CE - Sentencia 11001032400020160039400 de 2025

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Radicado: 11001 03 24 000 2016 00394 00

Demandante: Rolando Albeiro Castaño Vergara

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2016 00394 00

Actor: Rolando Albeiro Castaño Vergara Demandado: Nación – Presidencia de la República y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Tesis: No son nulas por falta de competencia las disposiciones emitidas por el Presidente de la República mediante las cuales se reconoce a la ANLA atribuciones atinentes a la expedición de licencia ambientales para proyectos relacionados con establecimientos de zoocriaderos que implique el manejo de especies enlistadas en los apéndices de la Convención CITES, si el MADS en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos es competente para la expedición de permisos y certificados relativos a la exportación, importación y reexportación de esas mismas especies.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad promovido por el señor Rolando Albeiro Castaño Vergara en contra del

mismas especies.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad promovido por el señor Rolando Albeiro Castaño Vergara en contra del numeral 16 del artículo 8 (parcialmente) y del parágrafo 3° del artículo 52 del Decreto nro. 2041 de 2014, compilados en el Decreto nro. 1076 de 2015 en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.11.1 respectivamente, expedido por la Presidencia de la Repúblic a y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS)

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones2

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Demandante: Rolando Albeiro Castaño Vergara

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«PRIMERA: Declarar la nulidad parcial del numeral 16 del Artículo 8 del Decreto 2041 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional - Presidencia de la República – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.2.2., disposición que se transcribe a continuación, precisándose que el texto demandado se resalta en negrillas y subrayas:

"Artículo 8°. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

2.2.2.3.2.2., disposición que se transcribe a continuación, precisándose que el texto demandado se resalta en negrillas y subrayas:

"Artículo 8°. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias AmbientalesANLAotorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

(…)

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, para establecerse o implantarse en medi os naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. Así como el establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y Flora SilvestreCITES.

La licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial. La fase de investigación involucra las etapas de obtención o importación del pie parental y la importación de material vegetal para la propagación. la instalación o construcción del zoocriadero o vivero y las actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá modificación de la licencia ambiental.

(…)

SEGUNDA: Como corolario de lo anterior, se declare la nulidad del Parágrafo 3° del Artículo 52 del Decreto 2041 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional - Presidencia de la República - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

SEGUNDA: Como corolario de lo anterior, se declare la nulidad del Parágrafo 3° del Artículo 52 del Decreto 2041 de 2014, expedido por el Gobierno Nacional - Presidencia de la República - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilado en e l Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.11.1., disposición que se transcribe a continuación:

"Parágrafo 3°. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de zoocría que impliquen el manejo de espe cies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestre -CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los expedientes contentivos de los mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en el estado en que se encuentre .»1. (Subrayas y negritas del original).

1.2. Las disposiciones cuestionadas

«Decreto 2041 (15 octubre 2014)

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 55 de Samai.3

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“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.”

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“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el Decreto - Ley 3570 de 2011 dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo r ector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Que la precitada ley, en su artículo 49 consagró la obligatoriedad de la licencia ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

Que así mismo, los artículos 50 y 51 de la citada ley consagraron que se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma

entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada, las cuales serán otorgadas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Au tónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta ley.

Que a su vez, el artículo 53 de la Ley 99 determinó que el Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas.

Que el CONPES 3762 del 20 de agosto de 2013, que establece los lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos – PINES, señala que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modificará el Decreto 2820 de 2010 para optimizar los procedimientos allí contenidos, teniendo en cuenta los lineamientos de política señalados en dicho documento.

Que de conformidad con lo anterior, el Gobierno Nacional, reglamentará el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales con el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.

Que en mérito de lo expuesto,4

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del medio ambiente.

Que en mérito de lo expuesto,4

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DECREТА:

(…)

TÍTULO II

COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL

(…)

Artículo 8°. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLAotorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

(…)

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. Así como el establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y Flora SilvestreCITES.

La licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial. La fase de investigación involucra las etapas de obtención o importación del pie parental y la importación de material vegetal para la propagación, la instalació n o construcción del zoocriadero o vivero y las

fase comercial. La fase de investigación involucra las etapas de obtención o importación del pie parental y la importación de material vegetal para la propagación, la instalació n o construcción del zoocriadero o vivero y las actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá modificación de la licencia ambiental. (Apartes subryados corresponden a los demandados)

(…)

TÍTULO

VIII DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:

(…)

Parágrafo 3°. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de zoocria que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestre -CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días hábiles, conta dos a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los expedientes contentivos de los mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en el estado en que se encuentre.»

1.3. Normas violadas y concepto de la violación5

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Como normas infringidas el demandante señaló, el artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Decreto Ley 3570 de 2011.

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Como normas infringidas el demandante señaló, el artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Decreto Ley 3570 de 2011.

1.3.1. En el capítulo de normas violadas y concepto de violación, el actor formuló los siguientes cargos:

1.3.1.1. “De la falta de com petencia reglamentaria”2, manifestó que a través del Decreto 2041 de 2014, el Presidente de la República reglamentó materias propias de la Convención Cites, asignándole competencias a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA), las cuales habían sido entregadas mediante el Decreto Ley 3570 de 2011 a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS.

Adujo que era nulo parcialmente el numeral 16 del artículo 8 del Decreto nro. 2041 de 2014, pues la Presidencia y el MADS carecían de potestad reglamentaria para asignarle competencias a la ANLA relacionadas con la expedición de licencias a los proyectos relacionados con el establecimiento de zoocriaderos que impliquen el manejo de especies enlistadas en los apéndi ces de la Convención CITES, dado que dicha facultad fue concedida mediante la Decreto Ley 3570 de 2011 a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

Manifestó que, el Legislador con la citada ley tuvo en cuenta los compromisos internacionales asumidos por Colombia al ratificar la Convención CITES, pues en cumplimiento del literal a) del artículo 9 de la Ley 17 de 1981, reafirmó la designación del MADS como autoridad administrativa ante las CITES, que

internacionales asumidos por Colombia al ratificar la Convención CITES, pues en cumplimiento del literal a) del artículo 9 de la Ley 17 de 1981, reafirmó la designación del MADS como autoridad administrativa ante las CITES, que inicialmente fue establecida por el Decreto nro. 1401 de 1997, pero posteriormente le fue trasladada la competencia a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos con el numeral 13 del artículo 162 del Decreto Ley 3570 de 2011.

Expuso que, las demandadas en ejercicio d e la potestad reglamentaria conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, profirieron el reglamento sobre licencias ambientales de conformidad con lo dispuesto en el

2 Ibidem.6

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Título VIII de la Ley 99 de 1993. Sin embargo, de los artículos 49 a 62 de dicha ley no se desprende que se le asignaran competencias al MADS relacionadas con el otorgamiento de licencias ambientales cuando se trata de proyectos o actividades que implican el manejo de especies de fauna y flora que manejan las convenciones CITES.

Afirmó que, el parágrafo 3° del artículo 52 del Decreto nro. 2041 de 2014, compilado en el artículo 2.2.2.3.11.1. del Decreto nro. 1076 de 2015, era concordante con lo

Afirmó que, el parágrafo 3° del artículo 52 del Decreto nro. 2041 de 2014, compilado en el artículo 2.2.2.3.11.1. del Decreto nro. 1076 de 2015, era concordante con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 8 del primer acto por lo que tambi én debía ser decretada su nulidad, ya que la ANLA carecía de competencia para conocer de asuntos relacionados con proyectos de zoocría que implique el manejo de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, por lo que no tenían el fundamento para solicitarle a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las autoridades ambientales regionales el envió de los expedientes relacionados con el trámite en mención.

1.3.1.2. Como segundo cargo, formuló el de infracción de norma superior, señalando que al ser el Decreto nro. 2041 de 2014 una reglamentación secundum legem, la Presidencia de la República no tenía la atribución para ampliar la norma que pretendía reglamentar, pues no la estaría desarrollando sino creando una nueva. Por lo tanto, desconoció el Decreto nro. 3570 de 2011 al introducir el numeral 16 del artículo 8 y el parágrafo 3 del artículo 52 del acto acusado.

II. TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR

El demandante solicitó la suspensión provisional de los artículos 8 (numeral 16) y 52 (parágrafo 3°) del Decreto nro. 2041 de 2014, compilados en el Decreto nro.

El demandante solicitó la suspensión provisional de los artículos 8 (numeral 16) y 52 (parágrafo 3°) del Decreto nro. 2041 de 2014, compilados en el Decreto nro. 1076 de 2015, en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.11.1, respectivamente, expedido por el MADS , cuyo traslado se efectuó mediante auto del 2 4 de agosto de 2016. Durante dicho plazo, la citada cartera ministerial guardó silencio.

En proveído del 31 de octubre de 2018, el Despacho Sustanciador negó la medida cautelar.

III. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA7

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3.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 3 contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, bajo los siguientes argumentos:

3.1.1. Expuso que, la Ley 17 del 22 de enero de 1981 aprobó la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Además, que el numeral 23 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, señaló como función del MADS la de expedir el certificado del que hace referencia la Convención CITES.

Indicó que, el numeral 13 del artículo 16 del Decreto nro. 3 570 de 2011, le asignó

del MADS la de expedir el certificado del que hace referencia la Convención CITES.

Indicó que, el numeral 13 del artículo 16 del Decreto nro. 3 570 de 2011, le asignó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos la atribución de autoridad administrativa CITES de Colombia.

Informó que, Colombia hacía parte de la Convención CITES, y que el encargado de la formulación de políticas nacionales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables era el MADS. Sin embargo, dado a que en la actualidad la verificación de la obtención legal de las especies de zoocría no la efectúa dicho ministerio, sino las Corporaciones Autónomas Regionales, con la finalidad de tener acceso a dicha información era necesario crear un mecanismo que garantizara una mayor eficiencia en la verificación de los datos, lo que llevó a centralizarlos.

Advirtió que, los numerales 1 y 2 del artícul o 3 del Decreto 3573 de 2011, dispusieron que la ANLA otorgaría o negaría licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del MADS. Por lo tanto, se requería que en la modificación o el nuevo decreto de licenciamiento, se incluyeran los siguiente s párrafos:

«Artículo XXX. (Sic) Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

XX. (Sic) La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico,

obras o actividades:

XX. (Sic) La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o

3 Ibidem.8

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de la vida silvestre. Así como el establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de especies listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestre — CITES.

La Licencia Ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase comercial. La fase de investigación involucra las etapas de importación o de obtención del pie parental o de importación del material vegetal p ara la propagación, la instalación o construcción del zoocriadero o vivero y las actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá modificación de la Licencia Ambiental».4

3.1.2. Posteriormente, como exce pciones formuló la de «De la presunción de legalidad del artículo 8 numeral 16 y el parágrafo 3 del artículo 52, del Decreto 2041 de 2014»5, sosteniendo que las disposiciones acusadas gozaban de presunción de legalidad, pues no se lograba probar que fuese diferente.

de 2014»5, sosteniendo que las disposiciones acusadas gozaban de presunción de legalidad, pues no se lograba probar que fuese diferente.

3.1.3. También, propuso la de «Falta de causa para impetrar la acción»6 afirmando que el acto impugnado no había vulnerado preceptos constitucionales o legales vigentes. 3.2. En diligencia del 8 de febrero de 20197, se ordenó la vinculación del Presidente de la República, como parte demandada, quien en escrito del 13 de mayo de 2019 contestó la demanda, bajo los siguientes argumentos.

Adujo que, las normas acusadas no vulner aron ninguna disposición legal, pues el alcance de los artículos del Decreto nro. 2041 del 2014, que se indica en la demanda se aleja de la realidad jurídica.

3.2.1. Propuso la excepción de indebida representación de la Nación, afirmando que el Presidente de la República no hacía parte de las entidades enlistadas en el CPACA que debieran representar a la Nación en procesos contenciosos.

Dijo que el artículo 115 de la Constitución previó que el Gobierno estaba compuesto por el primer mandatario y los minis terios o el directo r del departamento

4 Folio 80 del cuaderno principal. 5 Ibidem. 6 Ibidem 7 Ibidem.9

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administrativo correspondiente, siendo estos los encargados de asumir la

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administrativo correspondiente, siendo estos los encargados de asumir la responsabilidad.

Aseguró que la interpretación correcta del artículo 159 del CPACA, era que los actos administrativos del Gobierno tenían que se r defendidos por los ministros y directores de departamento, es decir, quienes firmaran la decisión, más no el Presidente.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 23 de marzo de 2021 se les concedió a las partes el término de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro del cual el Ministerio Público también podía rendir concepto.

4.1. El MADS reiteró8 los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, destacó que el actor confunde las facultades y funciones de la autoridad CITES de Colombia, las cuales incluyen la emisión de los permisos de exportación, importación y certificado s de reexportación, con las competencias propias de la ANLA, quien tiene la potestad de otorgar licencias ambientales para regular la introducción y manejo de especies foráneas con fines de cultivo, control biológico, reproducción o comercialización con el fin de proteger la estabilidad de los ecosistemas y la vida silvestres, estableciendo las condiciones que deben cumplir quienes introduzcan los organismos listados en el convenio CITES. Lo que genera que equivocadamente se indique que, el numeral 16 del a rtículo 8 del Decreto 2041 de 2014 es contrario a lo previsto en el numeral 13 del artículo 16 del Decreto Ley 3570 de 2011.

genera que equivocadamente se indique que, el numeral 16 del a rtículo 8 del Decreto 2041 de 2014 es contrario a lo previsto en el numeral 13 del artículo 16 del Decreto Ley 3570 de 2011.

Afirmó que la última norma en mención fue la que determinó que el MADS sería la autoridad CITES, quien desarrollaría las atribuciones propias del cargo a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, entidad que se encargaría de otorgar, negar, revocar o suspender los permisos de importación y exportación y certificados de reexportación e introducción pr ocedente del mar. También, es de su resorte la presentación de informes anuales y bianuales sobre

8 Ibidem.10

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comercio y de entablar las conversaciones entre los organismos de la convención y asegurar la correcta aplicación de la misma.

Informó que, el numeral 16 del artículo 8 del Decreto 2041 de 2014, se encarga ba de desarrollar y reglamentar el numeral 12 del artículo 52 de la Ley 99 de 1993, sin concederle a la ANLA la calidad de autoridad CITES, pues en realidad lo que hace es delimitar el trámite de licenciamiento para el establecimiento de zoocriaderos siempre que se utilicen especies contenidas en los apéndices de la convención CITES.

es delimitar el trámite de licenciamiento para el establecimiento de zoocriaderos siempre que se utilicen especies contenidas en los apéndices de la convención CITES.

4.2. El Presidente de la República alegó de conclusión9, indicando que no era procedente afirmar que con las disposiciones acusadas se le estaban transfiriendo funciones a la ANLA que eran propias de las autoridades administrativas CITES, ya que ello solo podía ser efectuado por el Congreso de la República.

Afirmó que el acto impug nado lo que en realidad buscaba era establecer que los proyectos para crear zoocriaderos que involucraran especies incluidas en los apéndices de la Convención CITES, debían obtener una licencia ambiental ante la ANLA. Por lo que no debía confundirse con la función del MADS, como autoridad CITES.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080

9 Ibidem.11

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de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

6.2. Infracción de norma superior

La Sala debe resolver si son nulas , por vulneración de normas superiores, las disposiciones emitidas por el Presidente de la República mediante las cuales se reconoce a la ANLA atribuciones atinentes a la expedición de licencia ambientales para proyectos relacionados con establecimientos de zoocriaderos que implique el manejo de especies enlistadas en los apéndices de la Convención CITES, si en criterio del demandante esa facultad es del resorte del MADS en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

La normativa que se invoca como infringida e s la contenida en el numeral 13 del artículo 16 del Decreto Ley 3570 de 2011, «Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible» , que es del siguiente tenor:

«Artículo 16. Funciones de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos. Son funciones de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos:

(…)

13. Ejercer la autoridad administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Cites, en

Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos:

(…)

13. Ejercer la autoridad administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Cites, en Colombia y expedir los certificados Cites.»

Pues bien, conforme se observa el espectro de acción de la anotada dirección se circunscribe a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, convención aprobada por el Estado colombiano mediante Ley 17 de 1981, cuyo propósito es as egurar que el comercio internacional de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural.

En ese orden, cuando la norma transcrita alude que el MADS debe fungir como autoridad administrativa, quiere decir que debe garantizar que las actividades que12

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se lleven a cabo con las especies enlistadas en los apéndices de la Convención, observen los lineamientos del instrumento internacional con miras a garantizar la sostenibilidad del ecosistema.

Ahora, la citada convención agrega una concreta reglamentación del comercio de las especies incluidas en los apéndices I, II y III ibidem, relacionada con la obtención de permisos para la exportación, importación o reexportación. Los artículos III, IV y

V los advierten así:

«Artículo III Reglamentación del comercio en especímenes de especies

de permisos para la exportación, importación o reexportación. Los artículos III, IV y

V los advierten así:

«Artículo III Reglamentación del comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice I

1. Todo comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice I se realizará de conformidad con las disposiciones del presente Artículo.

2. La exportación de cualqui er espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los

siguientes requisitos:

a) que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado que esa exportación