CE - Sentencia 11001032400020160032700 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Número único de radicación: 11001032400020160032700

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: IC Constructora S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: IC Constructores Civiles S.A.S.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad –

Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por IC Constructora S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33528 de 30 de junio de 2015 y 94228 de 1 de diciembre de 2015.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. IC Constructora S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio2. 2 Cfr. Folios 21 a 43.2

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1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio2. 2 Cfr. Folios 21 a 43.2

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demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33528 de 30 de junio de 2015 , “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario ” expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, la Resolución núm. 94228 de 1 de diciembre de 2015 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es IC CONSTRUCTORES CIVILES S A S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] 4.1.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 33528 DE JUNIO 30 DEL 2.015 proferida por la DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE

SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

“[…] 4.1.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 33528 DE JUNIO 30 DEL 2.015 proferida por la DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 14.269419, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios comprendidos en la CLASE 37 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad IC CONSTRUCTORES CIVILES S.A.S. y se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad IC CONSTRUCTORA S.A.S. (en ese entonces S.A.) en contra de la misma con fundamento en sus signos distintivos registrados y vigentes en la República de Colombia de nombre IC para distinguir servicios comprendidos en las CLASES 35, 36 , 37 Y 42 de la clasificación internacional de acuerdo con la siguiente relación:

3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 Cfr. Folios 23 y 243

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4.2.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 94228 DE DICIEMBRE 1 DEL 2.015 proferida por el SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 14.269419 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la

PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 14.269419 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 33528 DE JUNIO 30 DEL 2.015 en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la CLASE 37 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad IC CONSTRUCTORES CIVILES S.A.S. y de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad

IC CONSTRUCTORA S.A.S.

4.3.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del certificado de registro definitivo asignado a la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la CLASE 37 de la clasificación internacional, de la sociedad IC CONSTRUCTORES CIVILES S.A.S. identificado con el número 533.425 vigente hasta JUNIO 30 DEL 2.025.

4.4.- Que se ordene a la DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso.

4.5.- Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cumplir con lo consagrado en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.4

presente proceso.

4.5.- Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cumplir con lo consagrado en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.4

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Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó , el 5 de diciembre de 2014, el registro como marca del signo mixto IC CONSTRUCTORES, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó , el 29 de diciembre de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 715, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas IC registradas en clases 35, 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015 , declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante i nterpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , por medio de la

4.4. La parte demandante i nterpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , por medio de la Resolución núm. 94228 de 1 de diciembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015. Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

5.2. Los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política.

Concepto de la violación5

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6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así5:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Las marcas cotejadas son idénticas, pues la marca concedida reproduce totalmente el elemento nominativo de las previamente registradas, a saber, la expresión IC.

6.2. La coexistencia de las marcas IC y IC CONSTRUCTORES en el mercado genera un grave riesgo de confusión y asociación al consumidor, el cual es necesario evitar pues se violan los derechos del principal bien jurídico tutelado, que es precisamente el consumidor.

6.3. Desde el punto de vista fonético, las marcas presentan un alto riesgo de

necesario evitar pues se violan los derechos del principal bien jurídico tutelado, que es precisamente el consumidor.

6.3. Desde el punto de vista fonético, las marcas presentan un alto riesgo de confusión, pues los sonidos que emiten son en exceso similares, lo cual es consecuencia de la conformación ortográfica que tienen cada uno de ellos.

6.4. En el presente caso se dan todos los supuestos para que opere el riesgo de confusión y/o asociación, pues por la identidad de l as marcas confrontadas, el consumidor del común va a confundir un servicio con el otro (confusión directa) e igualmente va a pensar que dicho servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

6.5. La palabra CONSTRUCTORES no le aporta distintividad a la marca cuya nulidad se solicita, pues existe sin número de marcas registradas en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, que se encuentran acompañadas por la mencionada palabra.

6.6. Las marcas confrontadas no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo solicitado se va a generar riesgo de asociación o confusión con las marcas previamente registradas, va a haber perjuicio para los consumidores y se va a afectar el derecho de exclusiva de terceros.

5 Cfr. Folios 30 a 40.6

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6.7. Con lo anterior, se configura el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad invocada y, por lo tanto, se debe anular el registro marcario, pues las marcas son idénticas desde el punto de vista visual y fonético, además que

6.7. Con lo anterior, se configura el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad invocada y, por lo tanto, se debe anular el registro marcario, pues las marcas son idénticas desde el punto de vista visual y fonético, además que amparan servicios idénticos, razón por la cual no podrán coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor.

Violación por indebida interpretación y falta de aplicación de los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política.

6.8. Es mandato constitucional para el Estado, la protección de los derechos de propiedad industrial de los nacionales colombianos en virtu d de lo establecido en los tratados internacionales en la materia, de los cuales hace parte nuestro país.

6.9. La parte demandada desconoció lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política al haber otorgado un registro de marca sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para el registro de propiedad industrial, con la consiguiente vulneración a sus derechos, sino que además se viola lo relacionado con la seguridad jurídica que debe imperar.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada 6 contestó la demanda 7 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de 2000

7.1. Las marcas cotejadas son diferentes, no solo por la presencia de tipográfica específica, sino que los colores que componen la marca concedida y la disposición de los elementos que la componen.

7.2. Desde el aspecto ortográfico, las marcas se diferencian en la longitud de las

específica, sino que los colores que componen la marca concedida y la disposición de los elementos que la componen.

7.2. Desde el aspecto ortográfico, las marcas se diferencian en la longitud de las expresiones y la inclusión de la expresión CONSTRUCTORES, lo cual le otorga distintividad a la marca concedida.

6 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 82. 7 Cfr. Folios 64 a 81.7

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7.3. En lo relativo al aspecto conceptual, las marcas son diferentes, debido a que la marca posteriormente registrada , al contener la expresión CONSTRUCTORES, evoca la idea de construcción, mientras las marcas previamente registradas IC no tienen significado conocido.

7.4. Ante la ausencia de similitudes, se hace irrelevante un análisis de los servicios identificados por cada marca , en la medida que la marca concedida tiene la distintividad suficiente para identificar los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza y ser relacionada por el usuario con un origen empresarial plenamente identificado, el cual es diferente al del demandante.

7.5. Al no existir similitudes de generar riesgo de confusión para el consumidor, la aplicación realizada del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, fue correcta.

Respecto de la v iolación por indebida interpretación y falta de aplicación de los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política.

correcta.

Respecto de la v iolación por indebida interpretación y falta de aplicación de los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución Política.

7.6. Con la expedición de los actos acusados no se violó los artículos 2, 4 y 209 de la Constitución Política, en la medida que la concesión de la marca se fundamentó en la presencia de la distintividad en el conjunto marcario , de acuerdo con la normativa andina, tal y como se probó en la etapa administrativa.

7.7. La parte demandada no puede negar el registro de una marca que cumple la totalidad de los requisitos exigidos por la Decisión 486 de 2000, simplemente por el capricho del titular de otra marca dentro del mercado, por lo cual la supuesta violación del art ículo 61 de la Constitución Política es inexistente . Ello, ya que el registro de la marca se efectuó en forma adecuada y sin vulnerar la obligación estatal de proteger la propiedad industrial.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso , no se pronunció en esta etapa procesal8.

8 Cfr. Folio 868

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Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 7 de mayo de 2018 9, remitió la documentación correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del trámite de interpretación prejudicial , con fundamento en las normas comunitarias andinas aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 565-IPdocumentación correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del trámite de interpretación prejudicial , con fundamento en las normas comunitarias andinas aplicables; y este profirió la interpretación prejudicial 565-IP2018 de 22 de febrero de 202010, en la que indicó:

“[…]1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, por ser pertinente.

2. De oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135, y el Artículo 151 de la Decisión 486, a fin de analizar las palabras de uso común en la conformación de marcas y la conexidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

[…]”.

10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Audiencia Inicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de agosto de 201911: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 14 de agosto de 201912, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y prescindió de la audiencia de pruebas.

declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y prescindió de la audiencia de pruebas.

Reanudación del proceso, y alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de13 de enero de 202513: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia

9 Cfr. Folios 105 a 106 10 Cfr. 152 a 166 11 Cfr. Folios 136 a 149 12 Cfr. Folios 81 a 88 13 Cfr. Índice 46 del aplicativo web “SAMAI”.9

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de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

13. La parte demandante14 reiteró los argumentos señalados en la demanda.

14. La parte demandada15 presentó los alegatos de manera extemporánea.

15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso 16 guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Intervención del Ministerio Público

16. El Ministerio Público17, guardó silencio en esta oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)

16. El Ministerio Público17, guardó silencio en esta oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv ) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 565-IP-2018 de 28 de febrero de 2020 ; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

18. Vistos el artículo 149 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 18, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

14 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 556 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Ibidem 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

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19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin qu e la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

19. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin qu e la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

20. Los actos acusados son los siguientes:

20.1. La Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015 , mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

20.2. La Resolución núm. 94228 de 1 de diciembre de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió un recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33528 de 30 de junio de 2015.

El problema jurídico

21. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

21.1. Si las Resoluciones núms. 33528 de 30 de junio de 2015 y 94228 de 1 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta IC CONSTRUCTORES a IC Constructores Civiles S.A.S, tercero con interés directo en el resultado del proceso, identificada con certificado de registro mar cario núm. 533.425, para identificar “servicios prestados en la construcción o la fabricación de edificios permanentes; construcción; reparación; servicios de instalación; servicios

el resultado del proceso, identificada con certificado de registro mar cario núm. 533.425, para identificar “servicios prestados en la construcción o la fabricación de edificios permanentes; construcción; reparación; servicios de instalación; servicios de edificación, construcción y demolición; servicios de elevación mecánica para la industria de la construcción; servicios de asesoramiento, información y consultoría relacionados con la construcción; dirección de obras y proyectos de construcción; impermeabilización de construcciones; servicios de ingeniería de la construcción y preparación de proyectos relacionados con la ingeniería de la construcción, instalación de accesorios y aislamientos para construcciones; instalación de elementos de construcción preformados; alquiler de equipamientos y maquinarias11

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para la construcción. Servicios de dirección e inspección, construcción de obras civiles y arquitectónicas, supervisión, dirección y desarrollo de proyectos civiles de edificación e infraestructura, servicios de mantenimiento y remodelación de obras rurales y urbanas, servicios de construcción e instalación de redes eléctricas y sanitarias en obras civiles. Construcción de casas modulares prefabricadas, oficinas, aulas, campamentos y galpones ", servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Andina y los artículos 2, 4, 61 y 209 de la Constitución política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

21.2. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas IC, con reg istros marcarios núms. 464.317, 477.677, 470.825 у 477.730, que identifican respectivamente servicios de las clases 35, 37, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; y.

21.3. En segundo lugar, si la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, desconoció los derechos de propiedad industrial de la parte demandante.

22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados.

23. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 565-IP-2018 de 22 de febrero de 2020 19, interpretó e l literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó el literal g) del artículo 135 y el artículo 151 ibidem.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización

19 Cfr. 152 a 16612

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ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización

19 Cfr. 152 a 16612

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internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena20, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200021 de la Comisión de la Comunidad Andina22.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina23

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina24.

20 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 21 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros

Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acue rdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Pre sidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de

1. Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 22 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema and ino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por

jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 23 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.13

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26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros.

Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados