CE - Sentencia 11001032400020200051100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD SIMPLE Radicación: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

Demandante: RICARDO MAURICIO DÍAZ ALARCÓN

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Tema: Contribución especial. Cuota de compensación militar.

Potestad reglamentaria del gobierno nacional en materia tributaria. Caracterización y rasgos distintivos del principio de igualdad en materia tributaria

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la demanda de nulidad simple interpuesta por Ricardo Mauricio Díaz Alarcón, en la que se pretende la nulidad simple contra el artículo 1 del Decreto 977 de 2018, por medio del cual se modifica el artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto 1070 de 20151, norma que dispone:

Decreto número 977 de 2018 (junio 7)

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto número 1070 de 2015, en lo relacionado con la reglamentación del servicio de reclutamiento, control reservas y la movilización.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y

en lo relacionado con la reglamentación del servicio de reclutamiento, control reservas y la movilización.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, y en desarrollo de la Ley 1184 de 2008 y Ley 1861 de 2017,

(…)

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto número 1070 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, el cual quedará así: (…)

Artículo 2.3.1.4.5 .3. Liquidación cuota de compensación militar. La fecha de clasificación del ciudadano que no ingrese a filas conf orme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1861 de 2017, determinará el momento a partir del cual se realizará la liquidación de la cuota de compensación militar.

1 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.Radicado: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

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DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad, del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Sergio Delgado formuló la siguiente pretensión:

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DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad, del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Sergio Delgado formuló la siguiente pretensión:

PRIMERA: Que se DECLARE la nulidad del artículo 2.3.1.4.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 977 de 2018

del Ministerio de Defensa Nacional;

SEGUNDA: Que se SUSPENDA PROVISIONALMENTE los efectos del articulo 2.3.1.4.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 13, 95 -9, 216 y 363 de la Constitución Política , 17, 25, 27 de la Ley 1861 de 2017. El concepto de la violación se resume así:

• La norma demandada vulnera el artículo 13 de la Constitución Política : El demandante con el fin de desarrollar este cargo de nulidad se refirió al principio de igualdad y su relación con los principios de equidad, justicia y progresividad tributaria.

Para tal efecto, aludió a las facetas formal y material del derecho a la igualdad y a las tres etapas de análisis precisadas por la Corte Constitucional para determinar si se incurre en una vulneración del principio de igualdad, a saber: (i) establecer el criterio de comparación -tertium comparationis-, que permita examinar si los sujetos en cuestión son susceptibles de compararse; (ii) definir si en el plano fáctico y

criterio de comparación -tertium comparationis-, que permita examinar si los sujetos en cuestión son susceptibles de compararse; (ii) definir si en el plano fáctico y jurídico existe un trato igual entre desiguales o desigual entre iguales y (iii) analizar si la diferencia de trato está constitucional o legalmente justificada.

Con base en esa metodología, el actor señaló que la normativa vigente diferencia dos momentos: (i) la fecha de clasificación de los ciudadanos que no ingresen a las filas y (ii) la expedición del recibo de liquidación de la cuota y su pago que se debe efectuar dentro de los 90 días siguientes a la expedición del recibo. En su sentir, entre esos dos momentos puede existir un amplio periodo de tiempo, en tanto “la clasificación suele ocurrir cuando el interesado se presenta ante la autoridad de reclutamiento al cumplir la mayoría de edad, pero la expedición del recibo de pago puede ocurrir varios años después, por diferentes motivos (…) ”, lo que ejemplifica con la no necesidad de la presentación de la libreta militar para obtener un título de pregrado2 y en ciertos casos para acceder a un empleo3.

Para el demandante el examen de constitucionalidad y de legalidad de la disposición demandada debe hacerse bajo este contexto, pues en su aplicación la Nación liquida la cuota de compensación militar con base en la situación fáctica que existía al momento de la clasificación , lo que significa que los hechos relevantes son la dependencia o independencia económica del interesado y la situación económica de su núcleo familiar o del tercero responsable en ese mismo momento.

2 Ley 1738 de 2014, artículo 2.

dependencia o independencia económica del interesado y la situación económica de su núcleo familiar o del tercero responsable en ese mismo momento.

2 Ley 1738 de 2014, artículo 2. 3 Ley 1861 de 2017, artículo 42.Radicado: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

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3 A partir de ese razonamiento, el actor considera que en el artículo demandado existe una diferenciación tácita entre dos grupos: Grupo 1

Las personas que al momento de la clasificación eran independientes y que al momento de la expedición del recibo de liquidación siguen siendo independientes. Grupo 2

Las personas que al momento de la clasificación era dependientes y que al momento de la expedición del recibo de liquidación son independientes.

Refirió que el punto de comparación entre ambos grupos es su situación económica de dependencia o independencia al momento del pago del tributo, es decir, cuando se expide el recibo de liquidación. Sin embargo, agregó que la norma diferencia a ambos grupos con un criterio diferente “su dependencia o independencia económica a la fecha de clasificación ”, lo que, en su criterio, introduce un trato desigual entre iguales que llevaría a que el grupo 2 pague una cuota de compensación militar mucho mayor a la del grupo 1.

Destacó que si bien entre ambos grupos hay una situación fáctica diferencial (el hecho de haber sido dependientes o independientes al momento de la clasificación),

mucho mayor a la del grupo 1.

Destacó que si bien entre ambos grupos hay una situación fáctica diferencial (el hecho de haber sido dependientes o independientes al momento de la clasificación), para el demandante ese no puede ser el hecho relevante para definir el momento sobre el que se grava el tributo, pues entre el momento de la clasificación y el de expedición del recibo de liquidación pueden transcurrir varios años, lo que no tiene ninguna justificación constitucional o legal razonable.

En definitiva, el demandante sostuvo que al establecerse el momento de la clasificación como el relevante para examinar la dependencia o independencia económica conlleva que el sistema tributario sea ineficiente, pues no garantiza un efectivo recaudo de los recursos, “al contrario, la norma obliga a las personas que era dependientes y que ya no lo son a pagar una cuota de compensación militar calculada sobre la base de unos ingresos y un patrimonio que no tienen; es decir, no se consulta la capacidad económica del obligado, sino que se grava el patrimonio de su núcleo familiar o de un tercero, aun cuando el obligado ya no depende de ellos. Al obligar a las personas a pagar un tributo gravado sobre recursos que no son suyos y que desbordan su capacidad contributiva, la norma hace que el recaudo tributario sea ineficiente”.

• La norma demandada vulnera el numeral 9 del artículo 95 y el artículo 363 de la Constitución Política : destacó que los principios de equidad y progresividad conllevan que las cargas fiscales deban distribuirse entre todas las personas con capacidad de pago y se debe tener en cuenta la capacidad contributiva al momento de distribuirlas, por lo que su objetivo es evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados.

conllevan que las cargas fiscales deban distribuirse entre todas las personas con capacidad de pago y se debe tener en cuenta la capacidad contributiva al momento de distribuirlas, por lo que su objetivo es evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados.

Asimismo, se refirió a (i) la equidad horizontal en la que el sistema debe tratar igual a las personas que, antes de tributar, gozan de la misma capacidad económica, de tal manera que queden en el mismo nivel después de tributar y (ii) equidad vertical que exige distribuir la carga tributaria de forma que quienes tienen mayor capacidad de pago soporten una mayor carga fiscal. Agregó con sustento en la sentencia C169 de 2014, que es posible que un trato que, en principio, vulnera el principio de equidad tri butaria esté constitucionalmente justificado, para lo cual debe “preguntarse si este tratamiento persigue finalidades constitucionalmente relevantesRadicado: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

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4 y si el mecanismo empleado se orienta de manera razonable a su consecución ”. A juicio del accionante, solo si se cumple n dichos requisitos el tratamiento será constitucional y legal.

Para el actor, la norma demandada vulnera el principio de equidad tributaria en las referidas dimensiones. En relación con la horizontal sostuvo que la disposición acusada trata de forma desigual a dos grupos de personas que gozan de la misma capacidad económica para tributar y los deja en niveles distintos después de tributar.

referidas dimensiones. En relación con la horizontal sostuvo que la disposición acusada trata de forma desigual a dos grupos de personas que gozan de la misma capacidad económica para tributar y los deja en niveles distintos después de tributar.

A su juicio, si bien los dos grupos identificados se encuentran en la misma situación económica al momento de expedir el recibo de liquidación -independientes-, la disposición impone una carga más alta sobre uno de los grupos, en tanto que “a quienes eran independientes al momento de la clasificación, les permite liquidar la cuota sobre sus propios ingresos y patrimonio; en cambio, a quienes eran dependientes al momento de la clasificación los obliga a liquidar la cuota sobre los ingresos y patrimonio de todo su núcleo familiar, es decir, sobre recursos de los que no dispone y que exceden su capacidad de pago”.

En relación con la dimensión vertical, el demandante afirmó que la norma no distribuye la carga tributaria, toda vez que quienes tengan mayor capacidad de pago soporten una mayor carga fiscal. Por el contrario, exige que un grupo de personas con una reducida capacidad de pago, que apenas alcanzó la independencia económica, tribute sobre la base de los ingresos y el patrimon io de todo su núcleo familiar.

Con todo, para el demandante la norma acusada vulnera el principio de equidad tributaria porque (i) el monto a pagar por concepto del tributo no consulta la capacidad de pago del contribuyente y convertiría al núcleo familiar del que la persona dependía al momento de la clasificación, en un sujeto pasivo de la contribución, sin ninguna justificación razonable; (ii) la regulación del tributo grava de forma desigual a dos sujetos en condiciones iguales sin justificación razonable y

persona dependía al momento de la clasificación, en un sujeto pasivo de la contribución, sin ninguna justificación razonable; (ii) la regulación del tributo grava de forma desigual a dos sujetos en condiciones iguales sin justificación razonable y (iii) el tributo tiene impl icaciones confiscatorias porque obliga a personas con una reducida capacidad de pago a destinar toda su actividad económica a un pago que desborda la capacidad contributiva.

• La norma demandada vulnera el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017 y excede la potestad reglamentaria del ejecutivo : el actor se refirió al ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, respecto de la cual, afirmó, el Consejo de Estado ha señalado que su propósito es precisar y detallar la ley mediante la ex pedición de actos administrativos de carácter general, para que pueda ejecutarse adecuadamente4.

Agregó que esa potestad no es absoluta, en tanto la jurisprudencia contencioso administrativa y constitucional ha establecido límites que la restringen, a saber: (i) cuanto más detallada sea la norma expedida por el legislador, menor será el ámbito de acci ón de la administración para reglamentarla 5; (ii) no puede ejercerse en materias que necesariamente deben ser reguladas por la ley 6; (iii) no se puede

4 Sentencia de 18 de febrero de 2016, rad. 11001-03-24-000-2013-00018-00. 5 Sentencia de 9 de marzo de 2016, rad. 11001-03-26-000-2009-00009-00 (36312).

4 Sentencia de 18 de febrero de 2016, rad. 11001-03-24-000-2013-00018-00. 5 Sentencia de 9 de marzo de 2016, rad. 11001-03-26-000-2009-00009-00 (36312). 6 Sentencia de 12 de marzo de 2015, rad. 11001-03-26-000-2008-00060-00 (2174-12).Radicado: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

Demandante: Ricardo Mauricio Díaz Alarcón

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5 ejercer cuando no se requiera de una regulación adicional para su ejecución, solo cuando la ley sea oscura, condicional o imprecisa 7 y (iv) no puede ejercerse como pretexto para crear una nueva norma no contenida en la ley, ni para modificarla, restringirla, extender su alcance8.

Con el referido sustento, para el demandante la disposición acusada vulnera el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, en el que se dispone que la base gravable se calcula sobre los diferentes recursos de “los últimos dos años ” y “del año inmediatamente anterior ”, mientras que la norma reglamentaria establece que la liquidación se realiza teniendo como base la fecha de clasificación.

En su criterio, la liquidación de la cuota de compensación militar con base en la mencionada norma legal para quienes fueran independientes al momento de la expedición del recibo de liquidación permitiría liquidar la cuota sobre sus propios ingresos de los últimos dos años y sobre su patrimonio reportado en la declaración

mencionada norma legal para quienes fueran independientes al momento de la expedición del recibo de liquidación permitiría liquidar la cuota sobre sus propios ingresos de los últimos dos años y sobre su patrimonio reportado en la declaración de renta del año inmediatamente anterior, “en cambio, con la norma reglamentaria, la Nación impide que las personas independientes puedan liquidar su cuota parte sobre sus propios recursos -como lo exige la ley-, cuando a la fecha de clasificación hubieran sido dependientes”.

A su juicio, esta tesis se afianza con el trámite legislativo del proyecto de ley que finalizó con la promulgación de la Ley 1861 de 2017, en el que no se omitió referirse a una fecha a partir de la cual se debe realizar la liquidación, pues “se eliminó la referencia a la fecha de clasificación como punto de partida para la liquidación de la cuota de compensación militar”, lo que permite concluir que el legislador restringió la potestad reglamentaria del ejecutivo, por lo que al ser un artículo claro y preciso, no requería de reglamentación.

En esos términos, concluyó que el artículo demandado excedió los límites de la potestad reglamentaria, violó la jerarquía institucional y fue expedido sin competencia.

• La norma demandada contraría el precedente judicial de la Corte Constitucional: Para terminar, el demandante señaló que la disposición acusada desconoce la sentencia T-119 de 2011, en la que se resolvió un caso en el que para la liquidación de una cuota de compensación militar se requería al demandante información financiera de su núc leo familiar, sin tener en cuenta que era una persona con independencia económica.

la liquidación de una cuota de compensación militar se requería al demandante información financiera de su núc leo familiar, sin tener en cuenta que era una persona con independencia económica.

De igual manera, aludió a la sentencia C -600 de 2015 en la que se estudió la constitucionalidad de apartes del artículo 1 de la Ley 1184 de 2009 y declaró la exequibilidad condicionada en el entendido que “para el inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado, que no dependa económicamente de su grupo familiar o de un tercero para efectos del pago de la cuota de compensación militar, se tomarán en cuenta como base de la contribución el total de sus ingre sos mensuales y su patrimonio líquido”.

El actor destacó que la distinción de dos grupos en la mencionada disposición (quienes a la fecha de clasificación tuvieran menos de 25 años y quienes para el

7 Sentencia de 29 de agosto de 2013, rad. 11001-03-26-000-2005-00076-00 (32293). 8 Sentencia de 1 de agosto de 2013, rad. 11001 -03-25-000-2006-00102-00 (1700-06). También se refirió al concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 16 de abril de 2015, rad. 11001-03-06-000-2014-00174-00 (223).Radicado: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

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6 mismo momento tuvieran 25 años o más), llevó a la Corte Constitucional a precisar que “no encuentra un problema de inconstitucionalidad en la configuración diferencial de bases gravables, mientras la presunción legislativa de dependencia económica de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad respecto de sus familias o de terceras personas tenga correspondencia efectiva en la realidad”.

CONTESTACIÓN

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó de manera principal la declaratoria de legalidad de la disposición acusada. En subsidio pidió la desvinculación del proceso de nulidad simple, al considerar que no tiene competencia alguna frente al acto demandado, ni en relación con las pretensiones propuestas por el demandante.

En relación con la declaratoria de nulidad solicitada en la demanda refirió que no se advierte la existencia de algún vicio que comprometa la validez o permita desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos.

En lo que atañe con la competencia se refirió a los objetivos y funciones del Ministerio contenidos en los artículo s 1 y 2 del Decreto Ley 3570 de 2011 y los artículos 58 y 59 de la Ley 489 de 1998, para concluir que solo puede actuar en los términos de la ley, por lo que no puede asumir responsabilidades ajenas a sus competencias, como sería la asunción de consecuencias derivadas del posible incumplimiento de las obligaciones que legalmente tienen asignadas otras autoridades.

términos de la ley, por lo que no puede asumir responsabilidades ajenas a sus competencias, como sería la asunción de consecuencias derivadas del posible incumplimiento de las obligaciones que legalmente tienen asignadas otras autoridades.

Por último, pidió que se declare cualquier excepción que resulte probada en el curso del proceso.

El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a la pretensión de la demanda, con estos argumentos:

En primer lugar, se refirió a la finalidad de determinar la fecha de clasificación como punto de partida para efectuar la liquidación de la cuota de compensación militar, respecto de la cual sostuvo que no puede ser indeterminada en el tiempo ni estar sometida al momento en que el ciudadano tenga la intención de acreditar los ingresos y el patrimonio, qué cosatampoco a la fecha de expedición del recib o de pago de la obligación tributaria. Agregó que el propósito de la disposición demandada es evitar fraudes a la Administración “por quienes pretenden que todas las personas paguen solo hasta cuando tengan la condición de independientes, o la que les convenga para cancelar un valor inferior, por ejemplo, luego de declararse insolvente, vulnerando el principio de igualdad de las cargas públicas, frente a quienes prestan el servicio militar obligatorio, así como los de justicia, equidad y progresividad tributaria”, y determinar un límite en el tiempo para definir la situación militar.

De otra parte, se refirió a algunas de las disposiciones que regulan lo relativo a la cuota de compensación militar contenidas en la Ley 1861 de 2017, en concreto, el artículo 25 que define la clasificación como el acto por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado por

cuota de compensación militar contenidas en la Ley 1861 de 2017, en concreto, el artículo 25 que define la clasificación como el acto por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado por encontrarse en alguno de los supuestos previstos por el legislador, y dentro de losRadicado: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

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7 60 días siguientes debe continuar con el proceso de liquidación, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 27 y 28 de la misma normativa, salvo que se trate de población exonerada del pago de dicha cuota conforme lo establece el parágrafo del artículo 26 de ese marco normativo. Agregó que el trámite finaliza con la expedición de la tarjera de reservista de segunda clase.

Recalcó que la fecha de clasificación del ciudadano como reservista de segunda clase, es la que determina el momento a partir del cual se inicia el proceso de liquidación de la cuota de compensación militar , por lo que el recibo de pago es la consecuencia de la liquidación para hacer exigible la obligación tributaria.

Refirió que en muchos casos las personas dependientes dejan vencer el término previsto en la ley para allegar los documentos, con el fin de que sean liquidados posteriormente con sus propios ingresos cuando son independientes, por lo que, a su juicio, es desacertado e ilegal pretender que la fecha del recibo de pago sea la

previsto en la ley para allegar los documentos, con el fin de que sean liquidados posteriormente con sus propios ingresos cuando son independientes, por lo que, a su juicio, es desacertado e ilegal pretender que la fecha del recibo de pago sea la que determine los parámetros de la liquidación de la cuota de compensación militar “para favorecer de manera desigual a quienes teniendo el deber legal de tributar conforme a la verdadera capacidad económica de quienes depende, lo hagan posteriormente, sin un límite de tiempo para cancelar un monto inferior que no compensa no se ajusta al principio constitucional de equilibrio de las cargas públicas, ni el deber superior de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (…)”.

Respecto de la vulneración del principio de igualdad sostuvo que la disposición acusada no discrimina a nadie, sino que fija el momento a partir del cual se realiza la liquidación de la cuota de compensación militar para las personas dependientes e independientes.

Adicionalmente, la entidad interviniente sostuvo a partir de los escenarios propuestos por el demandante que (i) las normas no se crean para atender situaciones particulares, pues ello conllevaría hacer una reglamentación para cada persona; (ii) la circunstancia de que se haya cambiado la situación de dependiente o independiente con posterioridad a la fecha de la clasificación no amerita la modificación de una norma o que sea necesario declararla nula “y menos en materia fiscal, sobre todo cuando el ciudada no no realiza los trámites que le corresponde, dentro de los términos legales ” y (iii) no existe una diferenciación tácita entre los grupos de personas sugeridos en la demanda, a lo que agregó que la circunstancia de que para el momento de la expedición del recibo de liquidación cambie la

dentro de los términos legales ” y (iii) no existe una diferenciación tácita entre los grupos de personas sugeridos en la demanda, a lo que agregó que la circunstancia de que para el momento de la expedición del recibo de liquidación cambie la condición de dependiente a independiente “ no lo exonera de pagar lo que legalmente le corresponde, ni admite ninguna comparación frente a quien no hizo dicho tránsito, por lo tanto, no existe ningún trato desigual”.

Aclaró que la norma demandada que es general e impersonal no hace ineficiente el sistema tributario, sino que en realidad “lo que afecta el recaudo de los recursos no es la fecha de clasificación, sino el incumplimiento de algunos ciudadanos que no pagan la cuota de compensación militar cuando les corresponde hacerlo, seguramente pretendiendo cancelar menos, cuando sean independientes”.

En relación con la vulneración de los principios de justicia, equidad y progresividad tributaria, destacó que los argumentos expuestos por el demandante derivan del artículo 13 superior respecto del cual ya se indicó que no ha sido vulnerado, por loRadicado: 11001-03-24-000-2020-00511-00 (26242)

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8 que, a su juicio, se queda sin sustento jurídico el segundo cargo , a lo que agregó que carece de claridad y certeza.

Insistió en que el equilibrio de las cargas fiscales previstas en la Ley 1861 de 2017 no desconoce esos principios constitucionales, en tanto se precisa un momento

que carece de claridad y certeza.

Insistió en que el equilibrio de las cargas fiscales previstas en la Ley 1861 de 2017 no desconoce esos principios constitucionales, en tanto se precisa un momento para cancelar la cuota de compensación militar -la clasificación-, para no dejar de forma indeterminada en el tiempo hasta cuando el ciudadano se haga independiente con inferiores recursos para pagar menos de lo que en justicia le corresponde, por lo que “ tampoco es acertado sostener que la norma demandada no distribuye la carga tributaria de manera equitativa”.

En lo atinente a la vulneración del artículo 27 de la Ley 1861 de 2017 por exceso de la potestad reglamentaria del ejecutivo, refirió que los argumentos relativos a los trámites legislativos no prueban la violación de ninguna norma ni principio constitucional. Por el contrario, destacó que en ningún debate o ponencia se determinó que la liquidación se debía realizar teniendo en cuenta la fecha de expedición del recibo, “sino que finalmente se aprobó el artículo 27 sin determinar a partir de cuando se debe e fectuar la referida liquidación, por lo que se hizo necesario para poder darle una adecuada y efectiva aplicación a la ley, establecer un punto de partida justo y equitativo, a través de la norma objeto de análisis, que en virtud de la potestad reglamentaria no está restringida por el legislador”.

Aseveró que no es cierto que se hubiera reglamentado un artículo claro y preciso, en tanto la norma no determina a partir de cuando se debe efectuar la liquidación de la cuota de compensación militar, lo que justifica la necesidad de fijar un punto de parti da, a lo que agregó que de no haberse expedido la reglamentación

en tanto la norma no determina a partir de cuando se debe efectuar la liquidación de la cuota de compensación militar, lo que justifica la necesidad de fijar un punto de parti da, a lo que agregó que de no haberse expedido la reglamentación demandada se hace inaplicable o queda a la libre interpretación y conveniencia del ciudadano obligado a tributar.

Indicó que los cambios legislativos efectuados al articulado se refirieron a la actualización de la fórmula de liquidación de la cuota de compensación militar, para hacerla más progresiva y equitativa que la contemplada en la norma derogada, “no al momento de la liquidación, por lo que este no es un argumento que demuestre que la reglamentación restringe y contraría el espíritu y finalidad del articulado reglamentado”. Y señaló que las dos sentencias a las que alude el demandante (T119 de 2011 y C -600 de 2 015) son anteriores a la expedición de la Ley 1861 de 2017, destacando que no las asocia a un caso concreto y tiene como punto de partida las erradas interpretaciones que realiza de las normas invocadas sin claridad ni certeza, decisiones que tampoco se refieren a la fecha de clasificación.

Finalmente, puso de presente que la declaratoria de nulidad propuesta causaría un detrimento patrimonial al impedir que el recaudo de la cuota de compensación militar se surta dentro de los principios de justicia, equidad y progresividad y quede al arbitrio de los ciudadanos obligados a tributar. De igual manera, sostuvo que se generarían traumatismos administrativos porque la plataforma misional de información de reclutamiento está parametrizada con la fecha de clasificación para