CE - Sentencia 11001032400020210023100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001032400020210023100

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Guayacán S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés directo en las resultas del proceso: Diana Shirley Ospina Velásquez

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Guayacán S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La sociedad Guayacán S.A.S, en adelante la parte demandante 1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte

1 Actuando por intermedio de apoderado.2

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demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la

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demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO ”, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la señora Diana Shirley Ospina Velásquez , en adelante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 29925 del 18 de junio de 2020 por medio de la cual la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución No. 55030 del 1º de agosto de 2018 proferida por la Dirección de Signos Distintivos de esa Delegatura y concedió el registro de la marca SANTO MORDISCO (mixta) para distinguir verduras en conserva productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza con una vigencias (sic) hasta el 13 de julio de 2030; la cual obra en el expediente administrativo de la SIC No. SD2018/0003827.

distinguir verduras en conserva productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza con una vigencias (sic) hasta el 13 de julio de 2030; la cual obra en el expediente administrativo de la SIC No. SD2018/0003827.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de la nulidad de la Resolución No. 29925 del 18 de junio de 2020 se ordene a la SIC negar el registro de la marca SANTO MORDISCO (Mixta) para identificar distinguir verduras en conserva productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación

Internacional de Niza.

TERCERA: Que se ordene a la SIC realizar la anotación pertinente y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.3

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4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el 18 de enero de 2018, el registro como marca del signo mixto “SANTO MORDISCO”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Que la referida solicitud se publicó el 28 de febrero de 2018 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 819, sin ser objeto de oposición.

4.2. Que la referida solicitud se publicó el 28 de febrero de 2018 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 819, sin ser objeto de oposición.

4.3. Que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 55030 de 1º de agosto de 2018 , negó de oficio el registro como marca del signo mixto “SANTO MORDISCO ”, con fundamento en la marca nominativa “ MORDISCOS”, registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza , cuyo titular era la sociedad QBCO S.A.

4.4. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 55030 de 1 de agosto de 2018.

4.5. Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de : i) revocar la Resolución núm. 55030 de 1 º de agosto de 2018 ; y ii) conceder el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO” , para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

4.6. Que es titular de la marca mixta “MORDISCÓS”, que identifica servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. Los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000.

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

5.1. Los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000.

5.2. El artículo 61 de la Constitución Política.

Concepto de la violación4

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6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así:

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Adujo que en el presente caso, se encuentran acreditadas las condiciones mencionadas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, circunstancia suficiente para considerar que la marca “SANTO MORDISCO” genera confusión o riesgo de asociación con la marca de su propiedad y, como consecuencia de ello, la solicitud de registro debió ser negada.

6.2. Indicó que la marca posteriormente registrada “SANTO MORDISCO” reproduce la marca previamente registrada “MORDISCÓS”, sin que la diferencia que se observa en el conjunto marcario objeto de nulidad, alcance a hacer distintivo al signo.

6.3. Menciono que desde el punto de vista fonético, las marcas enfrentadas tienen identidad fonética que puede llevar a confusión, pues la diferencia en la pronunciación es prácticamente nula.

6.4. Adujo que desde el aspecto ideológico, la marca “SANTO MORDISCO” contiene su marca “MORDISCÓS”, por lo que es obvio que las mismas evocan el

pronunciación es prácticamente nula.

6.4. Adujo que desde el aspecto ideológico, la marca “SANTO MORDISCO” contiene su marca “MORDISCÓS”, por lo que es obvio que las mismas evocan el mismo concepto o idea, sin que la expresión SANTO le otorgue una característica sustancial que haga que la similitud desaparezca.

6.5. Sostuvo que es evidente que existe una conexidad entre los productos que distingue la marca “SANTO MORDISCO” y los servicios que protege la marca “MORDISCÓS”, hecho que da lugar a la confusión indirecta , por ser susceptibles de ser atribuirles a un mismo empresario , pues se pensará que se trata de una ampliación de los servicios de la marca registrada, compartiendo canales de comercialización y publicidad.

Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000

6.6. Manifestó que la parte demandada no realizó el estudio de registrabilidad, teniendo en cuenta la marca de su propiedad, cuando es evidente la similitud de las marcas y la conexión competitiva entre los productos y servicios de una y otra.5

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Violación del artículo 61 de la Constitución Política.

6.7. Anotó que con la concesión de registro de la expresión “SANTO MORDISCO”, la parte demandada violó el artículo 61 de la Constitución Política, al otorgar un derecho a un tercero , y con ello, vulneró sus derechos preferentes de propiedad industrial.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

derecho a un tercero , y con ello, vulneró sus derechos preferentes de propiedad industrial.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Afirmó que el acto acusado no incurre en infracción o violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, lo establecido en la Constitución Política.

7.2. Adujo que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas cotejadas ; i) tienen diferente longitud; ii) están compuestas por distintos números de letras; iii) tienen un orden disímil en las consonantes y vocales que las componen ; y iv) sus raíces y terminaciones no son semejantes.

7.3. Indicó que al pronunciar las marcas “SANTO MORDISCO” y “MORDISCÓS”, de manera sucesiva, se evidencia que no guardan similitud en su parte fonética.

7.4. Sostuvo que la marca cuestionada cuenta con una palabra adicional, que la reviste de suficiente distintividad.

7.5. Anotó que las marcas “SANTO MORDISCO” y “MORDISCO’S” comparten un término que se emplea en varios signos distintivos que identifican productos relacionados con el sector de alimentos.

7.6. Señaló que al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no hay razón para hacer un pronunciamiento sobre la eventual conexión competitiva entre estos.6

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capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no hay razón para hacer un pronunciamiento sobre la eventual conexión competitiva entre estos.6

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Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal3.

Procedencia de la sentencia anticipada

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de diciembre de 2024: i) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114 y, en consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas; ii) fijó el objeto del litigio; y iii) resolvió sobre las solicitudes probatorias.

Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de febrero de 2025, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial5: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico

Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 111-IP-2019, 218-IP-2020, 391IP-2022 y 344 -IP-2022, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía.

Alegatos de conclusión

10.1. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la demanda.

3 Cfr. Folio 86 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.7

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10.2. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

10.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

demanda.

10.3. El tercero con interés directo en l as resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

11. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado ; vii) Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

13. De conformidad con el artículo 149, numeral 8 º, de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto acusado

6 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto acusado

6 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 11001032400020210023100

15. El acto acusado es el siguiente:

15.1. La Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020 , expedida por la superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, en el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 55030 de 1 º de agosto de 2018; y ii) conceder el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO” , para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El problema jurídico

16. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

16.1. Si la Resolución núm. 29925 de 18 de junio de 2020, expedida por la superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “SANTO MORDISCO”, que identifica “ […] verduras en conserva […]”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran: los artículos 136, literal a) y, 150 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 61 de la Constitución

la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran: los artículos 136, literal a) y, 150 de la Decisión 486 de 2000; y el artículo 61 de la Constitución Política; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado.

16.2. En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado y la marca nominativa “MORDISCÓS, que identifica servicios de la Clase 43 de Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

17. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de9

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Cartagena7, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20008 de la Comisión de la Comunidad Andina9.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10

19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11.

Comunidad Andina10

19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11.

7 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 8 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licenc ias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre p ropiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;

cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,

y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industri al previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 9 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 10 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “ Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.10

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20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad A ndina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de

los Estados Miembros.

21. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

22. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare

normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de d ichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

23. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal

[…]”.

24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

25. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.11

Núm. único de radicación: 11001032400020210023100

Interpretaciones Prejudicial es 111-IP-201912, 218 -IP-202013, 391-IP-202214 y 344-IP-202215.

26. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante.

27. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200016:

interpretación de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante.

27. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200016:

“[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos:

1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. […]

1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente

o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. […]

1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados p or los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá

12 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4057 de 28 de agosto de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 13 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 14 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 15 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 16 Interpretación Prejudicial 391-IP-202212

Núm. único de radicación: 11001032400020210023100

Comunidad Andina. 16 Interpretación Prejudicial 391-IP-202212

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verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza

[…]

Comparación entre signos mixtos

2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.

[…]

2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.

2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grá