CE - Sentencia 11001032500020130037100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032500020130037100 (0795-2013) 11001032500020130022200 (0516-2013) Acumulado

Demandante: Édgar Ochoa Flórez y otro

Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública

Temas: Uso de las listas de elegibles - Decreto 1894 de 2012

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA ____________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro de l proceso de nulidad promovido por el señor Édgar Ochoa Flórez y la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC contra el Departamento Administrativo de la Función Pública

- DAFP.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

2. El presente proceso se compone de dos expedientes acumulados que se tramitaron en virtud de las demandas presentadas por el señor Édgar Ochoa Flórez y la CNSC, en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 con el objetivo de que se declare la nulidad del Decreto 1894 de

y la CNSC, en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 con el objetivo de que se declare la nulidad del Decreto 1894 de 2012, proferido por el presidente de la República y el DAFP, «por el cual se modifican los artículos 7° y 33 del Decreto 1227 de 2005».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Los demandantes sostuvieron que el acto acusado quebrantó el preámbulo y los artículos 13, 25, 29, 40, 53, 121, 125, 130, 150, 189 y 209 de la Constitución Política; 2, 7, 11, 27, 28, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004; y el Acuerdo 159 de 2011.

4. Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes

cargos:

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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1. Los Acuerdos 077 y 106 de 2009, proferidos por la CNSC, fijaron los lineamientos generales para desarrollar la segunda fase o de aplicación de pruebas específicas de la Convocatoria 001 de 2005 para la provisión de los

empleos de carrera administrativa de los niveles técnico, asistencial, profesional

lineamientos generales para desarrollar la segunda fase o de aplicación de pruebas específicas de la Convocatoria 001 de 2005 para la provisión de los empleos de carrera administrativa de los niveles técnico, asistencial, profesional y asesor de las entidades a las cuales se les aplica la Ley 909 de 2004.

Al respecto, la Circular 002 de 2011 y la Corte Constitucional ha precisado que la Convocatoria es norma reguladora del concurso y obliga a la CNSC, a las entidades destinatarias de este y a los participantes. A su vez, los referidos Acuerdos implementaron las directrices para proveer las vacantes que se fueran presentando con las listas de elegibles vigentes; sin embargo, pese a que el Decreto 1894 de 2012 no podía variar esas reglas, eliminó la posibilidad de que las vacantes futuras se proveyeran en la forma preestablecida en los mencionados Acuerdos y, en su lugar, dispuso que dichas listas solo podrían utilizarse para proveer las vacantes ofertadas en los respectivos certámenes.

1. El Decreto 1894 de 2012 excedió la potestad reglamentaria y quebrantó la Circular 052 de 2009 y el Acuerdo 159 de 2011, expedidos por la CNSC, así como los artículos 11, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 24 de la Ley 443 de

1998. En efecto, dichas normas determinan lo siguiente: a) la CNSC administra el Banco Nacional de Listas de Elegibles; b) el aludido banco debe emplearse para proveer las vacantes que surjan luego de realizados los concursos de méritos, siempre que las listas se encuentren vigentes y los empleos tengan funciones y requisitos iguales o similares.

para proveer las vacantes que surjan luego de realizados los concursos de méritos, siempre que las listas se encuentren vigentes y los empleos tengan funciones y requisitos iguales o similares.

Estas conclusiones fueron reiteradas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-446 de 2011 y su desconocimiento significó una vulneración a los derechos adquiridos, el debido proceso, el trabajo, el acceso al empleo público y los principios de eficiencia, eficacia, economía y celeridad que orientan la administración pública.

1. El acto enjuiciado contiene una medida discriminatoria tendiente a privilegiar la estabilidad laboral de los servidores nombrados en provisionalidad o encargo por encima del principio del mérito que rige para acceder a los cargos oficiales.

Esta afirmación fue ratificada por el entonces ministro del trabajo.

1. El DAFP se arrogó competencias propias de la CNSC para administrar la

carrera administrativa y el Banco Nacional de Listas de Elegibles. Además, desconoció el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, el cual tiene una jerarquía superior al decreto demandado.

1. El Decreto 1894 de 2012 fue falsamente motivado, pues de manera genérica afirmó que se fundaba en la jurisprudencia, pero no identificó las sentencias uRadicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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otra fuente normativa que respaldara la decisión de limitar el uso de las listas de elegibles. Incluso, la Sentencia SU-446 de 2011 que pudo haber tomado como referente solo aplica para el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el acto enjuiciado aludió a una aparente vulneración de los derechos de los empleados provisionales y las reglas de la convocatoria en caso de utilizar las listas para las vacantes que se fueran generando, lo cual deja de lado que ellos tuvieron iguales oportunidades para participar en los concursos de méritos y que los parámetros del certamen están definidos en la Ley 909 de 2004 y son concretados por la CNSC.

1. El acto enjuiciado afectó el financiamiento y el presupuesto de la CNSC, pues, al amparo de los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004, esta entidad tiene la facultad de establecer las tarifas para el desarrollo de los concursos y fijar un monto por la utilización de las listas de elegibles por parte de entidades distintas a las que inicialmente asumieron los gastos. De manera que dicho organismo quedó desprovisto de una fuente de ingreso que permitía pagar la nómina y contratar al personal y a los entes universitarios operadores de los certámenes.

1.2. Contestación de la demanda

2. El DAFP se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los

siguientes argumentos de defensa:

1.2. Contestación de la demanda

2. El DAFP se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los

siguientes argumentos de defensa:

1. El Decreto 1894 de 2012 tiene idéntico rango normativo que el Decreto 1227 de 2005, es decir, que válidamente podía modificarlo; además, la potestad reglamentaria no se agotó con la expedición del Decreto 1227 de 2005.

1. La CNSC administra la carrera administrativa, pero con sujeción a las leyes y los decretos reglamentarios que se expidan en la materia. En consecuencia, las circulares y demás actos que profiera la CNSC deben respetar ese marco regulatorio. Entonces, no puede alegarse una vulneración del Decreto 1894 de 2012 a los Acuerdos de la CNSC.

1. El decreto demandado obedeció a un análisis de la jurisprudencia de las Altas Cortes en la que se establecía que las listas de elegibles solamente podían utilizarse para proveer las vacantes ofertadas en los concursos, 2 pues, una interpretación distinta conduciría al «desconocimiento de una de las reglas básicas que gobiernan la convocatoria, cual es: la relativa al número de cargos a proveer y, de otra, la violación de los derechos fundamentales de los empleados que detentando cargos iguales o equivalentes a los convocados se ven afectados y sorprendidos con la utilización extensiva de listas de elegibles».

2 El DAFP aludió a las siguientes sentencias: i) De la Corte Constitucional: C-319 de 2010, SU-446 de 2011, SU-917 de 2010, T-654 de 2012.

2 El DAFP aludió a las siguientes sentencias: i) De la Corte Constitucional: C-319 de 2010, SU-446 de 2011, SU-917 de 2010, T-654 de 2012. ii) Del Consejo de Estado: sentencia del 14 de septiembre de 2011, radicado 2011-00693.Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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1. La disposición acusada también acata el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en tanto previó que con la lista de elegibles se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. En consecuencia, el Banco Nacional de Listas de Elegibles no se puede utilizar para propósitos diferentes a los señalados por el legislador.

1. El Decreto 1894 de 2012 también buscó proteger a los servidores nombrados en provisionalidad que padecían enfermedades catastróficas, se encontraban en condición de discapacidad, eran padres o madres cabezas de familia o prepensionados o tenían fuero sindical, situaciones que gozan de amparo constitucional y deben ser salvaguardas por el Gobierno nacional al ejercer la potestad reglamentaria.

1. No existe justificación legal para retirar del servicio a un empleado provisional a quien no se le garantizó el derecho a concursar para el cargo que ocupa, máxime cuando no se encuentra reportado en la OPEC,3 ni fue convocado a concurso.

1. No existe justificación legal para retirar del servicio a un empleado provisional a quien no se le garantizó el derecho a concursar para el cargo que ocupa, máxime cuando no se encuentra reportado en la OPEC,3 ni fue convocado a concurso.

1. Los procesos de selección también deben ajustarse a los mandatos del artículo 24 de la Ley 443 de 1998, el cual no fue derogado por la Ley 909 de

2004.

1.3. Intervención de los coadyuvantes

3. Los coadyuvantes de la parte actora solicitaron acceder a las súplicas de la demanda, con base en argumentos similares a los expuestos por los accionantes y

agregaron:

1. Hacen parte de las listas de elegibles del concurso convocado por el SENA y se encuentran a la espera de que esa entidad, junto con la CNSC, incluyan su información en el Banco Nacional de Listas de Elegibles para los cargos desiertos y no ofertados.

1. El SENA no convoc ó a concurso todas las vacantes, lo cual quebrantó el

sistema de carrera «con el único propósito de continuar con su planta provisional con la cual tiene control clientelista en esos cargos».

1. El decreto demandado es contrario a la Ley 1955 de 2019, que ordenó reducir la provisionalidad en el empleo público y también desconoció la Ley 1960 de 2019, modificatoria del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 , en tanto dispuso que con la lista de elegibles se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el

3 Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa.Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

3 Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa.Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.

II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar, sentencia anticipada

4. Por auto del 29 de mayo de 2013 , se admitió la demanda del expediente 11001032500020130037100 (0795-2013).

5. Mediante auto del 30 de noviembre de 2020, se admitió la demanda del expediente 11001032500020130022200 (0516-2013).

6. Por auto del 23 de octubre de 2013, se negó la solicitud de medida cautelar presentada en el expediente 0795-2013.

7. Mediante auto del 14 de septiembre de 2020, se dispuso la acumulación del proceso 0516-2013 al 0795-2013.

8. Por auto del 5 de julio de 2022 , se negó la solicitud de medida cautelar presentada en el expediente 0516-2013.

9. Mediante auto del 11 de enero de 2023, el despacho evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A

presentada en el expediente 0516-2013.

9. Mediante auto del 11 de enero de 2023, el despacho evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; b) vincular a los coadyuvantes de la parte actora ; c) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; y d) fijar el litigio.

2.2. Alegatos de conclusión

10. Los demandantes g uardaron silencio en esta etapa procesal y el DAFP reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.

2.3. Ministerio Público

11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

12. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes:Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Cuestión previa

13. Es oportuno indicar que el Decreto 1894 de 2012, acusado en el sub lite, fue derogado por el Decreto 1083 de 2015,4 el cual, a su vez, en lo que atañe al uso de

13. Es oportuno indicar que el Decreto 1894 de 2012, acusado en el sub lite, fue derogado por el Decreto 1083 de 2015,4 el cual, a su vez, en lo que atañe al uso de las listas de elegibles, fue derogado por el Decreto 498 de 2020.

14. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser aplicable por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para los asociados».5

15. A pesar de la disposición acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón de la derogatoria, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad, por cuanto el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del acto, sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de mantener el imperio del orden jurídico.

16. En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación de un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, situación que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues ello «comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació o no válido a la vida jurídica».6

4 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

si nació o no válido a la vida jurídica».6

4 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado 2500023-24-000-2009-00068-02 (2635-2013). 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001 -0326-000-2016-00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14 de enero de 1991, Expediente S-157, sostuvo:

Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se mantiene la po sición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aún si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que

protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad.Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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3.2. Presentación del caso y metodología de decisión

17. En el presente asunto, la Sala examinará la legalidad de l Decreto 1894 de 2012, en consonancia con los cargos de nulidad invocados en la demanda.

18. Para acometer dicho propósito , se abordarán los siguientes aspectos relevantes: i) jurisdicción y competencia; ii) procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de nulidad; iii) legitimación en la causa por activa y

por pasiva; iv) texto del acto acusado; v) generalidades del sistema de carrera administrativa; vi) el caso concreto - problemas jurídicos - análisis de los cargos de nulidad; y vii) costas y agencias en derecho.

por pasiva; iv) texto del acto acusado; v) generalidades del sistema de carrera administrativa; vi) el caso concreto - problemas jurídicos - análisis de los cargos de nulidad; y vii) costas y agencias en derecho.

3.3. Jurisdicción y competencia

19. Sin mayores consideraciones, la Sala indica que detenta la competencia para resolver el litigio propuesto en las demandas acumuladas y sus respectivas contestaciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 149 del CPACA7.

3.4. Procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de nulidad

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 del CPACA, el medio de control de nulidad procede, por excelencia, contra todo acto administrativo de contenido general.

21. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 ejusdem, no existe límite de tiempo para la presentación de la demanda respectiva o, lo que es igual, el fenómeno de caducidad no tiene aplicación frente al citado instrumento judicial.

22. De cara a lo expuesto, la presente acción jurisdiccional deviene procedente, en tanto el acto demandado está representado por un decreto de carácter general emitido por el presidente de la República y el DAFP.

3.5. Legitimación en la causa por activa y por pasiva

23. De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 del CPACA, toda persona podrá ejercer el medio de control de nulidad para discutir la legalidad de los

7 «Artículo 149 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de

podrá ejercer el medio de control de nulidad para discutir la legalidad de los

7 «Artículo 149 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

“1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden».Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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administrativos de carácter general . Por lo tanto, en este asunto, se concluye que los demandantes están legitimados en la causa por activa.

24. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, el DAFP asumió esta condición, dado que los actos causados fueron expedidos por esa autoridad.

3.6. Texto del acto demandado - Decreto 1894 de 2012

ARTÍCULO 1°. Modifícase el artículo 7° del Decreto número 1227 de 2005, el cual quedará así:

“Artículo 7°. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: […]

quedará así:

“Artículo 7°. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: […] 7.4 Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad.

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá realizarse proceso de selección específico para la respectiva entidad.

PARÁGRAFO 1°. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. […]

ARTÍCULO 2°. Modifícase el artículo 33 del Decreto número 1227 de 2005, el cual quedará así:

“Artículo 33. Quien sea nombrado y tome posesión del empleo para el cual concursó, con base en una lista de elegibles, se entenderá retirado de esta, como también aquel que sin justa causa no acepte el nombramiento.

La posesión en un empleo de carácter temporal, efectuado con base en una lista de elegibles no causa el retiro de esta”.

ARTÍCULO 3°. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica en lo pertinente los artículos 7° y 33 del Decreto número 1227 de 2005.

elegibles no causa el retiro de esta”.

ARTÍCULO 3°. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica en lo pertinente los artículos 7° y 33 del Decreto número 1227 de 2005.

3.7. Generalidades del sistema de carrera administrativa

25. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general,

los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

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26. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el servicio público.

27. A su turno, en lo que atañe al sub lite, de los artículos 189 de la Constitución Política y 11 y 31 de la Ley 909 de 2004, se extraen las siguientes reglas relevantes:

el servicio público.

27. A su turno, en lo que atañe al sub lite, de los artículos 189 de la Constitución Política y 11 y 31 de la Ley 909 de 2004, se extraen las siguientes reglas relevantes:

1. La CNSC está encargada de administrar la carrera administrativa, para lo cual le competen, entre otras, las siguientes funciones: a) conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; b) remitir a las entidades las

listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos de Datos; y c) expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las n ormas que regulan la carrera administrativa.

1. El artículo 31 de la Ley 909 de 2004, antes de ser modificado por la Ley 1960 de 2019, determinó que con la lista de elegibles «se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso».

1. El artículo 189 de la Constitución Política dispone que al presidente de la República le corresponde «ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes».8 En armonía con este mandato, el Consejo de Estado ha concluido que la CNSC debe ejercer sus competencias de administración y

vigilancia de la carrera administrativa con sujeción «a lo previsto en la Ley por parte del Congreso de la República y a lo dispue sto en los decretos reglamentarios por el Presidente de la República».9

3.8. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos

parte del Congreso de la República y a lo dispue sto en los decretos reglamentarios por el Presidente de la República».9

3.8. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos

28. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le corresponde a la Sala determinar si el Gobierno nacional, al expedir el Decreto 1894 de 2012, actuó sin competencia, extralimitó su potestad reglamentaria, incurrió

8 El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil del, mediante Concepto 766 del 18 de diciembre de 1995, C.P. Dr. Cesar Hoyos Salazar, expresó que «e l Presidente de la República es competente para expedir el decreto reglamentario de las disposiciones legales que desarrollan el artículo 125 de la Constitución Política ( ley 27 de 1992, decreto-ley 1222 de 1993 y artículos 7 y 10 de la ley 190 de 1995), conforme corresponde al ejercicio de la potestad reglamentaria que le es propia para la cumplida ejecución de las leyes ( art. 189 -11 C. P.)». 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2020, radicado 11001-0325-000-2017-00517-00 (2417-2017).Radicado: 11001032500020130037100 (0795 -2013) 11001032500020130022200 (0516 -2013) Acumulado

Demandante: Édgar Ochoa Flórez y otro

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Demandante: Édgar Ochoa Flórez y otro

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en falsa motivación y/o infringió la normativa superior , conforme a los cargos de nulidad expuestos por los accionantes.

29. En caso de establecer que el acto acusado está incurso en causal de nulidad, se deberá analizar la petición de «dictar la sentencia con efectos retroactivos, es decir, las solicitudes de uso de que se hayan negado en virtud de la aplicación del Decreto 1894 de 2012 este decreto [sic], vuelvan a ser estudiadas, y de acuerdo a ello se autorice su uso, o no».

30. Para efectos metodológicos, se agruparán temáticamente los argumentos de los actores en aras de resolver integralmente sus reparos.

3.8.1. Exceso de la facultad reglamentaria - falta de competenciaviolación al ordenamiento superior

31. Los accionantes sostuvieron que e l Decreto 1894 de 2012 excedió la potestad reglamentaria y quebrantó la Circular 052 de 2009 y el Acuerdo 159 de 2011, expedidos por la CNSC, así como los artículos 11, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 24 de la Ley 443 de 1998.

32. La vulneración alegada se fundó en que dichas normas facultaron a la CNSC para administrar el Banco Nacional de Listas de Elegibles y determinaron que este debe emplearse para proveer las vacantes que surjan luego de realizados los concursos de méritos.

32. La vulneración alegada se fundó en que dichas normas facultaron a la CNSC para administrar el Banco Nacional de Listas de Elegibles y determinaron que este debe emplearse para proveer las vacantes que surjan luego de realizados los concursos de méritos.

33. Los demandantes también apoyaron sus afirmaciones en la Sentencia SU446 de 2011 y concluyeron que las irregularidades anotadas se tradujeron en un desconocimiento a los derechos adquiridos, el debido proceso, el trabajo, el acceso al empleo público y los principios de eficienci a, eficacia, economía y celeridad que orientan la administración pública.

34. Bajo esta línea de intelección , los accionantes reprocharon que e l DAFP se

arrogó competencias propias de la CNSC para administrar la carrera administrativa y el Banco Nacional de Listas de Elegibles. Además, desconoció el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, el cual tiene una jerarquía superior al decreto demanda