CE - Sentencia 11001032400020170009200 de 2025

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Radicado: 11001 03 24 000 2017 00092 00

Demandante: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2017 00092 00

Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer Demandado: Ministerio de Transporte Tesis: La palabra “podrá” contenida una de las disposiciones del acto a través del cual el Ministerio de Transporte otorgó facultades a las autoridades de tránsito para inmovilizar un vehículo y llevarlo a patios en todos los casos en los que haya incurrido en infracción q ue le impida transitar, incluso si esta es subsanable en el sitio en que se detectó la misma, infringe el marco de competencia reconocido de la anotada cartera.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad promovido por el señor Melkis Kammerer Kammerer en contra de la expresión “podrá” contenida en el artículo 3° de la Resolución No. 003027 del 26 de julio de 2010, “Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de

expresión “podrá” contenida en el artículo 3° de la Resolución No. 003027 del 26 de julio de 2010, “Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1323 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte.

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensión

Figura como pretensiones las siguientes:

“PRIMERO la pretensión única que le solicito al consejo de estado anule la frases podrá, contenida en el artículo 3 de la resolución NÚMERO 003027 DE 2010(Julio 26),Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta2

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el Manual de Infracciones y se dictan otras disposiciones, expedida por el ministerio de transporte por violar el artículo 24 de la constitución y el inciso primero del artículo 125 del código nacional de tránsito, con fundamento con los

artículos1,2,3,4,56,13,20,23,24,25,26,29,53,57,83,84,85,93,94,95,103,150,189 2108,209,228,229,230 de la constitución ley 769 del 2002 del código nacional de tránsito y demás norma complementaria ley 1383 del 2010 sentencia de la corte constitucional ley 1347 del 2011 y al bl oque de constitucionalidad DANDOLE APLICALIDAD AL ARTICULO 125 DE LA LEY 769 DEL 2002

CODIGO NACIONAL DE TRANSITO.

Segundo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 166 de la ley 1437 del 2011 y el artículo 229 de la constitución le solicito que el consejo de estado que le solicite copia autentica del acto y su publicación al ministerio de transporte o en su defecto buscarla en la página web del ministerio de transporte o en el interne (Sic), o se inaplique dicho artículo de conformidad con el artículo 4 de la constitución aplicando el artículo 229 de la constitución y me permita acceder a la administración de ju sticia, debido que a pena (Sic) le solicite al ministerio de transporte dicha publicación, dándole prioridad a lo sustancial que lo formal además en el interne aparece Publicada en el Diario Oficial 47784 de julio 28 de 2010.

Tercero pretendo además que de conformidad con el artículo 4 de la constitución se inaplique la frase podrá, contenida en el artículo 3 de la resolución NÚMERO 003027 DE 2010(Julio 26 ), Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido

constitución se inaplique la frase podrá, contenida en el artículo 3 de la resolución NÚMERO 003027 DE 2010(Julio 26 ), Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan otras disposiciones, expedida por el ministerio de transporte por violar el art ículo 24 de la constitución.

Lo que pretendo demandar es la frase podrá establecida en el artículo 3°. Retención preventiva del vehículo. La autoridad de tránsito podrá en forma preventiva inmovilizar un vehículo sin llevarlo a patios oficiales cuando se presente la comisión de una infracción que de acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Tránsito el vehículo no pueda transitar, hasta tanto se subsane la causa que dio origen a la inmovilización y por un término máximo de 60 minutos. En su defecto será trasladado a los patios o parqueaderos autorizados.”1.

1.2. La disposición cuestionada

A continuación, se transcribirá artículo 3° de la Resolución No. 003027 del 26 de julio de 2010:

“Artículo 3°. Retención preventiva del vehículo. La autoridad de tránsito podrá en forma preventiva inmovilizar un vehículo sin llevarlo a patios oficiales cuando se presente la comisión de una infracción que de acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Tránsito el vehículo no pueda transitar, hasta tanto se subsane la causa que dio origen a la inmovilización y por un término máximo de 60 minutos. En su defecto será trasladado a los patios o parqueaderos autorizados.

se subsane la causa que dio origen a la inmovilización y por un término máximo de 60 minutos. En su defecto será trasladado a los patios o parqueaderos autorizados.

1 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 73 de Samai.3

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En aquellos casos en que el Código Nacional de Tránsito determinó en forma expresa la inmovilización del vehículo, esta deberá realizarse con el traslado del vehículo a patios oficiales.”2 (Subrayas de la Sala)

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

1.3.1. El demandante sostuvo que la disposición acusada desconoció el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 53, 57, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 103, 150, 189, 208, 209, 228, 229 y 230 de la Constitución Política, 125 de la Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito, y las Leyes 1383 de 2010 y 1347 de 2011, (en adelante CPACA). Transcribió algunas de las normas que consideró violadas.

En el acápite denominado “HECHOS” afirmó que la expresión “podrá” que se

2010 y 1347 de 2011, (en adelante CPACA). Transcribió algunas de las normas que consideró violadas.

En el acápite denominado “HECHOS” afirmó que la expresión “podrá” que se encuentra en el artículo 3° de la Resolución 003027 de 2010, permite interpretaciones abusivas por parte de las autoridades de tránsito . Alegó que esta disposición vulnera el derecho a la libre circulación de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política y el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito, lo que ha llevado a la inmovilización indebida de más de un millón de vehículos en el país.

Afirmó que, muchas de estas infracciones pudieron haberse corregido en el lugar de los hechos, pero se prioriza la inmovilización porque genera ingresos a municipios, parqueaderos y empresas de grúas. Además, denunció que estas prácticas han fomentado corr upción en las autoridades de tránsito, quienes presuntamente reciben beneficios económicos por cada vehículo retenido y criticó que la aplicación de esta norma ha convertido la inmovilización en un negocio lucrativo, afectando derechos como la propiedad, i gualdad, presunción de inocencia y el trabajo. También señaló que, en ciudades como Valledupar, estas medidas se aplican sin pruebas ni señalización adecuada y que quienes se oponen son sometidos a uso excesivo de la fuerza.

Mencionó que el Ministerio de Transporte es una entidad administrativa encargada de regular la infraestructura y los sistemas de transporte en el país, abarcando modalidades terrestres, fluviales, marítimas, aéreas y férreas. Agregó que la cartera

2 Ibidem.4

de regular la infraestructura y los sistemas de transporte en el país, abarcando modalidades terrestres, fluviales, marítimas, aéreas y férreas. Agregó que la cartera

2 Ibidem.4

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ministerial en cita, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 769 de 2002, es una autoridad de tránsito, pero carece de facultades constitucionales y legales para modificar, interpretar o completar lo que no ha dispuesto el legislador, dado que su competencia es de naturaleza técnica y procedimental, no reglamentaria.

Destacó que la potestad de regulación en materia de transporte corresponde al Congreso de la República, conforme al artículo 150, numeral 7° de la Constitución Política, que le otorga la facultad de definir la estructura y funciones de la administración nacional. De este modo, cualq uier reglamentación en este ámbito debe respetar los límites impuestos por la Constitución Política, la ley y los decretos reglamentarios.

Declaró que la Corte Constitucional ha señalado que el Ministerio de Transporte no puede asumir funciones legislativas ni reglamentar disposiciones constitucionales directamente, pues sus actos administrativos deben ajustarse a la normatividad vigente y no pueden llenar vacíos legales ni sustituir la función del legislador. Refirió la Sentencia C -066 de 1999, que establece que el poder reglamentario debe

directamente, pues sus actos administrativos deben ajustarse a la normatividad vigente y no pueden llenar vacíos legales ni sustituir la función del legislador. Refirió la Sentencia C -066 de 1999, que establece que el poder reglamentario debe ejercerse “con sujeción a la ley” y no para completarla, lo que impide que entidades administrativas asuman facultades legislativas.

También manifestó que el servicio público de transporte, dada su importancia económica y social, debe prestarse de forma continua y regulada y de acuerdo con el artículo 150, numeral 23 de la Constitución Política, es el Congreso quien debe expedir la legi slación correspondiente, incluyendo normas sobre rutas, horarios, seguridad y coordinación entre autoridades nacionales y locales. No obstante, el Gobierno Nacional puede reglamentar estos aspectos en el marco del artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, sin delegar dicha potestad a los ministerios o sus organismos adscritos.

Señaló que el Ministerio de Transporte solo puede emitir regulaciones técnicas y operativas a través de actos administrativos, siempre que se basen en estudios y respeten los límites legales establecidos, sin asumir competencias que corresponden exclusivamente al legislador.5

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Sostuvo que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3027 de 2010, mediante la cual actualizó la codificación de infracciones de tránsito conforme a la

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Sostuvo que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 3027 de 2010, mediante la cual actualizó la codificación de infracciones de tránsito conforme a la Ley 1383 de 2010, adoptó el Manual de Infracciones y estableció nuevas disposiciones. En virtud de las facultades otorgadas por las Leyes 769 de 2002, 1259 de 2008 y 1383 de 2010, así como por el Decreto 2053 de 2003, el artículo 3° de la resolución reguló la retención preventiva de vehículos, estableciendo que la autoridad de tránsito podrá inmovilizar un vehículo sin trasladarlo a un patio oficial cuando, por la infracción cometida, no pueda continuar circulando. En este caso, el conductor dispone de sesenta ( 60) minutos para corregir la causa de la inmovilización; de lo contrario, el vehículo será llevado a un parqueadero autorizado. Asimismo, en aquellas infracciones en las que el Código Nacional de Tránsito ordena expresamente la inmovilización, esta debe reali zarse con el traslado obligatorio del vehículo a patios oficiales.

Argumentó que la expresión "podrá" contenida en el artículo 3° de la Resolución 3027 de 2010, vulnera lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 125 de la Ley 769 de 2002, que regula la inmovilización de vehículos, por cuanto dicha norma determina que, cuando una infracción requiera inmovilización, el vehículo debe ser trasladado a un parqueadero autorizado, excepto cuando la causa de la infracción pueda corregirse en el lugar de los hechos. En contraste, la resolución impugnada

determina que, cuando una infracción requiera inmovilización, el vehículo debe ser trasladado a un parqueadero autorizado, excepto cuando la causa de la infracción pueda corregirse en el lugar de los hechos. En contraste, la resolución impugnada otorga discrecionalidad a la autoridad de tránsito al permitir que la inmovilización no implique necesariamente el traslado del vehículo a un patio oficial, lo que contradice el mandato legal y genera un margen de interpretación que podría dar lugar a aplicaciones arbitrarias de la norma.

Señaló que el artículo 3° de la Resolución 3027 de 2010, reemplazó la expresión “a menos” por “podrá”, otorgando a los agentes de tránsito la facultad discrecional de decidir si conceden o no los sesenta (60) minutos para que el infractor subsane la falta en el lugar de los hechos, lo que genera una interpretación subjetiva de la norma, permitiendo que la aplicación de la inmovilización dependa del criterio individual del policía de tránsito, sin una regulación clara que garantice uniformidad en su aplicación.

También denunció irregularidades en los procesos, como demoras excesivas en las audiencias, la venta de turnos para obtener citas más rápidas y la presunta6

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existencia de acuerdos entre autoridades de tránsito y empresas privadas para lucrarse con las sanciones.

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existencia de acuerdos entre autoridades de tránsito y empresas privadas para lucrarse con las sanciones.

Enfatizó en que el artículo 3° de la Resolución 1037 de 2010, vulnera el artículo 125 de la Ley 769 de 2002, dado que el legislador no facultó ni al Presidente ni al Ministerio de Transporte para establecer un tiempo específico para subsanar una infracción, toda vez que la ley dispone que la inmovilización se podrá evitar si la falta es corregida en el lugar de los hechos, la resolución introduce un plazo de 60 minutos, lo cual constituye una modificación no autorizada por la norma legal.

Arguyó que la potestad reglamentaria de las autoridades administrativas no puede exceder la ley, lo que significa que no pueden crear procedimientos ni sanciones distintas a las establecidas en el marco legal, como lo ha señalado el Consejo de Estado, si u na norma reglamentaria va más allá de lo dispuesto por la ley, se considera que invade la competencia del Congreso, único órgano facultado para legislar sobre el tránsito y transporte.

Manifestó que hay casos en los que policías que no pertenecen al cuerpo de tránsito han ordenado retenciones vehiculares, pese a no estar facultados para ello, lo que contraviene el principio de flagrancia establecido en la legislación de tránsito. Además, mencionó que muchas infracciones no se han cometido con el vehículo en movimiento, lo que genera sanciones arbitrarias y sin fundamento.

Sostuvo que otro aspecto crítico es el uso indebido de grúas, ya que en muchas ciudades se transportan hasta catorce ( 14) motos en una sola unidad, lo que

en movimiento, lo que genera sanciones arbitrarias y sin fundamento.

Sostuvo que otro aspecto crítico es el uso indebido de grúas, ya que en muchas ciudades se transportan hasta catorce ( 14) motos en una sola unidad, lo que contradice lo dispuesto en los artículos 2 y 72 de la Ley 769 de 2002, que prevén que las grúas deben contar con un sistema de enganche adecuado y no pueden remolcar más de un vehículo a la vez y alegó que esta práctica ha generado ingresos exorbitantes a las empresas de grúas y parqueaderos, con cobros que superan los setecientos mil pesos ($700.000) por viaje en Valledupar.

Asimismo, denunció que miles de vehículos permanecen abandonados y deteriorándose en los parqueaderos municipales, los cuales se han convertido en cementerios de automotores y están siendo utilizados para la chatarrización y subasta masiva de vehículos, lo que vulnera los derechos de los propietarios.7

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II. TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR

En el escrito de la demanda la parte actora solicitó la suspensión provisional de la expresión “podrá” contenida en el artículo 3° de la Resolución No. 003027 del 26 de julio de 2010, expedido por el Ministerio de Transporte, cuyo traslado se efectuó mediante auto del 8 de noviembre de 2017, siendo contestada por el apoderado de

de julio de 2010, expedido por el Ministerio de Transporte, cuyo traslado se efectuó mediante auto del 8 de noviembre de 2017, siendo contestada por el apoderado de dicho ente en escrito visible a folio 39 del cuaderno de medidas cautelares.

En proveído del 2 de octubre de 201 8, el Despacho Sustanciador decretó la suspensión provisional del acto acusado 3, la que fue confirmada por la Sala de la Sección Primera en auto del 18 de octubre de 20194.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Ministerio de Transporte 5 manifestó que cuenta con la facultad de formular políticas y regulaciones técnicas en materia de tránsito y transporte, conforme al Decreto 087 de 2011 y el artículo 208 de la Constitución Política. Sin embargo, su competencia en regulación es residual y subordinada a la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Adujo que la Resolución 3027 de 2010, actualizó la codificación de infracciones de tránsito y adoptó el Manual de Infracciones, en ejercicio de las facultades otorgadas por las Leyes 769 de 2002, 1259 de 2008 y 1383 de 2010, así como por el Decreto 2053 de 2003. Asimismo, expresó que el artículo 3° de la Resolución 3027 de 2010, permite a la autoridad de tránsito inmovilizar preventivamente un vehículo por un máximo de sesenta (60) minutos, sin trasladarlo a un patio oficial, si la infracción impide su circulación.

Argumentó que la expresión "podrá" en esta norma no vulnera el artículo 125 de la

máximo de sesenta (60) minutos, sin trasladarlo a un patio oficial, si la infracción impide su circulación.

Argumentó que la expresión "podrá" en esta norma no vulnera el artículo 125 de la Ley 769 de 2002, ya que esta misma ley prevé la inmovilización como sanción y permite la subsanación inmediata en el lugar de la infracción ; en consecuencia, el

3 Folios 51 a 60 el Cuaderno de medidas cautelares. 4 Folios 75 a 84 ibídem. 5 Ibidem.8

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artículo 3° de la resolución demandada desarrolla lo ya dispuesto en el Código Nacional de Tránsito, sin modificarlo ni exceder su alcance. También sostuvo que antes de la expedición de la resolución, el artículo 125 de la Ley 769 de 2002 , ya contemplaba la posibilidad de subsanar infracciones sin necesidad de trasladar el vehículo a un parqueadero autorizado, por lo que la norma demandada no introduce una modificación ilegal.

Enfatizó que el Ministerio de Transporte no ha impuesto una sanción distinta a las establecidas en la ley, sino que reguló un tiempo límite para la subsanación de la infracción, evitando que la autoridad de tránsito deba permanecer indefinidamente en el lugar del hecho. Además, señaló que el artículo 128 del Código Nacional de

establecidas en la ley, sino que reguló un tiempo límite para la subsanación de la infracción, evitando que la autoridad de tránsito deba permanecer indefinidamente en el lugar del hecho. Además, señaló que el artículo 128 del Código Nacional de Tránsito, modificado por la Ley 1730 de 2014, regula el procedimiento para la entrega de vehículos inmovilizados tras la cancelación de los costos de parqueadero y grúa.

Planteó la excepción de inepta demanda argumentando que el actor no precis ó claramente el acto administrativo demandado, generando confusión al referirse en distintos apartados tanto a la Resolución 3027 de 2010, como a la Resolución 1037 de 2010. También indicó que el demandante no explic ó el concepto de violación, limitándose a citar normas sin justificar en qué forma fueron vulneradas, lo que afecta el derecho de defensa de la entidad6.

Se opuso a las pretensiones de la demanda afirmando que la resolución impugnada es legal y no presenta causales de nulidad, según el artículo 137 del CPACA. Alegó que no excedió su potestad reglamentaria al expedir el artículo 3° de la Resolución 3027 de 2010, ya que esta norma no contradice el artículo 125 de la Ley 769 de 2002, sino que lo desarrolla coherentemente.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1. El Ministerio de Transporte7 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y agregó que el uso de la palabra "podrá" de la Resolución 3027 de 2010,

6 Las señaladas excepciones fueron resueltas descartando su prosperidad mediante auto emitido en

demanda y agregó que el uso de la palabra "podrá" de la Resolución 3027 de 2010,

6 Las señaladas excepciones fueron resueltas descartando su prosperidad mediante auto emitido en la audiencia inicial llevada a cabo el 20 de septiembre de 2019 (folios 114 a 120 del Cuaderno Principal) 7 Ibidem.9

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en su artículo 3° no introduce discrecionalidad indebida, sino que resalta las dos opciones que tiene la autoridad de tránsito según la ley: (i) inmovilización preventiva sin traslado a patios si la infracción es subsanable en sesenta (60) minutos o (ii) inmovilización con traslado a patios oficiales si la infracción no puede corregirse en el sitio.

4.2. La parte actora8, reiteró los argumentos ya sustentados en la demanda y agregó que se requiere que el Ministerio de Transporte expida una resolución o un decreto que permita la devolución de los vehículos inmovilizados ilegalmente, o en su defecto, que la Nación asuma la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. Además, planteó la solicitud para que el fallo tenga efectos retroactivos con el fin de corregir las afectaciones derivadas de la aplicación de esta norma.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto9

retroactivos con el fin de corregir las afectaciones derivadas de la aplicación de esta norma.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto9 sosteniendo que la expresión "podrá" del artículo 3° de la Resolución 3027 de 2010, otorga a las autoridades de tránsito una facultad discrecional que no está prevista en la ley, lo que vulnera los principios de legalidad y reserva de ley.

Indicó que e l Código Nacional de Tránsito define la inmovilización como la suspensión temporal de la circulación de un vehículo debido a una infracción y la Corte Constitucional ha señalado que esta sanción es razonable para garantizar la seguridad vial y la movilidad. Sin embargo, cualquier limitación a la libertad de circulación debe estar claramente definida en la ley, sin margen para interpretaciones discrecionales.

Argumentó que el Ministerio de Transporte, al incluir el verbo "podrá", excedió su facultad reglamentaria al modificar el contenido de la ley, permitiendo que el traslado del vehículo dependa del criterio del agente de tránsito y no de una norma objetiva contrariando el alcance de la potestad reglamentaria del Ejecutivo que debe subordinarse al marco legal sin introducir cambios que alteren su contenido.

8 Ibidem. 9 Ibidem.10

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Declaró que el Consejo de Estado ha establecido que los actos reglamentarios no pueden modificar ni ampliar el sentido de la ley y en este caso, el término "podrá" cambia el alcance del artículo 125 del Código Nacional de Tránsito al conceder una discrecionalidad no prevista por el legislador.

En consonancia con lo dicho, solicitó la nulidad de la palabra "podrá" contenida en el artículo 3° de la Resolución 3027 de 2010, ya que su eliminación no afecta la coherencia del texto y restablece el mandato legal de que la inmovilización solo debe implicar traslado cuando la infracción no sea subsanable en el sitio.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corpo ración, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

6.2. Cuestión previa

Para el pronunciamiento sobre la petición de nulidad de la palabra “podrá” contenida en el artículo 3 del acto acusado, la Sala observa primeramente que en los alegatos de conclusión el accionante hizo referencia a tres nuevas pretensiones no

Para el pronunciamiento sobre la petición de nulidad de la palabra “podrá” contenida en el artículo 3 del acto acusado, la Sala observa primeramente que en los alegatos de conclusión el accionante hizo referencia a tres nuevas pretensiones no esgrimidas en la demanda, estas son: (i) que el Ministerio de Transporte expida una resolución o un decreto que permita la devolución de los vehículos inmovilizados ilegalmente, (ii) que en su defecto, la Nación asuma la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados y (iii) que el fallo tenga efectos re troactivos con el fin de corregir las afectaciones derivadas de la aplicación de la expresión censurada.

Al respecto, es necesario precisar que, d e conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del CPACA., la oportunidad que tiene el demandante para exponer las11

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pretensiones que considera pertinentes para lograr su prosperidad es en la demanda o en su reforma. El siguiente es el sentido de la mencionada disposición:

Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”. (Subrayas de la Sala).

Artículo 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los

demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas.

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.

La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un soto documento con la demanda inicial.” (Subra