CE - Sentencia 11001032400020160022500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020160022500

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Anasyor -Usa Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Grupo M&M S.A.S

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Guayacán S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Anasyor -Usa Corporation , en adelante la parte demandante 1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante

1 Actuando por intermedio de apoderado.2

Núm. único de radicación: 11001032400020160022500

la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se

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la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación ”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se le ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM”, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Grupo M&M S.A.S, en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 2.1 Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:

Resolución N° 82833 de 23 de octubre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad GRUPO M&M LTDA en contra de la Resolución N° 73354 de 5 de diciembre de 2014, revocándola en su integridad y en su lugar decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ANASYOR-USA CORPORTATION (sic), y conceder el registro de la marca HOMEOCOKSINUM

diciembre de 2014, revocándola en su integridad y en su lugar decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ANASYOR-USA CORPORTATION (sic), y conceder el registro de la marca HOMEOCOKSINUM (Nominativa) en favor de la sociedad GRUPO M&M LTDA, para distinguir productos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del registro marcario N° 530277 asignado a la marca HOMEOCOKSINUM (Nominativa) en Clase 5 Internacional, concedida a favor de GRUPO M&M LTDA.

2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso

2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A). […]”.

2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

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Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 2 de abril de 2014 el registro como marca del signo nominativo “HOMEOCOKSINUM”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la referida solicitud se publicó el 10 de abril de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 692, siendo objeto de oposición por la parte demandante con base en su marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM” , previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que la directora de signos distintivos por medio de la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014 declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014.

4.5. Que e l superintendente delegado para la propiedad industrial mediante la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015 resolvió el recurso de apelación, en el sentido de : i) revocar la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014; ii) declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante ; y iii)

en el sentido de : i) revocar la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014; ii) declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante ; y iii) conceder el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. Los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000.4

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Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Adujo que entre las marcas cotejadas existen semejanzas que llevan a que se configure el primer supuesto de hecho contenido en el literal a) de l artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

6.2. Indicó que deben excluirse del cotejo las partículas marcariamente débiles “HOMEO” e “INUM”, por ser de uso común , lo que determina que el análisis de confundibilidad debe realizarse solo con las partículas COC -COK, presentándose una identidad visual y ortográfica casi absoluta entre las marcas.

6.3. Mencionó que aun cuando se acepta que la partícula “INUM” no puede ser

confundibilidad debe realizarse solo con las partículas COC -COK, presentándose una identidad visual y ortográfica casi absoluta entre las marcas.

6.3. Mencionó que aun cuando se acepta que la partícula “INUM” no puede ser objeto de análisis respecto de la similitud entre los signos, lo cierto es que analizadas en conjunto y de manera íntegra las terminaciones de las marcas en conflicto, se tiene como evidente que ambas son homófonas, presentándose así una reproducción sonora que conduce a la identidad fonética.

6.4. Sostuvo que desde un análisis estrictamente conceptual entre las marcas “HOMEOCOKSINUM” y “OSCILLOCOCCINUM” se presentaría una semejanza conceptual insubsanable que imposibilitaría la pacifica coexistencia de los signos dentro del mercado.

6.5. Manifestó que los productos identificados particularmente por una y otra sociedad s on idénticos, lo que permite concluir que se valdrían de los mismos canales de comercialización, se publicitarían en los mismos medios y estos estarían dirigidos al mismo segmento de mercado y público consumidor.

Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

6.6. Expresó que la marca “HOMEOCOKSINUM”, posteriormente registrada a la marca “OSCILLOCOCCINUM”, al ser semejante a esta última, no cumple con su5

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función distintiva y por ello no es apta para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Contestación de la demanda

función distintiva y por ello no es apta para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la actora argumentando lo siguiente:

7.1. Afirmó que el acto acusado no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.

7.2. Adujo que, observando en conjunto conforme a las reglas del cotejo marcario, resulta evidente que las marcas nominativas cotejadas son claramente entendidas por los consumidores y no tienen riesgo de confusión.

7.3. Indicó que la ausencia de riesgo de confusión permite que las marcas coexistan pacíficamente en el mercado en la medida que no colocaran al consumidor en situación de error, ni limitarían su capacidad de decisión.

7.4. Sostuvo que aunque los signos confrontados “HOMEOCOKSINUM” y “OSCILLOCOCCINUM” coinciden en la terminación INUM, se encuentran elementos ortográficos adicionales que permiten distinguirlos entre sí, otorgando un impacto visual y fonético diferenciable al tratarse de signos con inicio y extensión disímil.

7.5. Anotó que el sufijo INUM resulta ser una partícula de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo empresario, y por tanto, esta coincidencia tampoco es procedente para negar el registro marcario.

de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo empresario, y por tanto, esta coincidencia tampoco es procedente para negar el registro marcario.

7.6. Señaló que al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no hay razón para hacer un pronunciamiento sobre la eventual conexión competitiva entre estos.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso6

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8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso3 contestó la demanda

y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

8.1. Mencionó que si bien es cierto que su marca se compone de un prefijo y un sufijo (HOMEO -INUM), también lo es que cada signo cuenta con la suficiente capacidad distintiva para diferenciarse de otro s signos en el mercado ; y que además, dichos términos resultan de uso común para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

8.2. Indicó que, al comparar las partículas OSCILLO y HOMEO , es evidente que existen diferentes raíces que conforman las marcas enfrentadas , haciendo que éstas sean completamente diferentes.

8.3. Argumentó que a nte la inexistencia de s imilitud desde el punto de vista ortográfico, lleva a la consecuencia de que se aprecien diferencias desde el aspecto fonético, a pesar de coincidir en la terminación INUM, pues, en todo caso, como ya se mencionó, resulta de uso común para identificar productos de la Clase 5 ª de la

fonético, a pesar de coincidir en la terminación INUM, pues, en todo caso, como ya se mencionó, resulta de uso común para identificar productos de la Clase 5 ª de la Clasificación Internacional de Niza.

8.4. Anotó que desde el aspecto conceptual las marcas “HOMEOCOKSINUM” y “OSCILLOCOCCINUM”, presentan diferencias sustanciales que permite n la coexistencia de los signos en el mercado, toda vez que no es posible que el consumidor evoque una idea idéntica o similar entre estos.

8.5. Afirmó que al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados suficiente para generar riesgo de confusión o asociación, no es pertinente hacer referencia acerca de la conexidad o relación de los productos identificados con las marcas cotejadas.

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de diciembre de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 20 de enero de 2020, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6º del artículo 180 y, de oficio, no

3 Actuando por intermedio de apoderado.7

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encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, prescindió

del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas, prescindió de la audiencia de pruebas, realizó el respectivo control de legalidad y se suspendió el proceso para solicitar la interpretación prejudicial.

Interpretación Prejudicial

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 103-IP-2020 de 7 de octubre de 2020, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

“[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 136 (Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 136 (Literal de la Decisión 486, por ser pertinente.

2. No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca ni los requisitos para su registro.

3. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Artículo 151 de la Decisión 486, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto. […]”.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión

12. El Magistrado Sustanciador, mediante auto 22 de mayo de 20 25, ordenó reanudar el proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la

reanudar el proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

12.1. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda.

12.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.8

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12.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

13. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 103-IP-2020 de 7 de octubre de 2020; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De conformidad con el artículo 149, numeral 8 º, de la Ley 1437 sobre

sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. De conformidad con el artículo 149, numeral 8 º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto acusado

17. El acto acusado es el siguiente:

17.1. La Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015 , expedida por la superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de

4 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 73354 de 5 de diciembre de 2014; y ii) conceder el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El problema jurídico

productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El problema jurídico

18. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

18.1. Si la Resolución núm. 82833 de 23 de octubre de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “HOMEOCOKSINUM” al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar "[…] Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplasto s, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos: fungicidas, herbicidas […]” productos de la Clase 5 ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado

18.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa “OSCILLOCOCCINUM”, con registro marcario núm. 143218, que identifica productos de la Clase 5 ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

19. La Sala advierte que la parte demandante indicó la vulneración del artículo 134

registro marcario núm. 143218, que identifica productos de la Clase 5 ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

19. La Sala advierte que la parte demandante indicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la Sala considera que no procede su análisis, en razón a que, de l a revisión de los argumentos expuestos en el escrito de demanda, no está en controversia el concepto de marca ni la posibilidad de representación gráfica.10

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20. Adicionalmente, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, no interpretó dicho artículo, por lo que la Sala se relevará de realizar su estudio.

21. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena5, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20006 de la Comisión de la Comunidad Andina7.

5 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

en la Decisión 486 de 20006 de la Comisión de la Comunidad Andina7.

5 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 6 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre p ropiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la

1. La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el

sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 7 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.11

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Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8

23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad A ndina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros.

25. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar

Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

26. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

27. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere

8 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está

ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 9 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.12

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susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”.

28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

29. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 103-IP-2020 de 7 de octubre de 2020

30. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este

caso:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión

Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso:

“[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. Dado que en el proceso inte rno se discute si el signo HOMEOCOKSINUM (denominativo) solicitado a registro resultaría confundible con la marca OSICILLOCOCCINUM (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)

[…]

1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determ