CE - Sentencia 11001032400020210011400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020210011400

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: The Travelers Indemnity Company Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Agencia de Seguros Zapata

Salazar Ltda.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad The Travelers Indemnity Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la s resoluciones núms. 491 de 11 de marzo de 2020 y 80939 de 16 de diciembre de 2020.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad The Travelers Indemnity Company , en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y

1 Actuando por intermedio de apoderado.2

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demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y

1 Actuando por intermedio de apoderado.2

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Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 491 de 11 de marzo de 2020, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, expedida por el director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ; y 80939 de 16 de diciembre de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S.”, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Agencia de Seguros Zapata Salazar Ltda. , en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 491 de 11 de marzo de 2020, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY y co ncedió el registro de la marca

2020, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY y co ncedió el registro de la marca AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S. (mixta) para identificar servicios de la clase 36 internacional.

2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 80939 de 16 de diciembre de 2020, mediante la cual la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el recurso de apelación presentado por THE TRAVELERS INDEMNITY COMP ANY y confirmó la Resolución No. 491 de 11 de marzo de 2020,

2.3. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción de la marca AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S. (mixta) para identificar servicios de la clase 36 internacional, tramitada bajo el exp ediente No. SD2019/0036810, registrada a favor de la sociedad AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA SALAZAR LTDA.

2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la Sentencia proferida en desarrollo de este proceso.

2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

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2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las

Andina.3

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2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta Honorable Corporación, dentro del término de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A) . […]”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 3 de mayo de 2019 el registro como marca del signo mixto “AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S.”, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, siendo objeto de oposición por la parte demandante con base en sus marcas figurativas y mixta “TRAVELERS” registradas en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. Que la directora de signos distintivos por medio de la Resolución núm. 491 de 11 de marzo de 2020 , declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S.”, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que la parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución

marca mixta “AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S.”, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Que la parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 491 de 11 de marzo de 2020.

4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, a través de la Resolución núm. 80939 de 16 de diciembre de 2020 , resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 491 de 11 de marzo de 2020.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:4

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5.1. Los artículos 136, literal a), 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000.

5.2. Los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º,13, 29, 58 y 83 de la Constitución Política.

5.3. Artículo 3º de la Ley 1437 de 2011.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Adujo que en el presente caso, lo signos cotejados son similarmente confundibles e identifican servicios iguales, por lo que debió darse por acreditada la causal establecida en el literal a) de la Decisión 486 de 2000.

6.1. Adujo que en el presente caso, lo signos cotejados son similarmente confundibles e identifican servicios iguales, por lo que debió darse por acreditada la causal establecida en el literal a) de la Decisión 486 de 2000.

6.2. Explicó que el análisis de confundibilidad realizado por la parte demandada resultó equivocado , pues se desconocieron criterios básicos del cotejo marcario como la aplicación de la teoría de la interdependencia y la determinación de existencia de conexidad competitiva.

6.3. Indicó que la comparación de los signos debe recaer sobre el elemento gráfico, teniendo en cuenta que la mayoría de las marcas opositoras son figurativas.

6.4. Mencionó que los elementos figurativos de uno y otro signo son ampliamente similares entre sí, pues comparten el diseño de una sombrilla con la terminación en punta de los bordes inferiores, el diseño de la parte superior y un asa girada a un lado.

6.5. Expresó que ninguna de las expresiones incorporadas en el conjunto solicitado posee un tamaño superior al del elemento gráfico, además, este elemento es el más llamativo, dada su color y ubicación dentro de la marca solicitada.5

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6.6. Sostuvo que las coberturas de los servicios de los signos confrontados son idénticas, por lo que evidentemente existe un vínculo de conexidad competitiva, el cual no fue valorado.

Violación de los artículos 29 y 58 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000.

cual no fue valorado.

Violación de los artículos 29 y 58 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000.

6.7. Manifestó que el actuar de la parte demandada vulneró su derecho fundamental a la propiedad, al expropiar sus derechos exclusivos y no indemnizarla.

6.8. Argumentó que la parte demandada basó su análisis de confundibilidad en la existencia de un elemento nominativo de las marcas opositoras, el cual consideró que no es confundible con la marca solicitada. No obstante, la oposición se fundamenta tanto en marcas figurativas como mixtas, como se puede apreciar en el escrito de oposición.

6.9. Mencionó que lo anterior desconoce su derecho al debido proceso, pues no se evaluaron todos los argumentos y fundamentos que sustentaron la oposición

Violación de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia, así como el artículo 3º numerales 2 y 4 de la Ley 1437 de 2011.

6.10. Anotó que la parte demandada con la expedición de los actos acusados violó los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, buena fe, así como el derecho fundamental al debido proceso.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Afirmó que si bien los signos comparten cierta semejanza, especialmente , en lo que respecta a los signos que están conformados únicamente por un elemento

formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Afirmó que si bien los signos comparten cierta semejanza, especialmente , en lo que respecta a los signos que están conformados únicamente por un elemento gráfico (una sombrilla), este aspecto resulta irrelevante al momento de realizar el cotejo marcario entre estos, pues, como se señaló en los actos acusados, se obtuvo que en el signo solicitado el elemento nominativo es predominante, el cual al ser6

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cotejado frente a los signos compuestos únicamente por un elemento gr áfico resultan absolutamente diferentes.

7.2. Adujo que al ser el signo solicitado una marca mixta que cuenta con un elemento nominativo predominante , los signos figurativos opositores no se ven amenazados al coexistir en el mercado, precisamente , por cuanto su distintividad recae en el elemento gráfico y, al tenor de la regla señalada por el Tribunal Andino de Justicia, no existe riesgo de confusión.

7.3. Indicó, en cuanto la similitud entre los servicios, que basta señalar que los signos son suficientemente distintivos entre sí para coexistir y distinguir servicios de la misma clase, sin que con ello exista riesgo de confusión o asociación.

7.4. Sostuvo frente a la vulneración de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000, que las acusaciones que hace la parte demandante carecen de toda veracidad y están llamadas al fracaso, pues las actuaciones de la parte demandada se apegaron estrictamente a la ley.

de 2000, que las acusaciones que hace la parte demandante carecen de toda veracidad y están llamadas al fracaso, pues las actuaciones de la parte demandada se apegaron estrictamente a la ley.

7.5. Anotó que como se desprende del expediente administrativo, es claro que la parte demandada garantizó los derechos de las partes en cada actuación, sin que pueda evidenciarse vicio o yerro alguno que violente los derechos del debido proceso.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal.

Procedencia de la sentencia anticipada

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de abril de 2024: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 3 y, en

3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.7

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consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 2025, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial4: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022;

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 2025, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial4: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms 208-IP-2020, 496-IP-2019, 509IP-2019, 203 -IP-2020, 391 -IP-2022, 344 -IP-2022 y 15 -IP-2020, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar ; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10.1. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda.

10.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

10.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso guardó silencio

10.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

10.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

11. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

4 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.8

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

13. De conformidad con el artículo 149, numeral 8 º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, sobre distribución de procesos entre las

competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos acusados

15. Los actos acusados son los siguientes:

15.1. La Resolución núm. 491 de 11 de marzo de 2020, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de la marca mixta “AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S.”, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

15.2. La Resolución núm. 80939 de 16 de diciembre de 2020 , emanada de la superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de

5 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

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Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 491 de 11 de marzo de 2020.

El problema jurídico

16. De acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, el problema jurídico

consiste en determinar:

16.1. Si las resoluciones núms. 491 de 11 de marzo y 80939 de 16 de diciembre

El problema jurídico

16. De acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, el problema jurídico

consiste en determinar:

16.1. Si las resoluciones núms. 491 de 11 de marzo y 80939 de 16 de diciembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “AGENCIA DE SEGUROS ZAPATA S.” para identificar “servicios de agencias de corretaje y de seguros” de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza vulneran: el literal a) del artículo 136 y los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000; los artículos 1 º, 2º, 4º, 5º, 6º,13 , 29, 58 y 83 de la Constitución Política; y los numerales 2 y 4 del artículo 3º de la Ley 1437; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados.

17. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena6, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

6 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas

Cartagena6, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

6 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.10

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Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20007 de la Comisión de la Comunidad Andina8.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9

19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10.

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

7 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su

decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre p ropiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993,

de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 8 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 9 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17

9 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 10 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.11

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de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

21. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

22. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

23. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal

[…]”.

24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

25. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.12

Núm. único de radicación: 11001032400020210011400

deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.12

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Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-202011, 496-IP-201912, 509-IP-201913, 203IP-202014, 391-IP-202215 y 344-IP-202216, y 15-IP-202017

26. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante.

27. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200018:

“[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos:

1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en

la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

11 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 12 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 13 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice

de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 16 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4467 de 13 de mayo de 2022 y en el Índice de criterios jurídicos in