CE - Sentencia 11001032400020180027000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia

Asunto

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta por Nidia Gandur Gandur en contra de la Resolución 061 del 17 de abril de 2013 proferida por la Contraloría General de Risaralda; de los acuerdos 456 del 2 de octubre de 2013; 495 del 25 de octubre de 2013; 522 de 29 de julio de 2014; y de las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015, proferidos por la CNSC.

1. Antecedentes

1.1. Demanda

1.1.1. Las pretensiones2

1. Nidia Gandur Gandur presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de Resolución 061 del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría General de Risaralda « por medio de la cual se ajustan los manuales de funciones y requisitos y de competencias laborales para

del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría General de Risaralda « por medio de la cual se ajustan los manuales de funciones y requisitos y de competencias laborales para los empleados de la planta de personal de la Contraloría General de Risaralda y se dictan otras disposiciones».

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declar ara la nulidad de los siguientes actos administrativos que fueron expedidos con base en la citada Resolución 061 del 17 de abril de 2013 : i) el Acuerdo 456 del 2 de octubre de 2013 a

1 En adelante CNSC. 2 Folio 5 en el cuaderno 1. 3 En lo que sigue CPACA.

Referencia: Nulidad simple Radicación: 11001 03 24 000 2018 00270 00 (0297-2022) Demandante: Nidia Gandur Gandur Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil 1 y Contraloría General de

Risaralda

Temas: Competencias de las asambleas para la creación de las plantas de personal de la s contralorías generales de los departamentos .

Competencias de los contralores para el ajuste o modificación de los manuales de funciones y requisitos y de competencias laborales.2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 24 000 208 00270 00 (0297-2022) Demandante: Nidia Gandur Gandur través del cual se creó la Convocatoria 279 de 2013 para la provisión de cargos de

Radicado: 11001 03 24 000 208 00270 00 (0297-2022) Demandante: Nidia Gandur Gandur través del cual se creó la Convocatoria 279 de 2013 para la provisión de cargos de

carrera administrativa en la Contraloría General de Risaralda; ii) el Acuerdo 495 del 25 de octubre de 2025 en el que se modificó el Acuerdo 456; iii) el Acuerdo 522 del 29 de julio de 2013 en el que se dejó parcialmente sin efectos la Convocatoria 279 de 2013; y iv) las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015 que conformaron las listas de elegibles de los cargos ofertados. Los anteriores actos administrativos fueron dictados por la CNSC.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes4:

3.1. Por medio de la Ordenanza 31 del mes de noviembre de 2005 la Asamblea Departamental de Risaralda previó la organización y funcionamiento de la Contraloría General de esa entidad territorial. En ese mismo mes y año expidió la Ordenanza 32 en la que fijó la planta de personal de la C ontraloría General de Risaralda en un total de 41 empleos y dispuso que el contralor departamental modificaría, por medio de resolución, el manual de requisitos y competencias laborales y el manual de funciones.

3.2. Los citados manuales fueron ajustados por medio de las resoluciones 214 y 215 de 2005, proferidas por el contralor general de Risaralda, en cumplimiento de la autorización concedida.

3.2. Los citados manuales fueron ajustados por medio de las resoluciones 214 y 215 de 2005, proferidas por el contralor general de Risaralda, en cumplimiento de la autorización concedida.

3.3. El 3 de febrero y el 13 de abril de 2011, la Asamblea Departamental profirió las ordenanzas 7 y 13 en las que creó 5 nuevos empleos para la Contraloría General de Risaralda y fijó directamente las funciones y requisitos mínimos para su ejercicio.

3.4. El 17 de abril de 2013, el contralor general de Risaralda expidió la Resolución 061 a través de la cual ajustó los manuales de funciones y requisitos y competencias laborales y modificó la planta global de la entidad en el sentido de suprimir y crear cargos. A través del Oficio 40300 del 26 de agosto de esa anualidad la entidad reportó a la CNSC los empleos vacantes.

3.5. El 2 de octubre de 2013, la CNSC emitió el Acuerdo 456 por medio del cual creó la Convocatoria 279 de ese año y ofertó los empleos reportados por la Contraloría General de Risaralda con las condiciones y requisitos dispuestos en la Resolución 061. La convocatoria fue modificada por medio del Acuerdo 495 del 25 de octubre de 2013 y revocada parcialmente por conducto del Acuerdo 522 del 29 de julio de 2014.

3.6. Una vez surtidas todas las etapas del concurso de méritos, la CNSC profirió las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015

3.6. Una vez surtidas todas las etapas del concurso de méritos, la CNSC profirió las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015 en las que conformó las listas de elegibles de los cargos ofertados.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se citaron los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 228 y 300 de la Constitución Política; 3, 8, 37, 55, 56, 57 65, y 91 de la Ley 1437 de 2011.

4 Folios 1 al 4 reverso, en el cuaderno 1.3

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Demandante: Nidia Gandur Gandur

5. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes

argumentos5:

5.1. El contralor general de Risaralda extralimitó sus funciones al expedir la Resolución 061 del 17 de abril de 2013, pues en ella modificó los manuales de funciones y requisitos y de competencias laborales para los empleos de la entidad, pues dicha atribución era propia de la Asamblea Departamental en los términos del artículo 300 de la Constitución Política, tal como se hizo por medio de las ordenanzas 31 y 32 de noviembre de 2005.

atribución era propia de la Asamblea Departamental en los términos del artículo 300 de la Constitución Política, tal como se hizo por medio de las ordenanzas 31 y 32 de noviembre de 2005.

5.2. La expedición de la citada resolución se basó en las facultades otorgadas por medio de las ordenanzas 31 y 32 de 2005, pero dicha autorización se entendió agotada luego de la emisión de las resoluciones 214 y 215 de 2005, es decir que no puede entenderse que la habilitación contenida en aquellas ordenanzas pueda ejercerse de manera indeterminada.

5.3. El artículo 8 de la Resolución 061 de 2013 derogó expresamente todas las disposiciones que fueren contrarias, lo que implicó que se dejara sin efectos lo dispuesto no solo en las ordenanzas 31 y 32 de 2005 sino también es las ordenanzas 7 y 13 de 2011 en los que la Asamblea creó 4 nuevos cargos para la entidad de control fiscal.

5.4. El Grupo de Control Fiscal estaba conformado por 2 abogados, 2 ingenieros y 1 contador público, pero a partir de la resolución demandada está compuesto por 1 abogado, 1 ingeniero y 2 contadores públicos. Para el empleo de profesional universitario 219-10 se podían postular graduados de múltiples carreras afines, pero desde la modificación introducida al manual de funciones y requisitos solo pueden postularse abogados. Las mencionadas modificaciones están por fuera de la órbita de competencia del contralor general, en tanto están constitucionalmente asignadas a la Asamblea Departamental.

5.5. La expedición del acto cuestionado incumplió el principio de publicidad pues la

competencia del contralor general, en tanto están constitucionalmente asignadas a la Asamblea Departamental.

5.5. La expedición del acto cuestionado incumplió el principio de publicidad pues la publicación en la página web de la entidad se realizó solo hasta el 31 de julio de 2014, es decir, más de 1 año después de su expedición y con posterioridad al reporte de empleos vacantes efectuado a la CNSC y a la emisión de los acuerdos por medio de los cuales se realizó la Convocatoria 279 de 2013.

5.6. Por su parte, los acuerdos 456 del 2 de octubre de 2013, 495 del 25 de octubre de 2013; y 522 del 29 de julio de 2014 proferidos por la CNSC, adolecen de nulidad por haber sido proferidos con fundamento en la Resolución 061 de 2013, pues los empleos y requisitos allí fijados no corresponden a los establecidos por la Asamblea Departamental de Risaralda, sino a las modificaciones irregularmente efectuadas por el contralor general del departamento.

5.7. En esa línea las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015 a través de las cuales se fijaron las listas de elegibles también son nulas por ser el resultado de un concurso público de méritos que se convocó con base en disposiciones que no deben hacer parte del ordenamiento jurídico.

5 Folios 2 al 9, en el cuaderno 1.4

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Demandante: Nidia Gandur Gandur

5.8. La Oficina de Control Interno de la Contraloría General de Risaralda rindió un informe de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad en el mes de marzo de 2015 en el que concluyó que se « [presumía] la ilegalidad de la Resolución 061 de 2013 » pues para su expedición el contralor se abrogó una facultad que es propia de la Asamblea del departamento.

1.2. Contestación de la demanda

6. La CNSC solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por las siguientes

razones6:

6.1. Las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015 son actos administrativos de carácter particular y concreto que no pueden ser cuestionados a través del medio de control de nulidad, mientras que los acuerdos 456 del 2 de octubre de 2013, 495 del 25 de octubre de 2013 y 522 del 29 de julio de 2014 son actos de trámite que no están sujetos a control judicial. Finalmente, propuso las siguientes excepciones de mérito:

6.1.1. «Legalidad de los actos administrativos demandados» por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de que trata el artículo 88 del CPACA. La parte demandante

siguientes excepciones de mérito:

6.1.1. «Legalidad de los actos administrativos demandados» por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de que trata el artículo 88 del CPACA. La parte demandante tiene un claro propósito personal porque no pretende un simple control de legalidad sobre los actos acusados, sino que es claro que tiene un interés particular razón por la que no debió adelantarse un proceso de nulidad, sino de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.1.2. El único argumento expuesto por la demandante en relación con la supuesta nulidad de los actos proferidos por la CNSC obedece a que se profirieron con base en la Resolución 061 de 2013, pero no se expuso el incumplimiento de los presupuestos normativos en relación con los actos emitidos por la entidad.

6.1.3. «Avocación de la competencia y ausencia de revocatoria de delegación », en atención a que el ejercicio de las competencias del contralor general de Risaralda no puede interpretarse como una extralimitación y mucho menos como una intervención en las funciones propias de la Asamblea Departamental toda vez que la delegación de funciones no fue expresamente revocada. En tal sentido, el mencionado servidor retomó transitoriamente la autorización concedida por la asamblea en el año 2005 para «[integrar] nuevos empleos con funciones específicas en la planta de personal» y ajustar el manual de funciones de la entidad.

6.2. Propuso las excepciones de caducidad, habérsele dado a la demanda un trámite de un proceso diferente al que corresponde, falta de legitimación en la causa por pasiva, no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios e inepta demanda.

de un proceso diferente al que corresponde, falta de legitimación en la causa por pasiva, no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios e inepta demanda.

7. La Contraloría General de Risaralda también se opuso a la prosperidad del presente medio de control de acuerdo con lo siguiente7:

6 Folios 200 al 222, en el cuaderno 2. 7 Folios 236 al 256 reverso.5

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Demandante: Nidia Gandur Gandur

7.1. La planta global de la Contraloría General de Risaralda no está definida por la Ordenanza 13 de 2011, pues en ese acto se adoptaron las condiciones especiales para el pago de impuestos de conformidad con lo previsto en la Ley 1430 de 2010. Tampoco es cierto que la Resolución 061 de 2013 haya modificado los empleos de la entidad.

7.2. La Resolución 214 de 2005, por medio de la cual se ajustó el manual de requisitos y competencias laborales, no se expidió por la facultad otorgada por la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza 32 de 2005, sino en ejercicio de la potestad dispuesta en el artículo 267 de la Constitución Política y en los términos del artículo 15 de la Ley 909 de 2004. En tal sentido, la expedición de la Resolución 061 de 2013 también fue proferida en pleno ejercicio de las citadas facultades y no por la

de la Ley 909 de 2004. En tal sentido, la expedición de la Resolución 061 de 2013 también fue proferida en pleno ejercicio de las citadas facultades y no por la autorización del cuerpo colegiado como afirma la parte demandante.

7.3. La acusada resolución fue expedida como consecuencia de un proceso administrativo que tuvo como propósito aclarar a la CNSC los empleos vacantes que podían ofrecerse para el concurso público de méritos. Lo anterior obedece a la autonomía administrativa y financiera de la que gozan las contralorías territoriales para modificar los manuales para determinar los requisitos específicos y funciones de los empleos necesarios para su correcto funcionamiento.

7.4. De conformidad con el artículo 300 de la Constitución Política, las asambleas departamentales pueden facultar a los gobernadores para que ejerzan funciones que le son propias, pero no es correcto afirmar que dicha delegación puede recaer sobre el contralor o sobre cualquier otro servidor.

7.5. De acuerdo con la sentencia C-447 de 1996, los manuales específicos de funciones deben ser elaborados por el jefe del organismo y la limitación en su elaboración corresponde a que no pueden contrariar normas superiores.

7.6. No es cierto que a través de la Resolución 061 de 2013 se hayan creado o suprimido cargos de la Contraloría General de Risaralda pues actualmente permanecen los 46 cargos que fueron creados por la Asamblea Departamental a través de las ordenanzas 32 de noviembre de 2005, 7 de febrero de 2011 y 13 de abril de ese año. La referida resolución fue debidamente publicada en la página web de la entidad, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1712 de 2014.

de ese año. La referida resolución fue debidamente publicada en la página web de la entidad, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1712 de 2014.

7.7. Por último, propuso las excepciones de «prueba ineficaz, improcedente e inconducente», «presentación de prueba conseguida ilegalmente con violación a la ley» y «fuerza ejecutoria del acto administrativo».

1.3. Medida cautelar

8. A través de auto del 6 de octubre de 2015 se negó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de las resoluciones 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138 y 2139 del 28 de abril de 2015, proferidos por la CNSC. La providencia indicó lo

siguiente8:

8 Folios 110 al 113 del cuaderno de la solicitud de suspensión provisional.6

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Demandante: Nidia Gandur Gandur

8.1. Del simple contraste entre los actos administrativos cuya suspensión se solicitó y el sustento normativo invocado no se logró establecer el evidente desconocimiento del ordenamiento jurídico por parte de la CNSC, que actuó de conformidad con la información suministrada por la Contraloría General de Risaralda.

8.2. Establecer lo anterior requiere un cuidadoso estudio sobre el material probatorio, de modo que pueda definirse si los actos administrativos citados fueron proferidos en

información suministrada por la Contraloría General de Risaralda.

8.2. Establecer lo anterior requiere un cuidadoso estudio sobre el material probatorio, de modo que pueda definirse si los actos administrativos citados fueron proferidos en derecho. En el sustento de la solicitud de suspensión provisional no se acreditó que la decisión de no conceder la medida cautelar causara un perjuicio que tornara en nugatorio el sentido de la decisión de presente asunto; así, la simple manifestación de urgencia resulta insuficiente para acceder a lo pedido por la parte demandante.

1.4. Decisión sobre excepciones previas

9. En el auto del 1 de marzo de 2024 se resolvieron las excepciones previas y se declararon no probadas las de caducidad, habérsele dado a la demanda un trámite de un proceso diferente al que corresponde, falta de legitimación en la causa por pasiva, no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios e inepta demanda propuestas por la CNSC.

10. Del mismo modo declararon no probadas las de «prueba ineficaz, improcedente e inconducente», «presentación de prueba conseguida ilegalmente con violación a la ley» y la de «fuerza ejecutoria del acto administrativo » propuestas por la Contraloría General de Risaralda y las de «legalidad de la generalidad de actos administrativos demandados» y «avocación de la competencia y ausencia de revocatoria de delegación » presentadas por las CNSC, por no ser medios exceptivos previos, sino argumentos de defensa relacionados con el fondo del asunto9.

1.5. Trámite de sentencia anticipada

11. Con auto del 22 de mayo de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada 10.

relacionados con el fondo del asunto9.

1.5. Trámite de sentencia anticipada

11. Con auto del 22 de mayo de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada 10.

Con esa finalidad, se admitieron todas las pruebas documentales aportadas por las partes, se negaron las solicitudes probatorias presentadas por la demandante y la Contraloría General de Risaralda por ser innecesarias y se ordenó oficiar a la citada entidad para que suministrara el certificado de publicación de la Resolución 061 de 2013, requerimiento que fue satisfecho según memorial visible en el índice 87 de Samai.

12. Posteriormente se fijó el litigio y se establecieron los siguientes problemas jurídicos:

«¿La Resolución 061 del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría General de Risaralda fue expedida sin competencia y vulneró el principio de publicidad en razón a la fecha en que fue publicado este acto administrativo?

¿Los actos administrativos demandados desconocieron las normas en que debían fundarse, en especial los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 122, 228 у 300 de la Constitución Política; y 8, 9, 65 y 91 del CPACA, así como los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, responsabilidad, transparencia,

9 Documento 114 en el índice 51 de Samai. 10 Documento 126 en el índice 70.7

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10 Documento 126 en el índice 70.7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 24 000 208 00270 00 (0297-2022) Demandante: Nidia Gandur Gandur publicidad, eficacia, autonomía de las entidades territoriales y de sujeción de las autoridades públicas a los mandatos constitucionales?»

13. Por último, ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.

1.6. Alegatos de conclusión

14. Solo la CNSC se alegó de conclusión. Los argumentos son del siguiente orden11:

14.1. La CNSC cumplió con el deber de comunicarle a la Contraloría General de Risaralda la obligación de remitir el manual de funciones vigente para iniciar con el proceso de planeación del proceso de selección. En ese sentido, lo ofertado en la Convocatoria 279 de 2013 guarda estricta correspondencia con aquellos enlistados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera certificados por la entidad beneficiaria.

14.2. La CNSC no tiene ningún tipo de responsabilidad en el proceso de creación, expedición, ejecución y actualización del manual de funciones de las entidades públicas y la parte demandante no expuso cuáles son las garantías presuntamente desconocidas por la Comisión, lo que implica el incumplimiento del deber de «presentar una acusación clara, cierta, pertinente y conducente» que permita realizar el estudio de legalidad pretendido.

desconocidas por la Comisión, lo que implica el incumplimiento del deber de «presentar una acusación clara, cierta, pertinente y conducente» que permita realizar el estudio de legalidad pretendido.

14.3. Los actos demandados fueron proferidos en cumplimiento de los artículos 130 de la Constitución Política; 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004; y 2.2.6.1. y 2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015. De acuerdo con lo anterior, los cargos propuestos no deben prosperar.

1.7. El ministerio público

15. El agente delegado del ministerio público ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó que se declar ara la nulidad de la Resolución 061 de 2013

por las siguientes razones12:

15.1. La planta de personal de la Contraloría General de Risaralda fue creada y modificada por la Asamblea Departamental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 330 de 1966, que dispone que la estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración de las contralorías deben ser establecidas por las respectivas asambleas.

15.2. Si bien es cierto que el cuerpo de diputados puede autorizar a los contralores generales de los departamentos para que ejerzan pro tempore algunas funciones precisas relacionadas con la estructura de la administración departamental, dicho aval debe consignarse de manera expresa a través de una ordenanza, lo cual no ocurrió en esta oportunidad. En tal sentido, las citadas autorizaciones no pueden ejercerse de manera indefinida, al paso que la otorgada en la Ordenanza 032 de 2005 se entiende

en esta oportunidad. En tal sentido, las citadas autorizaciones no pueden ejercerse de manera indefinida, al paso que la otorgada en la Ordenanza 032 de 2005 se entiende ejercida con la expedición de las resoluciones 214 y 215 de ese año.

11 Documento 132 en el índice 82 de Samai. 12 Documento 134 en el índice 83 de Samai.8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 24 000 208 00270 00 (0297-2022) Demandante: Nidia Gandur Gandur 15.3. Con la Resolución 061 de 2013 el contralor general de Risaralda se atribuyó una facultad constitucional y legal propia de la asamblea, que no le fue expresamente autorizada lo que implica que el acto acusado fue expedido sin competencia.

15.4. Ahora, en cuanto a la supuesta falta de publicidad del acto cuestionado, dicha exigencia se entiende satisfecha con la divulgación efectuada por la CNSC en su página web con ocasión del concurso de méritos de la Convocatoria 279 de 2013. En esa línea, la falta de publicidad del acto administrativo de carácter general está relacionada con la oponibilidad, pero no con su eficacia como lo pretende hacer ver a parte demandante13.

15.5. En conclusión, la Resolución 061 de 2013 debe ser declarada nula por haber sido expedida sin competencia, pero no por la falta de publicación, pues ello no es un cargo de nulidad.

parte demandante13.

15.5. En conclusión, la Resolución 061 de 2013 debe ser declarada nula por haber sido expedida sin competencia, pero no por la falta de publicación, pues ello no es un cargo de nulidad.

1.8. Saneamiento del proceso

16. Por auto del 22 de mayo de 2024, se efectuó el control de legalidad y no se advirtió la necesidad de adoptar medidas de saneamiento . Contra esa decisión no se presentaron recursos.

17. Con posterioridad la Contraloría General de Risaralda allegó la prueba por la que se le ofició, de la cual se le corrió traslado a las partes sin que se pronunciaran sobre el particular. El proceso ingresó al despacho el 30 de octubre de 202414.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

18. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional . Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 1315, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 16 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problemas jurídicos

19. En atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, los problemas jurídicos se contraen a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Si l a Resolución 061 del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría

19. En atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, los problemas jurídicos se contraen a resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Si l a Resolución 061 del 17 de abril de 2013, proferida por la Contraloría General de Risaralda fue expedida sin competencia y vulneró el principio de

13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de mayo de 2014, radicado 11001 -03-28-0002011-00059-00 y sentencia C-957 de 1999. 14 Índice 96de Samai. 15 Reglamento interno del Consejo de Estado. 16 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 24 000 208 00270 00 (0297-2022) Demandante: Nidia Gandur Gandur publicidad por haber sido publicada en la página web de la entidad más de un año después de su expedición y con posterioridad al reporte de la oferta pública de empleos de carrera del 26 de agosto de 2013?

20. En caso de que la anterior cuestión sea resuelta de manera afirmativa, se

establecerá:

• ¿Si los actos administrativos demandados desconocieron las normas en que debían fundarse, en especial los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 122, 228 у 300 de

establecerá:

• ¿Si los actos administrativos demandados desconocieron las normas en que debían fundarse, en especial los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 29, 122, 228 у 300 de la Constitución Política; y 8, 9, 65 y 91 del CPACA, así como los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia, autonomía de las entidades territoriales y de sujeción de las autoridades públicas a los mandatos constitucionales?

21. Para resolver los anteriores cuestionamientos se abordarán los siguientes aspectos: i) la planta de personal de las contralorías territoriales y el manual de funciones y compentencias laborales de las entidades públicas; ii) la Comisión Nacional del

Servicio Civil y las unidades de personal; y iii) la Oferta Pública de Empleos de Carrera. Con fundamento en lo anterior, se resolverá sobre la legalidad de los actos acusados de conformidad con los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La planta de personal de las contralorías territoriales y el manual de funciones y competencias laborales de las entidades públicas

22. Toda entidad pública tiene dispuesto un número determinado de empleos para el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico con el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto responde a lo que en materia de función pública se conoce como planta de personal. Su creación y regulación está determinado por las necesidades del servicio y su definición clara permite un diseño de la estructura organizacional a nivel global lo que, a su vez,

materia de función pública se conoce como planta de personal. Su creación y regulación está determinado por las necesidades del servicio y su definición clara permite un diseño de la estructura organizacional a nivel global lo que, a su vez, concretar su cantidad, naturaleza y el contenido funcional de los requeridos por medio de su respectiva clasificación.

23. De acuerdo con el inciso 4 del artículo 272 de la Constitución Política la organización de las contralorías departamentales y municipales es una atribución otorgada a las respectivas asambleas y concejos. En esa línea, de acuerdo con el artículo 300, ordinal 7, ibidem, las asambleas departamentales tienen la potestad de establecer al estructura de la administración, sus funciones y las escalas de remuneración.

24. La anterior previsión constitucional fue reproducida en el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 42 de 1993 sobre la organización del sistema de control fiscal y financiero.

A pesar de que dicha previsión normativa fue derogada de manera expresa por medio del Decreto Ley 403 de 2020, perma