CE - Sentencia 11001032400020170003300 de 2025

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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00033 00

Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00033 00

Actor: Bernardita Pérez Restrepo

Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) Tesis: Son nulas, por violación de normas superiores, las disposiciones emitidas por el MADS, si crea una obligación nueva para fabricantes e importadores de baterías plomo-ácido relacionada con el cumplimiento de metas de recolección.

No son nulas, por violación de normas superiores las disposiciones emitidas por el MADS, si no crea una obligación nueva para distribuidores y comercializadores de baterías usadas plomo-ácido relacionada con su recolección, recepción y posterior entrega. No es nulo, por falta de competencia , el acto administrativo a través del cual se determinó que la violación de lo allí dispuesto sobre los elementos que debe incluir el Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, cuya elaboración está a cargo de fabr icadores e importadores de esos

determinó que la violación de lo allí dispuesto sobre los elementos que debe incluir el Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, cuya elaboración está a cargo de fabr icadores e importadores de esos productos, es pasible de reproche a través del poder sancionador del Estado.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad promovido por la señora Bernardita Pérez Restrepo en contra del parágrafo 1° del artículo 6° y el artículo 12 de la Resolución No. 372 del 26 de febrero de 2009, “Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos P osconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones ”, y de los artículos 1° y 2° de la Resolución 361 del 3 de marzo de 2011, “Por medio de la cual se modifica la Resolución 372 de 2009”, ambas proferidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).2

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Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

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I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

Figuran como pretensiones las siguientes:

“I

LAS NORMAS DEMANDADAS

www.consejodeestado.gov.co

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones

Figuran como pretensiones las siguientes:

“I

LAS NORMAS DEMANDADAS

1. El parágrafo 1º del artículo 6º y el artículo 12 de la Resolución No. 372 de 26 de febrero de 2009, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, los cuales transcribo a continuación:

PARÁGRAFO 1º del artículo 12 de la Resolución 372 de 2009. Metas de recolección. Los planes de G estión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Plomo Acido deben asegurar las siguientes metas mínimas de recolección:

a) En el primer año de implementación del plan, recogida anual mínima del 40% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado en los dos años precedentes a la entrada en vigencia de la presente resolución. En el caso de las baterías para motocicletas recogida anual mínima del 15% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado en los dos años precedentes a la entrada en vigencia de la presente resolución.

b) Para los años subsiguientes, incrementos anuales mínimos de un 10% hasta alcanzar un 90% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado. En el caso de las baterías para motocicletas, para los años subsiguientes, incrementos anuales mínimos de un 5% hasta alcanzar un 60% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado.

La meta de recolección debe ser cumplida por el fabricante o importador sobre la base de sus productos puestos en el mercado.

60% de las baterías plomo ácido puestas en el mercado.

La meta de recolección debe ser cumplida por el fabricante o importador sobre la base de sus productos puestos en el mercado.

Artículo 12 de la Resolución 372 de 2009. Sanciones. En caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas en el presente acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad con lo consagrado en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya.

1. Los artículos 1º y 2º de la Resolución 361 de 3 de marzo de 2011, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial –por la que se modifica la Resolución 372 de 2009–, que transcribo a continuación:

ARTÍCULO 1o. El artículo 4o de la Resolución 372 de 2009, quedará así:

“Artículo 4o. De los distribuidores y comercializadores de baterías plomo ácido (incluye proveedores o expendedores ). Para efectos de los Planes de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, son obligaciones de los distribuidores y comercializadores, las siguientes:3

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a) Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos

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a) Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido que establezcan los fabricantes e importadores y participar en la implementación de dichos planes;

b) Informar a los usuarios y consumidores sobre los centros de acopio para la devolución de estos residuos;

c) Apoyar al fabricante e importador y/o a las autoridades en la realización y/o difusión de campañas de información pública sobre el mecanismo para la devolución de los residuos posconsumo de las baterías usadas, establecido por el fabricante o importador;

d) Aceptar la devolución de las Bater ías Usadas Plomo Ácido, sin costo alguno para el consumidor;

e) Entregar las baterías usadas plomo ácido al mecanismo de devolución establecido por el fabricante o importador de conformidad con el Plan de Gestión de Devolución Posconsumo.

PARÁGRAFO 1o. L a instalación y operación de centros de acopio de baterías usadas plomo ácido, podrá ser desarrollada únicamente en el marco de la implementación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de baterías usadas plomo ácido, en los términos que se señalan en el parágrafo 2o del artículo 6o y guardando las prohibiciones señaladas en el artículo 10 de la presente resolución”.

ARTÍCULO 2o. El parágrafo 1o y el literal a) y f) del parágrafo 2o del

prohibiciones señaladas en el artículo 10 de la presente resolución”.

ARTÍCULO 2o. El parágrafo 1o y el literal a) y f) del parágrafo 2o del artículo 6o de la Resolución 372 de 2009, quedarán así:

“Parágrafo 1o. Metas de recolección. Los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido deben asegur ar las metas mínimas de recolección presentadas en la Tabla 1.

Meta de recolección minima (%) Periodo de recolección (año fiscal) Año de presentación de informe de actualización y avances Periodo de ventas de baterías plomo ácido para base de calculo de la meta (años fiscales) Automotores Motocicletas 40 15 2010-2011 2012 2008 y 2009 50 20 2012 2013 2009 y 2010 60 25 2013 2014 2010 y 2011 70 30 2014 2015 2011 y 2012 80 35 2015 2016 2012 y 2013

90 40 2016 2017 2013 y 2014 90 45 2017 2018 2014 y 2015 90 50 2018 2019 2015 y 2016 90 55 2019 2020 2016 y 2017 90 60 2020 2021 2017 y 2018 90 60 2021 2022 2018 y 20194

Radicado: 11001 03 24 000 2017 00033 00

Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

90 60 2021 2022 2018 y 20194

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Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

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El porcentaje de la meta de recolección esperada para cada periodo de recolección se evaluará sobre la base del promedio anual de las unidades de baterías plomo ácido vendidas en el periodo especificado en la Tabla 1.

Para años posteriores a 2022 y para efectos de seleccionar el período de ventas correspondiente, para el cálculo de la meta de recolección, se deberá mantener la tendencia presentada en la Tabla 1”.

PARÁGRAFO 2o. De los centros de acopio. El literal a) quedará así:

a) “La capacidad del centro de acopio no deberá exceder de cuatro (4) toneladas de b aterías usadas plomo -ácido. Si se excede el límite establecido se entenderá que se trata de un almacenamiento y en consecuencia se le aplicarán las normas establecidas para este”. El literal f) quedará así:

f) “Los residuos deberán ser ubicados sobre esti bas, con no más de tres (3) tendidos de baterías y en pilas de máximo tres (3) estibas, o dentro de recipientes que eviten el derrame de los residuos.”1.

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

Señaló que existe una extralimitación de funciones por parte del Ministerio en la expedición de las Resoluciones 372 de 2009 y 361 de 2011, específicamente en

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

Señaló que existe una extralimitación de funciones por parte del Ministerio en la expedición de las Resoluciones 372 de 2009 y 361 de 2011, específicamente en los artículos impugnados , pues , aunque posee potestad normativa, ésta debe ajustarse a la Constitución, la Ley y los decretos presidenciales, siendo que en este caso el ministerio desconoció lo dispuesto en el Decreto 4741 de 2005, modificando sustancialmente el régimen de obligaciones , toda vez que, lo que inicialmente era una responsabilidad del consumidor (entregar las baterías usadas ), terminó trasladándose a fabricantes, importadores, comercializadores y distribuidores, quienes fueron obligados a cumplir metas de recolección y asumir mayores responsabilidades, agravando la situación con la creación de un régimen sancionatorio para conductas no previstas en la Ley ni en el decreto reglamentario, lo que vulnera el principio de legalidad.

1.2.1. Sostuvo que las disposiciones acusadas desconocieron los artículos 1º, 3º, 29, 113, 121 y 209 de la Constitución Política, el artículo 38 del Decreto Ley 2811 de 1974, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), y el Decreto 4741 de 2005, por cuanto fueron expedidas sin competencia y en forma irregular.

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 45 de Samai.5

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Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 45 de Samai.5

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Demandante: Bernardita Pérez Restrepo

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Explicó esa afirmación indicando que, antes de las resoluciones demandadas, ya existían deberes claros sobre gestión, seguridad y participación en planes de gestión de devolución, regulados por el Decreto 4741 de 2005, y que la Resolución No. 372 de 2009 reguló los elementos que debían inclui r los fabricantes e importadores de baterías plomo-ácido en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo, especificando requisitos como planificación, seguimiento y participación de actores. No obstante, señaló que, en su artículo 7º, establ eció metas mínimas de recolección obligatorias para estos actores, determinando que debían cumplirlas con base en los productos comercializados , y que e sta imposición configuró una extralimitación del Ministerio, pues creó una obligación no prevista en la ley ni en los decretos reglamentarios, modificando el régimen de obligaciones sin competencia para ello.

1.2.2. Adujo que la Resolución No. 361 de 2011 modificó la Resolución No. 372 de 2009, con el propósito de precisar las obligaciones de los distribuidores y comercializadores de baterías plomo -ácido dentro de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. Inicialmente, la Resolución 372 de 2009

2009, con el propósito de precisar las obligaciones de los distribuidores y comercializadores de baterías plomo -ácido dentro de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo. Inicialmente, la Resolución 372 de 2009 disponía que estos actores debían integrarse a los planes, partici par en su implementación e informar a los consumidores sobre los riesgos asociados a las baterías y los mecanismos de devolución. No obstante, la Resolución No. 361 de 2011 amplió sustancialmente sus responsabilidades, obligándolos a aceptar sin costo la devolución de baterías usadas y a garantizar su entrega al mecanismo de recolección definido por fabricantes o importadores. Sostuvo que e ste cambio implicó una alteración sustancial del régimen normativo previsto en el Decreto 4741 de 2005, que solo exigía la participación de distribuidores y comercializadores en los planes, sin convertirlos en los principales responsables de la recolección; y que, con esta modificación, el Ministerio transformó su rol en el eje central del sistema de gestión de devolución, asignándoles una carga que no estaba contemplada en la regulación original.

1.2.3. Adicionalmente, aludió a la Resolución No. 361 de 2011, que mantuvo y reforzó la disposición de que los sistemas de recolección debían alcanzar metas mínimas de recuperación de baterías usadas, u n requisito que ya había sido cuestionado en la Resolución No. 372 de 2009, por constituir una nueva obligación sin respaldo en la ley ni en los decretos reglamentarios, y reiteró que esta situación6

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sin respaldo en la ley ni en los decretos reglamentarios, y reiteró que esta situación6

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significó una extralimitación de la potestad normativa del Ministerio, al imponer obligaciones sin fundamento legal y afectar el régimen sancionatorio, además de trasladar responsabilidades a distribuidores y comercializadores que resultaban difíciles o incluso imposibles de cumplir.

1.2.4. Argumentó que los actos acusados introdujeron infracciones de carácter ambiental que no se ajustan a los requisitos constitucionales y legales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano , puesto que c arecen de fundamento normativo superior que las respalde, ya qu e no existe una disposición legal previa que establezca las conductas sancionables en este ámbito , siquiera de manera genérica.

Manifestó que l a vulneración del principio de legalidad en materia sancionatoria ambiental se evidencia en el artículo 12 de la Resolución No. 372 de 2009, el cual establece que cualquier violación a sus disposiciones ambientales será sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 83 a 85 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya. Sin embargo, esta remisi ón se agota dentro de la propia Resolución, sin una referencia clara a un marco normativo superior que delimite la configuración de las infracciones. En consecuencia, se vulnera el

que la modifique o sustituya. Sin embargo, esta remisi ón se agota dentro de la propia Resolución, sin una referencia clara a un marco normativo superior que delimite la configuración de las infracciones. En consecuencia, se vulnera el principio de reserva de ley o legalidad en sentido lato ( nulla poena, nullum crimen sine lege), pues es la Resolución misma la que define las conductas sancionables, a pesar de que las sanciones aplicables sí se encuentran en una norma con rango de ley.

Aseveró que, si bien el ordenamiento jurídico colombiano ha flexibilizado el principio de legalidad en el ámbito sancionatorio ambiental permitiendo descripciones amplias de las infracciones, como lo establece el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, ello no implica que el Ministerio de Ambiente tenga la facultad ilimitada de crear y definir infracciones sin una base legislativa previa que establezca el marco general de las conductas sancionables y sus respectivas sanciones. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de legalidad en sanciones administrativas exige que una norma con fuerza material de ley contemple una descripción genérica de las conductas sancionables, las clases de sanciones y sus cuantías, permitiendo únicamente que los actos administrativos detallen de manera7

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específica las conductas repr ochables, siempre dentro del marco normativo previsto en la ley.

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específica las conductas repr ochables, siempre dentro del marco normativo previsto en la ley.

Expuso que este principio se materializa a través de las garantías de reserva de ley y tipicidad. Si bien la tipicidad en el ámbito administrativo es más flexible que en el derecho penal, el Legislador sigue estando obligado a definir expresamente los elementos esenciales de la infracción, lo que implica: (i) describir la conducta sancionable, (ii) determinar la sanción en términos de su tipo, duración o cuantía, así como la autoridad competente para imponerla, y (iii) establecer el procedimiento aplicable para su imposición. Además, el derecho sancionatorio administrativo debe recurrir a mecanismos normativos claros, como prohibiciones, advertencias o deberes, para luego definir las respectivas sanciones.

1.2.5. Expresó que l a Resolución No. 372 de 2009 desconoce el principio de exigibilidad, que demanda que las normas sancionatorias regulen únicamente comportamientos que puedan ser cumplidos en condiciones reales y razonables . Sin embargo, para el caso en concreto de la recolección de baterías plomo -ácido posconsumo, la regulación impone responsabilidad administrativa a fabricantes, importadores y comercializadores por omisiones del consumidor final, sin que exista para este un mecanismo jurídico que lo obligue a devolver la batería usada.

Asimismo, indicó que los supuestos de hecho que configuran estas infracciones imponen obligaciones que exceden las capacidades y recursos de los sujetos obligados, haciendo que el cumplimiento de la norma sea prácticamente imposible.

Asimismo, indicó que los supuestos de hecho que configuran estas infracciones imponen obligaciones que exceden las capacidades y recursos de los sujetos obligados, haciendo que el cumplimiento de la norma sea prácticamente imposible.

Bajo ese mismo hilo sostuvo que e l anterior esquema vulnera el principio de culpabilidad y de legalidad en sentido estricto, al trasladar la responsabilidad de una acción ajena a los sujetos regulados , imponiendo metas de recolección desproporcionadas, pues no contempla la imposibilidad material de los obligados para controlar el comportamiento del usuario final. En consecuencia, la norma desconoce el juicio de culpabilidad, pues sanciona a agentes sin vinculación real con la omisión , lo que evidencia la falta de razonabilidad en la regulación y un exceso en la competencia del Ministerio de Ambiente.8

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2 (en adelante MADS) contestó la demanda y solicitó se nieguen las pretensiones, bajo los siguientes razonamientos:

Argumentó que lo señalado por la accionante parte de una interpretación errónea, puesto que el marco legal aplicable a los residuos peligrosos, incluido el Decreto 4741 de 2005 y la Ley 1252 de 2008 en sus artículos 8 y 9, establecen que los fabricantes e importadores son equiparados a los generadores de residuos,

4741 de 2005 y la Ley 1252 de 2008 en sus artículos 8 y 9, establecen que los fabricantes e importadores son equiparados a los generadores de residuos, asumiendo una responsabilidad absoluta hasta que se garantice que los respectivos residuos hayan sido debidamente aprov echados o dispuestos de manera adecuada y segura, recalcando que esta responsabilidad no está sujeta a condicionantes, y que las metas de recolección establecidas en las resoluciones atacadas no limitan esta obligación, sino que buscan garantizar su cumpli miento progresivo.

Mencionó que la demandante interpreta de forma incorrecta las normas que respaldan las disposiciones impugnadas, lo que la lleva a concluir, equivocadamente, que la obligación de ejecutar los planes de devolución posconsumo recae únicamente en el consumidor. Esto lo deduce del hecho de que dichas normas le asignan la responsabilidad de entregar los residuos peligrosos derivados del uso de ciertos productos. No obstante, esas mismas disposiciones , específicamente el literal b) del artículo 23 del Decreto 4741 de 2005, aclaran que dicha entrega debe efectuarse mediante el mecanismo de retorno o devolución previsto por el fabricante o importador. En consecuencia, no se han invertido ni alterado las responsabilidades asignadas a los distintos actores dentro de la cadena de manejo de los residuos, y las normas demandadas simplemente desarrollan lo que ya estaba previsto en el marco legal.

Explicó que la mención al régimen sancionatorio en las resoluciones demandadas no implica la creación de n uevas sanciones, sino que se enmarca en el orden jurídico vigente. En particular, señaló que las sanciones por el incumplimiento de

no implica la creación de n uevas sanciones, sino que se enmarca en el orden jurídico vigente. En particular, señaló que las sanciones por el incumplimiento de

2 Ibidem.9

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dichas normas se encuentran respaldadas por la Ley 1333 de 2009, la cual establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental.

Así, si las resoluciones se ajustan a la ley, su inobservancia puede dar lugar a sanciones, incluso si éstas no se mencionan de manera expresa en el texto de las resoluciones. Además, aclaró que, aun si las resoluciones llegaran a ser consideradas inválidas, ello no afectaría la aplicación del régimen sancionatorio legal, pues este opera de manera autónoma y está previsto en una norma con fuerza de ley.

Rechazó las acusaciones de la demandante señalando que las normas se elaboraron siguiendo u n proceso participativo y transparente y que los proyectos de resolución fueron socializados con los sectores involucrados, como los gremios de fabricantes e importadores de baterías plomo-ácido y la industria automotriz, que presentaron observaciones y propuestas durante los periodos de consulta pública en los años 2007, 2008 y 2010.

Sostuvo que el Ministerio no excedió su competencia, ya que las resoluciones se limitaron a desarrollar y reglamentar lo establecido en el Decreto 4741 de 2005,

en los años 2007, 2008 y 2010.

Sostuvo que el Ministerio no excedió su competencia, ya que las resoluciones se limitaron a desarrollar y reglamentar lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, específicamente en su capítulo IV, para dar operatividad a la norma, e indicó que las metas de recolección son un elemento central de los planes de devolución posconsumo, ya que permiten medir el impacto y la efectividad de la normativa, toda vez que forman parte del n umeral 5 del artículo 6 de la Resolución 372 de 2009, que busca realizar un control y seguimiento del desempeño ambiental de los planes.

Aclaró que la Resolución 361 de 2011 simplemente desarrolló las obligaciones generales establecidas en el Decreto 4741 de 2005, precisando el papel de los distribuidores y comercializadores en la implementación de los planes. Además, negó que se haya trasladado la responsabilidad de cumplir las metas a los comercializadores, ya que ésta recae exclusivamente en los fabrica ntes e importadores, quienes son los sujetos de control y seguimiento.

Refutó los argumentos de la demandante cuando afirma que hay vulneración de los principios de legalidad y culpabilidad, señalando que el Decreto 4741 de 2005 y las10

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resoluciones establecen claramente las obligaciones del consumidor o usuario final.

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resoluciones establecen claramente las obligaciones del consumidor o usuario final. En particular, el artículo 23 del Decreto y el artículo 5 de la Resolución 372 de 2009, que indican que el consumidor debe entregar las baterías usadas al mecanismo de devolución establecido p or el fabricante o importador , y que prohibió a los consumidores entregar las baterías a personas no autorizadas, lo que refuerza su responsabilidad en la cadena de gestión de residuos.

Destacó que los planes de devolución incluyen estrategias y mecanismos para facilitar la devolución de las baterías por parte de los consumidores, como campañas de información y sensibilización. Estas estrategias son desarrolladas por los fabricantes e importadores en colaboración con los comercializadores, qu e tienen un contacto directo con los usuarios finales. Puso como ejemplo que los comercializadores deben apoyar en la difusión de información sobre los mecanismos de devolución y aceptar las baterías usadas sin costo para el consumidor.

Finalmente, indicó que la normativa vigente no vulnera el principio de legalidad ni el de culpabilidad, ya que las obligaciones de cada actor están claramente definidas en el Decreto 4741 de 2005 y sus resoluciones reglamentarias, en línea con las prácticas internacionales , que también exigen metas de recolección y la participación de toda la cadena de comercialización.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. La parte actora alegó de conclusión 3 que las normas posconsumo que

participación de toda la cadena de comercialización.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

3.1. La parte actora alegó de conclusión 3 que las normas posconsumo que regulan la recolección de residuos peligrosos, como baterías plo mo ácido, buscan proteger el medio ambiente , y se justifican plenamente dentro del marco de una constitución ecológica , y p ara su efectividad es esencial que fabricantes, importadores, comercializadores y consumidores asuman responsabilidades en el proceso de recolección y disposición final.

Adujo que, contrario a lo señalado por la entidad demandada, el objetivo del medio de control de nulidad no es excluir a los fabricantes, importadores y

3 Ibidem.11

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comercializadores de sus deberes, sino cuestionar la imposición exclusiva de la meta de recolección al generador del residuo. Lo anterior, por cuanto esta medida resulta desproporcionada e irrazonable, pues transfiere integralmente la responsabilidad del consumidor sin dotar al generador de herramientas para exigir la devolución de las baterías; cuestión que admite el Ministerio al reconocer que las obligaciones impuestas a fabricantes, importadores y comercializadores eran absolutas, sin condiciones ni límites, lo que vulnera los principio s de razonabilidad y proporcionalidad.

Estimó que el fundamento normativo de las resoluciones demandadas se basa en

obligaciones impuestas a fabricantes, importadores y comercializadores eran absolutas, sin condiciones ni límites, lo que vulnera los principio s de razonabilidad y proporcionalidad.

Estimó que el fundamento normativo de las resoluciones demandadas se basa en el Decreto 4741 de 2005, reglamentario de varias leyes ambientales, entre ellas la Ley 1252 de 2008 ; sin embargo, esta última no establece un régimen de responsabilidades diferente al de normas anteriores, sino que confirma que la responsabilidad de todos los agentes persiste hasta la disposición final del residuo, y que ninguna de estas normas previó una responsabilidad absoluta, por lo que las resoluciones demandadas excedieron la potestad reguladora al imponer obligaciones sin respaldo legal.

Adujo que l a Resolución 372 de 2009 fijó metas mínimas de recolección exclusivamente para fabricantes e importadores, lo que constituyó una nueva obligación no establecida en la ley ni en decretos reglamentarios , toda vez que amplió aún más las responsabilidades de distribuidores y comercializadores, obligándolos a recibir y entregar las baterías plomo ácido, modificando lo dispuesto en la Resolución 372 de 2009 y el Decreto 4741 de 2005; por lo que concluyó que estas modificaciones desbordaron las competencias del Ministerio, ya que , según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los ministerios solo pueden regular en el marco de la potestad reglamentaria del presidente y no imponer requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución y la ley.

Por último, indicó que la demanda plantea un cargo autónomo por la vulneración

solo pueden regular en el marco de la potestad reglamentaria del presidente y no imponer requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución y la ley.

Por último, indicó que la demanda plantea un cargo autónomo por la vulneración del régimen sancionator io ambiental, que el Ministerio no refutó de manera adecuada. También cuestionó la falta de entrega de los antecedentes administr