CE - Sentencia 11001032500020130048000 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001032500020130048000 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032500020130048000 (0983-2013)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Demandados: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social

Temas: Plan de retiro de los empleados de Puertos de Colombia

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA ____________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra el Ministerio de

Salud y Protección Social.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 actuando por intermedio de apoderado, interpuso demanda en orden a que se anulen los siguientes actos: i) Acuerdo 022 del 11 de septiembre de 1991, «por el cual se autoriza al Gerente General de la Empresa de Puertos de Colombia,

a que se anulen los siguientes actos: i) Acuerdo 022 del 11 de septiembre de 1991, «por el cual se autoriza al Gerente General de la Empresa de Puertos de Colombia, en liquidación, para acordar y extender a toda la Empresa las condiciones de retiro de los Empleados Públicos»; y ii) Resolución 805 del 9 de octubre de 1991, «por medio de la cual se fijan condiciones para el retiro de los Empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia».

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

Demandante: UGPP

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1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 4, 6, 48 y 150 de la Constitución Política; 10 de la Ley 4 de 1992; 26 del Decreto Ley 1050 de 1968 y el Decreto 2461 de 1981.

4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

  1. La Resolución 805 de 1991 creó requisitos pensionales para los empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, con lo cual desconoció que solo el Congreso está facultado para fijar el régimen salarial y prestacional de aquellos, mediante una ley marco.
  1. Puertos de Colombia no podía alterar el régimen legal de pensiones , pues las normas que rigen a las empresas industriales y comerciales del Estado no

mediante una ley marco.

  1. Puertos de Colombia no podía alterar el régimen legal de pensiones , pues las normas que rigen a las empresas industriales y comerciales del Estado no autorizan a sus directivas para establecer requisitos pensionales; conceder pensiones proporcionales; fijar la edad, tiempo de servicio, semanas de cotización o porcentajes base de liquidación de las pensiones.
  1. El Acuerdo 022 de 1991 modificó los estatutos de la entidad y las funciones del gerente general sin contar con la aprobación del Gobierno nacional, en contravía de lo previsto por el Decreto 1050 de 1968.

1.2. Contestación de la demanda

5. El Ministerio de Salud y Protección Social sostuvo que no suscribió los actos demandados y que se acogía a lo que resultara probado en el proceso, teniendo en cuenta que la entidad «siempre estuvo en desacuerdo con algunos procederes de ex servidores de la desaparecida Empresa Puertos de Colombia y del Liquidado Fondo Pasivo Social de Puertos de ColombiaFONCOLPUERTOSpor el nefasto desfalco del que fue víctima el erario y la Nación»; además, los actos demandados «sirvieron de vehículo o herramienta para llevar a cabo ese fatídico accionar», conforme lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia T-555 de 2015.

1.3. Intervención de coadyuvantes

6. Los coadyuvantes de la parte demandada solicitaron negar las súplicas de la

demanda, con base en los siguientes argumentos:

  1. El Gobierno nacional ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia y le prometió a sus empleados que no se afectaría su derecho

demanda, con base en los siguientes argumentos:

  1. El Gobierno nacional ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia y le prometió a sus empleados que no se afectaría su derecho pensional, por lo que prestaron su colaboración para ejecutar la decisión.

Además, la Ley 1 de 1991 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para crear un régimen laboral especial encaminado a surtir dichaRadica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

Demandante: UGPP

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liquidación y retirar a los servidores , atribución que se ejerció mediante los Decretos 35, 36 y 37 de 1992.

  1. Para satisfacer el pago de las pensiones se creó Foncolpuertos; sin embargo, sus directivas desplegaron actos de corrupción que afectaron a muchos pensionados, a pesar de que adquirieron sus derechos con arreglo a la ley . Así, se generó un manto de duda frente a todos los ex servidores de la empresa y comenzó una persecución en su contra . Incluso, la presente demanda busca extinguir las pensiones que fuero n reconocidas al amparo de las disposiciones cuestionadas.
  1. Desde su creación, la referida empresa modificó sus estatutos en varias oportunidades, pero respetó los derechos adquiridos por los empleados públicos en materia salarial, prestacional y asistencial.
  1. Los Decretos 2016 de 1961 y 2318 de 1988 facultaron a la Junta Directiva de Puertos de Colombia para reglamentar con plena autonomía las prestaciones

en materia salarial, prestacional y asistencial.

  1. Los Decretos 2016 de 1961 y 2318 de 1988 facultaron a la Junta Directiva de Puertos de Colombia para reglamentar con plena autonomía las prestaciones sociales de sus empleados. Las normas especiales dictadas en ejercicio de dicha potestad se mantuvieron vigentes hasta la liquidación de la empresa, ya que el Decreto 1045 de 1978 dispuso que «las prestaciones que con denominación o cuantía distinta a la establecida en la ley se hayan otorgado a los empleados públicos en disposiciones anteriores a este decreto, continuarán reconociéndose y pagándose en los mis mos términos». De manera que la empresa durante su existencia expidió acuerdos para el reconocimiento de las pensiones de sus colaboradores, las cuales pagaba directamente porque el personal no estaba afiliado a un fondo de pensiones.
  1. El Decreto 135 de 1991 dispuso que los empleados de las empresas industriales y comerciales del Estado que se hubieren vinculado con anterioridad a dicha norma tendrían derecho a las prestaciones sociales creadas al 31 de diciembre de 1990.
  1. El Acuerdo 022 de 1991 no modificó los estatutos de la empresa y, por lo tanto, no requería la aprobación del Gobierno nacional.
  1. La Corte Constitucional , mediante la Sentencia C -013 de 1993, declaró inexequible el Decreto Ley 35 de 1992, que incorporó las previsiones de los actos ahora demandados, pero salvaguardó los derechos adquiridos.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

ahora demandados, pero salvaguardó los derechos adquiridos.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

7. Mediante auto del 28 de mayo de 2015, se admitió la demanda.Radica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

Demandante: UGPP

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8. Por auto del 13 de octubre de 2016, se decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados. Esta decisión fue confirmada en sede de súplica, mediante auto del 2 de mayo de 2018.

9. Mediante auto del 6 de junio de 2025 se abordaron los siguientes asuntos procesales: i) c oadyuvancias; ii) in cidente de nulidad ; iii) i ndebida escogencia del medio de control, caducidad e incumplimiento del requisito de procedibilidad.

10. A través del auto de 22 de agosto de 2025, el despacho ponente evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de la s audiencias inicial y de pruebas, previstas en los artículos 180 y 181 ibidem; b) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

11. La UGPP, el Ministerio de Salud y Protección Social y los coadyuvantes Javier Sierra Mejía y Zaida Luz Flores Urbia reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.

2.3. Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presentación del caso y metodología de decisión

13. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo 022 del 11 de septiembre de 1991 y la Resolución 805 del 9 de octubre de 1991, expedidos por la Empresa Puertos de Colombia, están viciados de nulidad por violación a l ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse.

14. Para acometer dicho propósito , se abordarán los siguientes aspectos relevantes: i) texto de los actos acusados; ii) generalidades de la Empresa Puertos de Colombia; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.Radica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

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3.2. Texto de los actos demandados

15. Es preciso aclarar que no se transcribirán integralmente los actos enjuiciados en razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub

lite, cuyo tenor es el siguiente:

ACUERDO No. 022 DE 1991 (11 SET. 1991)

Por el cual se autoriza al Gerente General de la Empresa de Puertos de Colombia, en liquidación, para acordar y extender a toda la Empresa las condiciones de retiro de los Empleados Públicos.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, en liquidación, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las que le confiere el Articulo 18, numeral 11 del Decreto 2465 de 1981, modificado por el artículo 3o. del Decreto 2318 de 1988, у

CONSIDERANDO:

[…]

ACUERDA:

ARTICULO 1o.- Autorizar al Gerente General de la Empresa Puertos de Colombia en liquidación para acordar, unificar y extender a los Empleados Públicos de la Empresa las condiciones de retiro actualmente vigentes para los empleados públicos de la Oficina PrincipalBogotá, en un solo acto administrativo.

RESOLUCIÓN No. 805 de 1991 (9 OCT. 1991)

las condiciones de retiro actualmente vigentes para los empleados públicos de la Oficina PrincipalBogotá, en un solo acto administrativo.

RESOLUCIÓN No. 805 de 1991 (9 OCT. 1991)

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN, en uso de sus facultades contenidas en los Decretos 1174 de 1980, 2465 de 1981, Ley 01 de 1991 y en especial del Acuerdo de Junta Directiva Nacional No. 022 de 11 de septiembre de 1991, y

CONSIDERANDO:

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Los términos de esta resolución se aplicarán a todos los Empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, en general.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con la parte motiva de esta Resolución, la Administración de la Empresa Puertos de Colombia determina los beneficios a que tendrán derecho sus empleados, previo los condicionamientos y requisitos que en esta misma se establecen:

Los Empleados Públicos de la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, que a la fecha de la vigencia de la presente Resolución o durante el término de liquidación de la misma, tuvieren veinte (20) años o más de servicios oficiales y cuarenta (40) años oRadica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

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más de edad, con un mínimo de tres (3) años de servicios a Colpuertos, tendrán

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más de edad, con un mínimo de tres (3) años de servicios a Colpuertos, tendrán derecho a una pensión de jubilación proporcional correspondiente al servicio, así: […]

Los Empleados Públicos de la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, que a la fecha de la vigencia de la presente Resolución o durante el término liquidación la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, tuvieren quince (15) años o más y menos de veinte (20) años de servicio a ent idades públicas y cuenten con cuarenta (40) años o más de edad, tendrán derecho a la pensión de jubilación proporcional con un mínimo de tiempos de servicios a la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, así: […]

Igualmente tendrán este derecho los Empleados Públicos que tuvieren más de quince (15) años y menos de veinte (20) años al servicio de la Empresa Puertos de Colombia y cuente con menos de cuarenta (40) años de edad, a los cuales se les aplicarán los porcentajes señalados en la columna IV.

Los Empleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, que a la techa de la vigencia de la presente resolución o durante el termino de liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, tuvieren quince (15) años o más y menos de veinte (20) años de servicio a entidades públicas, de los cuales por lo menos diez (10) años hayan sido prestados a la Empresa Puertos de Colombia y cuenten con menos de cuarenta (40) años de edad, tendrán derecho a la pensión de jubilación proporcional, así: […]

sido prestados a la Empresa Puertos de Colombia y cuenten con menos de cuarenta (40) años de edad, tendrán derecho a la pensión de jubilación proporcional, así: […]

PARÁGRAFO PRIMERO.-

a) Los porcentajes correspondientes los tiempos de servicio contemplados en este artículo se incrementarán proporcionalmente a las fracciones de año trabajadas. b) Las Pensiones especiales establecidas en este artículo, se liquidarán con base en el salario promedio devengado en último año de servicio, para lo cual se aplicarán los factores salariales vigentes en la Empresa de acuerdo con las normas pertinentes. c) Las pensiones especiales a que hace referencia este artículo, se reajustarán anualmente en la forma establecida por la Ley un tope máximo de diez y siete punto cinco (17.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de retiro. d) Para efectos de las pensiones e indemnizaciones, se tomará el tiempo del servicio continuo o discontinuo servido a Colpuertos. e) Las pensiones especiales establecidas en este artículo se asimilan, sustituyen y son incompatibles con las pensiones o jubilaciones contempladas en la Ley o Convención, así como con el denominado anticipo de jubilación contemplado en las normas de la Em presa. Así mismo, las pensiones de que trata este artículo son incompatibles con el pago de cualquier indemnización, por razón del retiro del empleado de la Empresa. En caso de que quien reciba o se le reconozca una indemnización, se pensione o jubile, el monto cubierto más intereses liquidados a la máxima tasa de interés corriente bancario, se descontará administrativamente y en forma periódica de las sumas que deban ser reconocidas e título de pensión o

indemnización, se pensione o jubile, el monto cubierto más intereses liquidados a la máxima tasa de interés corriente bancario, se descontará administrativamente y en forma periódica de las sumas que deban ser reconocidas e título de pensión o jubilación en el máximo valor legal que se puede descontar.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El presente régimen especial de pensiones e indemnizaciones no será aplicable a los Empleados Oficiales que a la fecha de vigencia de la presente Resolución, se les haya reconocido, se hayan retirado, o se encuentren gozando del correspondiente anticipo de pensión de jubilación, o sean beneficiarios de i guales o parecidos derechos acordados en otros regímenes especiales, Resoluciones o Convenciones Colectivas de Trabajo.Radica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

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PARÁGRAFO TERCERO.- Los Empleados Públicos que se pensionen acogiéndose a lo dispuesto en este artículo tendrán derecho al reconocimiento de los servicios médicoasistenciales establecidos para los demás Empleados Oficiales pensionados de la Empresa.

PARÁGRAFO CUARTO.- Los derechos contemplados en el numeral 1o. de este artículo, igualmente lo tendrán los Empleados Públicos que cuenten con veinte (20) años o más de servicios al Estado, si cuentan con un mínimo de doce (12) años de servicios a Colpuertos, sin consideración a la edad.

artículo, igualmente lo tendrán los Empleados Públicos que cuenten con veinte (20) años o más de servicios al Estado, si cuentan con un mínimo de doce (12) años de servicios a Colpuertos, sin consideración a la edad.

ARTÍCULO TERCERO.- BONIFICACIONES: A partir de la fecha de vigencia de la presente Resolución, la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, pagará a los Empleados Públicos que no tuvieren derecho las pensiones o jubilaciones previstas en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, o en las leyes, o a las especiales que se establecen en esta o anteriores Resoluciones, la siguiente bonificación: […]

ARTÍCULO CUARTO. - Para tener derecho a los beneficios, pensiones o bonificaciones establecidos en este Resolución, el empleado o beneficiario DEBERÁ SUSCRIBIR CON CARÁCTER PREVIO UN ACUERDO CONCILIATORIO con la Administración, el cual debe cumplir con los requisitos, condiciones y términos integrales de esta Resolución. El no cumplimiento del acuerdo conciliatoria, requisitos y demás condiciones aqu í establecidos, no dar á ni crear á derecho alguno al empleado, ya sea para demandar o reclamar judicial o extra judicialmente los beneficios en esta ocasionados.

ARTÍCULO QUINTO. - Los benefici os pensionales de esta Resolución no se aplicarán, en ningún caso, a los nuevos empleados públicos que ingresen a la Empresa a partir de la fecha de la vigencia de esta Resolución.

ARTÍCULO SEXTO.- El reconocimiento de las bonificaciones o pensiones de que trata esta Resolución son incompatibles con el pago de cualquier otra indemnización y con las pensiones o jubilaciones de cualquier tipo, ya sean contempladas en la Ley,

ARTÍCULO SEXTO.- El reconocimiento de las bonificaciones o pensiones de que trata esta Resolución son incompatibles con el pago de cualquier otra indemnización y con las pensiones o jubilaciones de cualquier tipo, ya sean contempladas en la Ley, en la Convención o en cualquier otra disposición de la Empresa o su Junta Directiva Nacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - A los términos de esta Resolución podrán acogerse los Empleados Públicos quienes se desvinculen o hayan sido desvinculados desde el 1º. de marzo de 1991, con el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones exigidos, siempre y cuando no se les haya re conocido o pagado ningún derecho similar a los en la presente consignados, y, que no tengan demandas en curso, o que teniéndolas, desistan total e incondicionalmente a ellas y declaren a paz y salvo a Colpuertos.

ARTÍCULO OCTAVO. - El Acuerdo entre las partes a que hace re ferencia esta Resolución, podrá efectuarse antes de la desvinculación laboral o administrativa del empleado o a más tardar treinta (30) días hábiles después de su desvinculación o retiro, excepto para los casos contemplados en el artículo 7o., cuyo plazo será uno mayor y necesario.

ARTÍCULO NOVENO.- Esta Resolución no se aplicará a quienes se hayan retirado, por cualquier motivo, o beneficiado de resoluciones o actos administrativos anteriores, sobre la misma o parecida materia ni a quienes se beneficien o hayan beneficiado de las Convenciones Colectivas de Trabajo de Colpuertos.

Este régimen beneficiara exclusivamente a los Em pleados Públicos de la Empresa

sobre la misma o parecida materia ni a quienes se beneficien o hayan beneficiado de las Convenciones Colectivas de Trabajo de Colpuertos.

Este régimen beneficiara exclusivamente a los Em pleados Públicos de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación. El Empleado Oficial , que por mandato legal oRadica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

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convencional pretenda acogerse a este régimen deberá hacerlo y se le aplicaré en forma inte gral, sin dividir o escindir su contenido, tomando los topes y todos los aspectos adjetivos y sustantivos pactados.

ARTÍCULO DÉCIMO. - La presente Resolución rice a partir del 11 de septiembre de 1991 y deroga las Resoluciones de Gerencia Nos. 072/91, 153/91 y 297/91. 3.3. Generalidades de la Empresa Puertos de Colombia

16. La Ley 154 de 1959 creó la Empresa Puertos de Colombia como una entidad autónoma, con patrimonio y organización propios , la cual fue reestructurada por el Decreto 561 de 1975 como empresa comercial del Estado y reorganizada por el Decreto 1174 de 1980.

17. Mediante el Decreto 2318 de 1988, el Gobierno nacional aprobó el Acuerdo 021 de 1988, el cual modificó el artículo 18, numeral 11, del Acuerdo 857 de 1981, aprobado por el Decreto 2465 de 1981. En suma, a la Junta Directiva Nacional de

021 de 1988, el cual modificó el artículo 18, numeral 11, del Acuerdo 857 de 1981, aprobado por el Decreto 2465 de 1981. En suma, a la Junta Directiva Nacional de la Empresa Puertos d e Colombia se le asignó la función de «fijar la estructura administrativa, la planta de personal, las escalas de remuneración y prestaciones sociales de los empleados de la empresa».

18. Posteriormente, la Ley 1 de 199 1 dispuso la liquidación de la referida empresa y revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias para:

37.1. Crear un Fondo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto consistirá en atender, por cuenta de la Nación, los pasivos y obligaciones a los que se refieren los artículos 35 y 36 de esta Ley. En uso de tales facultades el Presidente podrá definir la naturaleza jurídica del Fondo; determinar su estructura, administración y recursos; el régimen de sus actos y contratos; y sus relaciones laborales. Los recursos del Fondo provendrán de apropiaciones presupuestales, de la venta de las acciones a las que se refiere el inciso quinto del artículo 35, de la parte de las tarifas que cobren las sociedades portuarias oficiales con destino a este propósito, y de los demás recursos que reciba a cualquier título.

37.2. Dictar normas especiales sobre contratación, régimen laboral y de presupuesto para la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, para la formación de las sociedades portuarias regionales de que tratan los artículos 34 35 y 36 de esta Ley, y para asegurar la protección del empleo de que trata el artículo 36.

para la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, para la formación de las sociedades portuarias regionales de que tratan los artículos 34 35 y 36 de esta Ley, y para asegurar la protección del empleo de que trata el artículo 36.

19. En ejercicio de las precitadas facultades se expidieron los Decretos Leyes 35, 36 y 37 de 1992, los cuales fueron objeto de estudio de constitucionalidad, junto con la Ley 1 de 1991, mediante la Sentencia C-013 de 1993. En lo referente al cargo consistente en la falta de competencia del presidente de la República para dictar normas especiales sobre el régimen laboral de los empleados de la Empresa Puertos de Colombia, la Corte Constitucional precisó:

Cuando la Carta señala en su artículo 150 -19 que al Congreso le compete fijar las pautas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen de prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales, se refiere a una ley que debe trazar losRadica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

Demandante: UGPP

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principios y límites para la regulación de las referidas materias con carácter general por parte del Ejecutivo.

Los reglamentos que dicte el Ejecutivo revisten cierto grado de generalidad. Sus destinatarios serán el universo de los trabajadores o una categoría más o menos extensa de los mismos. En consecuencia, es equivocada la afirmación del actor en el

Los reglamentos que dicte el Ejecutivo revisten cierto grado de generalidad. Sus destinatarios serán el universo de los trabajadores o una categoría más o menos extensa de los mismos. En consecuencia, es equivocada la afirmación del actor en el sentido de que las normas acusadas no podían ser objeto de facultades extraordinarias por tratarse de materias objeto de una ley marco y, por tanto, excluidas expresamente por el artículo 150 -10 de una eventual concesión de facultades extraordinarias. La regulación del monto de las indemnizaciones y de las pensiones de jubilación de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos de Colpuertos, lejos de ser una regulación genérica, se circunscribe al caso específico de la liquidación de Puertos de Colombia, dec idida por el Congreso, dentro de las facultades que le confiere el artículo 150 -7 de la Carta y, por ello, perfectamente atribuible al Ejecutivo, tanto a la luz del anterior ordenamiento constitucional como del ahora vigente.

20. La Sentencia C -013 de 1993 declaró la constitucionalidad de las normas demandadas, con excepción del artículo 6 del Decreto 35 de 1992, que reguló la pensión de jubilación proporcional para los trabajadores oficiales, en razón a que se afectó el derecho a la negociación colectiva y los derechos adquiridos por dichos servidores en las convenciones colectivas celebradas con anterioridad a la expedición del citado decreto.

21. Igualmente, se aclaró que los razonamientos para la aludida declaratoria de inexequibilidad no se predican «del régimen ordenado para los empleados públicos en el artículo 12 del Decreto 035 de 1991, el cual tiene pleno sustento constitucional,

inexequibilidad no se predican «del régimen ordenado para los empleados públicos en el artículo 12 del Decreto 035 de 1991, el cual tiene pleno sustento constitucional, particularmente en las facultades legislativas consagradas en el artículo 150-7 de la C.P. En todo caso, la aplicación de la mencionada disciplina legal no podrá desconocer los derechos adquiridos por los empleados públicos de Puertos de Colombia de conformidad con leyes anteriores».

3.4. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad

22. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le corresponde a la Sala determinar si l os actos acusados quebrantaron el ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por l a UGPP, los cuales serán agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.

3.4.1. Ausencia de aprobación gubernamental a la reforma estatutaria

23. La UGPP sostuvo que el Acuerdo 022 de 1991 modificó los estatutos de la entidad y las funciones del gerente general sin contar con la aprobación del Gobierno nacional, en contravía de lo previsto por el Decreto 1050 de 1968.

24. Ahora bien, el artículo 26 del Decreto 1050 de 1968 dispone que las juntas o consejos directivos de las empresas industriales y comerciales del Estado tienen laRadica do: 11001032500020130048000 (0983 -2013)

Demandante: UGPP

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Demandante: UGPP

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función de «adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos a la aprobación del gobierno».

25. Ahora bien, conforme al marco normativo expuesto en acápites precedentes, los Decretos 2465 de 1981 y 2318 de 1988 aprobaron los estatutos de la Empresa Puertos de Colombia, de los cuales se destacan las facultades de la Junta Directiva Nacional para: i) «adoptar la política general de la Empresa y los planes y programas que se deban ejecutar»; ii) «fijar la estructura administrativa, la planta de personal, las escalas de remuneración y prestaciones sociales de los empleados de la empresa»; y iii) «delegar en el Gerente General alguno de sus funciones y autorizarlo para que a su vez delegue en sus subalternos».

26. A su vez, al gerente general le compete «atender los negocios y actividades de la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y las normas que dicte la Junta Directiva Nacional» y «dirigir la ejecución de las políticas, planes y programas de La Empresa y de los proyectos y actividades asignados a la Oficina principal».

27. Por su parte, en las consideraciones del acto acusado se expresó:

«Que la JUNTA DIRECTIVA NACIONAL con base en la normatividad vigente contenida en el Decreto 2318 de 1988, art ículo 3o., expidió los Acuerdos No. 023 y No. 028 del 17 de diciembre de 1990, autorizando al Gerente General para acordar

contenida en el Decreto 2318 de 1988, art ículo 3o., expidió

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