierte en el medio idóneo y por regla general irremplazable para lograr el aludido propósito.

Adicionalmente, el citado fallo de tutela T 069 de 2012, dice que “la cédula de ciudadanía constituye un medio idóneo para acreditar la “mayoría de edad”, es decir, el estado en que se alcanza la capacidad civil, circunstancia que según el legislador demuestra que la persona ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles.”

III.El visto bueno, sello o pase.

En una acción realizada por parte de un integrante de la oficina jurídica de cada establecimiento de reclusión con el fin de avalar o dar fe, que allí se encuentra privada de la libertad la persona que le confiere poder a un profesional del derecho, quien

En una acción realizada por parte de un integrante de la oficina jurídica de cada establecimiento de reclusión con el fin de avalar o dar fe, que allí se encuentra privada de la libertad la persona que le confiere poder a un profesional del derecho, quien debe identificarse -exhibir su cédula de ciudadaníay presentar tarjeta profesional, con ella de hacer la correspondiente validación.

Ante la deficiencia de ese tipo de actuación, el llamado “visto bueno, sello o pase” salvo, en el derecho penal, está llamado a recoger con prontitud dentro del sistema penitenciario por estas razones.9

Radicación: 11001-03-24-000-2016-00089-00

Demandante: Julián Duque

a) Conforme al artículo 73 del Decreto 960 de 1970, el notario es quien “podrá dar testimonio escrito de que la firma impuesta en un documento corresponde a la de la persona que le haya registrado ante él, previa confrontación de las dos. También podrá dar testimonio de que las firmas fueron puestas en su presencia estableciendo la identidad de los firmantes”.

Con el fin de solucionar semejante problemática, el artículo 128 de la Ley 906 de 2004 -Sistema Acusatorio-, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1142 de 2007, modificado por el artículo 99 de la Ley 1453 de 2011, bajo el título identificación o individualización señaló que “la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de verificar la correcta identificación o individualización del imputado a fin de prevenir errores judiciales".

Al ente investigador, como allí señala, le corresponde desempeñar ese deber en la siguiente forma:

verificar la correcta identificación o individualización del imputado a fin de prevenir errores judiciales".

Al ente investigador, como allí señala, le corresponde desempeñar ese deber en la siguiente forma:

a) Cuando el capturado no presente documento de identidad, la Policía Judicial tomará el registro decadactilar y verificará la identidad con documentos obtenidos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus delegadas, de manera directa, o a través de la consulta de los medios técnicos o tecnológicos de los que se dispongan o tengan acceso.

b) En caso de no lograrse la verificación de la identidad, la Policía Judicial que realizó la confrontación remitirá el registro decadactilar de manera inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida copia de la fotocédula, en un tiempo no superior a 24 horas.

c) En caso de no aparecer la persona en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta autoridad lo registrará de manera excepcional y por única vez, con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico, sin tener que agotar los procedimientos regulados en el Decreto 1260 de 1970, o demás normas que lo modifiquen o complementen.

Lo anterior deja entrever dos cosas, la primera, que ante el juez de garantías no puede comparecer ningún capturado, bien sea en flagrancia o mediante orden escrita de captura, sin estar debidamente identificado bien sea con la cédula de ciudadanía o copia de la fotocédula, y la segunda, que los Establecimientos de Reclusión actualmente no debería existir personas privadas de la libertad sin estar identificados con cualquiera da esa pareja de documentos. Sin embargo, la realidad demuestra lo

copia de la fotocédula, y la segunda, que los Establecimientos de Reclusión actualmente no debería existir personas privadas de la libertad sin estar identificados con cualquiera da esa pareja de documentos. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.

Y es aquí donde el tema tiene doble interés en este concepto por estos motivos, (i) en los Establecimientos no deben existir personas privadas da la libertad sin identificar. Si ello ocurrió a los directores de cada centro de reclusión les corresponde adelantar acciones pertinentes y oportunas con el fin de erradicar en el menor tiempo esa anomalía, y (ii) resulta indispensable que quienes demandan al Instituto deban estar plenamente identificados. La simple huella dactilar, impresa casi siempre con deficiencias en un poder especial, acompañada de un sello de la oficina jurídica y el visto bueno de un servidor del INPEC en materia contencioso administrativa no satisface plenamente la exigencia legal requerida para otorgar poder.

b) El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627 <Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003-, enseña que el documento privado as auténtico, entre otros, 'si ha sido, reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido." Y, reconocido, según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima10

Radicación: 11001-03-24-000-2016-00089-00

Demandante: Julián Duque

reconocido." Y, reconocido, según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima10

Radicación: 11001-03-24-000-2016-00089-00

Demandante: Julián Duque

segunda edición, significa "examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias”.

c) El artículo 166, numeral 3°, de la Ley 1478 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativoseñala que a la demanda deberá acompañarse: "3. El documento idóneo que acredité el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando lenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberle otro transmitido a cualquier título”.

IV.El poder como documento idóneo

El poder que es el documento por medio del cual una persona privada de la libertad designa como su apoderado a un abogado con licencia provisional o tarjeta profesional y facultad para ejercer la profesión en un proceso en calidad de demandante o demandado, constituye sería exigencia legal en la pluralidad de disciplinas del derecho pues su ausencia o irregular otorgamiento constituye seria falla que trae consigo la inadmisión de la demanda.

En materia contencioso administrativa, la Ley 1437 de 2011, en su artículo 166, exige que la demanda esté acompañada de anexos, entre otros, el indicado en el numer