CE - Sentencia 11001032400020180006900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-24-000-2018-00069-00 (4297-2018) Demandante : Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales Demandada : Nación – Fiscalía General de la Nación Medio de control : Nulidad simple Tema : Variación de asignación de investigación penal por parte del fiscal general de la Nación Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Raimundo José Vélez Cabrales, a través de apoderado judicial, en contra de los actos administrativos mediante los cuales se varió la asignación de unas investigaciones penales.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1 Pretensiones

La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución No. 1224 del 21 de abril de 2016, “por medio de la cual se varía la asignación de unas investigaciones”

1 Expediente físico – Fl. 10-43Número interno: 4297-2018

Demandante: Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales

Demandada: Fiscalía General de la Nación

varía la asignación de unas investigaciones”

1 Expediente físico – Fl. 10-43Número interno: 4297-2018

Demandante: Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales

Demandada: Fiscalía General de la Nación

• Resolución No. 106 del 25 de abril de 2016, “por medio de la cual se efectuó el reparto de la variación de unas investigaciones adelantadas bajo el sistema penal de la Ley 906 de 2004”.

Adicionalmente, pide que se ordene la devolución de la diligencia con radicación No. 110016000102201400167 al fiscal que venía conociendo de ella, antes de la expedición de los actos acusados.

1.1.2. Hechos

Manifiesta la parte actora que, el fiscal general de la Nación (e), mediante la Resolución No. 1224 del 21 de abril de 2016 , decidió variar la asignación de unas investigaciones, entre ellas, la radicada bajo el No. 110016000102201400167, seguida en contra del demandante, a pesar que no gozaba de fuero especial alguno que ameritara dicha decisión.

Que en cumplimiento de la anterior decisión se expidió la Resolución No. 106 del 25 de abril de 2016 , a través de la cual fueron asignadas las investigaciones a la fiscal 14 delegada, doctora Carmen Susana Mateus Rojas.

Expone que, el día 9 de noviembre de 2016 el actor, a través de su apoderado judicial, presentó derecho de petición ante la fiscal designada mediante el cual solicitó copia de lo actuado, así como constancia de notificación de las decisiones en virtud de las cuales se hizo el cambio de la asignación; petición

judicial, presentó derecho de petición ante la fiscal designada mediante el cual solicitó copia de lo actuado, así como constancia de notificación de las decisiones en virtud de las cuales se hizo el cambio de la asignación; petición resuelta a través del oficio No. 24-4-043-01-84 del 21 de noviembre de 2016 , con el cual se le remitió copia de los dos actos acusados y se le informó que no se había llevado a cabo la notificación de aquellos.

Informa que la investigación en su contra se adelanta por la citada fiscalía, lo cual es abiertamente contrario al debido proceso.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se señalaron como disposiciones violadas las siguientes:

Convención Interamericana de Derechos Humanos. Constitución Política, artículos 29, 228, 229, 230 y 243Número interno: 4297-2018

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Ley 906 de 2004, artículos 10, 26, 27, 115 y 116

Como concepto de violación formuló cinco cargos en contra de los actos acusados, a saber:

Primer cargo. Violación al debido proceso en la formación de las Resoluciones 1224 y 106 de 2016. Desconocimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de actuaciones administrativas. Procedimiento administrativo.

Aduce la parte actora que en la formación de actos administrativos la entidad demandada debe estarse a las disposiciones de la Ley 1437 de 2011; en virtud de ello, debe permitir la contradicción, el derecho a la defensa , esto es, garantizar un debido proceso.

demandada debe estarse a las disposiciones de la Ley 1437 de 2011; en virtud de ello, debe permitir la contradicción, el derecho a la defensa , esto es, garantizar un debido proceso.

Sin embargo, al expedir los actos acusados no tuvo en cuenta tales derechos, a espaldas de los investigados procedió a variar la asignación y designó nuevo fiscal que los investigara.

Segundo cargo. Violación de la ley, irregularidades sustanciales, falta de motivación concreta, suficiente y específica de las delegaciones realizadas mediante las Resoluciones 1224 y 106 de 2016.

Manifiesta que la decisión de variar una asignación en una investigación penal debe constar en un acto debidamente motivado, donde se expongan las razones de las que se desprenda que es necesario tomar dicha decisión en aras de garantizar los principios de eficacia y eficiencia ; sin embargo, en los actos acusados no se evidencia dicha motivación, en ellos se expuso solamente que el fiscal encargado del asunto, esto es, el director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción había manifestado que « entre otras razones que sus funciones en la dirección le exigen dedicación exclusiva , por tanto no es conveniente que las investigaciones continúen a su cargo».

Adicionalmente, indica que en los actos acusados se contravino lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998, norma que prohíbe la subdelegación; lo anterior, por cuanto el fiscal que expidió los actos acusados había sido delegado para asumir la investigación; no obstante, aquel, bajo unNúmero interno: 4297-2018

Demandante: Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales

Demandada: Fiscalía General de la Nación

había sido delegado para asumir la investigación; no obstante, aquel, bajo unNúmero interno: 4297-2018

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supuesto nuevo reparto, termina delegando en otro funcionario la facultad investigativa que ya le había sido otorgada -delegación de lo delegado-.

Tercer cargo. Violación al debido proceso por desconoc imiento del juez natural.

Expone que, es presupuesto del derecho al debido proceso el que los asuntos sean decididos por el juez natural, garantía también vinculada al derecho de acceso a la administración de justicia.

En este caso el elemento del juez natural no fue atendido ; por cuanto, el demandante no goza de fuero constitucional ni legal , por tanto, no podía ser investigado por el fiscal que se designó en los actos acusados.

Cuarto cargo. Violación al debido proceso por inconsistencias en la comunicación de los actos administrativos. Desconocimiento del principio de publicidad.

Alega el demandante que no le fueron notificados los actos acusados, de los cuales solo tuvo conocimiento en respuesta a una petición por él incoada con miras a tener clarid ad de los motivos por los cuales el nuevo fiscal tenía competencia de su caso.

Esa falta de notificación aduce, viola su derecho al debido proceso ; además, genera que el acto administrativo no adquiera firmeza y como tal el funcionario designado no podía actuar, so pena de incurrir en una ilegalidad.

Quinto cargo. Desconocimiento del bloque de constitucionalidad, Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Indica que, el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos

Quinto cargo. Desconocimiento del bloque de constitucionalidad, Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Indica que, el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace mención al debido proceso y al juez natural , en virtud de ello, la Corte Interamericana ha concluido que cuanto se adelanta un proceso por un juez incompetente se vicia todo el procedimiento.

1.2. Trámite procesal.Número interno: 4297-2018

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Por medio de auto 19 de noviembre de 2018 2, se admitió la demanda , se ordenó su notificación a la demandada y se le corrió traslado para contestarla; de igual forma, ordenó notificar al representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El extremo activo con la demanda presentó solicitud de medida cautelar de suspensión de los actos acusados; de la cual se le corrió traslado a la entidad demandada y, l uego, a través de providencia del 5 de abril de 2024 fue negada3.

Da cuenta el expediente que, en audiencia inicial llevada a cabo el 30 de octubre de 20194 se resolvieron las excepciones previas, encontrando el despacho sustanciador probada la excepción de inepta demanda; ante lo cual adecuó el trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y adicionalmente, declaró probada la excepción de caducidad.

Contra dicha decisión la parte actora presentó y sustentó el recurso de

adecuó el trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y adicionalmente, declaró probada la excepción de caducidad.

Contra dicha decisión la parte actora presentó y sustentó el recurso de súplica5, el cual fue resuelto por medio de providencia del 29 de julio de 20216, donde se dispuso revocar la decisión tomada; ante lo cual, se dio continuidad al trámite.

1.3. Contestación de la demanda7

Manifestó que se oponía a las pretensiones incoadas bajo el argumento que los actos acusados son de naturaleza jurisdiccional y por tanto no susceptibles de control judicial ante esta jurisdicción ; ahora, en el hipotético caso de ser controvertibles, manifestó que había operado el fenómeno de la caducidad de la acción.

Expuso que, dichas funciones jurisdiccionales están consagrad as no solo en los artículos 250 y 251 de la Constitución Política, sino también en la Ley 906 de 2004, destacándose el numeral 2 del artículo 116 de la ley en cita, el cua l

2 Expediente físico. Fl. 52 3 Actuaciones obrantes en el expediente de medidas cautelares. 4 Providencia proferida por el consejero Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente físico – fl. 123-126 5 Presentado en la misma audiencia inicial de fecha 30 de octubre de 2019 y sustentado mediante memorial obrante en el expediente físico, fl. 128-131 6 Auto suscrito por los consejeros Sandra Lisset Ibarra Vélez y Cesar Palomino Cortés. Expediente físico – fl. 134-140 7 Expediente físico. Fl. 92-111Número interno: 4297-2018

6 Auto suscrito por los consejeros Sandra Lisset Ibarra Vélez y Cesar Palomino Cortés. Expediente físico – fl. 134-140 7 Expediente físico. Fl. 92-111Número interno: 4297-2018

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en concordancia con el numeral 3 del artículo 251 constitucional, consagra la facultad del fiscal general de designar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos; atribución que fue reiterada en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004 y en el artículo 4 del Decreto 016 de 2014.

Señaló que, el acto de asignación y/o variación de asignación es una providencia que debe ser expedida por el fiscal general de la Nación ; la cual goza del carácter de inmutable, vinculante y definitiva , y no es susceptible de recurso alguno.

Que en uso de la facultad legal en este asunto, dentro del proceso penal seguido en contra del demandante, motivado por la connotación del proceso, la calidad de los delitos investigados, ante la necesidad de racionalizar la administración de justicia, se expidieron los actos acusados.

En cuanto al cargo formulado por la no notificación de los actos acusados arguye que, si bien aquellos disponen la comunicación de lo allí decidido, no se consignó una fecha para ello, como tampoco el ordenamiento jurídico la consagra; dicha comunicación se realizó cuanto la fiscal delegada se presentó en la audiencia de formulación de acusación, donde asistieron todos los sujetos procesales, e incluso el aquí demandante formuló solicitud de nulidad

consagra; dicha comunicación se realizó cuanto la fiscal delegada se presentó en la audiencia de formulación de acusación, donde asistieron todos los sujetos procesales, e incluso el aquí demandante formuló solicitud de nulidad por estos mismos hechos . Así las cosas, considera que no hubo violación al debido proceso dado que se le ha garantizado el derecho de defensa y contradicción.

En virtud de la solicitud de nulidad incoada, considera que este asunto ya está siendo analizado por el juez competente, dentro del proceso penal y es aquel quien debe tomar la decisión realizando para ello el respectivo control constitucional y legal ; no siendo competente la jurisdicción contenciosa para analizar la legalidad de los actos acusados.

Expone que la Unidad Nacional Anticorrupción, donde pertenece la fiscal delegada, tiene competencia para actuar en todo el territorio nacional , investigar y acusar ante los jueces penales del circuito respecto de delitos contra la administración pública; lo anterior, según lo dispuesto en las Resoluciones 467 del 1 de abril de 2014 y 573 del 2 de abril del mismo año ;Número interno: 4297-2018

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ante ello, no es cierto que en este asunto haya habido violación al principio de juez natural, como se pregona en la demanda.

Propuso las excepciones que denominó: inepta demanda por estar dirigida contra actos jurisdiccionales, no susceptibles de control judicial; Falta de jurisdicción o competencia; caducidad de la acción; ineptitud de la demanda por falta de requisitos formale s; las cuales fueron resueltas por medio de

contra actos jurisdiccionales, no susceptibles de control judicial; Falta de jurisdicción o competencia; caducidad de la acción; ineptitud de la demanda por falta de requisitos formale s; las cuales fueron resueltas por medio de providencia del 5 de abril de 20248, donde se declararon infundadas.

1.4. Alegatos de conclusión

Por auto del 5 de abril de 20249, se dispuso adecuar el trámite a lo consagrado en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, esto es, dictar sentencia anticipada; en virtud de lo cual se corrió traslado por el término de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba pertinente, entre otras decisiones.

1.4.1 Alegatos del Demandante10

Ratifica lo expuesto en la demanda e insiste en los cargos de violación formulados, para finalmente concluir que los actos administrativos enjuiciados son arbitrarios, contradicen el ordenamiento jurídico y trascienden al bloque de constitucionalidad, por lo que su control por parte de la jurisdicción resulta necesario para garantizar los derechos del ciudadano demandante.

1.4.2 Alegatos del demandado 11

Reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, recalcando que los actos acusados son actos jurisdiccionales, que tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivos; siendo competencia del fiscal general su expedición.

8 Expediente físico. Fl. 143-145 9 Expediente físico. Fl. 143-145

carácter de inmutables, vinculantes y definitivos; siendo competencia del fiscal general su expedición.

8 Expediente físico. Fl. 143-145 9 Expediente físico. Fl. 143-145 10 Expediente electrónico – Samai – índice 59 11 Expediente electrónico – Samai – índice 58 y 60Número interno: 4297-2018

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Indica que hay una diferencia entre la competencia que tiene el fiscal general de variar al funcionario que viene conociendo un proceso, como aquí ocurrió en la expedición de la Resolución No. 1224 de 2016; y otra es el reparto que pueden realizar los jefes de la unidad de fiscalías delegada ante la Corte Suprema de Justicia, jefes de las Unidades Nacionales de Fiscalías o directores seccionales de Fiscalía a través de las cuales designan un funcionario para el ejercicio de la acción penal; siendo est os últim os actos administrativos; en este asunto dicho reparto fue ordenado a través de la misma resolución antes citada y materializado a través de la Resolución No. 106 de 25 de abril de 2016 ; n o evidenciándose entonces vicio de nulidad alguna en aquellas decisiones , como tampoco la alegada delegación de lo delegado o subdelegación aducida en la demanda.

1.4.3. Concepto del Ministerio Público 12

Considera el agente del Ministerio Público que las resoluciones demandadas se encuentran ajustad as al ordenamiento jurídico superior, por lo que no se observa irregularidad alguna que conlleve a su invalidación.

Manifiesta que la Resolución No. 1224 del 21 de abril de 2016, aquí

se encuentran ajustad as al ordenamiento jurídico superior, por lo que no se observa irregularidad alguna que conlleve a su invalidación.

Manifiesta que la Resolución No. 1224 del 21 de abril de 2016, aquí demandada, fue suscrita por el Dr. Jorge Fernando Perdomo Torres, quien en ella no actuó como un funcionario de la entidad sino en su calidad de fiscal general encargado y en ella se expusieron los motivos por los cuales se tomaba la decisión.

Ahora, en cuanto a la Resolución 106 del 25 de abril de 201 6, considera que conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004 el reparto debe ser efectuado por el director seccional de fiscalías o el jefe de la Unidad Nacional Especializado, habiéndose cumplido en la citada resolución con dicha designación, por cuanto el reparto fue realizado por el Dr. Carlos Fernando Guerrero Osorio, director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, tal y como lo señala la norma.

12 Expediente electrónico – Samai – índice 61Número interno: 4297-2018

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En cuanto a la falta de notificación argumenta que los actos acusados no son actos estructurales del proceso penal y, por ende, dicha omisión no genera nulidad.

Así las cosas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 13, expedido por la Sala

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 13, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Segunda es competente para conocer en única instancia de los actos administrativos expedidos por la Fiscalía General de la Nación, por ser entidad de orden nacional.

2.2. Problema jurídico

Se trata de establecer si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados por los cargos expuestos en la demanda, lo que implica resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Los actos administrativos acusados fueron proferidos por funcionario competente?

¿En la expedición de los actos acusados se presentó alguna irregularidad que pueda conllevar a su nulidad?

¿Se violó el derecho al debido proceso del demandante y el principio del juez natural en la expedición de los actos acusados, al variar la asignación y designar nuevo fiscal para que adelantara la investigación radicada bajo el No. 110016000102201400167, seguida en su contra?

13 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».Número interno: 4297-2018

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administrativos que versen sobre asuntos laborales».Número interno: 4297-2018

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¿Se violó el principio de publicidad al no haber sido notificados los actos administrativos acusados?

Para resolver tales problemas jurídicos, la Sala analizará: i) marco normativo y jurisprudencial, ii) Pruebas recaudadas y iii) caso en concreto ; debiéndose aclarar que antes de resolver el caso, deberá analizase si las resoluciones enjuiciadas son actos administrativos susceptibles de control judicial.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 Competencia para variar la asignación de una investigación penal y la facultad de reparto en la entidad demandada.

Según lo dispuesto en el artículo 250 superior “La Fiscalia General de la Nación esta obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las carácteristicas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias facticas que indiquen la posible existencia del mismo (…)”.

Por su parte, las funciones del fiscal general quedaron consignadas en el artículo 251 de la Constitución Política, modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo No. 3 de 2002 y el artículo 1 del Acto Legislativo No. 6 de 2011 , norma que en lo pertinente consagra:

“ARTICULO 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

(…)

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualq uiera que sea el

norma que en lo pertinente consagra:

“ARTICULO 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

(…)

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualq uiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

(…)”.

Vale precisar que la constitucionalidad de este artículo fue revisada mediante sentencia C-1092 del 19 de noviembre de 2003, donde la Corte Constitucional lo encontró exequible por los cargos imputados.

En ese mismo sentido, la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal,Número interno: 4297-2018

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en su numeral 2 del artículo 116 también establece como atribuciones de las que goza el fiscal general de la Nación en ejercicio de la acción penal, la de “Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos, mediante orden motivada ”. En este punto es bueno señalar que el antiguo Código de Procedimiento Penal – Ley 600 de 2000en el numeral 4 del artículo 115 también establecida como función del fiscal general de la Nación el designar a otros fiscales para realizar las investigaciones

señalar que el antiguo Código de Procedimiento Penal – Ley 600 de 2000en el numeral 4 del artículo 115 también establecida como función del fiscal general de la Nación el designar a otros fiscales para realizar las investigaciones penales, así: ““4. Durante la etapa de instrucción y cuando sea necesario para asegurar la eficiencia de la misma, ordenar la remisión de la actuación adelantada por un fiscal delegado al despacho de cualquier otro mediante resolución motivada. Contra esta determinación no procederá recurso alguno, pero siempre deberá informarse al agente del Ministerio Público y a los demás sujetos procesales”.

Durante el tiempo en que estuvo en vigencia el artículo 11 de la Ley 938 de 2004, derogado por el artículo 51 del Decreto ley 16 de 2014, en su numeral 2 también consagró como facultad del fiscal general de la Nación la de “Designar al Vicefiscal y a los F iscales de las Unidades como Fiscales Delegados Especiales cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o complejidad del asunto lo requiera”.

El citado Decreto ley 16 de 2014, por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, en su artículo 4 señaló las funciones del fiscal general de la Nación, indicando que además de las definidas en la Constitución Política, le corresponde, entre otras, “ 4. Asignar al Vicefiscal y a los Fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo requiera”.

Con base en las anteriores normas se concluye que , el fiscal general de la

Vicefiscal y a los Fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o la complejidad del asunto lo requiera”.

Con base en las anteriores normas se concluye que , el fiscal general de la Nación tiene la potestad de, no solo asumir las investig aciones penales en el estado en que se encuentren, sino también la de variar su asignación. Sin embargo, dicha facultad debe ser debidamente motivada y ejercerse de forma razonable, garantizado el derecho al debido proceso de los intervinientes; tal como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-873 de 2003, donde se analizó algunas disposiciones de la Ley 600 de 2000, antiguo Código de Procedimiento Penal, y se precisó:Número interno: 4297-2018

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Demandada: Fiscalía General de la Nación

“4.3.2. Hipótesis en que el Fiscal General de la Nación asume personalmente el conocimiento de las investigaciones, o reasigna procesos de un fiscal a otro. (…) Sin embargo, con base en las consideraciones que se han expuesto en acápites anteriores, la Corte considera que estos argumentos no son de recibo. En primer lugar, ya se vio que la ley tiene un amplio margen de configuración para establecer la estructura y el esquema de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación; como consecuencia, bien puede el Legislador señalar que en ciertos casos excepcionales, el Fiscal General de la Nación puede asumir personalmente el conocimiento de ciertas investigaciones, o designar a determinados funcionarios para conocer de ciertas investigaciones, desplazando a otros fiscales del conocimiento de los procesos –siempre y

ciertos casos excepcionales, el Fiscal General de la Nación puede asumir personalmente el conocimiento de ciertas investigaciones, o designar a determinados funcionarios para conocer de ciertas investigaciones, desplazando a otros fiscales del conocimiento de los procesos –siempre y cuando estas facult ades se consagren legalmente y se ejerzan en forma razonable, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa por parte de los afectados, y con una adecuada motivación para la decisión respectiva -. En segundo lugar, las facultades en cuestión encuentran u n fundamento en el carácter de delegatarios atribuido por la Constitución a los fiscales delegados respecto del Fiscal General de la Nación, quien es en principio el titular de la función de investigar las violaciones a la ley penal y acusar a los posibles culpables ante los jueces competentes. Finalmente, se ha reconocido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que el ejercicio de estas facultades legales por parte del Fiscal General no conlleva la violación del principio del juez natural pre - establecido en la ley, puesto que no implica modificar el esquema de competencias, sino simplemente sustituir al funcionario que habrá de cumplirlas por su superior delegante, dejando intacto dicho esquema.

Las anteriores razones son suficientes para declarar la constitucionalidad de las normas acusadas por este cargo, bajo el entendido de que al adoptar cualquiera de estas decisiones, el Fiscal General de la Nación deberá motivar expresamente su determinación, y notificarla a los sujetos procesales afectados por un medio idóneo. Así mismo, para efectos de garantizar el ejercicio imparcial y autónomo de la función de investigación por parte del Fiscal General, se declarará que una vez decida, en ejercicio de sus competencias

por un medio idóneo. Así mismo, para efectos de garantizar el ejercicio imparcial y autónomo de la función de investigación por parte del Fiscal General, se declarará que una vez decida, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, asumir personalmente el conocimiento de una determinada investigación, deberá llevarla hasta su culminación, sin asignarla a otro fiscal distinto -puesto que de hacerlo se desnaturalizaría el acto de reasunción del conocimiento de dicha instrucción- (…)”.

Con base en las anteriores normas, la propia Fiscalía General de la Nación ha expedido disposiciones que regulan la designación de los funcionarios para el conocimiento de las investigaciones penales, entre ellas, las siguientes:

Resolución No. 689 del 28 de marzo de 2012 “Por medio de la cual se reglamentan los mecanismos de designación especial de fiscales delegados y variación de asignación de investigaciones y de la acción penal”, allegada al plenario, norma que en su artículo 4 estableció la competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación para la asignación especial de una investigación, así como la variación de asignación y la consecuente designación especial para continuar con el proceso y, en el artículo 8 determinó el procedimiento para el ejercicio de tal facultad.Número interno: 4297-2018 Dema