CE - Sentencia 11001032400020200027200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00272-00

Actor: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

TESIS: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CUENTA CON FACULTAD

PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES A LOS GOBERNADORES Y

ALCALDES CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y RECUPERAR EL

ORDEN PÚBLICO, CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS

189, NUMERAL 4, 303 Y 315 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

ASIMISMO, LOS GOBERNADORES Y ALCALDES DENTRO DE SUS

FUNCIONES DE POLICÍA PUEDEN ADOPTAR MEDIDAS COMO

DECRETAR TOQUE DE QUEDA, PROHIBIR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y RESTRINGIR EL DERECHO DE REUNIÓN , DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS LEYES 1551 DE 2012 Y 1801 DE 2016.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor José Andrés Rojas Villa, quien actúa en nombre propio, tendiente a que se declare la nulidad de l Decreto núm. 420 de 18 de marzo de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones para expedir2

José Andrés Rojas Villa, quien actúa en nombre propio, tendiente a que se declare la nulidad de l Decreto núm. 420 de 18 de marzo de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones para expedir2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00272-00

Actor: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

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normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID -19”, expedido por el gobierno nacional1.

I.- LA DEMANDA

I.1. El señor José Andrés Rojas Villa, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Declarar la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 420 de 2020 (marzo 18) “Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID -19”, expedido por el GOBIERNO.

2. Declarar los efectos ex tunc a la sentencia que ponga fin al proceso […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

1 Conformado por el presidente de la República y los ministros del interior, de defensa nacional, de

proceso […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

1 Conformado por el presidente de la República y los ministros del interior, de defensa nacional, de transporte, de comercio, industria y turismo , de salud y protección social y de educación nacional.3

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Indicó que el constituyente colombiano estableció los es tados de excepción para afrontar las graves perturbaciones del orden público que afecten la integridad o un parte del territorio nacional.

Señaló que el presidente de la República, a través del Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia económico, social y ecológico, el cual fue publicado en el diario oficial 51.259.

Manifestó que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 420 de 2020, con el cual, a su juicio, suspendió o hizo nugatorio el ejercicio de derechos regulados por leyes estatutarias u ordinarias , sin que este haya sido enviado para su control automático a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado.

I.3Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora sostuvo que el decreto demandado trasgredió los

haya sido enviado para su control automático a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado.

I.3Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora sostuvo que el decreto demandado trasgredió los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 13, 16, 19, 24, 25, 37, 38, 78, 84, 93, 94, 121, 122, 125, 150 -numerales 1 y 21 -, 153, 157, 189 -numeral 11-, 209, 212, 213, 214, 215, 237, 241, 333 y 334 de la Constitución Política y fue expedido con violación de las normas super iores en las que debía fundarse.4

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Afirmó que el gobierno nacional expidió el decreto demandado con la finalidad de convalidar las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de las resoluciones núms. 380, 385 y 470 de 2020 y limitar el ejercicio de varios derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.

Explicó que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, tales como ordenar el aislamiento preventivo obligatorio, imposibilitar la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, la

fundamentales de los habitantes del territorio nacional.

Explicó que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, tales como ordenar el aislamiento preventivo obligatorio, imposibilitar la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, la suspensión del transporte domestico por vía aérea, la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en es pacios abiertos y establecimientos de comercio y las limitaciones a los derechos a la libre circulación en conexidad con el derecho al trabajo, a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la imposibilidad de ejercer lúdica a iniciativa propia, las libertades de asociación, religión y de reunión, debían efectuarse a través del desarrollo o reglamentación de un decreto legislativo expedido en el marco del estado de excepción declarado a tra vés del Decreto Legislativo 417 de 2020 y no de las facultades ordinarias invocadas en el acto demandado.5

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Sostuvo que el gobierno nacional con el decreto demandado creó conductas sancionables y determinó la cesación de actividades licitas relacionadas con los derechos a la libre circulación, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, lo cual es propio del legislador.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

relacionadas con los derechos a la libre circulación, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, lo cual es propio del legislador.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1.- Admisión. Mediante proveído de 6 de diciembre de 20202 se adecuó el trámite de la demanda de la referencia al de nulidad, se admitió y se ordenó notificar al presidente de la República y a los ministros del interior, de defensa nacional, de transporte, de comercio, industria y turismo, de salud y protección social y de educación nacional.

II.2Medida cautelar. Mediante escrito separado de la demanda, el actor solicitó la suspensión provisional de los efectos del decreto acusado, medida cautelar que fue denegada mediante auto de 18 de febrero de 20223, teniendo en cuenta que el mismo no se encontraba

2 Cfr. índice núm. 3 del expediente digital. 3 Visible en el índice núm. 46 del expediente digital.6

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surtiendo efecto jurídico alguno, toda vez que había sido derogado según lo establecido en el artículo 8° del Decreto 457 de 20204.

II.3.- Contestaciones

II.3.1. El presidente de la República señaló que las resoluciones

según lo establecido en el artículo 8° del Decreto 457 de 20204.

II.3.- Contestaciones

II.3.1. El presidente de la República señaló que las resoluciones núms. 380, 385 y 470 de 2020 son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad y que fueron tenidos como fundamento del decreto demandado.

Indicó que las resoluciones mencionadas hacen parte de las acciones que adelantó el gobierno nacional ante la Declaración de la Reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, celebrada el 22 de enero de 2020, antes de que se declarara el brote de la covid-19 como una pandemia, en la que se puso de presente que “todos los países deben estar preparados para adoptar medidas de confinamiento, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el s eguimiento de contactos y la prevención de la propagación del 2019-nCoV, así como para proporcionar a la OMS todos los datos pertinentes”.

4 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”.7

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Manifestó que las decisiones adoptadas a través de las resoluciones

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Manifestó que las decisiones adoptadas a través de las resoluciones núms. 380, 385 y 470 de 2020 se expidieron con fundamento en la urgencia de preservar la salud y la vida ; evitar el contacto y la propagación de la covid-19; garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios ; y desarrollar las actividades que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes.

Afirmó que no era cierto que el decreto demandado prohibiera “[…] el ejercicio de derechos con la creación de normas infractoras sancionables por el Código de Policía (Convivencia)” y con ello se dispuso que “las medidas de confinamiento connaturales al aislamiento social obligatorio en la República de Colombia […] ”, toda vez que conforme con lo previsto en el artículo 189, numeral 4, de la Constitución Política, le corresponde conservar el orden público en todo el territorio nacional , para lo cual limitó la circulación en el territorio nacional, en el marco de las medidas de confinamiento connaturales al aislamiento social obligatorio en la República de Colombia.8

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inexistencia de un fármaco para tratar o curar el padecimiento al momento de la expedición del acto demandado.

Señaló que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-145 de 2020, se pronunció sobre la naturaleza de los decretos que o rdenan el aislamiento preventivo obligatorio y sostuvo que no son objeto de control de constitucionalidad por dicha corporación, habida cuenta que dichos actos administrativos no tienen la naturaleza jurídica de decretos legislativos, porque no son expedidos con fundamento en los artículos 212 y 215 de la Constitución Política.

Afirmó que dicha posición también fue sostenida por la Sala Tercera Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través de proveído de 24 de junio de 2020, circunstancia de la cual se desprendía que el acto demandado no debía expedirse con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política.

II.3.2. El Ministerio de Salud y Protección Social5 precisó que para entender las medidas adoptadas en el decreto acusado debía tenerse en cuenta la covid -19 corresponde a un virus cuya transmisión se da por vía aérea, con una tasa de contagio de 1,4 a 2,56, que al momento

5 Cfr. índice 21 del expediente digital. 6 Significa que cada contagiado puede infectar entre 2 y 3 personas en promedio.10

por vía aérea, con una tasa de contagio de 1,4 a 2,56, que al momento

5 Cfr. índice 21 del expediente digital. 6 Significa que cada contagiado puede infectar entre 2 y 3 personas en promedio.10

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de la expedición del acto demandado representaba una peligrosidad para los habitantes del territorio nacional debido a l a facilidad de contagio, la falta de tratamiento específico, el estado clínico del paciente, la inexistencia de vacuna para prevenirlo y que su sintomatología podía desarrollarse con diferentes niveles de severidad, desde la ausencia de síntomas, la aparición leve de síntomas gripales (tos, fiebre, secreciones nasales y malestar general), o dificultad para respirar hasta requerir atención intrahospitalaria.

Afirmó que el decreto demandado fue expedido en ejercicio de las facultades del presidente de la República establecidas en los artículos 189, numeral 4, 303 y 315 de la Constitución Política ; y 199 de la Ley 1801 de 2016 , con la finalidad de prevenir y controlar la propagación del virus en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Expuso que , de conformidad con las disposiciones señaladas anteriormente, el presidente de la República tiene las funciones de conservar el orden público en el territorio nacional y restaurarlo cuando

propagación del virus en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Expuso que , de conformidad con las disposiciones señaladas anteriormente, el presidente de la República tiene las funciones de conservar el orden público en el territorio nacional y restaurarlo cuando sea turbado, para lo cual en su calidad de autoridad de policía puede tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana e11

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impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.

Explicó que el derecho a la libre circulación previsto en el artículo 24 de la Constitución Política no es absoluto, por lo que el presidente en ejercicio de la función de policía puede restringirlo, toda vez que se encuentra autorizado para ello en virtud de lo establecido por la Ley 1801 de 2016.

Manifestó que el fin del decreto demandado es salvaguardar la convivencia y la salud de los colombianos, siendo las medidas allí adoptadas: i) legales conforme con lo establecido en la Ley 1801 de 2016; ii) necesarias toda vez que no existen medidas farmacológicas como el acceso de la vacuna al 100% de la población o los medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad la

2016; ii) necesarias toda vez que no existen medidas farmacológicas como el acceso de la vacuna al 100% de la población o los medicamentos antivirales que permitan combatir con efectividad la covid-19, ni tratamiento alguno; iii) proporcionales porque buscan salvaguardar bienes jurídicos como la salud y la vida; iv) racionales por encontrarse fundadas en criterios científicos y pruebas realizadas a nivel mundial; v) temporales debido a que su duración está limitada en el tiempo y vi) cumplen con el criterio de finalidad en tanto que buscan la protección de la salud pública como fin esencial del Estado.12

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II.3.3. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo afirmó que la parte actora no tuvo cuenta que el decreto demandado fue expedido debido a la información de contagios y muertes presentados en otros países que advertían la complejidad y letalidad de la covid-19 y a la llegada de la enfermedad al país, por lo que resultaba necesario adoptar medidas con el propósito de prevenir, mitigar y contener la pandemia.

Indicó que el Decreto 420 de 2020 fue expedido con fundamento en los artículos 2°, 44, 45, 49, 95, 189, numeral 4, 296, 303 y 315 de la Constitución Política; la Ley 1751 de 2015, los artículos 198 de la Ley

los artículos 2°, 44, 45, 49, 95, 189, numeral 4, 296, 303 y 315 de la Constitución Política; la Ley 1751 de 2015, los artículos 198 de la Ley 1801 de 2016; 29 de la Ley 1551 de 2012; y en el Decreto 418 de 18 de marzo de 2020.

Manifestó que la parte actora confundió los concepto s de estado de emergencia económica, social y ecológica previsto en el artículo 215 de la Constitución Política con las facultades ordinarias de policía en cabeza del presidente de la República establecidas en la Ley 1801 de 2016.

Sostuvo que las medidas adoptadas a través del decreto demandado pretendían asegurar la vida, salud y todos los componentes que13

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conforman el orden público de todos los habitantes del territorio nacional tales como la seguridad, la tranquilidad, la sanidad y el medio ambiente, para mantener la convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales al amparo de la dignidad humana; las cuales se materializan a través de la impartición de instrucciones a los alcaldes y gobernadores respecto de la restricción de la circulación de personas, evitar aglomeraciones y el aislamiento por ser las más idóneas para para la prevención y mitigación del contagio de la covid-19.

y gobernadores respecto de la restricción de la circulación de personas, evitar aglomeraciones y el aislamiento por ser las más idóneas para para la prevención y mitigación del contagio de la covid-19.

Expuso que al presidente de la República como máxima autoridad de policía le corresponde mantener el orden público y preservar y proteger la convivencia, por lo que no era necesario acudir a las disposiciones que regulan el estado de excepción para poder adoptar medidas propias de sus facultades ordinarias de policía.

Adujo que el derecho a la libre circulación previsto en el artículo 24 de la Constitución Política no era absoluta y podía ser limitado con ocasión del poder de policía ejercido por el congreso de la república y la función de policía del presidente de la República.

Señaló que las medidas adoptadas en el decreto demandado no son arbitrarias habida cuenta que cumplen con los criterios de legalidad,14

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necesidad, racionalidad, proporcionalidad, temporalidad y finalidad, conforme con lo expuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Concluyó que el Decreto 420 de 2020 fue expedid o por el funcionario competente para ello, toda vez que el presidente de la República, en su calidad de autoridad administrativa de policía, está facultado

Concluyó que el Decreto 420 de 2020 fue expedid o por el funcionario competente para ello, toda vez que el presidente de la República, en su calidad de autoridad administrativa de policía, está facultado para impartir medidas que permitan garantizar el orden público en el territorio Nacional aun cuando las mismas impliquen restringir el derecho a la libertad de locomoción para salvaguardar la salud y vida de sus habitantes, sin que sea necesario sustentar el acto demandado en un estado excepción, pues las funciones de policía ordinarias le permitían expedir el acto demandado.

II.3.4. El Ministerio de Defensa Nacional contestó la demanda de forma extemporánea7 y los ministerios del interior, de transporte y de educación nacional guardaron silencio.

II.4. Audiencia inicial. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 8 de abril de 20228, dio aplicación a lo previsto en el artículo 182A de

7 Conforme con lo señalado en el informe secretarial de 31 de mayo de 2021, visible en el índice 28 del expediente digital. 8 Visible en el índice núm. 54 del expediente digital.15

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la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021, por lo que prescindió de realizar la

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la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 2021, por lo que prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, fijó el litigio9 y resolvió sobre las pruebas aportadas por las partes.

Posteriormente, en auto de 1o. de julio de 202210 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1El presidente de la República 11 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Insistió en que dentro del proceso de la referencia no se está estudiando la legalidad de las resoluciones núms. 380, 385 y 470 de 2020 y que dichas medidas fueron adoptadas en respuesta a las declaraciones de la OMS sobre la covid -19, previo a que fuera declarada como una pandemia, con la finalidad de preservar la salud,

9 El litigio se fijó en los siguientes términos: “[…] de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar sí el Decreto núm. 420 de 2020, expedido por el GOBIERNO NACIONAL, desconoció o no los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 13,

16, 19, 24, 25, 37, 38, 78, 84, 93, 94, 121, 122, 125, 150 - numerales 1 y 21-, 153, 157, 189 -numeral 11, 209, 212, 213, 214, 215, 237, 241, 333 y 334 de la Constitución Política, y si fue expedido con violación de las normas superiores en las que debía fundarse, conforme a lo expuesto por el actor a folios 8 a 19 del expediente físico y a lo respondido por la parte demandada en el expediente digital. […]”. 10 Visible en el índice núm. 71 del expediente digital. 11 Visible en el índice núm. 82 del expediente digital.16

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vida, evitar el contacto y la propagación del virus garantizando el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios que no debían interrumpirse so pena de afectar los derechos a la vida, salud y la supervivencia de los habitantes del territorio nacional.

Indicó que contrario a lo afirmado por el acto r el decreto demandado no creaba normas infracciones sancionables por el código de policía, sino que correspondían a medidas de confinamiento establecidas con miras a conservar el orden público en el territorio nacional, conforme con lo establecido en el artículo 189 de la Constitución Política.

no creaba normas infracciones sancionables por el código de policía, sino que correspondían a medidas de confinamiento establecidas con miras a conservar el orden público en el territorio nacional, conforme con lo establecido en el artículo 189 de la Constitución Política.

Insistió en que el Decreto 420 de 2020 fue expedido en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 189, numeral 4, 303 y 315, de la Constitución Política ; y 199 de la Ley 1801 de 2016, las cuales le permiten restringir la libre circulación con miras garantizar los componentes propios del orden público como la protección de los derechos a la vida, la salud, la seguridad, la tranquilidad, la sanidad y el medio ambiente.

Reiteró que las medidas adoptadas fueron implementadas por ser necesarias e imprescindibles por ser las más efectivas para contener la17

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pandemia, teniendo en cuenta que al momento de expedición del acto no existía tratamiento farmacológico o vacuna implementada contra el virus.

Recordó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado en su jurisprudencia sostuvieron que los decretos que ordenan el aislamiento preventivo obligatorio no son objeto de control de constitucionalidad ni de control inmediato de legalidad, sin o que su control debía realizarse a través de los medios de control previstos en el CPACA.

aislamiento preventivo obligatorio no son objeto de control de constitucionalidad ni de control inmediato de legalidad, sin o que su control debía realizarse a través de los medios de control previstos en el CPACA.

II.5.2El Ministerio de Salud y Protección Social12 reiteró que el Decreto 420 de 2020 fue expedido por el funcionario competente para ello, esto es, el presidente de la República, en ejercicio de la facultad de preservar el orden público prevista en el artículo 189, numeral 4, de la Constitución Política, con fundamento en los estudios realizados por expertos en el seguimiento de la covid -19, sus formas de propagación y virulencia compartiendo información sobre el mismo para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos.

12 Visible en el índice núm. 77 del expediente digital.18

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Señaló que la parte actora confundió las funciones d e policía del presidente de la República previstas en el artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 1801 de 2016, las cuales prevén la posibilidad de restringir el derecho de locomoción sin que sea necesario acudir a la figura del estado de excepción para tal efecto.

Afirmó que el Decreto 420 de 2020 fue debidamente publicado en el diario oficial 51260 de 18 de marzo de 2020, circunstancia de la cual

acudir a la figura del estado de excepción para tal efecto.

Afirmó que el Decreto 420 de 2020 fue debidamente publicado en el diario oficial 51260 de 18 de marzo de 2020, circunstancia de la cual se desprende que su expedición no fue irregular.

Manifestó que el Decreto demandado fue debidamente motivado, toda vez que no fue fundamentado en razones engañosas, fingidas o simuladas, sino que por el contrario buscaba impartir instrucciones que debían ser tenidas en cuenta por los alcaldes y gobernadores como autoridades de policía en el marco de la emergencia sanitaria generada por la covid-19, en lo que tiene que ver, entre otras, con la restricción de horarios y el expendio de bebidas alcohólicas y demás medidas encaminadas a controlar los contagios que se presentaban en el territorio nacional.19

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Explicó que tampoco se acreditó que el acto demandado fuera expedido con desviación de poder, debido a que cumplió con los propósitos para los cuales fue expedido.

Reiteró que las medidas establecidas en el decreto demandado eran razonables y no trasgredían derechos fundamentales, por cuanto fueron dictadas en el marco de una emergencia sanitaria, como medida de contención del virus, en ejercicio de la función de policía y con miras a garantizar la convivencia en todo el territorio nacional.

razonables y no trasgredían derechos fundamentales, por cuanto fueron dictadas en el marco de una emergencia sanitaria, como medida de contención del virus, en ejercicio de la función de policía y con miras a garantizar la convivencia en todo el territorio nacional.

Finalmente resaltó que la restricción de la movilidad en ciertos horarios y la suspensión de actividades que implicaran aglomeraciones eran necesarias y urgentes ante la rápida propagación de la covid -19, por lo que las instrucciones impartidas a gobernado res y alcaldes tenían como finalidad también proteger el derecho a la vida de los habitantes del territorio nacional.

II.5.3El Ministerio del Interior 13 afirmó que el Decreto 420 de 2020 no correspondía a una actuación caprichosa, toda vez que obedecía a una acción estatal en respuesta a la declaración de la OMS

13 Visible en el índice núm. 83 del expediente digital.20

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00272-00

Actor: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

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sobre la necesidad de prepararse para atender la pandemia originada por la covid-19.

Adujo que de la revisión del decreto demandado se desprendía que no trasgredía derecho fundamental alguno, habida cuenta que las instrucciones allí impartidas tenían como finalidad establecer horarios y condiciones para que los habitantes del territorio nacional disfruten sus derechos previniendo y reduciendo los riesgos de contagio por la covid-19.

instrucciones allí impartidas tenían como finalidad establecer horarios y condiciones para que los habitantes del territorio nacional disfruten sus derechos previniendo y reduciendo los riesgos de contagio por la covid-19.

Manifestó que el acto demandado fue expedido en ejercicio de las facultades ordinarias del presidente de la República previstas en el artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 1801 de 2016 tales como la de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley; tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el ma