CE - Sentencia 11001032400020170013600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00

Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia Demandada: Ministerio de Transporte Tema: Reglamentación de los rangos de evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción - capacidad auditiva.

Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por la Federación Nacional de Sordos de Colombia en contra de l numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 31 de enero de 2014 1, expedida por la ministra de Transporte.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda2

1. La Federación Nacional de Sordos de Colombia (en adelante FENASCOL), actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 3, acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para formular las siguientes

pretensiones:

“[…] III. PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los apartes subrayados del Numeral 2° del Anexo I de la Resolución 217 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte, por medio del

pretensiones:

“[…] III. PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los apartes subrayados del Numeral 2° del Anexo I de la Resolución 217 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte, por medio del cual se reglamentan “los rangos de evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción”, por ser contrarias a varias disposiciones de rango legal y constitucional, aquí enunciadas. […]” (negrilla del texto).

2. La demandante delimitó la norma acusada, en la siguiente forma:

“[…] I. NORMA ACUSADA

1 “[…] Por la cual se reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones […]”. 2 Cfr. Fol. 246-259, cuaderno principal núm. 2. 3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]” .2

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Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Corresponde a los apartes normativos resaltados del numeral 2° del Anexo I de la Resolución 217 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte:

“Por la cual reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones.

(…)

2. Capacidad Auditiva.

Cuando para alcanzar la agudeza auditiva mínima requerida que se indica en el

coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan otras disposiciones.

(…)

2. Capacidad Auditiva.

Cuando para alcanzar la agudeza auditiva mínima requerida que se indica en el apartado 2.1. sea necesario la utilización de un audífono, deberá expresarse la obligación de su uso durante la conducción:

(…)

2.1. Agudeza Auditiva:

(…)

No se admiten:

25-40dB Hipoacusia leve, acpto (sic) con restricción. 45-60dB Hipoacusia moderada (requiere ayuda auditiva). 35-80dB Hipoacusia severa (requiere ayuda auditiva y adaptaciones)”.

Se resaltan los apartes acusados. […]” (negrilla y subrayado del texto).

I.1.1. Los hechos

3. Afirmó que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución núm. 217 de 2014, la cual derogó la Resolución núm. 12336 de 28 de diciembre de 20124, con excepción del anexo I que continuó vigente.

4. Indicó que la Resolución núm. 217 de 2014 estableció, en el numeral 2. del anexo I, los rangos de evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar o refrendar la licencia de conducción.

5. Aseveró que los rangos establecidos en el anexo I:

“[…] determinan que las personas con hipoacusia severa solamente podrán obtener o refrendar su licencia de conducción si cuentan con “ayuda auditiva y adaptaciones”, escenario que no contempla aquellos casos en los cuales las ayudas auditivas no

“[…] determinan que las personas con hipoacusia severa solamente podrán obtener o refrendar su licencia de conducción si cuentan con “ayuda auditiva y adaptaciones”, escenario que no contempla aquellos casos en los cuales las ayudas auditivas no resultan ser útiles para recuperar la audición y, no regula lo relacionado con las personas diagnosticadas con hipoacusia profunda, generando como resultado que dichas personas no pueden ser titulares de una licencia de conducción. […]” (negrilla y subrayado del texto).

4 “[…] Por la cual se unifica la normatividad, se establecen las condiciones de habilitación y funcionamiento de los Centros de Reconocimiento de Conductores y se dictan otras disposiciones. […]” .3

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Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

6. Destacó que la hipoacusia era:

“[…] la disminución de la sensibilidad auditiva. El grado de hipoacusia que tiene una persona se clasifica en leve, moderada, severa o profunda5:

 Audición normal: Puede oír sonidos suaves por encima de 20 dBHL.  Hipoacusia leve: Hipoacusia en su mejor oído entre 25 y 39 dBHL. Le cuesta entender el habla en entornos ruidosos.  Hipoacusia moderada: Hipoacusia en su mejor oído entre 40 y 69 dBHL. Le cuesta entender el habla sin una prótesis auditiva.  Hipoacusia severa: Hipoacusia en su mejor oído entre 70 y 89 dBHL. Necesita prótesis auditivas potentes o un implante.

Le cuesta entender el habla sin una prótesis auditiva.  Hipoacusia severa: Hipoacusia en su mejor oído entre 70 y 89 dBHL. Necesita prótesis auditivas potentes o un implante.  Hipoacusia profunda: Hipoacusia en su mejor oído de más de 90 dBHL. Tiene que recurrir básicamente a la lectura de los labios y/o lenguaje de señas, o a un implante. […]”

7. Aseveró que FENASCOL ha bía solicitado al Ministerio de Transporte la modificación del numeral 2. del Anexo I de la Resolución 217 de 2014, para permitir que las personas con sordera profunda, es decir , aquellas que no pueden ser tratadas con dispositivos auditivos, puedan acceder a una licencia de conducción, siempre que cumplan con unos requisitos específicos en procura de su seguridad.

8. Destacó que FENASCOL “[…] desde el año 2008 […] ha remitido varias peticiones en físico y por correo electrónico al Ministerio de Transporte con el propósito de solicitar la modificación de la Resolución 217 de 2014 (antes Resolución 1233 6 de 2012) […]” , siendo contestadas por esa entidad en el sentido de indicar que evaluarían la posibilidad de modificar la regulación relativa a la capacidad auditiva mínima para obtener o refrendar una licencia de conducción.

9. Puso de presente una reunión con el viceministro de transporte realizada el 23 de enero de 2013 y el envío , el 24 de enero de 2013, de un correo electrónico a una funcionaria de ese ministerio para efectos de que se iniciaran mesas de trabajo, el cual fue reiterado el 6 de febrero de 2013.

enero de 2013 y el envío , el 24 de enero de 2013, de un correo electrónico a una funcionaria de ese ministerio para efectos de que se iniciaran mesas de trabajo, el cual fue reiterado el 6 de febrero de 2013.

10. Dio cuenta de la comunicación que remitió, el 30 de julio de 2013, para efectos de que se establecieran mesas conjuntas entre el gobierno y la sociedad civil, con el fin de ajustar la regulación a la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, “[…] según lo establece la ley 1346 de 2009” […]”.

11. Subrayó que el 1 .º de octubre de 2014 remitió al Ministerio de Transporte, proyecto de resolución con las modificaciones al anexo I de la Resolución núm. 217

de 2014:

5 http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/es/home/understand/hearing -and-hl/what-is-hearing-loss-/degrees-of-hl4

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“[…] necesarias para que las personas con sordera profunda pudiesen obtener o refrendar una licencia de conducción. Sin embargo, la última comunicación enviada por la Dirección de Transporte fue del 23 de septiembre de 2014 por medio de la cual le informó a FENASCOL que el Ministerio de Transporte había adelantado un proyecto para modificar el Anexo I de la Resolución 217 de 2014. No obstante, dicho proyecto nunca fue adoptado. […]”.

12. Aludió a la respuesta del Ministerio de Transpo rte, de 3 de marzo de 2016, a la

proyecto para modificar el Anexo I de la Resolución 217 de 2014. No obstante, dicho proyecto nunca fue adoptado. […]”.

12. Aludió a la respuesta del Ministerio de Transpo rte, de 3 de marzo de 2016, a la

comunicación que remitió, en la cual:

“[…] “(…) Vale la pena recordarle que efectivamente la discusión sobre la posibilidad de incluir la posibilidad (sic) de que las personas sordas puedan tramitar o renovar la licencia fue muy grande y varios de los funcionarios del Ministerio que tenían que aportar en la toma de la decisión se negaron a aceptar dicha posibilidad haciendo el análisis de los riesgos en materia de accidentalidad o seguridad vial que ello significa”. FENASCOL no ha tenido conocimiento de los análisis y estudios que llevó a cabo el Ministerio de Transporte en materia de riesgos de accidentalidad y seguridad vial y, por esta razón la decisión del Ministerio de Transporte sería infundada a priori. […]”.

13. Anotó q ue fue presentada una acción de tutela en contra del Ministerio de Transporte, en la cual participó como coadyuvante y se profirió, por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de 8 de julio de 2016 en la que se indicó que no exist ió vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, libertad de locomoción y trabajo, teniendo en cuenta que el accionante contaba con otros mecanismos judiciales para controvertir la constitucionalidad de la Resolución núm. 217 de 2014 y que “[…] el Ministerio de Transporte se encontraba estudiando la posibilidad de otorgarle licencias de conducción a la población con hipoacusia severa o profunda. […]”.

núm. 217 de 2014 y que “[…] el Ministerio de Transporte se encontraba estudiando la posibilidad de otorgarle licencias de conducción a la población con hipoacusia severa o profunda. […]”.

14. Mencionó que existe una gran cantidad de Estados que han permitido que la población que sufre con hipoacusia severa o profunda pueda obtener o refrendar la licencia o permiso de conducción y añadió que los avances tecnológicos han permito que ese sector de la población pueda conducir, utilizando parámetros especiales, sin necesidad de que se les impida el desarrollo de la actividad.

I.1.2. El concepto de la violación

15. Realizó unas consideraciones preliminares señalando que haría referencia en la demanda al aparte de “[…] la Ley 769 de 2002 denominado: “parámetros y límites internacionales” que hace referencia a los estándares de capacidad auditiva que deben acreditar aquellos ciudadanos que soliciten una licencia o permiso de conducción […]”.

16. Indicó que la legislación de una gran cantidad de estados permitía que la población que sufre de hipoacusia severa o profunda pueda obtener o refrendar la licencia de conducción, m encionando que, de acuerdo con la Federación Mundial5

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de Sordos, 336 países de 93 consultados prohíben a la población sorda obtener una licencia de conducción.

17. Aludió a los Estados de Florida y Nueva York, de los Estados Unidos de América, en los cuales se requeriría únicamente una ayuda visual adicional para mejorar la

licencia de conducción.

17. Aludió a los Estados de Florida y Nueva York, de los Estados Unidos de América, en los cuales se requeriría únicamente una ayuda visual adicional para mejorar la visibilidad de los conductores e igualmente al Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires -República Argentinay a la legislación de la República Oriental del Uruguay, según el cual se otorga licencia de conducción a las personas sordas en general siempre que se instalen en el vehículo dispositivos de protección.

1. “[…] PRIMER CARGO. Contradicción con las normas de rango legal inspiradas en mandatos constitucionales en las que debe fundarse la norma demandada. Artículos 18 y 19 Ley 769 de 2002 y artículos 3 y 21 de la Ley 1891 de 2010 […]” (negrilla del texto)

18. Citó los artículos 187, 198 y 21 de la Ley 769 de 6 de julio de 2002 9, para colegir de su contenido que los ciudadanos que quieran obtener una licencia de conducción para vehículos diferentes a los destinados al servicio público, deben obtener una certificación de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedida por un centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte, como resultado de la aprobación del examen nacional de aptitud y conocimientos específicos de conducción.

19. Anotó que la población en condición de discapacidad debe demostrar su aptitud física, de conformidad con los parámetros y límites internacionales, para el desarrollo de la actividad de conducción de vehículos particulares y que los criterios y el procedimiento para expedir la certificación aludida fueron establecidos en l a Resolución núm. 217 de 2014, en particular en el anexo I.

desarrollo de la actividad de conducción de vehículos particulares y que los criterios y el procedimiento para expedir la certificación aludida fueron establecidos en l a Resolución núm. 217 de 2014, en particular en el anexo I.

20. Subrayó que una de las aptitudes físicas evaluadas, de acuerdo con el anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014, es la capacidad auditiva y puso de presente que los parámetros para los niveles mínimos de audición establecidos en el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014, señalan:

“[…] cuál es la capacidad auditiva para autorizar a una persona para conducir un vehículo. Dichos parámetros determinan que la población diagnosticada con hipoacusia severa que no pueda ser tratada mediante dispositivos audiométricos (sic) no podrá obtener o refrendar su licencia de conducción.

6 Hizo referencia a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Haití, Nicaragua, República Armenia, Ucrania, Laos, Nepal, Egipto, Mauritiana, Marruecos, Emiratos Árabes, Yemen, Burundi, Etiopia, Eritrea, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sudan, Zambia, Cabo Verde, Chad, Gabón, Níger, Senegal y Togo. 7 Modificado por el artículo 2. ° de la Ley 1397 de 14 de julio de 2010 “[…] Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002. […]” y por el artículo 195 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012 “[…] Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. […]” .

2002. […]” y por el artículo 195 del Decreto 19 de 10 de enero de 2012 “[…] Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. […]” . 8 Modificado por el ar tículo 5. ° de la Ley 13 83 de 16 de marzo de 2010, “[…] Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. […]” ; por el artículo 3. ° de la Ley 1397; por el artículo 196 del Decreto 19 de 2012; por el artículo 119 del Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019, “[…] Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. […]”; y por el artículo 7. ° de la Ley 2251 de 14 de julio de 2022 “[…] Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones Ley Julián Esteban. […]” . . 9 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. […]” .6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00

Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

Igualmente, el citado numeral 2°del Anexo I de la Resolución No. 217 de 2014 excluye a la población diagnosticada con hipoacusia profunda de ser titulares de una licencia de conducción toda vez que dicha población no fue contemplada dentro de la

Igualmente, el citado numeral 2°del Anexo I de la Resolución No. 217 de 2014 excluye a la población diagnosticada con hipoacusia profunda de ser titulares de una licencia de conducción toda vez que dicha población no fue contemplada dentro de la regulación mencionada con lo cual, por omisión, el Ministerio de Transporte les negó de plano el derecho a obtener o refrendar una licencia de conducción. […]”.

21. Indicó que, a pesar del mandato legal establecido en el parágrafo 1. del artículo 19 de la Ley 769 que ordena que la aptitud física de las personas que solicitan una licencia de conducción sea evaluada de confor midad con los parámetros y límites

internacionales:

“[…] el Ministerio de Transporte en ninguna ocasión le ha comunicado a FENASCOL de manera oficial y con el debido acervo probatorio cuáles son los estándares internacionales que utilizó para expedir la Resolución 217 de 2014.

Por el contrario, tal y como se señaló en el aparte preliminar del presente documento, FENASCOL ha podido constatar que los parámetros y límites internacionales sobre la materia sostienen que las personas en condición de discapacid ad diagnosticadas con sordera severa y profunda pueden ser titulares de una licencia de conducción con la sencilla exigencia de que se adopten unas modificaciones menores en los vehículos que conducirán en procura de la seguridad vial.

En todo caso, de no tener en cuenta los “parámetros y límites internacionales” indicados en el aparte preliminar, debe tener presente el fallador que el Ministerio de Transporte tampoco ha manifestado en ningún momento con base en qué estándares internacionales profirió la Resolución 217 de 2014 y, ello daría pie (…) para sostener

indicados en el aparte preliminar, debe tener presente el fallador que el Ministerio de Transporte tampoco ha manifestado en ningún momento con base en qué estándares internacionales profirió la Resolución 217 de 2014 y, ello daría pie (…) para sostener que la Resolución precitada no se encuentra motivada de la forma como el legislador lo estableció a la luz de la Ley 769 de 2002. […]”.

1. “[…] SEGUNDO CARGO. Violación de los artículos 5 y 14 de la L ey 1618 de 2013; artículo 31 Ley 982 de 2005; Art. 13 de la Constitución; Tratados que integran el bloque de constitucionalidad: El Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; El Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales10. Desconocimiento de los derechos de la población en situación de discapacidad. […]” (negrilla del texto)

22. Citó el artículo 13 de la Carta Política e indicó que la protección especial de los derechos de la población con discapacidad se encontraba regulada, en el ámbito internacional, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Personas con

Discapacidad.

10 Instrumentos incluidos en sentencias: T -568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz, C -551-03 MP: Eduardo Montealegre Lynett, Tpara la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad.

10 Instrumentos incluidos en sentencias: T -568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz, C -551-03 MP: Eduardo Montealegre Lynett, T642-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes, T -666-04, T -697-04 MP: Rodri go Uprimny Yepes y T -827-04 MP: Rodrigo Uprimny Yepes.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00

Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

23. Destacó, en el ámbito local, la Ley 1618 de 27 de febrero de 201311, la cual habría incorporado al sistema normativo colombiano varias disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de la condición de discapacidad.

24. Citó apartes de los artículos 5. ° y 14 de la Ley 1618 y el artículo 31 de la Ley 982 de 2 de agosto de 2005 12, para indicar que la población con discapacidad es sujeto de una especial protección por parte del Estado Colombiano, el cual debe velar por la efectiva garantía de los derechos de esta población mediante la eliminación de cualquier barrera de orden físico o jurídico que impida el ejercicio de sus derechos.

25. Citó la s sentencias T-933 de 2013 y C -605 de 2012, proferidas por la Corte Constitucional y señaló que el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de

sus derechos.

25. Citó la s sentencias T-933 de 2013 y C -605 de 2012, proferidas por la Corte Constitucional y señaló que el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014 no fue expedido teniendo en cuenta la especial protección de la que es titular

la población en condición de discapacidad:

“[…] toda vez que la misma no se compadece de los presupuestos de los que el prenotado derecho está conformado. La norma demandada no es otra cosa que un impedimento para garantizar los derechos de la población con discapacidad, erigiéndose como un gran obstáculo para alcanzar la igualdad material que ordenan las normas antes citadas. […]”.

1. “[…] CARGO TERCERO: Violación del artículo 13 de la Constitución Política […]” (negrilla del texto)

26. Citó la sentencia C -178 de 2014 proferida por la Corte Constitucional y señaló que el Ministerio de Transporte, en el numeral 2. del anexo I de la Resolución núm. 217 de 2014, desconoció la igualdad material y la prohibición de discriminación.

27. Alegó que el derecho a la igualdad, para la población con discapacidad, implica la garantía de recibir un trato especial en consideración a las circunstancias particulares de esa población, para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos a sus integra ntes en su condición de individuos sujetos a un régimen especial de protección.

28. Apuntó que aquella garantía llevaba implícita la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la población con discapacidad que surjan con ocasión del mismo estado de discapacidad en el que se encuentran.

especial de protección.

28. Apuntó que aquella garantía llevaba implícita la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la población con discapacidad que surjan con ocasión del mismo estado de discapacidad en el que se encuentran.

29. Citó la sentencia T-288 de 1995, proferida por la Corte Constitucional, y destacó

que:

11 “[…] Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. […]”. 12 “[…] Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. […]” .8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00

Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

“[…] todos los miembros de la población en situación de discapacidad tienen derechos a ser tratados frente a la ley y la s autoridades de manera igual que a nuestros congéneres no pertenecientes a esta población (igualdad formal), pero en razón a la especial situación en la que nos encontramos, también están legitimados para exigir de la ley y las autoridades un trato especi al que garantice de manera efectiva dicho trato uniforma (sic) (igualdad material). Asimismo, con ocasión del mencionado trato especial, la población con discapacidad tiene derechos a exigir que se elimine o suspenda cualquier trato discriminatorio que se de en razón de la circunstancia especial de su condición de discapacidad para con ello garantizar la igualdad de esta población. […]”.

30. Se refirió a las sentencias C-605 de 2012 y T-340 de 2010 y afirmó que:

especial de su condición de discapacidad para con ello garantizar la igualdad de esta población. […]”.

30. Se refirió a las sentencias C-605 de 2012 y T-340 de 2010 y afirmó que:

“[…] la norma acusada viola el derecho a la igu aldad, toda vez que con la misma autoriza a dar un tratamiento discriminatorio y diferenciado a la población con sordera severa o profunda al negarles la posibilidad de tramitar y obtener por primera vez, o a refrendar, su licencia de conducción.

El Ministerio de Transporte, en ejercicio de la facultad regulatoria que le fue conferida, elevó al nivel normativo consideraciones discriminatorias en contra de la población con sordera severa o profunda pues a pesar de que se ha evidenciado que con las medidas adicionales consistentes en adecuar el vehículo de transporte con cierto aditamentos que mejoren la visibilidad del mismo, la entidad considera que solo aquellas personas con ciertos niveles de audición pueden obtener una licencia de conducción, sin aducir cuáles son las justificaciones técnicas por las cuales tomó dicha postura. […]”.

1. “[…] CARGO CUARTO: Desconocimiento del derecho a la libertad.

Violación del artículo 24 de la Constitución Política. […]” (negrilla del texto)

31. Aludió a la sentencia C -885 de 2010 proferida por la Corte Constitucional, para afirmar que las limitaciones al derecho a la libre locomoción son viables si atienden a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad y, en el caso de la regulación demandada, está “[…] basada en una consideración discriminatoria como antes se señaló, razón por la cual no puede encontrar ningún asidero jurídico

a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad y, en el caso de la regulación demandada, está “[…] basada en una consideración discriminatoria como antes se señaló, razón por la cual no puede encontrar ningún asidero jurídico en el cual apoyarse. […]”.

1. “[…] CARGO QUINTO: Violación del derecho al trabajo, consagrado en los artículos 25 de la Constitución Política […]” (negrilla del texto)

32. Citó el artículo 25 de la Carta Política y la sentencia C -066 de 2013 y mencionó que la norma demandada vulnera el derecho al trabajo puesto que impide que las personas en condición de dis capacidad, diagnosticadas con sordera severa o profunda, “[…] hallen en la posibilidad de conducir un vehículo particular, un medio de sustento y trabajo digno y justo y con eso, que no se les permita decidir de manera efectiva la manera como desarrollan su estilo de vida. […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00136-00

Demandante: Federación Nacional de Sordos de Colombia

I.2. Trámite de la demanda

33. A través de auto de 26 de septiembre de 2017 13, se admitió la demanda y, en consecuencia, i) se ordenó notificar la providencia por estado a la parte actora y personalmente a la demandada , al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; ii) se corrió traslado de la demanda, por el término de treinta (30) días, para los efectos previstos en el artículo 172 de la Ley 1437; y iii) se advirtió a la dema ndada que durante el término de traslado debería

el término de treinta (30) días, para los efectos previstos en el artículo 172 de la Ley 1437; y iii) se advirtió a la dema ndada que durante el término de traslado debería allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes del acto administrativo demandado, conforme el artículo 175 de la Ley 1437.

I.3. La contestación de la demanda14

34. El Ministerio de Transporte contestó la demanda y se opuso a las pretensiones por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

35. Como razón de defensa expuso, luego de referirse a los hechos de la demanda, que mediante la Ley 769 se expidió el Código Nacional de Tránsito, c uyas normas rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación, entre otros, de los conductores, por las vías públicas o privadas abiertas al público, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

36. Apuntó que dentro de los principios rectores de este código se encuentra el de la seguridad de los usuarios y resaltó que el artículo 21 de la citada norma, la persona que padezca una limitación física parcial puede obtener la licencia de conducción, cuando además de dar estric to cumplimiento a los requisitos establecidos en el Código para dicho efecto -artículo 18-, demuestre con un examen médico que se encuentra habilitado para conducir con esa limitación.

37. Indicó que el artículo 19 de la Ley 769 estableció, como requisito para la obtención de la licencia de conducción, el certificado de aptitud física y mental para conducir, expedido por un médico debidamente registrado ante el “[…] Ministerio de

Salud […]”.

obtención de la licencia de conducción, el certificado de aptitud física y mental para conducir, expedido por un médico debidamente registrado ante el “[…] Ministerio de Salud […]”.

38. Mencionó que el artículo 18 de la Ley 769 le impuso al Ministerio de Transporte la obligación de reglamentar el examen nacional de aptitud y conocimientos específicos de conducción, cuya presentación y aprobación es requisito para la expedición o refrendación de la licencia de conducción.

39. Subrayó que:

“[…] fue el propio legislador el que determinó que la persona que padezca una discapacidad física puede obtener la licencia de conducción, siempre que utilice los instrumentos ortopédicos formulados por e l especialista que le capaciten para el

13 Cfr. Fol. 264, cuaderno principal núm. 2. 14 Cfr. Fol. 273-283, cuaderno principal núm.