CE - Sentencia 11001032500020130015500 de 2025

## CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C. Diez (10) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 11001-03-25-000-2013-00155-00 (0376-2013)[[1]](#footnote-1) | | Accionante | : | Medardo Acero Marín | | Accionado | : | Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) | | Trámite | : | Recurso extraordinario de revisión | | Tema | : | Revisión de la sentencia proferida el Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Causales reguladas en los numerales 2 y 6 del artículo 188 del Decreto 01 de 1984[[2]](#footnote-2), hoy consagradas en los numerales 1 y 5 de la Ley 1437 de 2011 | | Decisión | : | Sentencia de única instancia |

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Medardo Acero Marín contra la sentencia de Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

1. ANTECEDENTES 1. La demanda del recurso extraordinario de revisión[[3]](#footnote-3)

1. ANTECEDENTES 1. La demanda del recurso extraordinario de revisión[[3]](#footnote-3)

El señor Medardo Acero Marín, formuló recurso extraordinario de revisión al amparo de los numerales 2 y 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, vigente para el momento en que se profirió el fallo objeto de reproche; no obstante, debe indicarse que, la demanda fue presentada el 17 de agosto de 2012[[4]](#footnote-4), esto es, cuando ya estaba en vigencia la Ley 1437 de 2011; por tanto, debe ajustarse las causales endilgadas a las disposiciones de la normativa que estaba en curso al momento en que se instauró la demanda; así las cosas, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, se tendrá como causales las consagradas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 de la actual normatividad procesal, esto es, la ya mencionada Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA, los cuales son del mismo tenor literal de los citados y ya derogados numerales 2 y 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

Aclarado lo anterior, tenemos que, por este medio se pretende se infirme la sentencia de Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010), proferida por la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, con la que se perseguía la declaratoria de nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución 43.650 del 28 de agosto de 2006, por medio de la cual se reliquidó la pensión de jubilación del señor Medardo Acero Marín, proferida por Cajanal E.I.C.E., hoy en liquidación; y que, según lo dicho en la demanda le resulta lesivo al demandante por la forma en que fue liquidada su pensión de jubilación por medio de aquel.

Como sustento fáctico de sus pretensiones indicó el actor que, mediante la Resolución No. 004050 del 19 de abril de 1996 la extinta Cajanal le reconoció una pensión de jubilación de forma parcial e irregular, toda vez que, según su dicho, en el reconocimiento no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales y prestacionales devengados en su calidad de Vicecónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores entre los años 1983 y 1986. Refirió que la sentencia atacada incurrió en nulidad absoluta al estructurar el proceso en torno a la Resolución No. 43650 —acto administrativo que no le era aplicable, por cuanto su pensión fue reconocida por medio de la Resolución No. 43560—, lo cual vicia desde su inicio toda la litis y derivó en la negación injustificada de su reliquidación.

Solicitó la nulidad parcial de múltiples resoluciones que le negaron el reajuste pensional —Resolución 29720 de 2002, 41367 de 2005, 26408 de 2006 y 43560 de 2006—, así como del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo generado por Cajanal al no responder la reposición interpuesta el 22 de septiembre de 2006. En criterio del actor, estas decisiones se adoptaron con base en documentación falsa, siendo esta la certificación del 9 de septiembre de 1992, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual aduce está apartada de la realidad ya que no incluyó todos los factores por él devengados.

Reiteró que Cajanal omitió tener en cuenta certificados de ingresos reales emitidos por el ministerio, y que las pruebas documentales allegadas al proceso no fueron valoradas por el fallador de instancia. Destacó además que, conforme a las normas legales y jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional los factores salariales y prestacionales omitidos —primas, bonificaciones, compensaciones y demás emolumentos devengados— deben incluirse en la base de liquidación pensional.

Aportó como pruebas certificaciones expedidas por el DANE, la Superintendencia Financiera, FOPEP, Ministerio de Relaciones Exteriores, y fallos de altas cortes que sustentan, en su entender, la procedencia de la reliquidación y, solicitó la designación de perito actuario que actualice el valor de las mesadas pensionales desde el 29 de junio de 1995 hasta la fecha actual, incluyendo lo pagado y dejando constancia de lo adeudado, monto que estima supera los $1.400.000.000.

En el capítulo de peticiones, además deprecó la nulidad de los actos administrativos ya señalados y pidió:

1. Que se declare sin valor la certificación del 9 de septiembre de 1992, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por haber contenido factores salariales falsos.

2. Que se aplique el principio de conmutación pensional en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por no haber efectuado los aportes correspondientes ante Cajanal E.I.C.E., siendo responsabilidad exclusiva de dicha entidad.

3. Que se designe perito actuario para actualizar las mesadas pensionales no reconocidas.

4. Que se impongan costas procesales a Cajanal E.I.C.E. – P.A.P. Buen Futuro por los perjuicios causados por la omisión reiterada de la reliquidación.

Finalmente, alegó la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, el mínimo vital, el derecho a la seguridad social, a la igualdad, a la honra, al trabajo y al goce efectivo de la pensión. Invoca, en respaldo de su solicitud, disposiciones constitucionales como los artículos 11, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 29, 51 y 53, y destaca el deber del Estado de garantizar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales.

• 1. Sentencia objeto de revisión[[5]](#footnote-5)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D mediante sentencia del Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010) negó las pretensiones de la demanda, como sustento de su decisión trajo a colación las disposiciones que regulaban el régimen prestacional de los funcionarios del servicio exterior, entre ellas, el Decreto 2016 de 1968, el Decreto 1253 de 1975, la Ley 41 de 1975, el Decreto 10 de 1992 y su derogatoria por el Decreto Ley 274 de 2000, y adicionalmente, se invocó el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 797 de 2003, que disponía que el ingreso base de liquidación debía corresponder a la asignación mensual vigente para cargos equivalentes en la planta interna.

Hizo referencia a la Sentencia C-173 de 2004, de la Corte Constitucional que declaró inexequible la norma que autorizaba liquidar la pensión de los funcionarios del servicio exterior con base en un salario equivalente de la planta interna, por considerarla discriminatoria y contraria al principio de igualdad. En ese sentido, el tribunal enfatizó que debía aplicarse el principio de favorabilidad, teniendo en cuenta el salario realmente devengado por el trabajador, lo cual fue reiterado en varias providencias constitucionales, entre ellas la C-168 de 1995 y la T-1016 de 2001.

Asimismo, se analizó la aplicabilidad del régimen de transición consagrado en la Ley 33 de 1985. La Sala determinó que el actor cumplía con los requisitos para beneficiarse de dicho régimen, al haber prestado sus servicios por más de 15 años al momento de la entrada en vigencia de la norma. En consecuencia, le resultaban aplicables las disposiciones contenidas en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

En ese sentido señala que, el artículo 27 del Decreto 3135 establecía que la pensión de jubilación equivalía al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, mientras que el artículo 45 del Decreto 1045 enumeraba los factores salariales a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la prestación.

Dentro del análisis probatorio, la Sala observó que la liquidación efectuada por la entidad demandada se basó en el certificado expedido por el coordinador de Pagaduría del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual expresaba en pesos colombianos el salario devengado en dólares por el actor, incluyendo la prima de navidad y demás factores correspondientes al último año de servicios. Igualmente, la entidad relacionó la prima de costo de vida, señalando que esta no podía considerarse como factor salarial para la liquidación, conforme al artículo 5° de la Ley 4ª de 1992.

Respecto a la pretensión de indexación de la primera mesada pensional con base en el índice de precios al consumidor desde 1984 hasta 1995, la Sala indicó que dicho ajuste ya se había realizado en la Resolución No. 43560 del 28 de agosto de 2006, en aplicación del principio de favorabilidad y de economía procesal.

En consecuencia, la Sala concluyó que los actos administrativos demandados se ajustaron a derecho, que la reliquidación de la pensión se efectuó conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables, y que no se configuraron las causales de nulidad invocadas. Por tanto, negó las pretensiones del actor.

1.3 Causales de revisión invocadas

La demandante invocó las causales de revisión establecidas en los numerales 2 y 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo (CCA); las cuales como ya se expuso, corresponden a las consignadas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA, vigente para el momento en que se instauró la presente acción; las cuales establecen:

Art. 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

(…)

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…).

En cuanto a la primera causal en cita, argumentó que esta se configuraba toda vez que, con posterioridad a la sentencia de Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010), cuya revisión solicitó, se obtuvieron las certificaciones que acreditaban los ingresos reales percibidos por el señor MEDARDO ACERO MARÍN en el Ministerio de Relaciones Exteriores, documentos que —según indicó— obran en poder de la entidad demandada, pero que no fueron oportunamente allegados al proceso ni valorados por el despacho judicial al momento de proferir el fallo.

Respecto a la segunda causal, señaló que se configuró la nulidad absoluta desde el momento en que se instauró la demanda, al haberse conferido poder para impugnar la Resolución No. 43650, la cual —según sostuvo— no reconoció ningún derecho al actor, dado que la decisión que efectivamente reliquidó su pensión fue la Resolución No. 43560. Afirmó que, a pesar de dicho error, el proceso continuó en todas sus etapas hasta culminar con la sentencia que ahora impugnó, decisión que calificó como «absoluta y totalmente perjudicial», por cuanto desconoció sus derechos fundamentales.

1.4 Contestación de la demanda de revisión

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social-UGPP, no contestó la demanda[[6]](#footnote-6).

1. 5. El Ministerio Públicono rindió concepto.

1. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA[[7]](#footnote-7) y 20 de la Ley 797 de 2003[[8]](#footnote-8), en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019[[9]](#footnote-9).

2.2 Oportunidad

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia revisada fue proferida el Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010)[[10]](#footnote-10), esto es, en vigencia del derogado Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, normatividad que consagraba en su artículo 187 el plazo de dos años para interponer el recurso de revisión, dicho fallo quedó en firme el 19 de agosto de 2010[[11]](#footnote-11); y la demanda fue presentada el 17 de agosto de 2012[[12]](#footnote-12), esto es, dos días antes que finiquitara el plazo legal.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la sentencia de fecha Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, está incursa en las causales de revisión consagradas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA – antes numerales 2 y 6 del artículo 188 del CCA-.

Para tal efecto, será necesario verificar si con posterioridad a la ejecutoria del fallo objeto de impugnación surgieron elementos probatorios nuevos que, de haber sido valorados oportunamente, habrían tenido incidencia directa en el sentido de la decisión; así como examinar si al momento de proferir la sentencia que puso fin al proceso existió un vicio procesal de tal entidad que afectara sustancialmente el derecho de defensa o las garantías procesales del solicitante, sin que se hubiere saneado conforme a las reglas previstas en el ordenamiento jurídico aplicable, debiéndose también establecer si respecto de aquella no procedía recurso alguno.

2.4 Marco normativo del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de impugnación y la excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por cuanto, abre la posibilidad de discutir los fallos ejecutoriados conforme la lista taxativa que establece el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que se enlistan a continuación:

ARTÍCULO250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Este recurso reviste connotación especial, no solo porque con su ejercicio se pretenden desvirtuar las presunciones de legalidad y certeza que amparan una sentencia, sino por las causales de procedencia que consagró de manera taxativa el legislador en el artículo 250 del CPACA, lo cual implica que las facultades del juez que conoce de él se sujetan al estudio de los argumentos planteados por el recurrente, los que, a su turno, deben estar dirigidos a demostrar la causal alegada como sustento de la pretensión de revisión, sin que sea dable incluir afirmaciones distintas ni revivir la controversia jurídica y fáctica propia del proceso en el que se profirió la decisión objeto del recurso extraordinario[[13]](#footnote-13).

Se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para restablecer el imperio de la justicia, como supremo fin del derecho, cuando ellas son proferidas con violación del derecho de defensa, desconocimiento de la cosa juzgada o por circunstancias específicamente señaladas por la ley como delito, como lo dispone el artículo 250 del CPACA; lo anterior significa que no constituye una nueva oportunidad que conceda la ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias ni para suplir la incuria o negligencia de ellas en materia probatoria, puesto que se fundamenta en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso; de modo que es un medio de impugnación excepcional de las sentencias, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer el ordenamiento jurídico, que resulta lesionado por hechos externos al proceso judicial[[14]](#footnote-14).

Por consiguiente, para que este recurso prospere no solo resulta imperativo que se demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que, de manera inequívoca, tenga la aptitud suficiente para variar los resultados del fallo por las causales establecidas en el mencionado artículo 250 del CPACA, sino que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley y la jurisprudencia de esta Corporación.

2.5. Sobre la causal prevista en el numeral 1) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria», invocada por la parte actora.

Para que se configure la aludida causal de revisión, es indispensable que se colmen los siguientes presupuestos: (i) que se trate de prueba documental; (ii) que se haya recobrado o encontrado después de la sentencia, esto es, que exista desde el momento en que se instaura la demanda o, al menos, antes del vencimiento de la última oportunidad para presentar pruebas; (iii) que su no aducción al proceso sea por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; y (iv) que sea un documento conclusivo que hubiera podido cambiar el sentido del fallo.

Esta Corporación, en providencia de 30 de julio de 2015[[15]](#footnote-15), se refirió, al decidir un recurso extraordinario de revisión, a la causal mencionada, así:

«El uso del verbo “recobrar” comporta que la prueba existía, pero no se obtuvo sino vencida la oportunidad de allegarla al proceso. “De ahí que, inequívocamente, la ley emplee el verbo recobrar y no presentar, aducir o allegar”[[16]](#footnote-16).

La existencia previa del documento exhibido como requisito de la revisión, fue destacada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación:

“[L]a prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello”[[17]](#footnote-17)- se destaca.

Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles en este recurso extraordinario documentos generados con posterioridad al fallo[[18]](#footnote-18), al tiempo que tampoco resulta válido que la causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes pues, como quedó explicado, el recurso extraordinario de revisión no fue establecido con ese fin[[19]](#footnote-19).

Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues bastaría al vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la producción o el mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio, circunstancia que, por sus consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso evitar. Así lo ha señalado, igualmente, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia sobre el particular, con base en la norma especial del Código de Procedimiento Civil[[20]](#footnote-20):

“No es lo mismo recuperar una prueba, que producirla o mejorarla (…) La prueba eficaz en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción (…) de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental –bien por su contenido o por cualquier otra circunstanciauna auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido”[[21]](#footnote-21).

Sin embargo, ha considerado esta Sala que, “existe al menos un caso en el que un medio de convicción, sin ser preexistente a la decisión recurrida, puede, sin embargo, a la luz de la finalidad perseguida por el recurso y teniendo en cuenta los límites impuestos por su naturaleza extraordinaria, ser considerado como prueba recobrada: el de aquel extrañado expresamente por el juzgador de instancia y por cuya ausencia se adoptó la decisión proferida, recopilado con posterioridad”[[22]](#footnote-22), en referencia a aquellos en los cuales la prueba extrañada sea de curso obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de la reiterada jurisprudencia que en materia de procesos de filiación e impugnación de paternidad ha producido la Corte Constitucional, al estudiar la admisibilidad de pruebas de ADN, que aunque posteriores, pueden dar lugar a revisar un fallo que ha hecho tránsito a cosa juzgada, en tanto la ley misma le da el valor de una prueba obligatoria en materia de filiación[[23]](#footnote-23).»

De este modo, una prueba encontrada o recobrada es aquella que existía al momento de la sentencia, pero que estuvo refundida o extraviada para el tiempo en que debía allegarse al proceso o se dictó la decisión, por lo que no resultan admisibles aquellos elementos probatorios documentales que existan o surjan después del fallo.

A partir de ese entendimiento, los documentos posteriores a la sentencia no pueden calificarse como recobrados, porque no es posible recuperar o encontrar aquello que no existía o que no estaba oculto para las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado[[24]](#footnote-24) estableció:

«Resulta inadmisible aportar al proceso, a través del recurso extraordinario de revisión, documentos generados con posterioridad al fallo, al tiempo que tampoco resulta válido que la causal se funde en medios que pudieron ser aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes (periodo probatorio), por cuanto el recurso no fue establecido con esa finalidad. Lo anterior se explica en tanto que de aceptarse la procedencia de dichos medios de prueba se quebrantaría el principio de seguridad jurídica, el derecho de contradicción y la misma institución procesal de la cosa juzgada, pues bastaría que, la parte afectada con la decisión de instancia, intente producir o mejorar el medio probatorio existente para así reabrir el debate nuevamente.»

Dicho lo anterior, la Sala advierte que, en el presente asunto, no se acreditan los presupuestos normativos ni jurisprudenciales exigidos para la procedencia de la causal de revisión invocada —esto es, la prevista en numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en particular aquellos desarrollados por esta Corporación en la providencia de 30 de julio de 2015 y reiterados en decisiones posteriores.

Contrario a lo sostenido por el recurrente, para esta Subsección las certificaciones relativas a los ingresos “reales” percibidos por el señor Medardo Acero Marín durante su vinculación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales fueron aportados durante este trámite, pero no durante el proceso ordinario, no pueden ser calificadas como prueba recobrada. Esta conclusión se sustenta en las razones de hecho y de derecho que se expondrán a continuación.

En efecto, conforme consta en los folios 40 a 67 del cuaderno 3 del expediente físico, al plenario —en sede del recurso extraordinario de revisión— fueron allegadas las siguientes certificaciones:

1. Copia de certificación oficial expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, específicamente por la Coordinadora de Nómina y Prestaciones, Sandra Maritza Giraldo Carmona, con fecha del 14 de diciembre de 2011. En dicha certificación se plasma de manera detallada el historial remunerativo del señor Medardo Acero Marín durante su vinculación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que fue expedida a solicitud de parte interesada con fines previsionales[[25]](#footnote-25).

2. Copia de comunicación oficial expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrita por Sandra Maritza Giraldo Carmona, Coordinadora de Nómina y Prestaciones, fechada en Bogotá, D.C., el 24 de febrero de 2012, con radicado GNPS.13947 en la que se confirma y aclara el alcance de las certificaciones de salarios devengados por el doctor Medardo Acero Marín, especificando que se incluyen únicamente los valores efectivamente pagados durante su vinculación, y excluyendo aquellos rubros que no fueron percibidos[[26]](#footnote-26).

3. Copia de la Certificación CNP.0647 del 22 de mayo de 2006, expedida por el Coordinador de Nómina y Prestaciones, en la que se confirma que el señor Medardo Acero Marín prestó sus servicios entre el 11 de mayo de 1983 y el 13 de mayo de 1986, como Vicecónsul 1 EX, primero en el Consulado de Colombia en Yaviza (Panamá) y luego en el Consulado de Panamá – Panamá y se certifican los conceptos salariales devengados en los años 1983, 1984, 1985 y 1986, con el correspondiente valor en dólares, tasa de cambio, equivalencia en pesos colombianos y el sueldo del cargo equivalente en planta interna[[27]](#footnote-27).

Del análisis de aquellas se advierte que, una de dichas certificaciones (CNP.0647 de 2006) existía desde antes de la sentencia que dio lugar a este trámite, la cual se insiste data del Quince (15) de Julio de Dos Mil Diez (2010); ante ello, si resultaba necesario que el juez analizara dicha prueba, debió el demandante aportarle durante aquel trámite, o por lo menos pedir que se incorporara aquella; sin que se observe dentro del proceso ordinario que se adelantó, petición alguna al respecto. Tampoco se probó ni se argumentó que su no incorporación durante aquel trámite procesal obedeciera a un fenómeno de fuerza mayor, caso fortuito o por maniobras dilatorias de la parte contraria. En este sentido debe indicarse que, el señor Acero Marín, durante el proceso ordinario que adelantó, solo pidió que se tuvieran como pruebas, las siguientes:

«PRUEBAS

1°) Ruego oficiar a la CAJANAL (CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL) ubicada en la Transversal 45 No. 45-53 CAN, para que se sirva remitir copia o fotocopias de todas y cada una de las piezas que conforman el trámite de la liquidación de la pensión de jubilación, como la resolución que reconoció la reliquidación de la pensión de MEDARDO ACERO MARÍN, peticiones elevadas al respecto y demás documentos anexos.

2°) Certificaciones que debe expedir el DANE sobre el índice de precios al consumidor I.P.C. registrado desde el 1° de julio de 1995, fecha en que se debe reconocer la reliquidación de la prestación.»

Ahora, en lo que respecta a las certificaciones de 2011 y 2012, las cuales sí bien fueron expedidas con fecha posterior a la ejecutoria de la sentencia objeto de reproche, no pueden ser calificadas como documentos recobrados, teniendo en cuenta que, estas fueron producidas expresamente a solicitud del actor, como estrategia de refuerzo argumentativo y no como medios preexistentes ocultos u omitidos por causas ajenas a su voluntad. A este respecto, conviene recordar que, el recurso extraordinario de revisión no está concebido como una nueva oportunidad para perfeccionar la prueba, sino para enmendar errores derivados de hechos extraordinarios y externos al proceso ordinario, capaces de afectar la legalidad del fallo. Entonces, si el aquí actor deseaba que se tuviera en cuenta certificaciones en ese sentido, debió, dentro de las oportunidades procesales, pedir al juez ordinario que decretara dichas pruebas, lo cual, se insiste, no hizo.

Llama la atención de la Sala que, durante el proceso ordinario fue la demandada Cajanal E.I.C.E. quien, en su contestación de la demanda, requirió como prueba se ordenara al Ministerio de Relaciones Exteriores la expedición de las certificaciones de los salarios devengados por el actor[[28]](#footnote-28), solicitud que fue acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en audiencia celebrada el 13 de mayo de 2009, oportunidad en la cual se o