CE - Sentencia 11001032400020230020400 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba

Tema: Autonomía universitaria. Alcance de la facultad de modificar los estatutos generales.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado dicta sentencia de única instancia en el medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano José Luis Benedetty Caballero, actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 13 7 de la Ley 1437 del 2011, presentó demanda el 14 de julio de 20231, en la que solicitó la nulidad del artículo 29 y su parágrafo transitorio, así como el artículo 33 del estatuto general de la Universidad de Córdoba, Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017.

1.2. Hechos

2. Sostuvo el demandante lo siguiente:

3. En virtud de la autonomía universitaria, el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, mediante el Acuerdo 103 del 22 de diciembre de 2014, profirió su reglamento

2. Sostuvo el demandante lo siguiente:

3. En virtud de la autonomía universitaria, el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, mediante el Acuerdo 103 del 22 de diciembre de 2014, profirió su reglamento interno, en el cual se establecen funciones de expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la institución y para su aprobación, se requiere el voto favorable del consejo en dos debates realizados en sesiones diferentes.

4. En cumplimiento de lo anterior, como consta en Acta 023 del 12 de octubre de 2017, el Consejo Superior dio el primer debate al proyecto del estatuto general de la Universidad de Córdoba y el segundo se dio el 12 de diciembre de 2017, según Acta 029, quedando como resultado el Acuerdo 270 de 2017.

5. En el artículo 29 se estableció un período de 4 años para los representantes ante el Consejo Superior de las directivas académicas, de los docentes, de los estudiantes, de los egresados, del sector productivo y de los exrectores y en el parágrafo transitorio, se estipuló que ese período cobijaría a los actuales miembros.

1 Expediente digital SAMAI – Índice 00002 «ACUSE CORREO(.pdf)»Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co

6. En el artículo 33 se previó que los miembros del Consejo Superior Universitario que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co

6. En el artículo 33 se previó que los miembros del Consejo Superior Universitario que representen a las directivas académicas, docentes, egresados, secto r productivo y exrectores, podrían ser reelegidos solo por un período.

7. Con la aprobación de estos artículos, los consejeros ampliaron sus propios períodos que pasaron de 3 a 4 años y establecieron su propia reelección, según certificación expedida el 25 de mayo de 2023 por la Secretaría General.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. Como normas desconocidas citó los artículos 3 y 4 del reglamento interno del Consejo Superior (Acuerdo 103 de 2014) y el artículo 29 de la Constitución Política.

9. Según estas reglas, para constituir cuórum deliberatorio, se exige la mayoría simple de los miembros debidamente legalizados y activos, y, para decidir, se requiere la mayoría simple de los presentes durante la sesión.

10. En la sesión del 12 de diciembre de 2017, asistieron 6 representantes, pero al momento de discutir la propuesta de ampliación del período y que cobijara a los actuales integrantes, 5 de ellos, por razones éticas y para evitar un conflicto de intereses, se fueron retirando de uno en uno alternadamente de la sesión, mientras se deliberaba y se decidía sobre la propuesta en estudio, pero de la misma forma iban ingresando y votando positivamente, para evitar declararse impedidos y no afectar el cuórum decisorio.

retirando de uno en uno alternadamente de la sesión, mientras se deliberaba y se decidía sobre la propuesta en estudio, pero de la misma forma iban ingresando y votando positivamente, para evitar declararse impedidos y no afectar el cuórum decisorio.

11. El conflicto de intereses ocurrió porque un consejero no se puede ampliar su propio período, pero para evitarlo, se retira de la sesión y así sus otros compañeros pueden ampliárselo y así sucesivamente, entre todos se van ampliando los períodos, aprobando sus propias reelecciones, es decir, «yo prorrogo el período de quien es competente para prorrogar mi período.».

12. Por lo anterior, los votos de José Gabriel Flórez Barrera, José Luis Martínez Salazar, Juan David Martínez Mejía, Roberto Lora Méndez y Nicolás Martínez Humánez deben declararse nulos por violación al régimen de conflicto de intereses y , como con ello se afecta el cuórum decisorio, consagrado en los artículos 3 y 4 del reglamento interno del Consejo Superior y 29 de la C onstitución Política, deviene nulo el acto modificatorio de los estatutos.

1.4. Trámite procesal relevante

13. El 3 de noviembre de 2023 , la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el medio de control 2 y dispuso su notificación al rector de la Universidad demandada , al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En auto de la misma fecha, se corrió traslado de la medida cautelar invocada3.

2 Expediente digital SAMAI – índice 00021 3 Expediente digital SAMAI – índice 00022Demandante: José Luis Benedetty Caballero

misma fecha, se corrió traslado de la medida cautelar invocada3.

2 Expediente digital SAMAI – índice 00021 3 Expediente digital SAMAI – índice 00022Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3 www.consejodeestado.gov.co

14. Surtidas las notificaciones de rigor 4, la Universidad de Córdoba se pronunció en escrito allegado el 11 de enero de 20245 y se opuso a las pretensiones por considerarlas contrarias a derecho, ya que las nomas demandadas fueron expedidas dentro del ámbito de las competencias y facultades del Consejo Superior Universitario y no existe infracción a normas superiores.

15. Precisó que la nulidad invocada frente al artículo 29 y su parágrafo transitorio del Acuerdo 270 de 2017, ya fue objeto de estudio por esta Sección dentro del radicado 11001-03-24-000-2020-00387-00, en el que mediante sentencia del 13 de abril de 2023 negó las pretensiones de la demanda. Sobre el artículo 33 indicó que el Consejo Superior tiene plenas facultades para regular el período relativo a la designación del rector y de sus propios miembros, según lo previsto en la Ley 30 de 1992 y en los estatutos de la

Universidad.

16. En los argumentos de defensa citó los artículos 64 y 65 de la Ley 30 de 1992, los

sus propios miembros, según lo previsto en la Ley 30 de 1992 y en los estatutos de la Universidad.

16. En los argumentos de defensa citó los artículos 64 y 65 de la Ley 30 de 1992, los acuerdo 103 de 2014 y 270 de 2017, para indicar que el CSU, teniendo en cuenta las facultades que le han sido con feridas y apelando a la autonomía universitaria, en concordancia con los principios de proporcionalidad, debido proceso, buena fe, publicidad y todos aquellos que deben observar las actuaciones administrativas, expidió el nuevo estatuto general para la institución teniendo en cuenta la facultad autorregulativa.

17. No existe prohibición para que las modificaciones que en virtud de la autonomía universitaria realice el Consejo Superior, cobije a los miembros de órganos directivos que en ese espacio temporal se encuentren en ejercicio de su designación; la ampliación de este período obedeció a facultades expresas otorgados por la ley y los estatutos al CSU y no existe norma que le reste validez a la actuación administrativa demandada.

18. Advierte que, pese a lo ant erior, los miembros del Consejo Superior no participaron en la votación para la ampliación del periodo respectivo a la representación que cumplían y tampoco aprobaron la extensión de estos, como se observa en el acta del CSU 029 del 12 de diciembre de 2017, de la sesión en la cual se expidió el Acuerdo 270 de 2017, en la cual, claramente se lee en sus páginas 8, 9, y 10 que la votación de las propuestas de ampliación del período de 3 a 4 años de los representantes de las directivas académicas,

la cual, claramente se lee en sus páginas 8, 9, y 10 que la votación de las propuestas de ampliación del período de 3 a 4 años de los representantes de las directivas académicas, los docentes, los estudiantes, los egresados, del sector productivo y de los exrectores se hizo de manera individual , y, los representantes de cada uno de esos sectores que pudieren verse beneficiados con esa decisión, se marginaban de la misma.

19. Finalmente propuso las excepciones de «COSA JUZGADA», «LEGALIDAD DEL ARTÍCULO 29 Y SU PARÁGRAFO TRANSITORIO E IGUALMENTE DEL ARTÍCULO 33ACUERDO NO. 270 DE 2017», «EJERCICIO LEGÍTIMO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN LA EXPEDICIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN INTER NA QUE REGULA EL PERÍODO DE

LOS MIEMBROS DEL CSU», «LOS ACTOS DEMANDADOS NO SE ENCUENTRAN PRODUCIENDO EFECTOS JURÍDICOS», «INEXISTENCIA DE PROHIBICIÓN QUE IMPIDA QUE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS, COBIJEN A QUIENES SE ENCUENTREN EN EJERCICIO AL MOMENTO EN Q UE ESTAS NORMAS NACEN A LA VIDA JURÍDICA» y «NO

SE LOGRÓ ACREDITAR O FUNDAMENTAR LA INCONVENIENCIA PARA LA UNIVERSIDAD

4 Expediente digital SAMAI – índice 00025, 00026 y 00027 5 Expediente digital SAMAI – Índice 00033Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

5 Expediente digital SAMAI – Índice 00033Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4 www.consejodeestado.gov.co

DE CÓRDOBA, DE LA AMPLIACION DE LOS PERÍODOS DE QUE TRATAN LAS NORMAS

ACUSADAS».

20. Por auto del 10 de abril de 2025 6 la Sección Primera de la Corporación, remitió el expediente a esta Sala Electoral por considerarl o de su resorte, conforme al artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019; se asumió su conocimiento y se resolvió negativamente la medida cautelar en proveído del 5 de junio de 20257.

21. En decisión del 7 de julio de 20258, se dio aplicación a lo previsto en el artículo 182A, numeral 1, literales b) y c) de la Ley 1437 de 2011 con el ánimo de dictar sentencia anticipada. Se declaró no probada la excepción de cosa juzgada; se fijó el litigio 9; se decretaron las pruebas invocadas por las partes10, y finalmente, se corrió traslado común para alegatos de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto.

1.5. Alegatos de conclusión

22. El demandante se pronunció en esta oportunidad 11, reiteró los argumentos de la demanda y pidió declarar la nulidad invocada.

1.5. Alegatos de conclusión

22. El demandante se pronunció en esta oportunidad 11, reiteró los argumentos de la demanda y pidió declarar la nulidad invocada.

23. La Universidad de Córdoba presentó sus alegaciones finales 12 e insistió en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

1.6. Concepto del Ministerio Público

24. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado13 rindió concepto, en el cual se refirió a la demanda y los argumentos expuestos como sustento de la nulidad invocada y dijo que no avizora contradicción alguna en las normas que se estiman infringidas, ya que en la sesión del 12 de diciembre de 2017 que derivó en la reforma del Estatuto General de la Universidad de Córdoba, se respetaron las normas internas y los parámetros relacionados con el cuórum deliberatorio y decisorio para ello y no se demostró que en la expedición de los artículos 29, su parágrafo transitorio y 33 del Acuerdo 270 de 2017, se hubiere incurrido en una interpretación errónea, omisión o indebida aplicación de dicha normativa, por lo que pidió negar las pretensiones de la demanda.

25. Para llegar a esa conclusión, se refir ió a la autonomía universitaria y sus límites, de la que resaltó que esta empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio 14, los cuales determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de

6 Expediente digital SAMAI – Índice 00043

carácter obligatorio 14, los cuales determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de

6 Expediente digital SAMAI – Índice 00043 7 Expediente digital SAMAI – Índice 00053 «…siendo el inicio del proceso, no es posible concluir la infracción normativa y de principios que propone la parte actora frente al primer inciso del artículo 29 del Acuerdo 027 (sic) de 2017, mientras que ocurre la carencia actual de objeto respecto del parágrafo transitorio de esa disposición y el artículo 33 de la misma normativa.» 8 Expediente digital SAMAI – Índice 00058 9 Consistió en: «Determinar si los artículos 29 y 33 del Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017 «por el cual se adopta el estatuto general de la Universidad de Córdoba » están viciados de nulidad por infracción de los artículos 3 y 4 del reglamento interno del Consejo Superior (Acuerdo 103 de 2014). // Para el efecto, se analizará si la forma en que esas disposiciones fueron discutid as y aprobadas por los integrantes del consejo superior universitario afectó el cuórum deliberatorio, configuró un conflicto de intereses y desconoció los principios de moralidad y transparencia». 10 Decretó la prueba documental aportada tanto por el demandante como por la demandada. 11 Expediente digital SAMAI – Índice 00069 12 Expediente digital SAMAI – Índice 00068 13 Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «065_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA.pdf» 14 Citó Sentencia T-1010 de 2010 de la Corte ConstitucionalDemandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba

14 Citó Sentencia T-1010 de 2010 de la Corte ConstitucionalDemandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5 www.consejodeestado.gov.co

servicios públicos, entre otros -, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal15.

26. Frente al desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto, trajo a colación el artículo 137 del CPACA, citó jurisprudencia de esta corporación 16 y dijo que tratándose de esta causal genérica de nulidad, «debe demostrarse que la norma infringida debía fundar el acto acusado» , por cuanto no cualquier desconocimiento de norma constitucional conlleva la nulidad del acto electoral o de nombramiento.

27. En este caso, en virtud del reglamento interno de 2014 17, los miembros del Consejo Superior Universitario ten ían la posibilidad de proferir o modificar las decisiones que autorregularan la institución educativa, entre ellas las relativas a la expedición o reforma del Estatuto General, debiendo, para la aprobación de los proyectos relacionados con esta última normativa, contar con el voto favorable en dos debates surtidos en sesiones diferentes, los cuales exigen, como presupuesto mínimo para debatir y ratificar la decisión discutida, la presencia de la mayoría simple de los miembros activos y de la mayoría simple de quienes, cumpliendo con esta condición, concurrieron a deliberar y sufragar, y,

diferentes, los cuales exigen, como presupuesto mínimo para debatir y ratificar la decisión discutida, la presencia de la mayoría simple de los miembros activos y de la mayoría simple de quienes, cumpliendo con esta condición, concurrieron a deliberar y sufragar, y, en este caso, según el Acta 029 del 12 de diciembre de 2017, se constata que se cumplió con el mandato de agotar las dos sesiones y se cumplió, tanto con el respectivo cuórum deliberatorio como con el decisorio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver en única instancia la demanda de la referencia , en atención a lo dispuesto en el artículo 1 49, numeral 1º de la Ley 1437 del 201118, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado19.

2.2. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar si los artículos 29 y 33 del Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017 «POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA» están viciados de nulidad por infracción de los artículos 3 y 4 del reglamento interno del Consejo Superior (Acuerdo 103 de 2014).

15 Trajo a colación Sentencia T-187 de 1993 MP Alejandro Martínez Caballero y T-585 de 1999 MP Hernando Herrera Vergara

16 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 27 de mayo de 2015. Radicación 110010324000200500017-01 // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado 4100123310002003004801 (0601 -2009), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación 25000232500020040516302 (2000-2008), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 18 de febrero de 2021, radicación 11001-03-28-000-202000058-00 17 Artículo 6. Funciones del Consejo Superior. Además de las establecidas en el Estatuto General, son funciones del CSU: a) Crear las comisiones que considere necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones; […] d) Proveer temporalmente las vacantes que se presenten en el seno del Consejo Superior por vencimiento del período de sus miembros, caso en el cual el CSU prorrogará de manera automática el período de sus miembros activos hasta por un máximo de seis (6) meses; […] f) Expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la Institución […] 18 «ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo

de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certifi cación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos. (…)». 19 Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, de la Sala Plena del Consejo de EstadoDemandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6 www.consejodeestado.gov.co

30. Para el efecto, se analizará si la forma en que esas disposiciones fueron discutidas y aprobadas por los integrantes del Consejo Superior Universitario afectó el cuórum deliberatorio, configuró un conflicto de intereses y desconoció los principios de moralidad y transparencia.

31. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:

(i) el principio de la autonomía universitaria; (ii) los estatutos de la Universidad de Córdoba y el reglamento del CSU; iii) el conflicto de intereses; y iv) caso concreto.

2.3. El principio de autonomía universitaria20

y el reglamento del CSU; iii) el conflicto de intereses; y iv) caso concreto.

2.3. El principio de autonomía universitaria20

32. La Constitución Política de 1991 en su artículo 69, consagró la autonomía como uno de los principios que caracterizan la garantía institucional de los entes universitarios, con el fin de asegurar la misión de esos entes académicos y dentro de esas facultades, está de poder «…regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley».

33. La Corte Constitucional, frente a la autonomía universitaria, ha indicado21:

(…) 102. El artículo 69 de la Constitución consagra el principio de la autonomía universitaria como una garantía institucional, que permite a los centros de educación superior adoptar sus propios estatutos y definir libremente su filosofía y su organización i nterna. En esa dirección, la Corte Constitucional la ha definido como “(...) la capacidad de auto regulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior.”22.

103. Esta facultad asegura y protege la independencia de las instituciones de educación superior, y guarda relaciones relevantes con diversos derechos, “que en ocasiones la complementan y en otras la limitan.”23 Así, la autonomía universitaria es inescindible de las libertades de cátedra, de enseñanza, de aprendizaje y de investigación (Art. 27, CP); y de los derechos a la educación (Art. 26, C), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16, P), y a escoger libremente profesión u oficio

(Art. 26, CP).

104. La jurisprudencia constitucional ha explicado que la autonomía universitaria se concreta,

26, C), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16, P), y a escoger libremente profesión u oficio (Art. 26, CP).

104. La jurisprudencia constitucional ha explicado que la autonomía universitaria se concreta, principalmente, en dos grandes facultades: (i) la dirección ideológica del centro educativo, “[que] determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pl uralista y participativa. Para [lo cual] cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación”,24 y (ii) la potestad de establecer su propia organización interna, lo que significa que las universidades pueden adoptar “las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes.”25 Por ello es un principio importante porque preserva los procesos de formación profesional de interferencias políticas -o de otra índoleindeseables. Sin embargo, como todo principio constitucional, puede entrar en tensiones con otros y por esa razón está sujeta a diversos límites. (…).

34. La Ley 30 de 1992 «Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior» , en sus artículos 28 y 29, materializa la autonomía, al indicar que las universidades cuentan con las facultades de: i) darse y modificar sus estatutos, ii) designar sus

20 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 13 de abril de 2023. MP Carlos Enrique

Moreno Rubio. Radicación: 11001-03-24-000-2020-00387-00. Ver también: Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso AdministrativoSección Quinta. Sentencia del 22 de mayo de 2025. MP Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación: 73001-23-33-000-2018-00345-01. 21 Corte Constitucional. Sentencia T-463 del 15 de diciembre de 2022. MP Diana Fajardo Rivera. Expediente T-8.770.447 22 Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Reiterada, entre otras, en las sentencias T -097 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T277 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

23 Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 24 Sentencia T-152 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 25 Ibidem.Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co

autoridades académicas y administrativas, iii) crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, iv) definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, v) otorgar los títulos correspondientes, vi) seleccionar a sus profesores, vii) admitir a sus alumnos; viii) adoptar sus correspondientes regímenes y ix) establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

sus profesores, vii) admitir a sus alumnos; viii) adoptar sus correspondientes regímenes y ix) establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

35. En sentencia de unificación, el Tribunal Constitucional afirmó26.

(…) una de las dimensiones de la autonomía universitaria es la organización interna (política y administrativa) que, junto a las demás facultades de autogestión, les dan a las entidades de educación superior la capacidad para desarrollar su objetivo en relación con el conocimiento y con el aporte a la sociedad.

177. en la Sentencia SU-115 de 2019, la Corte Constitucional determinó que el autogobierno

(para gestionar, administrar y auto verificar) se concreta en los estatutos d e la universidad. Estos recogen los mecanismos diseñados para la toma de decisiones sobre la comunidad universitaria o sobre cualquiera de sus miembros, como expresión de voluntad universitaria.

(…). 179. Este tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el autogobierno como elemento de la autonomía administrativa. Este incluye varias facultades para la institución de educación superior:

(…) libertad de elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y administradores (…).

1. La autodeterminación administrativa o política de las instituciones de educación superior supone que a ellas les corresponde su autorregulación filosófica y admi nistrativa. En consecuencia, la Constitución les autoriza a: i) crear y modificar los estatutos universitarios; ii) diseñar los mecanismos de elección, designación y períodos de sus directivos y administradores (…).27

consecuencia, la Constitución les autoriza a: i) crear y modificar los estatutos universitarios; ii) diseñar los mecanismos de elección, designación y períodos de sus directivos y administradores (…).27

180. En conclusión, la autonomía universitaria contempla el derecho de los entes de educación superior de darse su propio reglamento y establecer las condiciones de acceso a los cargos directivos. En cumplimiento de esta premisa, se deben respetar los límites constitucionales y legales qu e orientan el ejercicio de dichos postulados en los escenarios de decisión democrática que se dan dentro de esas instituciones.

36. La garantía de la autonomía universitaria implica, entre otros, que las universidades públicas no forman parte de la estructura de la administración ni de ninguna otra rama del poder público. En este sentido, el legislador ha dispuesto que dichas instituciones son entes autónomos y se sujetan al régimen jurídico especial compatible con la autonomía universitaria28, en virtud de la cual el CSU puede modificar los estatutos en pro del bienestar de la comunidad universitaria.

2.4. Los estatutos de la universidad de Córdoba y el reglamento del CSU

37. La Ley 30 de 1992 consagra el régimen de las universidades del Estado y de las demás instituciones de educación superior estatales u oficiales y , frente a los aspectos más importantes, se destaca la creación, organización y funcionamiento , que se

26 Corte Constitucional. Sentencia SU-261 de 2021, MP José Fernando Reyes Cuartas. 27 Sentencia C-1435 de 2000. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 2021, MP Cristina Pardo Schlesinger.Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba

27 Sentencia C-1435 de 2000. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 2021, MP Cristina Pardo Schlesinger.Demandante: José Luis Benedetty Caballero

Demandado: Universidad de Córdoba Radicación: 11001-03-24-000-2023-00204-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8 www.consejodeestado.gov.co

enmarcan dentro de los ámbitos político y administrativo, como elemento s de la autonomía de la que se encuentran investidas, según el artículo 28 ibidem29.

38. Esas facultades administrativas se concretan fundamentalmente en que pueden regirse por sus propios estatutos, darse sus propias directivas y administrar su presupuesto.

39. Mediante el Acuerdo 0021 del 24 de junio de 199430 se expidió el estatuto general de la Universidad de Córdoba ; en el artículo 23 se estableció que el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno y dentro de sus funciones, según el artículo 35, literal r), está la de darse su propio reglamento.

40. En virtud a la función referida, el CSU expidió el Acuerdo 103 del 22 de agosto de 201431, contentivo del reglamento interno de ese organismo, dentro del cual reguló las reuniones, cuórum y mayorías en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2. REUNIONES. El Consejo Superior Universitario (CSU) se reunirá ordinariamente dos (2) veces al mes y en forma extraordinaria por convocatoria del Presidente, del Rector o de tres (3) de sus miembros.

ARTÍCULO 2. REUNIONES. El Consejo Superior Universitario (CSU) se reunirá ordinariamente dos (2) veces al mes y en forma extraordinaria por convocatoria del Presidente, del Rector o de tres (3) de sus miembros.

ARTÍCULO 3. QUÓRUM. Constituye quórum para deliberar en el CSU la mayoría simple de sus miembros debidamente legalizados y activos.