CE - Sentencia 11001032400020210031500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

Recurrente: Olga Lucia Esquivel Lozano , Daniel Valencia Esquivel, Ariel

Valencia Sandoval, Lizeth Esquivel Lozano, Alonso Esquivel Alturo, Olinda Lozano Rojas y Aide Sandoval Fonseca Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA. Subtema 2: prueba encontrada o recobrada después de la sentencia. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Olga Lucia Esquivel Lozano, Daniel Valencia Esquivel, Ariel Valencia Sandoval, Lizeth Esquivel Lozano, Alonso Esquivel Alturo, Olinda Lozano Rojas y Aide Sandoval Fonseca contra la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , mediante la cual se confirmó la decisión del 21 de octubre de 2019 por medio de la cual el Juzgado Veintidós

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , mediante la cual se confirmó la decisión del 21 de octubre de 2019 por medio de la cual el Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del dere cho presentada contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional , en la que solicitaron la nulidad de la Resolución 1947 del 3 de noviembre de 2017, por medio de la cual la señora Olga Lucía Esquivel Lozano fue retirada del servicio activo por solicitud propia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por la parte recurrente, y las recaudadas en el curso de este trámite, la Sala sintetiza a continuación, los hechos y actuaciones relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , identificado con el número de radicación 11001-33-35-022-2018-00428-00/01.

1.1.1. La demanda

2. Olga Lucia Esquivel Lozano y otros 1 interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército

1 SAMAI, índice 30, carpeta pdf 11001333502220180042800ANYR, folios 1 al 387.Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

Recurrente: Olga Lucia Esquivel Lozano y otros

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Nacional, mediante la cual solicitaron la nulidad parcial de la Resolución 1947 del 3 de noviembre de 2017, por medio de la cual se dispuso el retiro del servicio activo a la señora Esquivel Lozano.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidieron condenar a la demandada a reincorporar a la señora Esquivel Lozano al servicio, sin solución de continuidad , y a restablecerla en el grado y tiempo correspondiente al de sus compañeros de curso.

Asimismo, ordenar el pago de los valores dejados de percibir tales como salarios, primas y demás emolumentos, desde la fecha de su retiro.

4. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ej ército Nacional a indemnizar por perjuicios morales y daños al núcleo familiar de la señora Esquivel

Lozano.

5. Ordenar el ajuste y la actualización de los valores reclamados conforme al índice de precios al consumidor (IPC), y se le dé cumplimiento a la sentencia según lo previsto en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA).

6. Ordenar la publicación de la sentencia, con el fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres militares . Por último, pidió que se llamara en garantía al jefe de Recursos Humanos del Ejército Nacional y al jefe del Departamento

6. Ordenar la publicación de la sentencia, con el fin de evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres militares . Por último, pidió que se llamara en garantía al jefe de Recursos Humanos del Ejército Nacional y al jefe del Departamento Jurídico del Departamento de Personal, correspondientes a la época de los hechos.

7. En relación con los hechos que dieron origen a la demanda, l a señora Olga Lucia Esquivel Lozano manifestó que , una vez culminó sus estudios en la Escuela Militar de Suboficiales del Ejército, ascendió hasta el grado de sargento primero . Sin embargo, se produjo su retiro de la entidad demandada. Según indicó, este obedeció a una conducta indebida proveniente desde la Dirección de Personal, ya que recibió la orden de solicitar el retiro voluntario del servicio activo, so pena de ser llamad a a calificar servicios. En razón de lo anterior, a firmó que cumplió con dicha orden en su condición de subordinada , a pesar de que su voluntad era continuar en las Fuerzas

Militares.

1.1.2. Contestación de la demanda

8. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, con el argumento que el acto administrativo acusado corresponde a una decisión de fondo ajustada a derecho, cuyo origen se encuentra en aspectos institucionales de índole militar2.

9. Agregó que la señora Olga Lucía Esquivel Lozano mediante Resolución 1947 del 3 de octubre de 2017, fue retirada del servicio activo por solicitud propia. En este sentido, sostuvo que , conforme a lo previsto en el artículo 100 del Decreto 1790 de

del 3 de octubre de 2017, fue retirada del servicio activo por solicitud propia. En este sentido, sostuvo que , conforme a lo previsto en el artículo 100 del Decreto 1790 de 2000, literal a), numeral 1, una de las causales de retiro del servicio activo para el personal de oficiales y suboficiales, es «el retiro temporal con pase a la reserva por

SOLICITUD PROPIA».

2 SAMAI, índice 30, carpeta pdf 11001333502220180042800ANYR, folios 240 al 255.Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

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10. Indicó que el acto demandado está ajustado a la normativa vigente que rige el ascenso de los miembros de la Fuerza Pública, cuya obligatoriedad está condicionada a que no exista suspensión o anulación por parte de la jurisdicción contenciosaadministrativa. En consecuencia, el ascenso solicitado por la demandante no es procedente, toda vez que este requiere el cumplimiento de varios requisitos que solo pueden acreditarse si la persona se encuentra en servicio activo.

11. Manifestó que el juez contencioso -administrativo no tiene competencia para decretar ascensos de la Fuerza Pública, por cuanto no son espontáneos, ni automáticos, sino que dependen del cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el artículo 52 del Decreto 1790 de 2000.

decretar ascensos de la Fuerza Pública, por cuanto no son espontáneos, ni automáticos, sino que dependen del cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el artículo 52 del Decreto 1790 de 2000.

12. Precisó que no es de recibo lo manifestado por la señora Esquivel Lozano en cuanto a que s u solicitud de retiro no fue libre y espontanea, sino que obedeció a coacción, cuando no existe prueba que respalde dicha afirmación.

13. Planteó, como excepciones, la caducidad y la legalidad del acto definitivo demandado.

1.1.3 Sentencia de primera instancia

14. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 21 de octubre de 20183 por medio de la cual se negaron las pretensiones

de la demanda, por las siguientes razones:

15. Destacó que en el presente asunto no puede considerarse que existió coerción para que la señora Olga Lucía Esquivel Lozano presentara solicitud de retiro . Que, si bien en la demanda se alegó que dicha solicitud fue impuesta, lo cual sería ilegal, no estaba obligada a acatarla y que, en caso de hacerlo, debía asumir las consecuencias de su decisión.

16. Precisó que no puede concluirse que la orden emitida por la entidad demandada haya sido impartida bajo presión, toda vez que no todos los militares a quienes se les sugirió el retiro actuaron de la misma manera. Además, no se trató de una orden formal, sino de una sugerencia por parte de la entidad.

17. Finalmente, concluyó que , ante la ausencia de prueba que demuestre una

sugirió el retiro actuaron de la misma manera. Además, no se trató de una orden formal, sino de una sugerencia por parte de la entidad.

17. Finalmente, concluyó que , ante la ausencia de prueba que demuestre una coacción insuperable que haya llevado a la demandante a presentar su retiro voluntario, no se configura un retiro forzado. Por el contrario, la decisión fue tomada libremente y, por tanto, la demandante debe asumir las consecuencias de la misma.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante

18. La demandante solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia 4, al considerar que la entidad demandada desplegó presiones, fuerza y constreñimiento para inducirla a solicitar de manera voluntaria su retiro, es decir, un retiro impuesto.

3 Se extrae del recuento de la sentencia de segunda instancia, SAMAI índice 30 , carpeta pdf 11001333502220180042800ANYR, folios 357 a 371. 4 SAMAI, índice 30, carpeta pdf 11001333502220180042800ANYR, folios 326 al 331.Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

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19. Agregó que la sentencia impugnada no reconoce ni justifica como actuaciones normales las presiones ejercidas en su contra ni en contra de sus compañeros, en diversos lugares y eventos , al considerarlas como normales dentro de un contexto

19. Agregó que la sentencia impugnada no reconoce ni justifica como actuaciones normales las presiones ejercidas en su contra ni en contra de sus compañeros, en diversos lugares y eventos , al considerarlas como normales dentro de un contexto institucional.

20. Añadió que el fallo de primera instancia omitió valorar las siete declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento, en las que se señala la existencia de presión ilegal para obtener la «solicitud de retiro voluntario del Ejército».

21. Manifestó que tanto la conducta de la entidad demandada como la sentencia de primera instancia vulneraron los artículos 1, 13 y 29 de la Constitución Política, así como los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de no discriminación contra la mujer.

22. Indicó que el Decreto 1790 de 20005 establece el retiro voluntario de las Fuerzas Militares, este debe ser producto de una decisión libre y espontanea de cada militar.

En el presente caso, alegó que el acto administrativo está viciado de falsa motivación, ya que su decisión de presentar la solicitud obedeció a una presión ilegal ejercida por la entidad demandada, lo cual afecto su libre voluntad.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dictó sentencia el 6 de agosto de 20206, por medio de la cual se confirmó la proferida por el Juzgado Veintidós Oral del Circuito Judicial de Bogotá , que no accedió a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

24. Precisó que la normativa aplicable para el retiro del personal de oficiales y

por el Juzgado Veintidós Oral del Circuito Judicial de Bogotá , que no accedió a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

24. Precisó que la normativa aplicable para el retiro del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se encuentra en el Decreto 1790 de 2000, el cual

dispone:

Artículo 99. Retiro. Retiro de las Fuerzas Militares es la situación en la cual los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar por disposición de autoridad competente cesan la obligación de prestar servicios en actividad […].

25. Sostuvo que, entre las distintas causales de retiro del servicio activo, se encuentra la solicitud propia o voluntaria del militar perteneciente a la Fuerza Pública, según lo previsto en el artículo 100 ibidem, modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006. Asimismo, indicó que los oficiales y suboficiales pueden solicitar el retiro en cualquier momento, siempre que no existan razones de seguridad nacional o especiales del servicio que requieran su permanencia en la actividad.

26. Agregó que, debido a que las condiciones que deben rodear el retiro del servicio voluntario no están regladas en el decreto citado, resulta, necesario acudir al artículo 27 del Decreto 2400 de 19687 que a su turno fue reglamentado por el Decreto 1950 de

5 «Por el cual se establecen las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares» 6 SAMAI Índice 2, carpeta zip, pdf revisión, folios 7 al 21. 7 «Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras

Militares» 6 SAMAI Índice 2, carpeta zip, pdf revisión, folios 7 al 21. 7 «Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones»Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

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19738. En este se establece como re quisito indispensable para la procedencia de la aceptación de la renuncia o de la solicitud de reti ro que debe presentarse mediante escrito en el cual el empleado público debe manifestar de «manera inequívoca su voluntad por retirarse de manera definitiva del servicio público, respecto al cargo que venía desempeñando, señalando además la fecha a partir de la cual se pretende que surta efectos la misma».

27. Indicó que esta Corporación mediante sentencia del 22 de agosto de 2013 9, precisó que: «cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la presentación de su renuncia, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontaneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad».

28. Informó que el recurso de apelación fue sustentado en la afirmación de que la solicitud de retiro del servicio por parte de la demandante no fue ni libre ni espontanea, sino producto de coacción. No obstante, consideró que en el recurso únicamente se

solicitud de retiro del servicio por parte de la demandante no fue ni libre ni espontanea, sino producto de coacción. No obstante, consideró que en el recurso únicamente se enunció la existencia de presuntas presiones o constreñimientos, sin que se especificaran ni desarrolla ran las acciones concretas que habría ejercido la entidad demandada, ni se demostrara que dichas acciones tuvieron la suficiente envergadura para inducir a la demandante a presentar su retiro por solicitud propia.

29. Precisó que, pese a que en la demanda se alude que la solicitud de retiro voluntario obedeció a una presunta orden de sus superiores , bajo la advertencia de ser retirada «por llamamiento a calificar servicios », incluso dando credibilidad a las declaraciones extraprocesales o testimonios recaudados en el plenario, lo cierto es que toda orden en el ámbito militar se debe cumplir con requisitos de legitimidad, lógica, oportunidad, claridad, precisión y en relación con la función o el servicio. En ese sentido, consideró que la supuesta orden no cumplía con el requisito de legitimidad, ya que contradecía la voluntad de la demandante, por lo que se trataba de una orden ilegitima . Así las cosas, la demandante no estaba en la obligación de cumplirla, y debía asumir las consecuencias de su decisión.

30. Resaltó que, en el presente asunto , no se acreditó la existencia de una orden formal, sino más bien una invitación por parte de la entidad accionada para que la demandante se retirara de manera voluntaria del servicio . E l hecho de que se les advirtiera que quienes no lo hicieran serían retirados por llamamiento a calificar servicios no constituye una prueba suficiente de constreñimiento , toda vez que no

demandante se retirara de manera voluntaria del servicio . E l hecho de que se les advirtiera que quienes no lo hicieran serían retirados por llamamiento a calificar servicios no constituye una prueba suficiente de constreñimiento , toda vez que no todos los militares a quienes también se hizo dicha solicitud procedieron de esa manera.

31. Concluyó que no se observ ó constreñimiento alguno que afect ara de manera real y severa la autonomía de la voluntad de la demandante para presentar su retiro del servicio . Que frente a la orden, solicitud o invitación o como quiera que se denomine, la demandante debió tener el discernimiento suficiente para comprender que no estaba obligada a proceder de esa manera. En consecuencia , la decisión de retiro voluntario fue autónoma, libre y espontanea. Distinto es que, en la actualidad, la

8 «Por el cual se reglamentan los Decretos 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre la administración del personal civil» 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, expediente 0500123-31-000-2003-02119-01 (1574-12)Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

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demandante crea que es errada y pretenda atribuirle dicha responsabilidad a la entidad demandada, situación que, no fue acreditada dentro del proceso.

1.2. Recurso extraordinario de revisión.

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demandante crea que es errada y pretenda atribuirle dicha responsabilidad a la entidad demandada, situación que, no fue acreditada dentro del proceso.

1.2. Recurso extraordinario de revisión.

32. La parte recurrente10 presentó recurso extraordinario de revisión el 24 de junio de 2021 11 contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , el 6 de agosto de 2020 . En dicho recurso adujo que, a pesar de haber cumplido todos los requisitos de ley para ser ascendida al último grado del escalafón militar de suboficiales, esto es, «sargento mayor» fue constreñida a presentar escrito en el que solicitaba su retiro de las Fuerzas Militares de «forma voluntaria». Circunstancia que reviste gravedad al ser dirigida de forma discriminatoria contra las mujeres del grupo militar.

33. Agregó que en la primera instancia se demostró, mediante pruebas documentales, audios y testimonios, que fue presionada para tomar la decisión de presentar el retiro voluntario. Sin embargo, la autoridad judicial ignoró estos elementos probatorios y justificó las conductas arbitrarias del Ejército Nacional. Incluso, interpretó una orden de presentar el escrito de retiro voluntario como una simple recomendación y de esta forma trasladó toda la responsabilidad a la demandante.

34. Arguyó que el Tribunal se limitó a ratificar lo decidido por el fallador de primera instancia, sin realizar un análisis profundo de los hechos, ni de las pruebas ni de los argumentos expuestos en la apelación. Que el fundamento legal por medio del cual sustentó el recurso extraordinario de revisión, es la causal prevista en el numeral 1 del

instancia, sin realizar un análisis profundo de los hechos, ni de las pruebas ni de los argumentos expuestos en la apelación. Que el fundamento legal por medio del cual sustentó el recurso extraordinario de revisión, es la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, como lo son dos documentos que a su parecer enmarcan en la normativa.

35. Uno de ellos incluye un audio de aproximadamente 1 hora y 3 minutos del mes de septiembre de 2018, en el que al minuto 58:40 el entonces comandante del Ejército

Nacional, expuso:

«quiero que todo el personal de comandantes me ayude con el personal no ascendido, en este caso todo este grupo de compañeros 400, más o menos 200 no ascienden por problemas de justicia y sanidad, pero los otros restantes no asciende por evaluación del comité, a la gente le tenemos, le tienen que ayudar a pedir a estas personas hagan como lo hacen nuestros suboficiales un retiro honorable, su retiro voluntario la baja, ya ha quedado en la directiva estructural, que el personal retirado por 103 y 104, no podrá tener ninguna relación con la Fuerza, entonces por ejemplo a estos retirados valiosísimos, les tenemos que decir, si usted lo hace de manera voluntaria, tiene una alta posibilidad de tener contratos con la Fuerza, trabajo con la Fuerza, que si usted hace que nosotros lo retiremos de manera forzosa»

36. La recurrente reiteró que el comandante del Ejército Nacional impartió instrucciones orientadas a inducir al personal a solicitar su retiro voluntario y que, de no hacerlo, se les advertía que no podrían acceder a contratos con la institución. Además, indicó que a quienes no presentaran dicha solicitud se les aplicarían las disposiciones

instrucciones orientadas a inducir al personal a solicitar su retiro voluntario y que, de no hacerlo, se les advertía que no podrían acceder a contratos con la institución. Además, indicó que a quienes no presentaran dicha solicitud se les aplicarían las disposiciones contenidas en los artículos 103 y 104 del Decreto 1790 de 2000.

10 Olga Lucía Esquivel Lozano y otros. 11 SAMAI, índice 2, acuse de recibido, recurso presentado por correo electrónico ante esta Corporación.Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

Recurrente: Olga Lucia Esquivel Lozano y otros

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37. Respecto al segundo documento mencionado, es decir, el oficio de fecha 28 de marzo de 2019 , emitido por el Comando de Personal del Ejército Nacional, se indicó que se devolvía una solicitud de retiro por estar «motivada». A partir de este escrito, la señora Olga Lucía Esquivel Lozano argumentó que desde la entidad se impartían directrices sobre cómo debía redactarse la solicitud de retiro voluntario y qué contenido debía incluir. Sostuvo que, si el documento no cumplía con los lineamientos establecidos, era devuelto para su corrección.

38. Solicitó que se tengan como prueba para sustento del presente recurso:

✓ Expediente No 110013335022-2018-00428-01. ✓ Sentencia de fecha 6 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

✓ Expediente No 110013335022-2018-00428-01. ✓ Sentencia de fecha 6 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. ✓ Poder allegado en el expediente inicial. ✓ Oficio del 28 de marzo de 2019, en el que indicó «el oficio no corresponde a la SP . OLGA LUCÍA ESQUIVEL LOZANO, puesto que este documento extrañamente desapareció de los archivos del Ejército. ✓ La grabación del señor General Alberto Mejía Ferrero.

39. En consecuencia, pidió a esta Corporación que se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dado que dicha decisión desconoce lo probado, el derecho, la Constitución Política y los tratados internacionales.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

40. Esta Corporación inadmitió el recurso en auto del 5 de octubre de 2023 12 con el fin de que el recurrente allegará el poder para el inicio del recurso , así como las pruebas documentales que pretendiera hacer valer. En cumplimiento de lo solicitado, la señora Olga Lucía Esquivel Lozano allegó memorial de subsanación 13. En consecuencia, se admitió el recurso mediante providencia del 23 de mayo de 202414, se ordenó la notificación personal a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y al Ministerio Público, y se le reconoció personería a la abogada de los demandantes. Asimismo, se ordenó oficiar al Juzgado Veintidós (22) Administrativo

Nacional y al Ministerio Público, y se le reconoció personería a la abogada de los demandantes. Asimismo, se ordenó oficiar al Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Bogotá para que remita de forma digital el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho distinguido con radicado No. 11001-33-35-022-2018-00428-00.

41. Luego de que esta decisión fuera notificada a las partes , la Procuraduría Delegada de Intervención ante el Consejo de Estado, presentó concepto 15 en el que solicitó se declare infundado el recurso presentado al considerar que no es oportunidad para aportar, alegar pruebas y hechos que debieron ser a portados en el trámite del proceso ordinario, concluyó que no se trata de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.

12 SAMAi, índice 12. 13 SAMAI, índice 17 y 20. 14 SAMAI, índice 22. 15 SAMAI, índice 26.Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

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42. Por su parte la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, no contestó el recurso extraordinario de revisión.

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42. Por su parte la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, no contestó el recurso extraordinario de revisión.

43. Posteriormente, mediante providencia del 2 de abril de 2025 16, se incorporaron como pruebas los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión. A su vez, se tuvo como prueba trasladada, y según lo previsto por el artículo 174 del Código General del Proceso ( CGP), los documentos del expediente radicado al número 100133-35-022-2018-00428-01, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los demandantes en contra de la Nación,

Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

44. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Olga Lucía Esquivel Lozano y otros contra la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA17.

2.2. Oportunidad

45. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 6 de agosto de 202018, se notificó el 2 de septiembre de ese año. Así las cosas, como los actores presentaron el recurso extraordinario de revisión el 24 de junio de 2021 19, su radicación fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA20. Igualmente, se allegó memorial de subsanación dentro de la oportunidad que le fue conferida , lo que dio lugar a la admisión de este recurso extraordinario.

del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA20. Igualmente, se allegó memorial de subsanación dentro de la oportunidad que le fue conferida , lo que dio lugar a la admisión de este recurso extraordinario.

2.3. Legitimación en la causa

46. La señora Olga Lucía Esquivel Lozano y otros, así como la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, están legitimados en la causa para ser partes en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y demandado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problema jurídico

47. En los términos del recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala definir si es procedente infirmar la sentencia proferida el 6 de agosto de 2020, por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

16 SAMAI, índice 36. 17 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». 18SAMAI, índice 30, carpeta pdf 11001333502220180042800ANYR, folios 357 al 371. 19 SAMAI, índice 2, 1_ED_RVDEMANDARECURSOD(.MSG) NroActua 2. 20 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».Radicación: 11001-03-24-000-2021-00315-00 (2569-2021)

Recurrente: Olga Lucia Esquivel Lozano y otros

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Recurrente: Olga Lucia Esquivel Lozano y otros

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48. En particular, deberá precisar si , en el caso en concreto , se configura la causal de revisión dispuesta en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, relativa a haberse encontrado o recobrado documento decisivo con posterioridad a la sentencia.

49. Para resolver este problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA atinente a la prueba encontrada o recobrada después de la sentencia ; y, en tercer lugar, resolverá el caso concreto.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

50. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA21.

51. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado en los artículos 248 y subsiguientes