CE - Sentencia 11001032400020200019800 de 2025

Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

Recurrentes: Ligia Stella Flórez Acevedo y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362) Recurrentes: LIGIA STELLA FLÓREZ ACEVEDO Y OTROS Asunto: Causal 8ª del artículo 250 del CPACA ─ cosa juzgada

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Boyacá , dentro de la acción de grupo No. 15693-33-31-001-2011-00253-02.

I. SÍNTESIS

La parte actora presentó acción de grupo contra la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) , solicitando la indemnización de los perjuicios causados por el desbordamiento del Lago de Tota ocurrido en octubre de 2010, que condujo a la inundación de los predios colindantes y a la pérdida de los

Regional de Boyacá (CORPOBOYACA) , solicitando la indemnización de los perjuicios causados por el desbordamiento del Lago de Tota ocurrido en octubre de 2010, que condujo a la inundación de los predios colindantes y a la pérdida de los cultivos exist entes. El Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso negó las pretensiones, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019) , al considerar que el daño fue generado, principalmente, por el fenómeno de La Niña, lo que calificó como un evento de fuerza mayor. Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó la causal de revisión prevista en el numeral 8º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, “[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada (…)”,Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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específicamente, a la providencia proferida por el Consejo de Estado el diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) dentro del expediente No. 2359.

II. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes de la acción de grupo No. 15693-33-31-0012011-00253-02.

1.1 El diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011), un grupo de ciudadanos, alegando ser propietarios , poseedores o tenedores de predios colindantes con la

2011-00253-02.

1.1 El diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011), un grupo de ciudadanos, alegando ser propietarios , poseedores o tenedores de predios colindantes con la ribera o el área de influencia del Lago de Tota1, formularon acción de grupo contra

1 Se trató específicamente ⎯y según se indica en la sentencia de segunda instancia que aquí se controvierte⎯, de un primer grupo conformado por los señores Ligia Stella Flórez Acevedo, Álvaro Riveros Fonseca, Luidina Flórez de Parra, Carlos Julio Cepeda Cardozo, Eduardo de Jesús Cepeda Cardozo, Nelsy Ruth Rojas Martínez, Carlos Emilio Acero Lemus, Néstor Gustavo Flórez Acevedo, Floricelda Piragauta de Martínez, Segundo Isidoro Martínez, Carlos Roberto Gutiérrez Mesa, Bertha María Gutiérrez, Fabio Flórez López, Wilson Rene Bernal Cárdena s, Carlos Eduardo Vargas, María Elena Suárez Gavidia, Ruth Cenaida Chaparro Riveros, Jairo de Jesús Mesa Cardozo, Luz Marina Álvarez Moreno, Rigoberto Cepeda Cardozo, Cesar Salamanca Mesa, Edilberto Chaparro Díaz, Hilda Cecilia Rodríguez Pedraza, Rosa Nelly Cepeda Cardozo, Edil Nebardo López Cardozo, María Elvinia Talero Daza, Edgar Gilberto Pérez Lemus, Guillermo Flórez Acevedo, Bethy Lizeth Barrera Chaparro, José Chaparro Riveros, Blanca Aurora Acevedo de Chaparro, Elba Lucia Riveros, José de los Reyes Chaparro de Riveros, Marina Chaparro Riveros, Dora Cecilia Pedraza Pérez y Martha Ofelia Pedraza Pérez. Posteriormente se hicieron parte del proceso los señores: Rito Antonio

de los Reyes Chaparro de Riveros, Marina Chaparro Riveros, Dora Cecilia Pedraza Pérez y Martha Ofelia Pedraza Pérez. Posteriormente se hicieron parte del proceso los señores: Rito Antonio Montaña Vargas, Germán Francisco Pérez Pérez, Jacobo Costo Cardozo, Guillermo Bastidas Burbano, Rosa Lucila Preciado de Pérez, Luis Antonio Suárez M olina, Elvira Vargas de Zambrano, Holman Mauricio Zambrano Vargas, Wilson Andrés Zambrano Varga s, Héctor Orlando Barrera Cárdenas, María Teresa Montaña de Camargo, Tito Alfonso Pérez Pérez, Numa Ernesto Torres Barrera, Rito Antonio Pérez Rodríguez, Fabio Montaña Rodríguez, María Fanny Tinoco de Pérez, Luis Norberto Pérez Preciado, María Verónica Patarroyo de Rodríguez, Ludy Stefany Flórez Blanco, Siervo Pérez Chaparro, Luis Antonio Or duz Barrera, Flor Mireya Acevedo Ariza, Martin Alarcón Cadena, Mariana del Carmen Acevedo de Pesca, Aura Elina Acevedo de Rodríguez, Antonio Iván Pérez Preciado, Graciela de los Dolores Preciado Acevedo, Jorge Enrique Urrutia Vanegas, Marily Gómez Vargas, Rafael Urrutia Pérez, Ramón Ricardo Pérez Pérez, Elia Nieves Pérez Pérez, Ángela Yolanda Barrera de Latorre, Carlos Eduardo Alarcón Plaza s, Edilberto Pesca Pesca, Gloria Cecilia Rodríguez de Pérez, Mary luz Alarcón Rosas, Esperanza Alarcón Rosas, Marco Aurelio Cadena Gutiérrez, Flor Alicia Cepeda, Claudi o Hernán Martínez Martínez, José Gonzalo Gutiérrez Alarcón, Jesús María Pérez Preciado, Asís Antonio Rojas Espinel, Luis Mario Cepeda Cardozo, Dora Gladys

Gutiérrez, Flor Alicia Cepeda, Claudi o Hernán Martínez Martínez, José Gonzalo Gutiérrez Alarcón, Jesús María Pérez Preciado, Asís Antonio Rojas Espinel, Luis Mario Cepeda Cardozo, Dora Gladys Pérez Preciado, Julia Cecilia Flórez de González, Sonia Yaneth Torres Torres, Otoniel Montaña Pérez, Luis Francisco Cardozo Montaña, Carlos Eutimio Zambrano Cardozo, Flor María Cadena de Alarcón, Luis Humberto Mesa Martínez, Cleofe Nelly Cadena de Cadena, María Margarita Cadena de Alarcón, María Esther Mesa de Rodríguez, Edgar Ariel Rodríguez Riveros, Andrea Carolina Rodríguez Riveros, Zulma Yolima Rodríguez Riveros, Aura María Riveros de Rodríguez, Ramiro Esteban Rodríguez Riveros, María Elia Vargas de Moreno, Luz Amanda Sierra Pérez, Teresa Alarcón Pedraza, Javier Francisco Santos, Luz Samira Rodríguez Rodríguez, Jaime Orlando Rodríguez Rodríguez, Edward David Rodríguez, Oliverio Piragauta Patiño, Blanca Inés Rodríguez (cuya participación fue aceptada por auto del 25 de abril de 2012 , tal y como consta a folios 312 a 314 del PDF “33_CUADERNO 4”, índice 26 de SAMAI). En tanto, posteriormente fueron aceptados como parte del grupo los señores: María Imelda Chaparro Rosas, Hernán Ramiro Chaparro Rosas, Mauro Enrique Chaparro Rosas, Cielo Esperanza Gutiérrez Gutiérrez, Martha Esperanza Chaparro Bernal, Héctor Orlando Chaparro Be rnal, María Rafaelina Alarcón de Gómez, Carlos Enrique Cardozo Rojas, Claudi o José Pedraza, William Ernesto Rodríguez Rincón, Bertha Marina Pérez

Bernal, Héctor Orlando Chaparro Be rnal, María Rafaelina Alarcón de Gómez, Carlos Enrique Cardozo Rojas, Claudi o José Pedraza, William Ernesto Rodríguez Rincón, Bertha Marina Pérez Gutiérrez, Josué Serafín Cadena Pérez, María Josefina López de Barreras, Martha Patricia Chaparro Lemus y Sandra Yanibe Rico Mesa (al respecto consultar autos del 26 de junio, 20 de noviembre y 5 de diciembre de 2013 y del 29 de enero de 2014, disponibles en los folios 315, 327 y 411 del PDF “35_CUADERNO 6” del índice 26 de SAMAI).Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Boyacá y CORPOBOYACA2, solicitando que fuera n declaradas administrativamente responsables por la inundación de sus predios ⎯acaecida en el mes de octubre del año 2010 ⎯, la consecuente pérdida de los cultivos allí plantados y la imposibilidad futura de utilizar esas tierras para siembra3.

Como sustento de su demanda , en términos generales, alegaron que desde 1960 el Estado ha intervenido en diversas formas el Lago de Total (con la creación de presas, la desviación de causes, la incorporación de compuertas para regular el flujo de agua4, entre otras), intervenciones con las cuales se ha modificado su cauce, la forma natural de desagüe de sus aguas y la cota de inundación del cuerpo de agua5. Además, sostuvieron que hace años el entonces INDERENA introdujo al lago el alga

de agua4, entre otras), intervenciones con las cuales se ha modificado su cauce, la forma natural de desagüe de sus aguas y la cota de inundación del cuerpo de agua5. Además, sostuvieron que hace años el entonces INDERENA introdujo al lago el alga Elodea cuyo crecimiento descontrolado ha impedido el desagüe adecuado.

A su juicio, esas acciones, unidas a una actuación omisiva de las entidades demandadas tanto en la revisión, adecuación y mantenimiento de las obras existentes en el Lago de Tota, como en la adopción de otras medidas correspondientes como la limpieza del a lga, fueron determinantes para que ocurriera el desbordamiento del lago y la inundación acaecida en octubre de 2010, la cual afectó gravemente los predios de los demandantes.

Como antecedente relevante, los accionantes indicaron que en la temporada invernal de 1962 y como consecuencia de la ejecución de las obras realizadas en el lago en ese entonces por Acerías Paz del Río S.A., se presentaron las primeras inundaciones en los predios ribereños del Lago de Tota , situación que dio lugar a que el Consejo de Estado , mediante sentencia del diez (10) de marzo de mil

2 Tal y como consta a folios 312 a 314 del PDF denominado “33_CUADERNO 4”, índice 26 de SAMAI, por auto del 25 de abril de 2012 se ordenó la vinculación a la acción de grupo del INCODER y de los municipios de Tota, Aquitania y Cuítiva (Boyacá) como entidades demandadas. Posteriormente, ante la desaparición del INCODER, por auto del 30 de enero de 2017 el juez de primera instancia dispuso

municipios de Tota, Aquitania y Cuítiva (Boyacá) como entidades demandadas. Posteriormente, ante la desaparición del INCODER, por auto del 30 de enero de 2017 el juez de primera instancia dispuso reconocer como sucesor procesal de dicha entidad a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (folio 238 del PDF denominado “ 36_CUADERNO 7” del índice 26 de SAMAI), vinculación que fue confirmada por auto de 9 de abril de 2018 en el que se negó la solicitud de nulidad propuesta por esa entidad (folios 136 a 140 del “37_CUADERNO 8” disponible en el índice 26 de SAMAI). 3 Folio 43 del PDF denominado “28_CUADERNO 1” del índice 26 de SAMAI. 4 Específicamente, aludieron a la obra realizada por la Siderúrgica Nacional de Paz del Río S.A. en el año 1961, a la “presa” en forma de herradura construida en 1981 y a las compuertas de pa so de agua instaladas en el Río Olarte que surte al lago. 5 Al efecto, alegaron que el Lago de Tota dirig ía sus excedentes de agua, de forma natural, al Río Upía, lo cual fue afectado en los años sesenta por la autorización dada a la empresa Acerías Paz del Río S.A. para recolectar agua de su cauce y efectuar obras para dicho fin.Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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novecientos sesenta y cinco (1965) 6, declarara a las demandadas administrativamente responsables de los daños causados por esa situación7.

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novecientos sesenta y cinco (1965) 6, declarara a las demandadas administrativamente responsables de los daños causados por esa situación7.

1.2 El once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso negó las pretensiones de la acción de grupo, bajo la consideración de que no estaba acreditado que el daño alegado pudiera ser atribuido a las entidades demandadas por las causas invocadas en la demanda, en tanto no se probó que las obras efectuadas en el Lago de Tota o la introducción del alga Elodea hubieran tenido incidencia en las inundaciones ocurridas en el año 2010.

Por el contrario, el juzgado consideró que estaba demostrado que, en general, las obras funcionaban adecuadamente y que las entidades habían adoptado medidas para la limpieza del alga, así como también advirtió acreditado que los demandantes ampliaron la frontera agrícola de sus cultivos en detrimento del lago y de sus zonas de desagüe, pues la mayoría de los predios afectados se encuentran ubicados en la franja de protección o ronda hídrica dentro de los treinta (30) metros siguientes a la orilla del lago o dentro de su cota máxima de inundación . Además, para la autoridad judicial se materializó una situación de fuerza mayor irresistible e imprevisible, debido a que las lluvias ocurridas durante los años 2010 y 2011 estaban ligadas al fenómeno de La Niña, generando un hecho inusitado que superó las capacidades de previsión de las entidades demandadas8.

imprevisible, debido a que las lluvias ocurridas durante los años 2010 y 2011 estaban ligadas al fenómeno de La Niña, generando un hecho inusitado que superó las capacidades de previsión de las entidades demandadas8.

1.3 Inconforme con lo anterior, los demandantes formularon recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para lo cual alegaron, en términos generales, que no estaba demostrad a la ampliación de la frontera agrícola ni el desconocimiento de la ronda hídrica.

Asimismo, insistieron en que el daño se originó por la omisión de las entidades respecto de las obras existentes en el lago y reiteraron la necesidad de tener en cuenta las conclusiones planteadas por el Consejo de Estado en providencia del diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) , fallo que, en su criterio, constituye precedente judicial, en tanto la mayoría de los ahora accionantes son “herederos” de quienes tenían la condición de demandantes en ese proceso.

6 Expediente 2359. 7 Folios 2 a 43 del PDF denominado “28_CUADERNO 1” del índice 26 de SAMAI. 8 Folios 195 a 293 del PDF 37_CUADERNO 8” disponible en el índice 26 de SAMAI.Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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Por lo demás, señalaron que no estaba configurada la fuerza mayor porque las condiciones climáticas no resultaban imprevisibles, de manera que las autoridades pudieron adoptar medidas para la mitigación del daño9.

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Por lo demás, señalaron que no estaba configurada la fuerza mayor porque las condiciones climáticas no resultaban imprevisibles, de manera que las autoridades pudieron adoptar medidas para la mitigación del daño9.

1.4 Mediante sentencia de veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión de negar las pretensiones, por considerar que el fenómeno de La Niña ocurrido en 2010 fue una situación de “altísima gravedad e impacto ”, pues las precipitaciones fueron extraordinarias e irresistibles, lo que, incluso, llevo al Gobierno Nacional a declarar un estado de excepción. Así, el Tribunal encontró demostrado que el Lago de Tota recibió un porcentaje de lluvias mucho mayor a la media histórica, sin que se hubiere acreditado que la construcci ón de presas y compuertas hubieren favorecido o propiciado las inundaciones , ni tampoco que CORPOBOYACA hubiere omitido el cumplimiento de labores de limpieza del alga Elodea.

Adicionalmente, señaló que antes de la inundación del 2010 existía normativa clara y vinculante sobre las zonas de protección (ronda hídrica) y las cotas máximas de inundación del lago, normativa que imponía a la parte actora el deber de proteger esas zonas y de abstenerse de ejercer allí actividades prohibidas como la agricultura.

Asimismo, la autoridad de segunda instancia sostuvo que la providencia proferida por el Consejo de Estado el diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) no constitu ye precedente aplicable a este caso, pues se produjo en unas

Asimismo, la autoridad de segunda instancia sostuvo que la providencia proferida por el Consejo de Estado el diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) no constitu ye precedente aplicable a este caso, pues se produjo en unas condiciones f ácticas muy distintas a las ahora analizadas , en tanto , como lo reconocieron los propios demandantes, después de las obras de regularización realizadas en 1960, en el Lago de Tota se han llevado a cabo múltiples intervenciones, construcciones y modificaciones tanto físicas como normativas . En ese sentido, consideró que esa decisión no puede resultar aplicable a un hecho dañoso acaecido más de cincuenta (50) años después de ser proferida, máxime cuando las experticias aportadas al proceso concluyeron que las obras realizadas a principios de los años sesenta no incidieron en los hechos a los que se refiere esta demanda. Por lo demás, señaló que dicha providencia tampoco podía ser considerada como un antecedente, en los términos explicados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-449 de 2016 , “pues no plantea un criterio en derecho que imponga una interpretación legal, [sino que] se trata de un análisis

9 Folios 296 a 319 del PDF ibidem.Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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fáctico que, como se explicó se distancia de las condiciones que este proceso imprime”.

Finalmente descartó los demás cargos de la apelación, al advertir que no habían sido demostradas las causas de la inundación alegadas por la parte actora10.

imprime”.

Finalmente descartó los demás cargos de la apelación, al advertir que no habían sido demostradas las causas de la inundación alegadas por la parte actora10.

2. El recurso extraordinario de revisión

El once (11) de marzo de dos mil veinte (2020), a través de apoderado judicial, algunos de los miembros del grupo demandante formularon recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá11, alegando la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 8º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), esto es, “[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constit uya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada (…)”12.

Para la parte actora , el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció que el Consejo de Estado, en sentencia del diez (10) de marzo de mil novecientos sesenta y cinco (1965) dictada dentro del e xpediente 2359, declaró la responsabilidad del Estado por las inundaciones acaecidas en 1962 en los predios ribereños del Lago de Tota, sentencia que, a su juicio, resultaba vinculante para resolver esta acción de grupo , debido a que ambos procesos guardan identidad de partes, hechos y causas. Así, sostienen que:

• En ambos procesos la parte actora estuvo integrada de igual forma, pues los demandantes de la acción de grupo de la referencia son mayoritariamente sucesores o herederos de quienes demandaron la responsabilidad estatal en

10 Folios 376 a 438 del PDF “37_CUADERNO 8” disponible en el índice 26 de SAMAI. Según consta

demandantes de la acción de grupo de la referencia son mayoritariamente sucesores o herederos de quienes demandaron la responsabilidad estatal en

10 Folios 376 a 438 del PDF “37_CUADERNO 8” disponible en el índice 26 de SAMAI. Según consta en el folio 439 del referido PDF la sentencia se notificó por edicto fijado el 8 de marzo de 2019 y desfijado el 12 de ese mismo mes y año. 11 Específicamente, Ligia Stella Flórez Acevedo, Néstor Gustavo Flórez Acevedo, Guillermo Flórez Acevedo, Álvaro Riveros Fonseca, Ludina Flórez de Parra, Carlos Emilio Acero Lemus, Bertha María Gutiérrez Gutiérrez, Carlos Roberto Gutiérrez Mesa, Cesar Salama nca Mesa, Hilda Cecilia Rodríguez Pedraza, Bethy Lizeth Barrera Chaparro, José Chaparro Riveros, Blanca Aurora Acevedo de Chaparro, Elva Lucía Riveros, Dora Cecilia Pedraza Pérez, Rito Antonio Montaña Vargas, Otoniel Montaña Pérez, Tito Alfonso Pérez Pérez , Ramon Ricardo Pérez Pérez, Elia Nieves Pérez Pérez, German Francisco Pérez Pérez, Rito Antonio Pérez Rodríguez, Héctor Orlando Barrera Cadenas, Sonia Yaneth Torres Torres, Elvira Vargas de Zambrano, Fabio Montaña Rodríguez, Luís Norberto Pérez Preciado, Antonio Iván Pérez Preciado, Carlos Eutimio Zambrano, Javier Francisco Santos, Angela Yolanda Barrera de la Torre, Guillermo Bastidas Burbano, Marily Gómez Vargas, Julia Cecilia Flórez de González, Jorge Enrique Urrutia Vanegas y María Elia Vargas de Moren o.

Angela Yolanda Barrera de la Torre, Guillermo Bastidas Burbano, Marily Gómez Vargas, Julia Cecilia Flórez de González, Jorge Enrique Urrutia Vanegas y María Elia Vargas de Moren o. 12 Índice 15 de SAMAI, PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf) NroActua 15” folio 2.Radicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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el año 1962 , por la inundación de los predios que colindan con el Lago de Tota; - El daño alegado en uno y otro caso tuvieron la misma causa, esto es, las obras estatales adelantadas en el cuerpo hídrico , en especial la presa que en 1961 construyó la empresa Acerías Paz del Río S.A., ahora reforzada por la presa “herradura” construida en los años ochenta y las demás intervenciones del lago; y - Hay identidad en la parte demandada, pues desde 1962 ha sido el Estado colombiano el que ha tenido la administración del Lago de Tota, a través de diversas entidades públicas, en tanto ha sido su omisión ⎯en diversos aspectos⎯ la causante de las inundaciones en los predios colindantes a dicho cuerpo de agua.

Para ilustrar su dicho, los recurrentes aluden específicamente a la situación de cinco predios que resultaron inundados en 1962 y en 2010, así:

Matrícula Inmobiliaria Propietario en 1962 Propietario en 2010 Argumentos planteados por los recurrentes 095-73407 José del Carmen

Matrícula Inmobiliaria Propietario en 1962 Propietario en 2010 Argumentos planteados por los recurrentes 095-73407 José del Carmen Gutiérrez Carlos Gutiérrez y Bertha María Gutiérrez Gutiérrez (hijos de José del Carmen Gutiérrez) El predio está ubicado en la vereda Susacán con una extensión total de 730 mt 2; solo se reclama indemnización sobre los 559 mt2 que estaban cultivados con cebolla , descartando los 171 mt 2 que corresponde n a la ronda hídrica de protección. Sostienen que el bien está ubicado a 3.014.90 metros sobre el nivel del mar, esto es 6 cm por encima del muro construido en 1961 por la Acería estatal , y que se inundó por las represas ubicadas en el lago. Afirman que en 1965 se reconoció indemnización en favor de su propietario. 095-24517 Luis Benigno Pedraza Castillo y Bertha Aurora de Pedraza Dora Cecilia Pedraza y Martha Ofelia Pedraza (hijas de Luis Benigno Pedraza Castillo y Bertha Aurora de Pedraza) El predio es propiedad de las hermanas del apoderado de los recurrentes, lo cual, afirman, le permite al abog ado tener conocimiento de primera mano de lo que allí ocurre. En 1962 se inundó por estar al mismo nivel del muro construido por la Acería, razón por la

apoderado de los recurrentes, lo cual, afirman, le permite al abog ado tener conocimiento de primera mano de lo que allí ocurre. En 1962 se inundó por estar al mismo nivel del muro construido por la Acería, razón por la que el señor Luis Benigno Pedraza Castillo fue indemnizado por el Consejo de Estado. Insisten en que la falla en el servicio decretada en 1965 se siguió presentando en el año 2010, esta vez agravada por la construcción de una segunda presa (presa la herradura) y que al momento de la inundación el predio respetaba la ronda hídrica (60 mts), por lo que el reclamo solo se centra en la extensión del predio que no hace parte de dicha ronda. Aseguran que el Estado no ha ofrecido compra por este predio pese a que, al estar ubicado en la ribera del lago, fue declarado de utilidad pública, de manera que el predio sigueRadicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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Matrícula Inmobiliaria Propietario en 1962 Propietario en 2010 Argumentos planteados por los recurrentes siendo privado pero inutilizado porque permanece inundado al menos 10 meses al año. 0950025596, 095128209; 095-0025593; 095106211, 095-106212 Esteban Rodríguez Edgar Ariel Rodríguez (nieto de Esteban Rodríguez) Se pone de presente que el señor Esteban

25593; 095106211, 095-106212 Esteban Rodríguez Edgar Ariel Rodríguez (nieto de Esteban Rodríguez) Se pone de presente que el señor Esteban Rodríguez fue indemnizado con la sentencia de 1965 y que los predios han estado en cabeza de la familia Rodríguez por 90 años, aproximadamente, lo que evidencia que “ son las mismas partes y bienes afectados en la demanda con sentencia del 10 de marzo de 1965 y los bienes afectados y demandantes en la demanda de acción de grupo (…) materia de solicitud de revisión”. Aseguran que los bienes están ubicados a 400 mts del lago (por lo que no tenían la obligación de respetar la ronda) , pero que igual resultaron inundados. Señalan que, pese a que el abuelo del señor Edgar Ariel Rodríguez fue indemnizado en 1965, los jueces de instancia de la acción de grupo negaron las pretensiones y desconocieron que “ambas partes eran iguales” y que “la responsabilidad del Estado se mantiene y todas las veces que haya inundaciones, mientras no se modifique la altitud de los muros que le elevaron el nivel al lago o mientras no se expropien los predios que en su época identificaron como de utilidad pública para poner e n funcionamiento las obras (…)”. 095-16709 Agapito Pérez Germán Francisco Pérez (hijo de Agapito Pérez) Explican que el predio está ubicado en la vereda Pérez del municipio de Aquitania, en tanto el señor Agapito Pérez fue beneficiario

Germán Francisco Pérez (hijo de Agapito Pérez) Explican que el predio está ubicado en la vereda Pérez del municipio de Aquitania, en tanto el señor Agapito Pérez fue beneficiario de la indemnización ordenada en 1965. Indican que, pese a que el lote está ubicado a casi un 1 km de distancia del lago, resultó inundado como consecuencia de las obras adelantadas en él, especialmente las de 1961. En este sentido, aseguran que como el Estado varió las condiciones naturales d el lago, debió adquirir las tierras que resultaban afectadas con las obras realizadas. Por lo demás, sostienen que este predio respeta la ronda hídrica y que los cultivos se siembran más allá de la misma. 095-15802 Silvio Montaña Rito Antonio Pérez (hijo de Silvio Montaña) Indican que el predio se encuentra ubicado en la verdad el Daito (no se precisa el municipio) y que, pese a que no colinda con el lago, resultó inundado. Señalan que este predio no tiene la obligación de dejar ronda en toda su extensión, pese a lo cual siempre se inunda por las presas construidas.

A partir de lo anterior, los recurrentes aseguran que se materializa la causal invocada porque “no solo son las mismas partes, sino las mismas causas, el mismo objeto, y en la sentencia que constituye cosa juzgada, se estableció la responsabilidad del Estado, la cual permanece vigente cada vez que ocurra unaRadicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

objeto, y en la sentencia que constituye cosa juzgada, se estableció la responsabilidad del Estado, la cual permanece vigente cada vez que ocurra unaRadicado: 11001-03-24-000-2020-00198-00 (69362)

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inundación por causa de las obras ejecutadas por el Estado desde 1962, mientras el estado (sic) no lleve a cabo la expropi ación ordenada por el legislador, previa indemnización, SIEMPRE SERÁ RESPONSABLE POR LOS PREJUICIOS (sic) OCASIONADOS A LOS RIBEREÑOS” (mayúsculas en original).

Por lo demás, aseguran que, en tanto la excepción de cosa juzgada no fue debatida en la acción de grupo objeto de revisión, se cumple el requisito previsto en la ley para la procedencia del recurso13.

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. El recurso correspondió por reparto al Despacho de la Consejera Nubia Margoth Peña Garzón, en la Sección Primera del Consejo de Estado, donde, mediante auto de once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022), fue inadmitido14.

3.2. Subsanados los yerros evidenciados, por providencia del veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) se dispuso la admisión del recurso y la notificación del mismo a la Nación ─ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Departamento de Boyacá, a Corpoboyacá, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y a los municipios de Aquitania, Tota y Cu ítiva (Boyacá). En esa misma providencia

Boyacá, a Corpoboyacá, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y a los municipios de Aquitania, Tota y Cu ítiva (Boyacá). En esa misma providencia se requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso para que aportara el expediente contentivo de la acción de grupo objeto de revisión15.

3.3. Por auto de dos (2) de diciembre de dos mil veintidós (2022) , se ordenó la remisión por competencia de este asunto a la Sección Tercera del Consejo de Estado16.

3.4. Efectuado el reparto correspondiente, el recurso fue asignado a este Despacho donde, por auto de trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023), se avocó conocimiento del recurso extraordinario y se decretaron como pruebas las documentales aportadas por los recurrentes y el expediente remitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso . Asimismo, se dispuso el traslado de esos documentos a los sujetos procesales17.

13 Recurso disponible a folios 2 a 37 del PDF “CUADERNO PRINCIPAL 1”, índice 15 de SAMAI. 14 Índices 1, 2 y 5 de SAMAI. 15 Índice 13 de SAMAI. 16 Índice 29 de SAMAI. 17 Índices 38, 39 y 42 de SAMAI. Específicamente, con el recurso se aportaron la